En un masivo encuentro campesino al que asistieron más de 10.000 personas el lunes 10 de Enero, el presidente venezolano Hugo Chávez Frías anunció un nuevo decreto dirigido a acelerar la reforma agraria en el país. Habló frente a una gigantesca pancarta con el grito de batalla del revolucionario líder campesino del siglo XIX, Gral. Ezequiel Zamora, “Tierra y Hombres Libres - Guerra contra el Latifundio”. Este decreto se da luego del período navideño, durante el cual varios gobernadores, elegidos en las pasadas elecciones regionales del 31 de Octubre, habían firmado decretos regionales a lo largo de estas mismas líneas.

Desde que se decretó la Ley de Tierras en Diciembre de 2001, el Instituto Nacional de Tierras (INTI) ha distribuido unas 2.2 millones de hectáreas a cooperativas campesinas. Pero hasta los momentos, toda la tierra que había sido distribuida era propiedad del Estado y no se habían dado expropiaciones. Este nuevo decreto, denominado Decreto Zamorano y firmado en el aniversario de la muerte de Ezequiel Zamora, está dirigido contra los grandes latifundios que han sido dejados ociosos o han sido empleados por debajo de su productividad. Pero aún así, el Decreto no está basado en la expropiación de terrenos privados. Se ha establecido una comisión especial de tierras para investigar el asunto de la tenencia y uso de la tierra. Esta comisión elaborará reportes en los siguientes dos aspectos: Primero, si los grandes latifundios en manos privadas realmente tienen los títulos de tierra en regla. En Venezuela, a lo largo de los años, hay muchos casos de terratenientes que han ocupados grandes terrenos que realmente le pertenecen al Estado y de facto se han apropiado de ellos. El otro aspecto será si los terrenos están siendo empleados productivamente o si están ociosos. Si se encuentra que los latifundios no son productivos, éstos pueden ser expropiados (con compensación) y distribuido a las cooperativas campesinas. Chávez ha dejado claro, tanto ahora como durante la campaña para las elecciones regionales del 31 de Octubre, que su opción preferida es solucionar esto mediante la negociación con los terratenientes (en la cual ellos pueden ceder el terreno que no usen), pero que si no se alcanza algún acuerdo, se hará uso de todo el peso de la ley y del ejército para implementar la reforma agraria.

A primera vista, este decreto es de hecho uno bastante moderado y su formulación está muy lejos de ser una amenaza de amplio espectro contra la propiedad privada, como ha sido presentado por los medios burgueses occidentales. Por ejemplo, el Financial Times ha hablado de “una serie de expropiaciones de latifundios al estilo de Zimbabwe” cuando se ha referido a la intervención de la Hacienda El Charcote. El Financial Times decidió describir esta movida, ocurrida el sábado 8 de Enero, como una “expropiación”, cuando de hecho lo que ocurrió fue algo completamente distinto. La Hacienda El Charcote pertenece a AgroFlora, una subsidiaria del consorcio británico Vestey Group. El grupo Vestey, que pertenece a la familia de Lord Vestey, es una gigantesca multinacional de alimentos que ha estado operando en Sur América por décadas.

La Hacienda El Charcote tiene unas 13.000 hectáreas de terreno y produce unos 450.000 Kg. de carne anuales. El gobierno venezolano aduce que una gran parte de estas tierras no es realmente propiedad del grupo Vestey y que está usando ilegalmente propiedades pertenecientes al Estado venezolano. Líderes campesinos locales arguyen que esas tierras fueron adquiridas por el dictador Juan Vicente Gómez en la década de 1930 y que posteriormente todas las tierras del dictador fueron pasadas a propiedad del Estado. Los administradores del Vestey Group se quejan de que partes de la hacienda han sido ocupadas por campesinos desde 2001, cuando fue decretada la Ley de Tierras. La intervención en el fundo de El Charcote fue llevada a cabo por el gobernador de Cojedes, Johnny Yánez Rangel, con cerca de 200 efectivos de la Guardia Nacional y policía junto a helicópteros que les permitieron sobrevolar el hato.

Como parte de una revisión regional de la propiedad de la tierra, el gobernador de Cojedes envió una comisión investigadora a El Charcote. La hacienda no ha sido “expropiada”, como dice el Financial Times, sino que ha sido “intervenida”. Actualmente hay un equipo técnico en la hacienda que va a investigar la tenencia de la tierra que reclama el grupo británico y si sus terrenos están siendo usados a su plena capacidad o si hay partes de la hacienda que han sido dejadas ociosas.

Como explicó Chávez en su discurso del lunes, la estructura de la tenencia de la tierra en Venezuela es escandalosamente desigual. Un censo de 1998 encontró que el 60% de las granjas venezolanas son propiedad de menos del 1% de la población. Chávez dijo ayer que casi el 80% de las tierras del país están en manos de un 5% de propietarios. Mientras tanto, los campesinos más pequeños que representan un 75% de las granjas de producción agrícola, deben compartir el 6% de la tierra. El censo de 1998 también reveló que el 90% de las tierras productivas dadas a los pobres bajo la reforma agraria de 1960 había regresado desde entonces a manos de los grandes terratenientes. “Una democracia que permite tal situación de injusticia pierde su carácter de democracia y termina convirtiéndose en una pantomima de democracia. Una revolución que permita esta injusticia no puede ser llamada una revolución”, sentenció Chávez.

Esta situación se presenta al mismo tiempo que Venezuela, a pesar de tener largas extensiones de tierras fértiles con un clima beneficioso, debe importar entre un 60 y 70% de todos los alimentos que consume. Algunos lo han denominado “agricultura de puertos”, dado que la mayoría de los productos provienen de... los puertos a través de los cuales son importados. Por ejemplo, cada trimestre se importa unas 14.000 toneladas de caraotas y otros granos, que son una parte importante de la dieta básica de los pobres en Venezuela. La producción de caraotas en Venezuela colapsó en los 90s cuando de producir 31.376 toneladas en 1988 se pasó a producir 18.627 toneladas en 1999, en un período en que la población venezolana se incrementó en un 20%.

De hecho, la agricultura es una las expresiones más extremas del carácter atrasado y parasitario de la oligarquía venezolana, esta alianza reaccionaria entre capitalistas, banqueros, terratenientes y las corporaciones multinacionales que han gobernado al país desde que alcanzó su independencia. Para ellos es preferible, y más rentable, vivir de los recursos petroleros del Estado, apostar en los mercados de acciones, comprar bonos gubernamentales, invertir su dinero en el extranjero e importar bienes lujosos, que lo es desarrollar la producción nacional en cualquier campo.

En estas condiciones es difícil pensar cómo se puede alcanzar un acuerdo amigable con los terratenientes para que voluntariamente distribuyan las tierras a los cientos de miles de familias hambrientas que las necesitan. La lucha por la tierra ha sido hasta los momentos una de las cuestiones más peliagudas del proceso revolucionario venezolano. Fue el decreto de la Ley de Tierras en Diciembre de 2001 (Junto a la Ley de Hidrocarburos, de Pesca y otras) la que disparó que la oposición organizara el golpe militar de abril de 2002 contra el gobierno de Chávez. Las esperanzas de miles de comunidades campesinas se volvieron a alzar durante la campaña electoral para las regionales del pasado Octubre, cuando Chávez dio sendos discursos encendidos contra el latifundio e instruyó a los candidatos bolivarianos a las gobernaciones a atacar el problema de la reforma agraria de inmediato.

No es posible una reforma agraria significativa dentro de los límites de la propiedad privada

El presidente de la federación de ganaderos, J. L. Betancourt, reaccionó duramente ante el decreto, diciendo en una entrevista en Globovisión que “Si ellos eliminan los derechos a la propiedad privada, también estarán eliminando la paz en Venezuela”. Esta es una amenaza ominosa. Más de 100 líderes y activistas campesinos han sido asesinados por sicarios contratados por los grandes terratenientes en disputas por la propiedad de la tierra en los últimos 4 años. En algunas áreas a lo largo de la frontera con Colombia, desde hace tiempo los hacendados han estado armando sus propias guardias blancas, basándose en, y muchas veces asesorados por, los infames grupos paramilitares de la vecina Colombia.

Si se tiene una situación en la que un 5% de los terratenientes controla casi un 80% de las tierras, entonces es claro que no va a ser posible tener una política de reforma agraria que satisfaga tanto a los latifundistas como a los campesinos sin tierra. Incluso el gobernador de Cojedes, Johnny Yánez, que la propiedad privada “es un derecho, pero no uno absoluto, ya que los intereses colectivos, la necesidad pública y la seguridad alimentaria son parámetros que deben justificar este derecho individual.”

Esto no es sólo sobre la tierra. Si el conflicto sobre la reforma agraria se agudiza, y está destinado a agudizarse, y la tierra es expropiada y dada a los campesinos sin tierra, entonces los trabajadores en las industrias sacarán conclusiones similares. Instancias como la de Venepal, donde los empresarios declararon la quiebra y los trabajadores tomaron el control y están demandando su nacionalización bajo control obrero, se multiplicarán. Por el otro lado, los terratenientes venezolanos son una parte inseparable de la clase dominante venezolana. Un ataque contra ellos será visto justificadamente por los capitalistas como un ataque contra el principio mismo de la propiedad privada de la economía.

Los analistas de la clase dominante pueden ver claramente las implicaciones de estas movidas. De acuerdo a los analistas financieros de Bloomberg, Benito Berber, un analista de HSBC Securities en Nueva Cork dijo “La erosión de los derechos a la propiedad privada pueden minar las bases de un crecimiento económico a largo plazo a medida que el flujo de capital se ralentice y los inversores pierdan confianza en el futuro del país”.

El problema es precisamente que, como en otras ares del gobierno progresista de Chávez, cualquier medida de justicia social que sea implementada, sin importar cuan “moderada” pueda ser, choca directamente con los intereses de los propietarios de las industrias, el capital y las tierras. Debemos recordar que, aún cuando la Revolución Bolivariana no ha infringido directamente el derecho a la propiedad privada, los capitalistas y terratenientes intentaron por derrocar por la vía violenta al gobierno en numerosas ocasiones. El hecho es que las necesidades básicas de los trabajadores de Venezuela (servicios de salud gratuitos y educación para todos, una vivienda digna, una comida decente en sus mesas, los medios para ganarse el sustento) están en directa contradicción con la existencia del sistema capitalista basado en el beneficio privado y en el beneficio de una minoría pudiente. Y es por ello que la misma existencia de un movimiento revolucionario en Venezuela es vista por la oligarquía, con toda razón, como una amenaza a sus intereses.

La Revolución Bolivariana debe entender este hecho básico y movilizarse para quitarle las palancas de poder económico y político que la oligarquía aún controla y así poder garantizar la victoria de la revolución. Ya lo decía el mismo Zamora, a quien hoy se homenajea con estos decretos, que a los ricos hay que dejarlos en camisa, porque con su fortuna hacen la guerra a los pobres.

Tierra y Hombres libres sólo es posible conseguirlo bajo el socialismo. La lucha contra el latifundio debe ser una lucha contra el sistema de producción capitalista y por la construcción de una sociedad socialista.

11 de Enero de 2005


Traducción de Chavez announces “war against the latifundia”



Vea también:

* La cuestión agraria y la dependencia alimentaria venezolana


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