Durante este primer trimestre el gobierno del PP quiere aprobar la mal llamada Ley de Calidad. El año pasado se encontró con la respuesta masiva de los jóvenes en la calle contra la LOU, la Ley de FP y la Ley de Calidad. Este curso no va a ser distinMiriam Municio

Secretaria general del Sindicato de Estudiantes

Durante este primer trimestre el gobierno del PP quiere aprobar la mal llamada Ley de Calidad. El año pasado se encontró con la respuesta masiva de los jóvenes en la calle contra la LOU, la Ley de FP y la Ley de Calidad. Este curso no va a ser distinto. El 29 de octubre tenemos la primera cita contra esta contrarreforma. Ese día el Sindicato de Estudiantes junto a los sindicatos de profesores (CCOO, UGT, STES, CGT y CIG) y con el apoyo de la CEAPA (asociaciones de padres) hemos convocado una huelga general en los institutos y una jornada de lucha en la universidad con manifestaciones conjuntas en las principales ciudades.

Las movilizaciones del curso pasado mostraron las verdaderas intenciones de la derecha: adecuar el sistema educativo a un mercado laboral cada vez más precario, donde los jóvenes nos llevamos la peor parte (más de un 70% de contratos temporales). Por eso no invierten en nuestra formación, recortan el dinero destinado a la educación pública (el gasto público ha descendido en 3.000 millones de euros en los últimos siete años), ponen más obstáculos para acceder a la universidad, quitan las becas a quien más lo necesita, etc.

Ley de calidad = Privatización, elitización y segregación

Con esta ley tendremos reválida o Prueba General de Bachillerato (PGB) al terminarlo (si no se aprueba no tendremos el título de bachillerato y no podremos ir ni a la universidad ni a la FP superior, donde todos los años hay decenas de miles de no admitidos). En lugar de construir plazas públicas para cubrir la demanda, ponen más obstáculos para que nos quedemos fuera. Ahora la ministra está vendiendo que sí podremos ir a la FP superior aunque no hayamos hecho la PGB. Sin embargo, esto es falso. Quien no haga la reválida tendrá que esperar a tener veinte años y hacer otra prueba de acceso para poder optar a entrar en la FP superior.

Uno de los argumentos más utilizado por el Ministerio de Educación para justificar su contrarreforma ha sido las elevadas cifras de fracaso escolar. Sin embargo, el propio Ministerio reconoce que en diez años el fracaso escolar en la secundaria se ha reducido un 13’4% (El País, 7/09/02). Desde luego, no estamos satisfechos con estos datos. Somos los primeros interesados en que se termine con este problema que se ceba fundamentalmente en los sectores sociales más desfavorecidos. Por eso reivindicamos un plan de financiación de la enseñanza pública que permita la construcción de más plazas, la contratación de más profesores para reducir la masificación y dar una atención personalizada aquellos estudiantes que más lo necesitan, eliminar los barracones (sólo en la Comunidad Valenciana hay 30.000 estudiantes en estas aulas prefabricadas), etc. Todo lo contrario a lo que está haciendo el PP.

Itinerarios y privatización

Su maravillosa receta para terminar con el fracaso escolar son los itinerarios. Es decir, separarnos según nuestro rendimiento académico a partir de los 12 años. Nos etiquetarán: a unos para seguir estudiando y a otros para trabajar. A los 15 años quien más dificultades tenga podrá ser enviado a un Programa de Iniciación Profesional, cuyo objetivo fundamental será prepararnos para ir de cabeza al mercado laboral con baja cualificación, convirtiéndonos en carne de explotación del empresario de turno. Esto es una renuncia consciente a combatir el fracaso escolar y es una forma de quitarse el problema de encima convirtiéndolo, posteriormente, en un fracaso social.

Además, con esta ley van a subvencionar la enseñanza privada infantil de 3 a 6 años ¡En vez de crear escuelas infantiles públicas de calidad, regalan nuestro dinero a los empresarios de la enseñanza privada con el objetivo de hacer cantera! La Consejería de Educación de Madrid suprimió mil plazas públicas el curso pasado, a la vez que ha anunciado para este curso que se subvencionarán alrededor de 300 aulas privadas más (unas 6.000 plazas escolares). Pero esto no es una excepción; en el borrador de memoria económica de la Ley de Calidad, ¡más del 80% del presupuesto iría destinado a la enseñanza privada! Tampoco podemos olvidar que la mayor parte de los centros privados están controlados por la jerarquía de la Iglesia católica. Siguiendo sus dictados pretenden recuperar la asignatura de religión como asignatura evaluable en primaria y secundaria e imponer una asignatura optativa obligatoria también evaluable, incluso en Bachillerato. En lugar de una educación científica y crítica pretenden convertir los institutos en centros de adoctrinamiento y donde los derechos democráticos estén reducidos a la mínima expresión: ya ni si quiera el director podrá ser elegido por el Consejo Escolar.

Un primer paso

Por primera vez este curso hemos conseguido la movilización unitaria con los profesores y padres. La huelga del 29 de octubre es un paso fundamental para conseguir la retirada de la Ley de Calidad, pero no puede ser el único. Hay que sacar las lecciones de la lucha contra la LOU, cuando la magnífica marcha del 1 de diciembre no tuvo ninguna continuidad posterior por parte de los dirigentes sindicales del profesorado. En este sentido, la huelga general debe ser un primer paso de un calendario de movilizaciones que vayan a más hasta echar atrás esta ley y que incluya una nueva huelga general de trabajadores contra el Gobierno del PP.


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