El proceso de nacionalización del cobre comenzó en 1941 y en 1970 quedó en manos del Estado. Anaconda y Kenneth & Branden Co. explotaron el Cobre durante 100 años y nadie conocía sus utilidades, aportando escasos recursos al fisco.

Radomiro Tomic (DC), principal promotor de la nacionalización del cobre argumentó que Chile consignó más de 15.000 millones de dólares entre 1971 y1980, aportando un tercio del presupuesto nacional anual. En la ladera oeste de la Cordillera de los Andes se concentra el 37% del total de las reservas mundiales y en condiciones ventajosas para sus extracción, pero esa prosperidad no llegaría nunca al Estado, ya que el gobierno de la UP acabó violentamente en 1973 y la dictadura militar usó los recursos en beneficio propio.

En Marzo de 1981(Antofagasta) la Getty Mining recibe análisis de la veta de cobre de más alta pureza encontrada en el mundo, superior a Chuquicamata y al Teniente, 1,5 % de cobre por tonelada de material, este es el yacimiento La Escondida.

La inversionista norteamericana UTAH International dictaminó el más absoluto secreto hasta que se cambiaron las reglas de la nacionalización del Cobre que impedían la explotación foránea en la gran minería.

Es desde entonces, que se inicia un largo e intenso lobby al más alto nivel para que nuevamente se permitiera el ingreso de capitales foráneos a la gran minería. Los consorcios extranjeros contrataron a un “ejercito de expertos” e interesados en realizar esas gestiones, se trataba de personeros de todas las militancias políticas, tanto pinochetistas como opositores al régimen. En 1982 la dictadura aprobó rápidamente la ley sobre concesiones mineras cuyo autor fue José Piñera. Al año siguiente se aprobó el nuevo Código de minería creado por Hernán Büchi. La suma de estas dos leyes permitirían la obtención de la propiedad de nuevos yacimientos de cobre, cuya figura legal es la “concesión plena”.

Pero el cambio de la ley no quedó solo ahí: Radomiro Tomic (DC), era partidario de que la Concertación derogara las leyes mineras de Pinochet y en cambio, los socialistas eran partidarios de mantener las leyes para apurar la transición, ahorrarse problemas con la derecha y atraer inversionistas extranjeros(como lo reconocería más tarde Ominami). Para debatir con autoridad el asunto del cobre los socialistas crean el Cesco (Centro de estudios del cobre) bajo el alero del CED (Centro de Estudios para el Desarrollo) fundado por Gabriel Valdés en 1984. Este circulo de izquierda de la Concertación, creó una plataforma intelectual para levantar dirigentes de su orbita dentro del sector minero nacional que posteriormente pasaría por sus manos, como Codelco, Enami, Enap, Ministerio de Minería, Pro Cobre, Cochilco, Sernageomin y un sin número de oficinas menores. Supuestamente eran amigos socialistas interesados en la minería, pero a poco andar su voz se convirtió casi en representante de los intereses de las transnacionales, confundiéndose con la dictadura. Al interior del Cesco, liderada por un sector duro socialista, la política del cobre cobró una clara identificación apegada a los intereses de los Chicago boys, favorable a la inversión extranjera y reticente a cambiar las leyes de Pinochet. Fue el mismo Cesco quién aconsejó a los inversionistas extranjeros a esperar el término de la dictadura, señalando en sus propios estudios que con el retorno a la democracia mejorarían las condiciones para la inversión de capitales, debido a la estabilidad política. De hecho la minera La Escondida llevaba 7 años esperando el clima favorable prometido por el Cesco.

Al final de la dictadura Codelco extraía más de un millón de toneladas y aportaba al Estado más de 2.200 millones de dólares, siendo el triple de los impuestos de las empresas privadas y cerca de un tercio de los impuestos del país.

Hoy se ha triplicado la producción de Cobre, dos tercios del mineral exportado corresponde a las empresas transnacionales, sin embargo, esta sobreproducción generó una caída en el precio internacional que se mantuvo varios años, situación que no perjudicó en nada a estos consorcios, puesto que sus mismas filiales en el extranjero compran la materia prima para sus fundiciones. El Estado chileno, en cambio, si redujo considerablemente sus ingresos(a un 10% en1998 respecto de 1990), ya que, Codelco bajó su aporte en divisas, y estas transnacionales no pagan impuestos porque llevan 25 años declarando “perdidas”.

El senador Lavanderos ( DC), la CUT y el Partido Comunista, para hacerle frente a esta vergonzosa situación conformaron un bloque político sindical para reclamarle al gobierno y al parlamento que dictaminen un impuesto a las transnacionales independiente de las ventas, el Royalty. Esta iniciativa fue tomada por el gobierno, pero, rebajó el impuesto propuesto de un 10% a un incierto 3%, y aún así el parlamento rechazó el proyecto, porque se contradice con el decreto ley N°600 que da amplias garantías a las inversiones extranjeras y además perjudicaría la buena imagen de Chile.

Nosotros en cambio, planteamos la Re-Nacionalización, porque el cobre es un recurso no renovable perteneciente a nuestro pueblo, y que por lo tanto, debiera recuperarse para cubrir las inmensas necesidades que existen en la población , como por ejemplo, salud, educación y vivienda. Esta tarea no la realizarán ni el gobierno de Lagos, ni el parlamento, sino el pueblo, es decir, seremos los trabajadores, estudiantes y pobladores movilizados en la calle quienes recuperaremos nuestro cobre.