El 21 de febrero salió a la calle la Argentina entera. En Buenos Aires se concentraron cerca de medio millón de personas; entre ellas muchos trabajadores como los de los ingenios azucareros de Jujuy y Salta, que se encuentran en conflicto por todos los despidos y el cierre patronal que está en marcha desde hace más de un año. Salieron en manifestación el 19 de madrugada con 1.000 obreros de los ingenios y llegaron a reclutar 10.000 en su marcha, haciendo asambleas hasta llegar a la capital.

Esta movilización fue convocada por un sector de la CGT, el liderado por Juan Carlos Schmid, por las dos CTA, por la Corriente Clasista y Combativa y por el gremio de camioneros que lidera Hugo Moyano. También apoyaron el kirchnerismo, CTERA, SUTEBA, organizaciones sociales, piqueteros como Barrios de Pie, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y, por supuesto, la Bancaria, que había realizado un paro de 48 horas los días 19 y 20, en lucha por un aumento salarial. Algunos gremios como sanidad, mercantiles o alimentación no apoyaron la marcha.

La movilización denunció la esencia de la política neoliberal del gobierno reaccionario de Macri: contra los despidos del sector público y privado, contra el ajuste, contra el recorte a los jubilados tras la contrarreforma previsional, por paritarias libres que superen la inflación, contra nuevos tarifazos en los servicios públicos y el transporte. También se incluyó la reivindicación de libertad de los presos políticos, por lo que contó también con el apoyo de las Madres de Plaza de Mayo, las Madres línea Fundadora y otros organismos de derechos humanos.

El déficit de la cuentas externas es uno de los peores de la  historia de Argentina, y ya es decir. Entre enero y noviembre de 2017 superó los 7.600 millones de dólares. El Gobierno ha proyectado una inflación para 2018 del 15%, pero sólo el año pasado fue del 24,8%, la tercera del mundo después de Sudáfrica, sin detenerse desde diciembre de 2015, cuando Macri asumió el poder. Sólo en enero de 2018 el índice de precios subió el 1,8%, y en el primer trimestre se podría llegar a un aumento del 6%.

Déficit fiscal, comercial, inflación, tarifazos permanentes e imparables, despidos y represión; la crisis económica se profundiza día a día. El déficit público pasó del 1,8% al 2,5% del PIB entre 2015 y 2017. El déficit financiero saltó del 3,9% al 5,5%, pero en el 2017 se incrementó por el peso de los intereses de la deuda al 6,1% del PIB. La destrucción de empleo ha aumentado y se anuncian más despidos –en hospitales, cierres escolares como las 29 escuelas del Delta, el desmantelamiento del polo científico, creado por el kirchnerismo– , al mismo tiempo ha subido el empleo en precario y no registrado.

La tasa de desempleo en 2017 fue del 8,7% (la más baja en los últimos 30 años se registró durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con un 6,5%) y la de subcontratación llegó en 2016 y 2017 al 10,6%.

La manifestación del 21 de febrero se ha producido en un momento de gran debilidad del gobierno de Macri. Su gestión, según los sondeos, ha bajado entre el 40 y el 55%.

Es un momento clave para que la izquierda de clase y también la izquierda peronista puedan establecer un programa antimperialista y anticapitalista, única salida a este desastre neoliberal. Hay que dirigirse a la población con medidas de lucha progresivas hacia una huelga general indefinida, único camino para eliminar a esta mafia generadora de barbarie.