Tras la manifestación que se celebró en Valparaíso, dos jóvenes —Diego Guzmán Farías, militante de las Juventudes Comunistas y Exequiel Borvarán, activista estudiantil— fueron encontrados muertos por disparos. A pesar de que la presidenta ha condenado públicamente estos asesinatos, lo cierto es que su gobierno está desarrollando una fuerte campaña de criminalización con el objetivo de justificar la brutal represión policial contra el movimiento. En la manifestación de Santiago de Chile, después de seis horas de marcha pacífica, un grupo minoritario y ajeno a la movilización se infiltró en la misma para justificar la intervención de los Carabineros, que detuvieron a 150 estudiantes y provocaron decenas de heridos. Es importante recordar que en esa misma ciudad durante la marcha del 24 de agosto de 2012, un joven de 16 años fue asesinado a balazos por un carabinero que más tarde sería amparado por las instituciones.

Basta de impunidad para los represores

Mientras los jóvenes son golpeados, heridos, detenidos e incluso asesinados, los represores y asesinos de hoy y de ayer permanecen impunes. El actual gobierno, no sólo se ha negado a derogar las leyes represivas y a depurar a los torturadores heredados de la dictadura de Pinochet, entre los que se encuentran altos mandos del ejército que participaron del golpe del 73, sino que sigue destinando mensualmente varios millones de pesos a los sueldos de agentes de organismos represivos de la dictadura.
Sin embargo, la represión no ha conseguido su objetivo. La fortaleza, la experiencia y la masividad alcanzada por la movilización es tal, que los jóvenes lejos de amilanarse han radicalizado la lucha. Durante los tres días posteriores a la marcha del 14 de mayo se organizaron asambleas en centenares de facultades y centros de enseñanzas medias de todo el país en las que se convocaron paros, tomas de institutos y facultades. El 21 de mayo, día en que la presidenta comparecía para rendir su segunda Cuenta Pública en Valparaíso, más de 5.000 estudiantes se movilizaron conjuntamente con trabajadores de empresas en lucha como Correos, Komatsu, Reman, Sintec, Starbucks, etc. A pesar de que la marcha se saldó con una treintena de detenidos y varias decenas de heridos, entre los que se incluye un estudiante en coma, los paros y ocupaciones de centros de estudios se mantienen, hay convocado un nuevo paro nacional el 10 de junio y el profesorado ha anunciado una huelga indefinida desde el 1 de junio.
Esta rebelión de la juventud, que dura ya varios años, cuenta entre sus grandes victorias el haber prendido la mecha del estallido social que tumbó al reaccionario gobierno de Piñera a finales de 2013. En aquel momento, los dirigentes del Partido Socialista prometieron que si recuperaban el gobierno realizarían una reforma educativa recogiendo las reivindicaciones del movimiento. Probablemente, Bachelet y sus consejeros contaban con que esta promesa electoral podría ser olvidada una vez conseguidos los votos necesarios. Se equivocaban, el movimiento se ha puesto en marcha con energías renovadas para exigir el inmediato cumplimiento de sus reivindicaciones.

Hay que romper con los capitalistas y sus valedores políticos

Como el movimiento estudiantil reivindica, no se puede garantizar una enseñanza pública, de calidad y gratuita si no se acaba con el lucro, es decir, sin poner fin al control de los empresarios sobre la educación. O con los capitalistas o con las familias trabajadoras. Hasta el momento, Bachelet y la cúpula del PSCh siguen empeñados en salvaguardar los intereses económicos de las grandes fortunas. Lamentablemente, los dirigentes del Partido Comunista de Chile también están implicados. Este gobierno es producto de la victoria electoral de la colación denominada Nueva Mayoría, formada por el PSCh, el Partido Demócrata Cristiano de Chile, el PCCh, y otras formaciones. Se trata de un gobierno de colaboración de clases que, como siempre en la historia, sólo beneficia a una: la burguesía.
De nada sirve llegar a los parlamentos si no es para poner en práctica una política en beneficio de la clase trabajadora. Los dirigentes del PCCh no pueden seguir sosteniendo ni activa ni pasivamente a este gobierno. Deben romper con Bachelet y sus socios demócrata-cristianos, situándose claramente en la trinchera en la que se encuentra su base, es decir, en primera línea de la movilización. Como lo hizo Diego Guzmán Farías, joven comunista asesinado por el “delito” de luchar. Deben apoyarse de manera decidida en el torbellino social que están protagonizando los estudiantes y sectores de la clase obrera, para unificar y extender la lucha contra las políticas del gobierno encabezado por Bachelet.