Ledezma y López no son demócratas sino fascistas con las manos manchadas de sangre del pueblo

La burguesía internacional está utilizando la detención del líder contrarrevolucionario Antonio Ledezma –acusado de participar en un intento de golpe de estado contra el gobierno democráticamente elegido de Nicolás Maduro— para intensificar su campaña de calumnias contra Venezuela. Ledezma no es ningún represaliado político, como lo presentan los medios burgueses, sino uno de los principales promotores de las acciones de violencia sucedidas en Venezuela desde la elección en 1998 de un gobierno antiimperialista y de izquierdas encabezado por Hugo Chávez.

Fiel representante de la burguesía, las multinacionales imperialistas y la derecha, era diputado cuando el gobierno del partido al que entonces pertenecía, Acción Democrática, aplicó las medidas de ajuste del FMI y ordenó (el 27 de febrero de 1989) la  represión sangrienta de la explosión social conocida como “Caracazo”. Entre 400 y 3.000 jóvenes y trabajadores fueron asesinados por orden del partido a cuya dirección pertenecía Ledezma . Esos mismos gobiernos y medios de comunicación burgueses que hoy hablan de “dictadura” y “represión” en Venezuela justificaron e intentaron ocultar la magnitud de aquella masacre.

Un largo historial de violencia contra el pueblo

Designado Gobernador del Área Metropolitana de Caracas en 1992 por Carlos Andrés Pérez (el mismo presidente que ordenó la matanza), bajo su mandato fueron duramente reprimidas movilizaciones estudiantiles y obreras. Como Alcalde del Municipio Libertador (1996-2000) fue acusado de numerosas irregularidades y reprimió a trabajadores de la economía informal y adultos mayores (jubilados) que reclamaban pensiones justas. En abril de 2002 respaldó el golpe de Estado que, tras secuestrar e intentar asesinar a Chávez, suspendió las garantías constitucionales y persiguió a militantes de izquierda. El golpe fue derrotado por una gigantesca movilización de masas. Posteriormente (diciembre 2002-enero 2003),  apoyó el paro organizado por los empresarios (derrotado también por la acción de los trabajadores y el pueblo) cuyo objetivo era paralizar la economía y forzar la salida de Chávez. Desde entonces, Antonio Ledezma ha seguido impulsando el sabotaje y la violencia .

Lo mismo se puede decir de Leopoldo López, o de la exdiputada María Corina Machado (de la cual, aunque no ha sido procesada, existen grabaciones probando su participación en planes para impulsar un nuevo golpe, e incluso una intervención estadounidense en Venezuela). López, militante en su juventud de la secta fascista “Familia, Tradición y Propiedad”, promovió como Alcalde del Municipio Chacao desahucios y otras medidas neoliberales. También buscó asesoría del ex presidente colombiano Álvaro Uribe y varios colaboradores suyos (hoy procesados por vínculos con el narcotráfico y los paramilitares) para desarrollar  estrategias contrarrevolucionarias en Venezuela. Durante el golpe de abril de 2002, López impulsó la persecución por bandas fascistas de ciudadanos y dirigentes de izquierda. Dos imágenes retratan a este “demócrata”: una turba de partidarios suyos apaleando a Rodríguez Chacín, ministro del Interior de Chávez, y su discurso en una asamblea opositora llamando a desconocer la victoria electoral chavista y promover la violencia.

La causa del encarcelamiento de López fue precisamente la organización, hace ahora un año, de la campaña de violencia fascista conocida como “guarimba”, saldada con 43 muertos. Esas acciones, que la prensa internacional presentó como protestas pacíficas de estudiantes reprimidas por el gobierno, consistieron en realidad en ataques a activistas y sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y atentados con cócteles molotov y piedras contra centros de estudio y trabajo, instituciones públicas e incluso algunas empresas nacionalizadas, con grave peligro para los estudiantes y trabajadores que se encontraban dentro. Cuando finalmente se investigó a los detenidos por esas acciones, sólo una minoría eran estudiantes (provenientes en su gran mayoría de universidades privadas y de élite). La mayoría de participantes y organizadores eran militantes de grupos fascistas, probándose conexiones con la ultraderecha colombiana y de otros países

¡Ni impunidad con los golpistas ni pactos con la burguesía!

Lejos de la imagen falsificada que transmiten los medios de comunicación burgueses hablando de “dictadura”, durante estos dieciséis años de revolución Venezuela es el país del mundo que más elecciones ha celebrado: ¡Veinte! El pueblo ha apoyado masivamente una y otra vez la revolución bolivariana en esos procesos electorales, y la única ocasión en que la oposición ganó una votación nacional (el referéndum de la reforma constitucional de 2007) el resultado fue acatado por Chávez y su gobierno. Cuando, en elecciones locales o regionales, la oposición ha conquistado gobernaciones o alcaldías, el resultado ha sido respetado igualmente. Ledezma, López y otros contrarrevolucionarios que hoy permanecen detenidos no lo están por sus opiniones políticas sino por organizar acciones violentas para derrocar al gobierno democráticamente elegido por el pueblo.

La burguesía intenta utilizar cualquier medida de defensa, a la que la revolución y un gobierno legítimo como el de Venezuela tienen derecho, para presentar el mundo al revés: a los golpistas, fascistas y violentos como “demócratas”, a los revolucionarios y el gobierno elegido por el pueblo como “autoritarios” y “violentos”. El único modo de derrotarles y garantizar que la voluntad de las masas de llevar a cabo una verdadera transformación socialista en Venezuela, expresada en una elección tras otra, se cumple es no cediendo ni un milímetro a su presión y completando la revolución de manera urgente.

¡Ni impunidad con los golpistas ni concesiones o acuerdos con otros sectores de la burguesía! Todos los golpistas, corruptos y especuladores deben ir a la cárcel. Pero, además, para acabar con la especulación, expoliación y el sabotaje económico, y resolver los problemas que sufre el pueblo (inflación, desabastecimiento, corrupción, burocratismo…) hay que expropiar al conjunto de los capitalistas. Al mismo tiempo es imprescindible acabar con la quinta columna de burócratas y corruptos que sabotean la revolución desde dentro, minando la moral de las masas. El conjunto de la economía y el Estado deben estar bajo administración directa de los trabajadores. Sólo así derrotaremos definitivamente a los contrarrevolucionarios  y haremos realidad el socialismo.

¡Cárcel para los golpistas, especuladores y corruptos!

¡Defender la revolución exige que todo el poder político y económico pase a manos de los trabajadores!