Desastre económico y lucha de clases
El nuevo presidente encontrará un país al borde del precipicio. Con una deuda externa cercana al 100% del PIB y una tasa de interés que, aunque ahora es del 68% a principios de septiembre se encontraba en torno al 85%, Argentina está en práctica suspensión de pagos (default). Todos los analistas burgueses dan por hecho que la primera tarea que abordará el próximo Gobierno será la de negociar con los acreedores una reestructuración de esta impagable deuda, a costa de un mayor sufrimiento para los trabajadores y el pueblo argentino.
De los 57.000 millones de dólares del préstamo otorgado por el FMI en 2018, Argentina ya ha percibido en torno al 90%. La mayoría de estos millones han sido utilizados para hacer frente a los pagos derivados de la deuda total que tiene el país. El riesgo país ha escalado a los 2.113 puntos, lo que excluye toda posibilidad de que Argentina pueda acudir a los cauces ordinarios para financiarse.
El Banco Mundial prevé que el PIB argentino caiga en 2019 un 3,1% (la previsión del FMI en julio era del 1,4% y hace apenas dos semanas del 2,5%). Las grandes empresas argentinas están funcionando al 50% de su capacidad productiva instalada. La cotización del peso frente al dólar estadounidense se ha desplomado: si en agosto de este año eran necesarios 35 pesos para comprar un dólar, hoy se necesitan 60.
Detrás de estos datos macroeconómicos emerge una profunda debacle social. Millones de argentinos han visto como sus condiciones de vida se han hundido en muy poco tiempo. La política de Macri de garantizar a toda costa los beneficios de los capitalistas argentinos y de las multinacionales, ha contrastado con la que ha aplicado contra la clase obrera, la juventud y amplios sectores de las capas medias: despido de decenas miles de trabajadores públicos, brutales recortes sociales y escandalosas subidas de precios en servicios básicos como el transporte, la electricidad, etc. Las consecuencias han sido dramáticas para la mayoría.
El paro oficial es del 10% (el real no es recogido por unas estadísticas totalmente adulteradas), mientras el trabajo informal afecta al 35% de la fuerza laboral. La inflación total acumulada en lo que va de año es del 54%, pero este dato es aún más dramático si nos referimos al precio de la cesta básica que se ha incrementado entre un 65 y 70%. A pesar de las subidas salariales arrancadas por los trabajadores en la lucha, se estima que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios oscila entre el 25-30%. El pasado miércoles 18 de septiembre el Congreso argentino declaró la emergencia alimenticia, en un país donde la pobreza alcanza ya al 35% de la población.
Este es el legado de Mauricio Macri. El hombre al que todos los medios de comunicación al servicio de las grandes capitalistas presentaron como el salvador de Argentina, ha llevado al país a una catástrofe económica y social histórica.
Ante esta situación, la respuesta de la clase obrera está siendo amplia y contundente. Desde que en 2015 Macri asumió la presidencia, se han producido cinco huelgas generales, la última el pasado 29 de mayo. Además de las huelgas generales, las movilizaciones de numerosos sectores y colectivos, desde los pensionistas, estudiantes o las mujeres se han venido sucediendo a lo largo y ancho de todo el territorio de manera ininterrumpida.
En estos momentos miles de trabajadores están protagonizando duras luchas exigiendo el pago de salarios atrasados, como los docentes de Chubut, y las marchas de piqueteros y sindicatos combativos contra los recortes, la subida de precios y aumentos salariales, recorren Buenos Aires y otras ciudades. La grave crisis económica y social está creando todas las condiciones para un estallido revolucionario, semejante a los que están viviendo Ecuador y Chile.
Constituir un «gran pacto social»: objetivo estratégico de Alberto Fernández
En este contexto, el virtual presidente argentino, Alberto Fernández, con el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner, está desarrollando una actividad febril para conseguir lo que ha venido a llamar un “gran pacto social patriótico para que Argentina pueda salir adelante”.
Fernández es consciente de que se encuentra sobre un volcán social a punto de estallar y pretende construir un muro, lo más grueso posible, que contenga la movilización de la clase obrera para y desviar el descontento hacia las tranquilas aguas del parlamentarismo. Pretende garantizar, sin sobresaltos, una nueva era de pactos entre empresarios, Gobierno y burocracia sindical.
Por su parte la burguesía argentina, alarmada ante la posibilidad de un “Argentinazo” similar al que en 2001 obligó al entonces presidente De la Rua a huir en helicóptero de la Casa Rosada, ha aplaudido rápidamente la estrategia del candidato peronista y está movilizando sus recursos para que el pacto sea una realidad.
Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), declaraba hace pocos días: “Estamos empezando a caminar un acuerdo que vamos a tener que hacer en Argentina los trabajadores, los empresarios y toda la producción” (Página 12, 10 de octubre de 2019). También la jerarquía eclesiástica está contribuyendo a la consecución de este pacto. Jorge Lugones, titular de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social declaraba: “Ha llegado la hora de establecer un pacto social y político” (Página 12, 29 de septiembre de 2019).
En estos momentos, los términos concretos del acuerdo están en discusión, pero lo que ha trascendido es bastante esclarecedor.
Alberto Fernández propone que inicialmente haya una e tregua de 180 días en la que los trabajadores acepten la congelación salarial y los empresarios se comprometan a su vez a congelar los precios. Más adelante se abordarían temas como una nueva reforma laboral, impuestos, tarifas, tasas de interés, cotización del peso, etc. Es decir, la receta d siempre: sacrificios para los trabajadores, que tienen pocos mecanismos para sortear los topes salariales impuestos, y ganancias para los grandes capitalistas que tienen una y mil herramientas para incumplir sus compromisos.
Las intenciones del futuro presidente no dejan lugar a dudas. Pretende continuar en lo fundamental con la política de Macri, asegurando las ganancias del gran capital y aceptando las recetas del FMI, aunque intentando negociar unas nuevas condiciones. En definitiva su pretensión es la de seguir cargando todo el peso de la crisis del capitalismo argentino sobre las espaldas de los trabajadores y los sectores más desfavorecidos de la sociedad, y a la vez que la clase obrera aplauda y se mantenga pasiva.
La maniobra exige la participación en ella de la pieza principal, los sindicatos. Estos son determinantes para intentar conseguir desactivar la lucha contra las políticas de ajuste y de sumisión al FMI, y garantizar la paz social que Fernández necesita.
La dirección de la CGT (Confederación General del Trabajo), principal sindicato del país, ya ha declarado su disposición a participar en el pacto social con la UIA. Por su parte los dirigentes del segundo sindicato, la CTA (Central de Trabajadores de Argentina), también se han manifestado en el mismo sentido.
De hecho, y para dar más solidez al acuerdo de colaboración con el próximo Gobierno y la patronal, la CGT y la CTA tienen muy avanzado su proceso de reunificación sobre bases burocráticas y sin contar con la opinión de los militantes de la CTA.
Pero a pesar de los grandes medios desplegados para llegar al pacto, la realidad del capitalismo argentino, el grave deterioro de las condiciones de vida de las masas y la potente voluntad de lucha desplegada por las y los trabajadores argentinos, se presentan como grandes obstáculos para que tenga éxito.
Votar al FIT-U para levantar una alternativa revolucionaria
En este contexto las organizaciones de la izquierda combativa tienen una gran oportunidad para influir decisivamente en los acontecimientos.
La principal fuerza de la izquierda que se reclama marxista en Argentina es el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U), integrado por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), el Partido Obrero (PO), Izquierda Socialista (IS), y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).
El programa que defiende el FIT-U para las elecciones presidenciales del 27O es el que mejor representa los intereses de la clase obrera y la mayoría de la población. Su punto de partida es claro: “Cualquier salida que no implique desconocer el pago de la deuda externa y romper con el FMI nos lleva a más hambre y a una catástrofe para los trabajadores”. Por esta razón el voto al FIT-U y a sus candidatos es la mejor manera de defender una política de independencia de clase y preparar las fuerzas para el desafío revolucionario que está por llegar.
El proceso electoral es importante para hacer llegar el programa socialista a sectores más amplios de la clase obrera, y debe ser considerado un frente de lucha más en la tarea de construir un partido revolucionario capaz de conseguir la fuerza necesaria para influir decisivamente en los acontecimientos.
El FIT-U es la agrupación que en estos momentos se encuentra en mejor posición para jugar ese papel. Pero, como ya hemos señalado en otras ocasiones, es necesario que además de defender un programa revolucionario, sepa establecer una táctica adecuada para conquistar a las masas que hoy marchan detrás de las formaciones peronistas, especialmente de las que se han inclinado a la izquierda en estos años tanto en el frente sindical como en los movimientos sociales. Es vital trabajar coherentemente y concretamente por el frente único con las tendencias y los afiliados y afiliadas combativos de los sindicatos peronistas de base y de las organizaciones sociales, impulsando conjuntamente la movilización y defendiendo de forma constructiva y positiva el programa socialista.
La crítica principista a los dirigentes reformistas y procapitalistas del peronismo oficialista, la denuncia contundente de este pacto social contra los trabajadores que se está fraguando, no están reñidas con una táctica fraternal que construya la unidad de acción en la lucha con millones de trabajadores peronistas que, además en el contexto argentino actual, son muy permeables a las consignas y reivindicaciones revolucionarias.
El peronismo oficialista, la burocracia sindical y los capitalistas están intentando construir una alianza para seguir cargando todo el peso de la crisis capitalista sobre las espaldas de la clase obrera argentina. El FIT-U tiene la posibilidad de contribuir decisivamente a hacer fracasar estos planes, y dar un paso adelante muy importante en el camino de construir la organización revolucionaria que acabe con el capitalismo en Argentina.
