Andrés Soliz Rada, ex ministro de Hidrocarburos.
El 15 de septiembre el hasta esa fecha ministro boliviano de Hidrocarburos y Energía, Andrés Soliz Rada, presentaba su dimisión irrevocable. Esto ocurría tras haber sido desautorizado públicamente por el vicepresidente de gobierno, Álvaro García Linera, quien rechazó la medida tomada por Soliz Rada, días antes, de que la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se convirtiera en la propietaria de las dos refinerías de Petrobrás en Bolivia y controlara toda la cadena productiva de petróleo, gas y derivados. No sólo la rechazó sino que ha frenado dicha medida y acusó a Soliz Rada de crear “un clima artificial e innecesario de conflicto con Brasil”.
Este hecho no es algo puntual sino que es la expresión de la lucha de clases que se vive dentro del gobierno del MAS, sometido desde el primer día a dos fuerzas contrapuestas e irreconciliables, las de las multinacionales y la burguesía por un lado y las de la clase obrera y el campesinado pobre por otra.
La revolución boliviana se encuentra en una nueva etapa. La aprobación del decreto de nacionalización del 1º de mayo marcó un giro importante a la izquierda en la política hasta entonces vacilante que estaba llevando al gobierno de Morales a una importante caída de su popularidad. Esta medida levantó un tremendo entusiasmo entre las masas, que veían en ella el inicio de un verdadero cambio de política y el inicio de lo que sería el cumplimiento de la llamada “agenda de octubre”.
Sin embargo, la salida del gobierno del ministro mejor valorado por el pueblo y figura clave del proceso de nacionalización —en el cual era defensor de la expropiación total de las acciones de las empresas privatizadas— es sentida por muchos bolivianos, según varias encuestas de radio y televisión, como sinónimo de un freno en la “recuperación de los recursos naturales” (periódico argentino Página/12). Esta dimisión viene después de toda una serie de movimientos entre bambalinas para desautorizar y limitar su influencia en la toma de decisiones. Ya durante el mes de agosto le recortaron sus poderes y le colocaron un nuevo equipo (con el vicepresidente a la cabeza y otros cuatro ministros) para negociar los nuevos contratos con las multinacionales. Y es que Soliz Rada estaba denunciando las presiones y boicot de las multinacionales, algo que desde el punto de vista de los sectores más conciliadores dentro del gobierno es considerado poco apropiado, porque su preocupación fundamental es no enfurecer a las petroleras extranjeras con el fin de conseguir los “mejores acuerdos posible”. Una vez más la cantinela de no provocar al imperialismo para evitar sus represalias… como si el imperialismo y la oligarquía no estuviesen ya moviendo sus piezas para detener el proceso revolucionario boliviano.
La reacción a la ofensiva y a por todas
Como no podía ser de otra manera todas las fuerzas reaccionarias se están uniendo, utilizando todos los mecanismos a su alcance, en una estrategia de desgaste del gobierno de Evo. Los meses de verano han sido de una fuerte actividad. El gobierno del MAS en lugar de aprovechar el entusiasmo y ánimo producido por el decreto de nacionalización de los hidrocarburos y el anuncio de emprender la reforma agraria, y apoyarse en los trabajadores y campesinos para llevar adelante esas medidas, impulsando la formación de comités de fábrica, de campesinos, de barrio, etc. coordinados y con un plan de acción en todo el país que hiciera frente a los previsibles intentos de la oligarquía y los terratenientes apoyados por el imperialismo de boicotear y hacer fracasar todas esas medidas que van contra sus intereses, concentró todas sus fuerzas en las elecciones a la Asamblea Constituyente del pasado 2 de julio y a pesar de la victoria del MAS con más del 50% de los votos, se está viendo los límites que tiene lo que no es más que un nuevo parlamento burgués.
Todos los viejos y desprestigiados partidos de la burguesía han sufrido una fuerte derrota. PODEMOS, el principal partido de la oposición perdió más de 400.000 votos respecto a las elecciones presidenciales de diciembre pasado. Sin embargo, la política defendida por el vicepresidente de apostar por los pactos con la oposición está permitiendo que puedan levantar la voz más de lo que realmente les corresponde. Así justificaba García Linera el acuerdo entre el MAS y la oposición respecto al funcionamiento de la Asamblea Constituyente: “Se privilegió, se respetó la presencia de minorías políticas, y encima, en la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, se colocó un candado: la obligatoriedad de los constituyentes a tener dos tercios del voto para aprobar sus decisiones. Por lo tanto, la obligatoriedad de alianzas, de acuerdos, de consensos, todo eso está en la misma ley de convocatoria a la asamblea Constituyente, fruto de un acuerdo de oposición y de Gobierno”. Es decir, el MAS queda atado de pies y manos a los intereses de la clase dominante representada en la asamblea. Regalan el derecho a veto a los representantes de la burguesía, permiten el boicot a todas las medidas con las que la reacción no esté de acuerdo.
Paro patronal y boicot económico
Ante la parálisis de la actividad parlamentaria, Evo Morales decidió que sería suficiente la mayoría absoluta y no los dos tercios para la aprobación de la constitución. Esto sirvió para poner el grito en el cielo de aquellos que acostumbran a gobernar por decreto, pero que cuando se encuentran en minoría se vuelven demócratas de toda la vida. El derechista Jorge Quiroga, de PODEMOS, llegó a pedir la intervención de la OEA para proteger a la Asamblea Constituyente de los “atentados” del presidente. Esa fue la excusa “democrática” que estaban buscando para lanzar un nuevo frente: el de la calle. Así la oligarquía de las zonas que exigen la autonomía llamó al paro para el 8 de septiembre. Como en el caso de Venezuela durante el paro patronal de diciembre y enero de 2002/03, la prensa burguesa rápidamente se encargó de explicarnos que el gobierno de Evo Morales se enfrentaba a una huelga general. A pesar de que los dirigentes obreros y campesinos de estas zonas dejaron muy claro su rechazo al paro patronal. Lo que realmente hemos visto es a la rica oligarquía de Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni, los departamentos bolivianos más ricos en recursos energéticos y naturales, defender sus intereses de clase. No pierden tiempo. Están agrupando fuerzas, agitando con la idea de la secesión del país para quedarse con el control con los principales recursos económicos e, incluso, armando a grupos de choque, como la Unión Juvenil Crucerista, al más puro estilo de las bandas fascistas. En definitiva, tratando de desestabilizar el país para justificar en un momento determinado el derrocamiento del gobierno de Evo Morales.
Frente a esto ha habido intentos por parte del pueblo boliviano de responder, saliendo a la calle para demostrar realmente quién tiene la fuerza. La respuesta del gobierno ha sido la de llamar a “los sectores movilizados a levantar la medida de bloqueo que afecta al departamento de Santa Cruz, a Bolivia y a los intereses del país” y sentarse a negociar nuevamente con la derecha, concediéndoles en lo que respecta a la Asamblea Constituyente la necesidad de tener los dos tercios en los puntos más polémicos. Es decir, se mantiene el derecho a veto.
Junto a todas estas medidas no podía faltar el boicot económico. En la medida que los capitalistas siguen controlando la economía, tienen un arma poderosa en sus manos. Según datos del Banco Central de Bolivia la desinversión durante lo que va de año 2006 ha sido de más de 100 millones de dólares, la inversión extranjera directa de tan sólo 50 millones y, por supuesto, el tema clave: la negociación de los contratos con la multinacionales (cuyo plazo se agota el 1 de noviembre), está soportando todas las trabas posibles con el objeto de que el decreto de nacionalización quede en papel mojado. En su carta de dimisión, Soliz Rada decía: “el país tiene que saber qué cosas nos están exigiendo las petroleras para firmar nuevos contratos (…) exigen al gobierno que no haya ninguna subvención para el mercado interno, es más, demandan que la gasolina, el diesel y el gas licuado de petróleo puedan venderse a los bolivianos a precios internacionales, sin subvención estatal (…) el derecho a anotar las reservas de gas y petróleo que hay en Bolivia como si fueran reservas de las empresas”. Las multinacionales también cuestionan el derecho de YPFB “a comercializar el gas”.
Hay que basarse en la fuerza de los trabajadores
Por eso es muy peligroso el camino de hacer concesiones que está adoptando el gobierno del MAS frente a esta política de acoso y derribo de la reacción. Una vez más hay que señalar que la debilidad invita a la agresión. Las políticas vacilantes, conciliadoras y las concesiones a la derecha no hacen más que confundir y debilitar a la base social de la revolución. Como decía Soliz Rada en su carta de dimisión, nada se podría haber logrado “sin la lucha heroica de nuestro pueblo y de los movimientos sociales que el 17 de octubre de 2003, cambiaron nuestra historia al expulsar a los principales políticos neoliberales que tanto daño causaron a Bolivia, y que fueron aplastados con su victoria electoral del 18 de diciembre pasado”. Y no sólo eso sino que las vacilaciones ayudan a fortalecerse a la derecha, le da oxígeno para reagrupar fuerzas y volver a contraatacar. Desde la COB y la Federación de Mineros insistían en esta idea: “La derecha se aprovecha de los errores de Morales”, también la Confederación de Maestros Urbanos insistía en advertir “al gobierno que la derecha se rearticula. Es un problema de clase. Los explotadores se unen contra los explotados”.
El gobierno del MAS tiene que basarse en la fuerza tremenda de los trabajadores, campesinos y oprimidos del país para dar la batalla a las multinacionales. Sólo expropiando a las multinacionales y nacionalizando bajo control de los trabajadores las principales palancas de la economía, fundamentalmente los hidrocarburos, será posible satisfacer las demandas de las clase obrera, los indígenas y campesinos pobres en Bolivia.
