Provocaciones

contrarrevolucionarias

El 13 de junio el partido derechista COPEI organizaba un acto antichavista en Petare, uno de los barrios populares de Caracas donde el apoyo al proceso revolucionario es más fuerte. El objetivo de esta provocación era generar una situación de tensión (a ser posible con muertos) para utilizar nacional e internacionalmente contra Chávez.

La Policía Metropolitana, a las órdenes del Alcalde Mayor Alfredo Peña, uno de los líderes opositores, cargó brutalmente contra miles de vecinos de Petare que se movilizaron de forma espontánea contra la provocación contrarrevolucionaria. Los policías de Peña violaron el cordón de seguridad establecido por la Guardia Nacional y la Policía Municipal de Sucre (municipio al que pertenece Petare y cuyo alcalde es chavista), dispararon sobre los vecinos y llegaron a atacar con bombas lacrimógenas el hospital. Hubo varios heridos y pudo haber muertos, como en una provocación similar en Catia hace semanas, cuando fue asesinado un partidario del partido chavista Movimiento V República (MVR).

Los sectores más inteligentes de la oposición son conscientes de que tras la victoria de los trabajadores y los sectores populares en diciembre, cuando derrotaron el paro golpista organizado por los empresarios y apoyado por la burocracia sindical corrupta de la CTV, buena parte de su base social está desanimada y desmovilizada. En Petare apenas reunieron a 2.000 o 3.000 personas, mucho menos que la manifestación masiva de repulsa improvisada por los partidarios de la revolución.

Al mismo tiempo que organiza estas acciones la oposición ha firmado un acuerdo con el Gobierno acerca de los mecanismos para la celebración del referéndum revocatorio. Su objetivo con ello es ganar tiempo y utilizar este hecho para confundir a la opinión pública internacional y seguir manteniendo engañada a su propia base social. El acuerdo sólo confirma lo que ya estaba recogido en la Constitución Bolivariana: que se puede convocar un referéndum revocatorio contra cualquier cargo electo —ya sea el presidente Chávez o cualquier parlamentario, gobernador, alcalde o concejal— una vez cumpla la mitad de su mandato, presentando un determinado número de firmas y una vez verificadas esas firmas por la Comisión Nacional Electoral (CNE) quien convoca los referendos por el orden en el que han sido solicitados.

La oposición ha presentado el acuerdo como si significase la convocatoria del referéndum ya, cuando no ha cumplido ni un solo trámite de los necesarios para iniciar el proceso, entre otras cosas porque los sondeos le otorgan una derrota en una posible consulta. Su objetivo es culpar al Gobierno de impedir la celebración del referéndum y acusarle de violar la Constitución para ver si así consigue volver a movilizar a su base social y puede volver a pasar a la ofensiva. Para ello cuenta con el apoyo del imperialismo estadounidense y de todos los grandes medios de desinformación privados.

También controla el Tribunal Superior de Justicia y lo utiliza para obstaculizar la acción del Gobierno, el último ejemplo ha sido la sentencia que anula el despido de los participantes en el paro patronal de la petrolera estatal PDVSA. El Gobierno ha contestado que los golpistas no serán readmitidos. Otra de sus tácticas es bloquear el poder legislativo, la Asamblea Nacional (donde dominan los partidarios de Chávez por escaso margen) al tiempo que presiona e intenta comprar a diputados para obtener la mayoría en la misma.

El sabotaje económico

y la respuesta de los trabajadores

Pero la principal amenaza para la revolución es sin duda el sabotaje económico al que los burgueses y el imperialismo están sometiendo la economía venezolana, agravando así los efectos de la crisis internacional del capitalismo y las heridas del paro golpista, del que aún no se ha recuperado totalmente la economía Los cierres de empresas, recortes de producción, salarios impagados y despidos están alcanzando niveles récord. Hay problemas en la distribución de medicamentos y algunos productos básicos que ven así elevado su precio mientras se descubren casos de acaparamiento y especulación.

Como ya hiciera en Chile o Nicaragua, el objetivo del imperialismo estadounidense y la oligarquía es que las dificultades económicas desmoralicen a una parte de los sectores populares que apoyan la revolución y radicalicen definitivamente hacia la derecha a las capas medias. Lo que ha evitado estos planes una y otra vez ha sido el poderoso instinto de clase y la firme convicción en la necesidad de un cambio revolucionario que tienen los trabajadores y el pueblo venezolano. Lo más impresionante de la revolución venezolana es la profunda convicción que muestran los más humildes, que son precisamente quienes más están sufriendo esta situación, sobre la necesidad de un proceso revolucionario en el país.

El único modo de evitar que los planes contrarrevolucionarios de los capitalistas puedan tener éxito en un futuro más o menos cercano es precisamente culminar ese proceso revolucionario y que se concrete cuanto antes en resolver los graves problemas económicos de las masas y llevar a cabo la transformación económica del país empezando a avanzar hacia el socialismo.

Trabajadores de varias empresas (Fénix, CNV y otras) mantienen estas ocupadas tras ser cerradas o amenazar el empresario con despedirles y están pidiendo apoyo financiero y materias primas al Gobierno. Otras como Covencaucho, Sonorodvén, etc., protagonizan duras luchas. Entre los trabajadores de PDVSA y en general en el movimiento popular crece el debate sobre cómo mantener realmente un control de los trabajadores y el pueblo sobre la empresa que genera casi el 80% de la riqueza del país y hacer así realidad la consigna con la que se derrotó el paro petrolero “PDVSA es del pueblo”. Lo que falta es una organización revolucionaria que generalice y extienda esas experiencias y les dé un contenido socialista.

La participación y organización desde debajo de las masas para hacer realidad el control obrero y popular existe: desde abril de 2002 —cuando fue derrotado el golpe fascista— hasta ahora han surgido cientos de organizaciones en los barrios (círculos bolivarianos, comités de tierras urbanas, movimientos populares…) sindicatos clasistas y democráticos, etc. que organizan a más de un millón de personas. Una de las principales tareas para los revolucionarios es defender la coordinación y unificación de todos estos organismos populares a nivel local, regional y nacional mediante delegados elegibles y revocables, de forma que haya una dirección nacional que garantice el control democrático sobre el proceso y permita unificar experiencias y hacer avanzar las conclusiones políticas del movimiento. La otra es luchar porque esa dirección se dote de un programa y unos objetivos socialistas.