Las Sociedades Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) fueron reguladas por ley el pasado 26 de octubre de 2009. Se trata de sociedades cuyo objeto social principal (al menos un 80% de su activo) ha de consistir en la adquisición y promoción de bienes inmuebles urbanos para destinarlos al alquiler. Con el supuesto objetivo de fomentar el número de viviendas en alquiler, nos encontramos ante un nuevo instrumento que permitirá a los especuladores seguir haciendo su agosto mientras para millones de trabajadores y jóvenes el acceso a una vivienda digna sigue vetado.
Las Sociedades Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) fueron reguladas por ley el pasado 26 de octubre de 2009. Se trata de sociedades cuyo objeto social principal (al menos un 80% de su activo) ha de consistir en la adquisición y promoción de bienes inmuebles urbanos para destinarlos al alquiler. Con el supuesto objetivo de fomentar el número de viviendas en alquiler, nos encontramos ante un nuevo instrumento que permitirá a los especuladores seguir haciendo su agosto mientras para millones de trabajadores y jóvenes el acceso a una vivienda digna sigue vetado.

El marco legal para el desarrollo de estas entidades es un auténtico chollo para los especuladores. En primer lugar, no podrá ser cualquiera porque el capital mínimo de la sociedad debe ser de 15 millones de euros, algo que está al alcance de pocos. Las ventajas fiscales son de escándalo: tributarán al 18% en el impuesto de sociedades, frente al tipo general que está en el 30%. Los dividendos (están obligadas a repartir beneficios anualmente) quedarán exentos del pago del IRPF cuando los socios sean personas físicas y no residentes en el Estado español y pagarán una cantidad reducida en el caso de que éstos sean a su vez sociedades mercantiles. Tampoco pagarán nada por transmisiones patrimoniales por cualquiera de sus operaciones como sociedad (constitución, aumento de capital, etc.) y se les bonificará con el 95% en exención de impuestos por la adquisición de inmuebles. También se considerará como promoción inmobiliaria para estas sociedades, la rehabilitación, para lo que se modificará la ley de IVA con el fin de que puedan disfrutar de un IVA reducido.
Hay algunas ventajas más (referidas al alquiler con opción de compra, etc.), pero con lo ya reflejado la conclusión a la que podemos llegar es más que obvia: nos encontramos ante un magnífico mecanismo para volver a inflar la burbuja especulativa en el sector de la vivienda para que recuperen sus beneficios los mismos que han contribuido de forma notable a que nos encontremos sufriendo la mayor crisis económica desde el crack del 29.
Aunque la mayoría de los "inversores" ya se están frotando las manos, todavía hay algunos de estos buitres que consideran estas ventajas insuficientes. Así, Ángel Martínez, Director General de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, declaraba que el régimen fiscal, sobre todo para los no residentes no es el más óptimo ya que implica una tributación a la que no están obligados en otros países. La voracidad de estos elementos no tiene límites y su descaro tampoco.
El estallido de la anterior burbuja ha dejado a las inmobiliarias, los promotores y los bancos, al borde del abismo.

La deuda del ‘ladrillo' amenaza todo el sistema financiero

Hace algunos días se ha armado un gran revuelo por las declaraciones del presidente de la Asociación Hipotecaria Española, Santos González, en el sentido de que la deuda inmobiliaria, cifrada en 325.000 millones de euros, amenaza seriamente el sistema financiero español y que había que abrir un debate sobre la viabilidad de un sector que ni siquiera puede afrontar el pago de los 15.000 millones de euros anuales de intereses que genera su deuda financiera.
Con eufemismos como "es necesario abrir un debate a tres bandas entre la administración, los bancos y los promotores para abordar el problema", se está pidiendo más dinero público para tapar este inmenso agujero; incluso se está proponiendo la creación de un banco de "activos tóxicos", por supuesto de titularidad y financiación pública (la creación de un banco tóxico con activos de entre 75.000 millones y 100.000 millones de euros implicaría, según los primeros cálculos del sector, unas necesidades de dotación de entre 40.000 y 50.000 millones de euros, en buena parte procedentes de recursos públicos1) para que resuelva el desaguisado.
Elena Salgado y otros ministros del Gobierno se han apresurado en rechazar esta posibilidad, aunque visto lo que se está planeando con las pensiones y la reforma laboral, no sería extraño un cambio de opinión. Un gobierno con una política auténticamente socialista tiraría inmediatamente al cubo de la basura todas estas "iniciativas audaces" (SOCIMI, bancos tóxicos, ayudas a la banca, etc.), que no son más que un trasvase insultante de dinero público a manos de los vampiros de siempre y utilizaría esos recursos para garantizar que los jóvenes y trabajadores pudiéramos acceder a una vivienda digna. Pero este aspecto, como todos los importantes, sólo lo conseguiremos luchando.

1. Fuente: www.press.tucasa.com.

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