La clase obrera francesa, con el sindicato CGT a la cabeza, acaba de ganar una nueva batalla al gobierno de Valls-Hollande. Cinco horas después de la decisión gubernamental de prohibir la manifestación sindical del 23 de junio en París, la tremenda presión de los trabajadores y la actitud firme de la CGT, que en abierto desafío al gobierno mantuvo la convocatoria de la manifestación, obligó a las autoridades francesas a batirse en retirada y anular la prohibición.

Ni las amenazas del gobierno, ni las presiones patronales, ni los aullidos de odio de los representantes políticos de la burguesía francesa que, con el Frente Nacional a la cabeza, exigen la intervención del ejército contra los huelguistas, han conseguido doblegar a la clase obrera francesa. Desde hace cuatro meses las huelgas se extienden por toda Francia y nuevas empresas y sectores que hasta el momento no se habían movilizado toman el relevo de las empresas que iniciaron el movimiento. Como pequeña muestra del enorme apoyo social a la lucha, cabe destacar que la colecta lanzada por trabajadores de la fábrica de neumáticos Goodyear para reforzar la caja central de resistencia de la CGT ha recaudado medio millón de euros en apenas un mes.

En el momento de publicar este artículo están en marcha nuevas convocatorias de lucha para finales de junio y para el mes de julio. El enfrentamiento entre los trabajadores y el gobierno es total, como lo demuestra el hecho de que en la gigantesca manifestación de más de 1.200.000 de personas realizada en París el 14 de junio, la consigna coreada con más entusiasmo fue “Abajo el Gobierno”. Hay que remontarse décadas atrás para encontrar una movilización tan vigorosa y sin lugar a dudas podemos proclamar que, una vez más, la clase obrera francesa, con su decidida actitud de oposición a los nuevos recortes de derechos que propone el gobierno del Partido Socialista, marca el camino al conjunto de la clase obrera europea y, de paso, arroja luz sobre las características de nuestra época y sobre las políticas y estrategia de la izquierda y las organizaciones obreras.

¿Qué significa el levantamiento social francés?

A principios de 2016, el presidente Hollande y su primer ministro Valls, tomando como ciertas sus propias mentiras sobre el progreso social de Francia y el afianzamiento de la paz social, decidieron, en el último año de mandato presidencial, prestar un inestimable servicio a la burguesía francesa y asestar un nuevo golpe a los derechos laborales y sociales conquistados por el proletariado francés en las grandes movilizaciones de 1947 y 1968. No podían ni imaginarse que, a pesar de las apariencias, la polarización social avanzaba bajo la superficie y que de golpe la lucha de clases iba a ocupar el primer y más determinante plano político.

Y eso es exactamente lo que ha pasado. Un enfrentamiento frontal, un choque abierto entre las dos grandes clases de la sociedad capitalista, está sucediendo ahora mismo en Francia, anunciando un conflicto frontal entre la clase trabajadora y la burguesía que, antes o después, se va a generalizar por el conjunto de Europa. No se trata de un conflicto laboral más o menos generalizado. Se trata de un choque que va mucho más allá de la lucha contra el motivo inmediato que desencadenó la movilización, la reforma laboral de Hollande, más conocida como Ley El Khomri. Los trabajadores franceses han aprendido mucho de las experiencias de las movilizaciones de 2010 contra la reforma de las pensiones del entonces presidente Sarkozy, y saben que detrás de los cambios legislativos propuestos hay una estrategia de la burguesía para realizar nuevos y más duros ataques a las condiciones de vida de los asalariados.

Manteniendo su movilización contra viento y marea, haciendo frente a una durísima represión –no olvidemos que en Francia, igual que en el Estado español, varios trabajadores han sido condenados a penas de prisión por su participación en huelgas– la clase obrera francesa ha entendido que el enemigo que amenaza su futuro y el de sus familias es el sistema capitalista, y que las instituciones del Estado, lejos de actuar como árbitro neutral en los conflictos sociales, son un instrumento al servicio del poder económico. De modo que al enfrentarse al poder estatal, al ignorar sus leyes y prohibiciones, la clase obrera francesa pone de forma práctica en el orden del día la cuestión del poder político. Precisamente el nacimiento del movimiento asambleario “Nuit Debout” fue un claro síntoma de la descomposición que corroe al orden social capitalista y del poder de atracción de la lucha obrera sobre sectores no proletarios que también sufren las consecuencias de la crisis. En este mismo sentido, el ímpetu de la movilización ha desnudado la demagogia del Frente Nacional y ha puesto de manifiesto su verdadero papel como fuerza de choque de la gran burguesía. Al igual que en los años 30, de nuevo comprobamos que la supuesta “fortaleza” del fascismo se deshace como humo ante una enérgica y decidida movilización obrera.

Uno de los principales cambios de la Ley El Khomri es el de dar prioridad a la negociación en la empresa frente a los acuerdos sectoriales. Los trabajadores saben que ese es el primer paso para desregular completamente las relaciones laborales y facilitar que los empresarios impongan bajo presión a los trabajadores de sus empresas la “libre” aceptación de los sacrificios que el patrón estime oportunos. Por eso, diciendo “no” a la Ley El Khomri los trabajadores franceses dicen un “no” rotundo al único futuro que el capitalismo actual, sumido en una profunda crisis de sobreproducción a la que no se ve salida, puede ofrecer a la clase trabajadora.

La razón fundamental del deslizamiento de Hollande y su gobierno hacia la adopción de un conjunto de medidas represivas que hasta este momento se considerarían impropias de un régimen democrático, es precisamente esa imposibilidad del capitalismo de asegurar la continuidad del ciclo de expansión económica iniciado tras la Segunda Guerra Mundial y sobre el que se construyó el gran pacto social que permitió reconducir el conflicto entre las clases al terreno de la política institucional. Ni Hollande ni los diputados socialistas ignoran que este conflicto los arrastra hacia el destino de los socialistas griegos del PASOK, saben que corren el riesgo de desaparecer como partido político, pero la fuerza que los arrastra – que no es otra que la presión de un capitalismo en crisis– no les deja otra alternativa que seguir adelante aunque sea a costa de su autodestrucción.

¿Qué programa necesita la movilización obrera?

La magnitud del enfrentamiento social ha cogido desprevenidas a las principales fuerzas a la izquierda del PS. El Frente de Izquierdas, del que forma parte el Partido Comunista francés, centra su acción política en las reformas institucionales. El eje sobre el que gira la campaña de Jean-Luc Mélenchon, su candidato a las elecciones presidenciales de 2017, es la apertura de un proceso constituyente. Por supuesto, el Frente de Izquierdas apoya la lucha sindical y sus cargos públicos participan en primera línea en las movilizaciones. Pero, desgraciadamente, su comprensión de la situación real de Francia, su comprensión del significado profundo del irreconciliable enfrentamiento social que se está desarrollando ahora mismo delante de sus propios ojos, es –siendo generosos- muy escasa. Lo demostraron cuando hace pocos meses apoyaron las medidas de excepción propuestas por el gobierno Valls-Hollande. La batería represiva que ahora está utilizándose a discreción contra la movilización obrera se aprobó con el apoyo de los parlamentarios del Frente de Izquierdas. Y no se trató de un error aislado. El problema reside en que el Frente de Izquierdas sigue atado a la política institucional, a la política de pacto social, a la acción puramente parlamentaria y reformista en la que se instalaron las organizaciones mayoritarias de la izquierda europea después de la Segunda Guerra Mundial.

Como muchas veces hemos planteado desde las páginas de El Militante, la base material que hizo posible varias décadas de expansión del llamado “Estado del Bienestar” está en crisis, y las estrategias políticas que tuvieron éxito y apoyo masivo durante un largo período histórico están colapsando en un país tras otro. Lo que la movilización de la clase obrera francesa está demandando con urgencia es un programa político que afronte sin miedo los retos que la crisis capitalista plantea a los trabajadores y que dé respuesta a los graves problemas que, tanto en Francia como en el resto del mundo capitalista, amenazan las condiciones de vida de nuestra clase.

En los últimos 20 años, desde 1996 hasta 2015, la riqueza global generada en el mundo se multiplicó por cuatro. Cuesta creerlo cuando ante nuestros ojos se extiende la pobreza, se recortan los servicios sociales, e incluso el disponer de un puesto de trabajo fijo y a jornada completa ya no asegura una vida mínimamente digna. Pero, a pesar de la crisis de 2007, el incremento en la productividad del trabajo, la expansión de la producción industrial por todo el mundo y el aumento del comercio mundial han generado un enorme incremento de la riqueza disponible. Pero la distribución de esa riqueza es cada día más desigual. La dinámica del capitalismo en su fase de sobreproducción impone a las empresas limitar sus inversiones y hacer depender el mantenimiento de sus beneficios de una sobreexplotación creciente de su fuerza de trabajo. Esta es la situación que se vive en Francia y en todo el mundo capitalista, una situación que sólo admite una repuesta efectiva: un programa socialista que vaya a la raíz de los problemas de la clase obrera y que plantee las transformaciones necesarias para dejar atrás el capitalismo y hacer que la riqueza social se ponga al servicio de la inmensa mayoría de la sociedad.

¿Qué papel puede jugar la CGT?

Desde las movilizaciones del 2010 contra la reforma de las pensiones muchas cosas han cambiado en la CGT francesa. En octubre de ese año una ola de huelgas indefinidas puso contra las cuerdas al gobierno Sarkozy. Al igual que está ocurriendo ahora, el choque entre el movimiento obrero y el poder del Estado era abierto y frontal. Pero esa poderosísima movilización social se difuminó cuando, tras la aprobación parlamentaria de la reforma del sistema de pensiones, los dirigentes de la CGT desconvocaron las huelgas con el argumento de que tras la aprobación del Parlamento ya no podía hacerse nada más.

Aquella experiencia sirvió de estímulo para replantearse una estrategia sindical que constreñía la acción de la clase obrera a los límites cada vez más estrechos del parlamentarismo burgués. Gradualmente, nuevas capas de trabajadores, más jóvenes y con un alto porcentaje de inmigrantes, ocuparon posiciones decisivas en comités de empresa y órganos sindicales. Y poco después, un penoso escándalo de corrupción obligó a dimitir al máximo dirigente de la CGT y abrió camino a una dirección renovada encabezada por Philippe Martinez.

Los hechos demuestran que un potente giro a la izquierda se ha venido gestando bajo la aparentemente tranquila vida interna de la CGT. A día de hoy, la CGT francesa representa sin discusión al sector más consciente, organizado y avanzado de la clase trabajadora de su país.

Hasta el momento, la consigna central de CGT ha sido la retirada definitiva de la Ley El Khomri. Pero tras la entrevista con la ministro de Trabajo el pasado 17 de junio, Martinez ha abierto una puerta a la negociación. En vez de la retirada de la ley, planteó la suspensión de su trámite parlamentario y propuso una serie de cambios en su contenido que podrían facilitar su aceptación por el sindicato. Estos cambios se refieren a dos puntos centrales de la ley: la prioridad de los acuerdos de empresa sobre los convenios sectoriales y la justificación económica de los despidos. En ambos casos la propuesta de Martinez es establecer una “supervisión sindical” sobre ambos temas, pero aceptando el fondo de la ley. Se trataría de plantear nuevas exigencias para determinar, en palabras del dirigente de la CGT, “la realidad de las dificultades económicas de las empresas” que pudiesen justificar despidos o bajadas salariales. A nadie se le escapa que esas exigencias, una vez aprobadas, se convertirían en papel mojado dada la capacidad de las empresas para elaborar sus cuentas de resultados como mejor les convenga y, en último caso, de que en el recurso a los tribunales los trabajadores tienen todas las de perder frente a las grandes corporaciones.

La única manera de arrancar concesiones importantes del gobierno, incluyendo la retirada de la reforma laboral, es que la CGT se mantenga firme, descarte concesiones secundarias y adopte una estrategia que permita al movimiento unificarse y seguir una tendencia ascendente. A pesar de la crisis, a pesar de sus estrategias de seguir recortando derechos y condiciones a los trabajadores, enfrentados a una movilización que amenaza su misma existencia la burguesía francesa se podría ver obligada a hacer concesiones. En el Estado español vivimos una situación similar en los años finales de la dictadura. Ante el miedo de perderlo todo, la burguesía prefirió ceder ante el movimiento obrero, a pesar de las presiones impuestas por la crisis de 1973-74, la conocida como “crisis del petróleo”.

Pero a diferencia de los años 70, cuando un ciclo económico expansivo facilitó a los empresarios la paulatina absorción de las conquistas obreras, la situación a día de hoy es muy distinta. La victoria de la clase obrera francesa en la batalla que se está desarrollando estos días, una victoria plenamente factible si la dirección de la CGT se mantiene firme, no podría considerarse definitiva. Directamente, con medidas antiobreras en las empresas, e indirectamente, con ulteriores cambios legislativos, la burguesía intentaría con todas sus fuerzas recuperar lo perdido, utilizando todos los recursos a su alcance para introducir divisiones en el seno de la clase obrera, fomentando el racismo y la xenofobia y revitalizando al Frente Nacional.

La batalla que hoy se desarrolla en Francia tiene un carácter decisivo. Con la victoria al alcance de la mano, la estrategia más segura para el movimiento obrero sería la de convocar inmediatamente una huelga general indefinida hasta la retirada total de la ley El Khomri, junto con la propuesta de mejoras inmediatas para los sectores más precarios y desprotegidos de la clase obrera francesa. También es clave para impulsar la participación la creación de comités de trabajadores, trabajadoras, estudiantes, parados… en fábricas y centros de trabajo y de estudio en todos los barrios y ciudades del país, con delegados elegibles y revocables coordinados a nivel nacional, que sean quienes tomen las decisiones. La unidad de todos los sectores del proletariado francés en torno a la CGT, desde los trabajadores de las centrales nucleares, que mantienen unas buenas condiciones laborales, hasta los precarios de McDonald’s, es un tesoro que tiene que conservarse y fortalecerse y por eso no puede aceptarse ningún acuerdo que deje atrás a algún sector de la clase obrera. Una victoria así reforzaría sindical y políticamente a la clase obrera francesa y la prepararía para avanzar con fuerzas renovadas a una lucha en un plano superior, la lucha por la transformación socialista de la sociedad.