48 horas después de las elecciones del 10-N, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias anunciaban en el Parlamento un acuerdo para formar un Gobierno de coalición. Este hecho representa un acontecimiento de trascendencia histórica y ha levantado enormes expectativas. Millones de trabajadores y jóvenes, que en estos años han protagonizado las luchas más potentes desde la caída de la dictadura, no pueden dejar de considerar la enorme oportunidad que se abre para cambiar su presente y su futuro.

Acabar con los recortes, las contrarreformas del PP, las privatizaciones, la precariedad, o los bajos salarios no es una utopía. Tampoco lo es poner fin al entramado autoritario del Estado y sus leyes de excepción, a la represión y criminalización que sufre el pueblo y la juventud de Catalunya, y resolver la cuestión nacional sobre bases democráticas, esto es, reconociendo el derecho a decidir. Pero hacer realidad estas aspiraciones de la mayoría de la población, requiere que este Gobierno confronte con los grandes poderes económicos, la banca y el capital financiero, plante cara al aparato judicial, policial y militar, y rechace la agenda de austeridad de la Unión Europea.

La experiencia de estos años no ha pasado en balde. Quien piense que este Gobierno cuenta con un cheque en blanco se equivoca. Tanto Sánchez como Iglesias, por más expectativas y simpatías que despierten, tendrán que demostrar con los hechos que son diferentes si no quieren alentar un desengaño político de grandes consecuencias.

El PSOE pierde apoyo

En una época de polarización extrema y lucha de clases descarnada, los cambios bruscos y vertiginosos son la norma. En este caso, lo que parecía imposible después de atender los mensajes de la campaña electoral, se ha hecho viable con una rapidez asombrosa. Pedro Sánchez y los dirigentes del PSOE no han tenido más remedio que buscar el pacto con Iglesias tras el fracaso de su estrategia.

Los resultados de las elecciones generales también han echado por tierra los planes de la clase dominante. Su objetivo de urdir un Gobierno estable basado en el PSOE y Ciudadanos ha sido imposible tras la hecatombe que han sufrido Rivera y sus secuaces. La derecha, por mucho que se haya abundado en el crecimiento electoral de Vox, sigue teniendo muchas dificultades para ensanchar su base social.

Y esta es una de las claves de la situación abierta con el 10-N. Si el PSOE, después de perder 727.772 votos, tres escaños y la mayoría absoluta en el Senado, hubiera urdido un acuerdo de investidura y legislatura con Cs y el PP, tal como muchas voces cualificadas —tanto dentro como fuera del partido— estaban defendiendo, su desgaste habría sido mayúsculo en cuestión de muy poco tiempo. Un pacto de esa naturaleza habría fortalecido a la extrema derecha, y también ofrecería a Unidas Podemos una gran oportunidad para recuperar terreno.

El hecho de que Sánchez se haya visto obligado a abrazar a Iglesias y regalarle los oídos — ha alabado su “generosidad”—, no puede ocultar el eje de su campaña electoral. Enfundada en la bandera rojigualda y actuando con furia contra el pueblo catalán, la dirección del PSOE ha dado alas a la extrema derecha. Por ejemplo en Andalucía, el granero tradicional de la socialdemocracia, Vox se ha convertido en la tercera fuerza a solo un 0,15% del PP, y logra 867.429 votos, el 20,39%, y 12 diputados. La suma de PP y Vox avanza mucho en la comunidad andaluza: más de 345.200 votos y 10 puntos porcentuales desde las elecciones de abril y 10 diputados (de 17 a 27). Estas son las consecuencias de la política del PSOE.

Pedro Sánchez pretendió responsabilizar a Unidas Podemos del fracaso del Gobierno de coalición que ahora defiende, buscando una alianza flexible con el partido de Albert Rivera en todos los llamados asuntos de “Estado”. Y lo quería para poder descargar sobre los hombros de la clase obrera y la juventud nuevos recortes y contrarreformas, algo que no se cansó de repetir Pablo Iglesias en sus mítines electorales. Sería importante que no lo olvidase cuando se siente en su silla de vicepresidente.

El objetivo de aumentar su apoyo entre la llamada “mayoría cautelosa”—utilizando las palabras del gurú de La Moncloa, Iván Redondo— ha sufrido un fuerte revés. No han arañado nada de los votos perdidos por Ciudadanos, se han dejado cientos de miles en la abstención y su campaña españolista solo ha arrojado agua al molino de la derecha franquista.

Colapso de Ciudadanos y avance de la extrema derecha

Apenas hace siete meses, en las elecciones de abril, Ciudadanos se colocó 200.000 votos por debajo del Partido Popular (4.136.600 frente a 4.356.023) y a solo 9 escaños (57 frente a 66). Hoy, con Rivera dimitido y fuera de la política, con Cs desapareciendo de numerosas comunidades autónomas y con unos datos extremadamente negativos en Catalunya (216.000 votos, un 5,61%, cuando en las autonómicas catalanas de diciembre de 2017 obtuvo 1.109.732, el 25,2%), una de las apuestas estratégicas más importantes de la clase dominante se descompone.

La causa de esta debacle no se explica únicamente por los errores tácticos de Rivera o por su soberbia. En realidad, el hundimiento de Cs tiene más que ver con la orientación general de la clase dominante, que ha hecho de la agitación españolista y la represión de los derechos democráticos del pueblo de Catalunya el santo y seña de todos los partidos que se consideran pilares del régimen del 78.

Rivera basó su política en ver quién era más facha, quién decía las barbaridades más estruendosas contra Catalunya, quién proclamaba con más fuerza que había que volver al 155 y detener a Torra. Pero, en un contexto de polarización tan fuerte, la base social y electoral de la derecha —movilizada con una sobredosis de veneno anticatalán y un enorme deseo de venganza contra la clase obrera y la juventud por las luchas de estos años— se ha agrupado en torno a las formaciones que mejor lo garantizaban.

PP, Vox, Ciudadanos y Navarra Suma agruparon en las elecciones de abril un total de 11.276.920 votos, equivalente al 43,2%, y 149 diputados. El 10-N han reunido 10.395.920, es decir, 881.000 menos, un 43,1% y 152 diputados, en un contexto de crecimiento de la abstención: 6 puntos más que en abril (10,5 millones).

No seremos los marxistas quienes minimicemos la trascendencia del aumento electoral de la extrema derecha, pero igual de erróneo sería exagerarlo ocultando la auténtica correlación de fuerzas en la sociedad y la capacidad que posee la clase obrera para batir a esta morralla política.

La extrema derecha de Vox no es algo nuevo, es la misma que existía agazapada en el seno del Partido Popular pero que hoy se muestra a cara descubierta y envalentonada. Su desarrollo, desde sus inicios inciertos en diciembre de 2013, está ligado a los acontecimientos excepcionales de la lucha de clases en estos años, y a los cambios que se han producido en el campo de la izquierda.

La irrupción de Podemos expresó en las urnas el movimiento de masas más importante desde los años de la Transición, y el profundo giro a la izquierda entre millones de trabajadores, jóvenes y sectores empobrecidos de las capas medias. Poco tiempo después, en Catalunya se desataba una movilización popular sin precedentes que mandó un obús a la línea de flotación del régimen del 78. Las jornadas del 1 y 3 de octubre de 2017 abrieron una crisis revolucionaria de largo alcance que todavía no se ha podido liquidar.

Para hacer frente a este desafío, las fuerzas combinadas del aparato del Estado, la oligarquía financiera —incluyendo a la burguesía catalana—, los partidos del sistema y los medios de comunicación afines, se han lanzado a una carrera desenfrenada de criminalización del pueblo catalán, jaleando el nacionalismo españolista más rabioso. Vox ha llevado hasta las últimas consecuencias el programa que han esgrimido el resto de las formaciones del régimen, incluido el PSOE.

La pequeña burguesía enfurecida y nostálgica del franquismo, miles de “pequeños empresarios” que no son más que escoria explotadora, cientos de miles de funcionarios del Estado y de las fuerzas represivas de la policía, la Guardia Civil y el ejército…, todo ese polvo social movilizado en torno a la propaganda más reaccionaria en defensa de la “unidad sagrada de la patria”, el racismo y la homofobia, ha visto una bandera de lucha en Vox. Atraídos por la ausencia de complejos a la hora de defender su ideario fascista, han elevado a Abascal a un pedestal.

La extrema derecha se nutre de la crisis social del capitalismo y de la impotencia de la democracia parlamentaria y sus representantes tradicionales para sacar a la sociedad del impasse. Vox es el partido de la desesperanza contrarrevolucionaria y constituye una gran amenaza para el movimiento obrero, para sus conquistas económicas y políticas, y para los derechos democráticos. Precisamente por ello, solo aplicando una política que rompa definitivamente con las lacras de este sistema y movilice la fuerza de millones de trabajadores y jóvenes se podrá combatir con éxito a estas fuerzas reaccionarias.

Con todo, el avance de Vox hay que abordarlo con un sentido de la proporción. Es cierto que respecto a las elecciones de abril ganan 962.890 votos (pasan de 2.677.173 y un 10,26%, a 3.640.063 y un 15,09%) y más que duplican sus diputados: de 24 a 52. Pero estos resultados sobre todo señalan una nueva redistribución de los apoyos a un bloque reaccionario que vuelve a fracasar en su intento de hacerse con el Gobierno. Vox y PP avanzan juntos 1,6 millones de votos respecto al mes de abril, pero Cs pierde 2,5 millones.

La otra consecuencia de este avance de Vox es que mete mucha presión sobre Pablo Casado. Cosechando su peor segundo resultado de la historia, el PP se tiene que conformar con una remontada modesta: pasa de 4.356.023 votos, el 16,7% y 66 diputados en abril, a 5.019.869, el 20,82 % y 88 diputados en noviembre. En las elecciones de 2016, con Rajoy a la cabeza, obtuvieron 7,9 millones de votos, el 33% y 137 diputados, y en 2011 fueron 10,8 millones, el 44,6% y 186 diputados (mayoría absoluta).

La evolución electoral de Unidas Podemos

En Catalunya ¡PP, Vox y Cs suman tan solo 6 diputados de un total de 48! En la Comunidad Autónoma Vasca no obtienen representación parlamentaria ni el PP, ni Vox, ni Cs. A diferencia del PSOE o Unidas Podemos, la izquierda independentista ha cosechado buenos resultados. En Euskal Herria, EH Bildu pasa de 4 a 5 parlamentarios; en Catalunya, la CUP logra 2 diputados por Barcelona y ERC, aunque baja de 15 a 13 escaños, mantiene 869.934 votos.
El 10-N el bloque reaccionario perdió casi 900.000 votos, mientras que PSOE, Unidas Podemos, Más País, ERC, EH Bildu, CUP, BNG y otras pequeñas formaciones aunque sobrepasan a la derecha claramente, también caen: se quedan en 12.141.507 votos, 49,3% y 179 escaños. En abril, su resultado conjunto fue de 13.239.980 votos, un 50,8% y 185 diputados. Obviamente en esta pérdida global el partido que más retrocede con diferencia es el PSOE (casi 800.000).

Aunque Unidas Podemos ha obtenido peores datos también, paradójicamente ha logrado su objetivo de torcer el brazo a Sánchez. Pero no ver las cosas tal como son es un error que se paga caro en política.
El 10-N la coalición formada por Podemos e IU obtuvo 3.097.185 votos, lo que significa un retroceso de 635.744 respecto a abril (cuando consiguió 3.732.929) y de 1.952.549 desde las elecciones de junio de 2016 (en aquel momento alcanzó 5.049.734 papeletas). En diputados significa pasar de los 71 obtenidos el 26 de junio de 2016, a 42 en abril de 2019 y 35 este 10-N. En definitiva, pierde más del 50% de sus diputados y casi el 40% de sus votos en estos tres años.

Si en 2016 el sorpasso estaba al alcance de la mano, con un PSOE que sacaba a Podemos menos de 375.000 votos, tras el 10-N la diferencia ha pasado a ser de más de 3.600.000 votos a favor del partido de Sánchez, que duplica los votos de Iglesias y obtiene casi 16 puntos de distancia (28,6% para el PSOE y un 12,8% para Unidas Podemos).

Los datos en los diferentes territorios son significativos. En Catalunya fueron la primera fuerza en las elecciones de 2016, con 848.526 votos, 12 escaños y un 24,5%. En este 10-N mantienen los 7 diputados de abril, pero pasan de 614.738 votos a 546.733. En la Comunidad Autónoma Vasca pasan de ser la primera fuerza en 2016 con 333.730 votos, el 29% y 6 escaños, a ser la cuarta con 181.337, el 15,4% y 3 diputados. En Andalucía obtienen 6 diputados, es decir, pierden 3 de los 9 que tenían, y retroceden de 651.160 votos en abril a 555.902 en noviembre.

Para matizar esta caída se puede argumentar que Más País de Errejón y Compromís logran 554.066 votos de los 635.744 que pierde UP, pero los casi 800.000 votos que se deja Sánchez van directamente a la abstención y no a UP.

Obviamente Unidas Podemos mantiene un suelo electoral nada despreciable, pero la dirección ha renunciado a la menor autocrítica. Si los mismos errores que se han cometido estos años se repiten como partido de Gobierno, las consecuencias serán muchísimo más graves.

Muchos dirigentes de Unidas Podemos se declaran republicanos, anticapitalistas y, no pocos, comunistas. Pero en la práctica han jugado el penoso papel de blanquear el “orden institucional” que niega el derecho a decidir y castiga con la represión y la cárcel a un pueblo que lucha por la república. La oportunidad que han desaprovechado para unificar este movimiento extraordinario con las demandas de la clase obrera y la juventud del resto del Estado es evidente.

Su acusación de que el movimiento de liberación nacional en Catalunya hace el juego a las élites es completamente absurda. Los cientos de miles de trabajadores y jóvenes que llenan las calles de Catalunya en movilizaciones multitudinarias, no quieren una república de recortes y austeridad. Al contrario. Han dejado más que claro su rechazo a la oligarquía catalana que, por cierto, está fundida con la española combatiendo este movimiento.
Lo verdaderamente increíble es que Pablo Iglesias, Alberto Garzón y Ada Colau pretendan establecer una equidistancia imposible entre un pueblo que lucha y quienes lo reprimen. Han errado en su análisis de la cuestión nacional, igual que cuando renuncian a un programa de ruptura con el capitalismo y abandonan las reivindicaciones más clasistas y avanzadas con las que Podemos irrumpió hace cinco años.

O con los capitalistas o con los trabajadores

El acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos todavía necesita de concretarse y lograr los apoyos parlamentarios que garanticen la investidura de Sánchez. Pero todo parece indicar que no tendrán dificultades insalvables para sumar los diputados de Más País, PNV, BNG, Teruel Existe y PRC y, posteriormente, en convencer a algunos de ERC o EH Bildu para que se abstengan en la segunda votación.

Tampoco parece que esta vez el objetivo de Unidas Podemos de hacerse con ministerios de corte social, incluida una vicepresidencia para Pablo Iglesias esté en peligro. La cuestión de fondo es para qué van a servir esos ministerios en un Gobierno pilotado por un PSOE y un Pedro Sánchez que se han mostrado firmes defensores del orden monárquico del 78, y plenamente dispuestos a aplicar las medidas que los grandes poderes económicos y la UE les han exigido.

Pablo Iglesias, Irene Montero, Alberto Garzón deberían reflexionar seriamente sobre la experiencia de Syriza en Grecia. La formación de Tsipras llegó al poder aupada por un apoyo entusiasta de la clase obrera y la juventud, en medio de una movilización de masas contra los planes de ajustes salvajes y recortes draconianos de la Troika (FMI, BM, UE). Pero Tsipras dio la espalda a este entusiasmo, y renunció a confrontar con los capitalistas griegos y europeos. Finalmente, después de un referéndum en el que el voto masivo contra la Troika demostró las condiciones tan favorables que existían para romper con los recortes y la austeridad y tomar el control de la economía mediante la nacionalización de los sectores estratégicos, Tsipras capituló vergonzosamente, traicionó a su base social y, finalmente, asfaltó el camino para que la derecha recuperase el Gobierno.

Los dirigentes de Unidas Podemos se engañan si piensan que sus “habilidades” en el Consejo de Ministros van a convencer al Ibex 35 de que mitigue sus ataques contra los trabajadores, los jóvenes y los sectores más desfavorecidos. El gran capital, junto a los jefes de la UE, y muchos dirigentes socialistas que ahora se muestran como “aliados”, los someterán a una presión despiadada desde el minuto cero. Cuando se den esas circunstancias ¿cómo responderán?
El documento presentado como base de este Gobierno sólo contiene declaraciones generales de tono “progresista”. Nada se habla de derogar la contrarreforma laboral, la de las pensiones, la LOMCE o la Ley Mordaza, ni de acabar con los recortes sangrantes en la enseñanza y la sanidad públicas. Ninguna declaración sobre poner fin a los desahucios, y garantizar la vivienda pública y accesible con alquileres sociales. Tampoco hay referencias a medidas concretas para luchar contra los EREs, para renacionalizar las empresas privatizadas o remunicipalizar los servicios públicos defendiendo el empleo digno y de calidad. Tampoco hay la más mínima mención a cómo enfrentar la dictadura de las eléctricas, o cómo lograr que la banca devuelva los 60.000 millones que robó del rescate financiero, y que ha sido una medida estrella del programa electoral de Unidas Podemos.

Las dos únicas cuestiones que se concretan con claridad son el control del gasto público para respetar el equilibrio fiscal con Europa y que se “fomentará el diálogo en Cataluña siempre dentro de la Constitución”, es decir, que tal como Iglesias ya señaló hace meses, Unidas Podemos respaldará al PSOE en su política contra el legítimo derecho a la autodeterminación del pueblo catalán, incluido el recurso al 155 y la represión.

No hay duda de que la derecha no dará tregua a este Gobierno. Ya lo han anunciado los portavoces del PP, de Vox y de Cs, aunque estos últimos en un gesto desesperado han apelado a un Gobierno de unidad nacional entre el bloque reaccionario y el PSOE.

A la hora de escribir estas líneas es imposible determinar el programa del nuevo Gobierno en sus detalles y cómo se desarrollarán las negociaciones de cara a la investidura. Pero una cosa está clara. No se podrá gobernar para dos amos: o con los capitalistas, con la banca, con los grandes poderes fácticos, que son el sostén del régimen del 78, o con los trabajadores y sus familias, con los parados, con la juventud que sufre la lacra de la precariedad y el desempleo crónico, con los pensionistas, con el pueblo de Catalunya que lucha por la república y su derecho legítimo a decidir, con las mujeres golpeadas por la desigualdad y la violencia, con todos los oprimidos y explotados.

Este Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos ha sido posible por la voluntad de millones de trabajadores y de jóvenes que quieren un cambio radical en sus condiciones de vida. Pero no hay ninguna garantía de que esto se logre si la lógica implacable del capitalismo es respetada sumisamente.

Como marxistas revolucionarios somos ajenos al sectarismo pero no cerramos los ojos ante la realidad. Las lecciones de la historia deben tenerse muy en cuenta. Tanto en junio de 1931, cuando se constituyó el Gobierno de conjunción republicano socialista, como en octubre de 1982, con el encabezado por Felipe González, la clase obrera demostró una enorme determinación para transformar la sociedad. Pero sus dirigentes no fueron capaces de disputar el poder a la oligarquía, a los terratenientes, a los banqueros y la Iglesia, y sus tímidas reformas pronto se transformaron en contrarreformas que allanaron el camino a la reacción.

Debemos confiar en nuestras propias fuerzas y entender que cualquier avance será fruto de la organización y la lucha masiva. Si queremos combatir a la extrema derecha, si queremos romper definitivamente con la austeridad y los recortes, necesitamos construir un partido de los trabajadores armado con el programa del marxismo y que plantee sin complejos la lucha por la transformación socialista de la sociedad. Esa es la tarea más importante de esta época histórica.

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