Entre los muchos efectos letales que la crisis está haciendo sufrir a las familias trabajadoras, uno de los más sensibles es la violencia que significa que te echen de tu casa. En los tres primeros meses del año, 15.491 familias han tenido que vivir esta traumática experiencia; según el Consejo General del Poder Judicial, los desahucios se han incrementado más de un 36% respecto al mismo periodo del año pasado; si tenemos una media (calculando por lo bajo) de tres personas por familia, 46.500 personas (muchos de ellos niños) han vivido en carne propia la dolorosa sensación de ser despojados de su hogar tan sólo en el primer trimestre. Los próximos meses esta tendencia no se detendrá, sino que con la perspectiva económica y el nivel de morosidad rampante, lo más seguro es que siga incrementándose. Si comparamos con las 5.000 familias desahuciadas en todo el año 2008, el ritmo es verdaderamente asombroso.

Pero estos datos se quedan incluso pequeños si se comparan con el número total de ejecuciones hipotecarias, ya que sólo se consideran desahucios cuando los habitantes de la vivienda son desalojados de ella mediante procedimiento judicial, pero antes de que llegue ese fatídico día, una gran cantidad de familias que no pueden seguir haciendo frente a los pagos, optan por abandonar “voluntariamente” su domicilio para evitarse el amargo trago de que les saque la policía; pero evidentemente no son abandonos voluntarios. En cambio sí son “abandonos voluntarios” los miles de pisos que en todas las ciudades permanecen vacíos, cerrados a cal y canto porque sus propietarios, sobre todo grandes constructoras y bancos, no los necesitan y los retienen esperando el mejor momento para lanzarlos a la especulación, sin embargo, esta infame práctica sigue sin estar penalizada por la ley.

Por la moratoria

Desde sectores de la izquierda, las asociaciones de consumidores y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca plantean como solución la dación en pago de la vivienda; es decir, que se cancele la deuda hipotecaria a cambio de entregar la casa al banco. Aunque esta medida aquí es una excepción, en cambio sí es la práctica habitual en la mayoría de los países capitalistas desarrollados. De todas formas, aunque librarse de la deuda hipotecaria una vez entregada la vivienda al banco sería un gran alivio, eso no solucionaría el problema, porque además de perder todo el dinero invertido en la compra de la vivienda, las familias desahuciadas, en el mejor de los casos, tendrían que irse de alquiler o en el peor de los casos terminarían viviendo en la calle o de la caridad. Por eso la izquierda debería luchar y movilizarse para exigir una ley que obligase a los bancos a tener que aceptar una moratoria en el pago de la hipoteca en caso de que los habitantes del piso estén en situación de desempleo. La reciente medida del gobierno, el aumento de la cantidad de salario no embargable por deudas hipotecarias (de 641 a 960 euros y en caso de familias con 2 hijos a 1.350 euros), no va al problema de fondo del drama que están viviendo decenas de miles de familias y no cambia para nada el carácter de su política económica, totalmente alineada con los intereses de la banca.
Por supuesto, los bancos se oponen radicalmente a cualquier solución que no sea la ejecución de la hipoteca. Saben muy bien que la tendencia a la bajada de precios inmobiliarios aún no ha terminado (según economistas de The Financial Times aún tienen que caer un 40% más), como también son conscientes de la avalancha de ejecuciones y desahucios que se avecina en el próximo periodo. La banca dice que de extenderse la dación de pisos, eso significaría una mayor restricción del crédito, tipos de interés más altos y a la vez plazos de amortización más reducidos. Según IU cambiar la ley hipotecaria costaría 15.000 millones de euros, una cifra “muy inferior” a las ayudas públicas recibidas por la banca española desde el inicio de la crisis.

La expropiación de la banca y las constructoras, clave para solucionar el problema

Al calor del movimiento 15-M, en las últimas semanas hemos visto en distintas ciudades piquetes solidarios de jóvenes y trabajadores que han impedido con su presencia el desalojo de familias desahuciadas. Estas acciones demuestran la gran disposición de una capa importante de gente a luchar contra la injusticia que significa el desalojo de la vivienda, además de expresar un alto grado de solidaridad y la enorme valentía de quienes están dispuestos a enfrentarse cara a cara con la policía para defender los derechos más elementales (como el derecho a la vivienda) de sus vecinos. Estas acciones han tenido éxito en paralizar algunos desalojos, pueden animar a un número cada vez mayor de personas a participar en acciones de este tipo y son también una denuncia pública que tiene mucho impacto social aunque, lógicamente, para que estos logros sean definitivos y alcancen a todos los afectados la lucha debe continuar de forma más amplia, hasta llegar al fondo del problema.
Mientras nuestra clase sufre las consecuencias de la crisis, el reverso de la moneda está en los banqueros, los privilegiados de esta sociedad, que se siguen enriqueciéndose con los altos intereses que cobran por las hipotecas, la especulación con la deuda pública, el cobro de comisiones abusivas y el continuo escamoteo al fisco de sus enormes fortunas. Recientemente hemos conocido el caso de la familia Botín, acusada de falsedad documental y el desvío de fondos a un banco suizo entre 2005 y 2009; han zanjado la cuestión con un aporte voluntario de 200 millones de euros el año pasado para regularizar su situación y así salvar su imagen. También resultan escandalosos los salarios que se acaba de fijar la cúpula directiva de Bankia y Banca Cívica, con Rodrigo Rato al frente, de hasta 24,19 millones de euros anuales, entre sueldo fijo, variable e incentivos. Y eso ocurre después de que el pasado mes de febrero esta entidad bancaria recibiera una ayuda pública de 977 millones de euros para hacer frente a sus problemas.
La solución al problema de la vivienda pasa por la elaboración de un plan centralizado de vivienda social, municipalizando el suelo urbano, nacionalizando las constructoras y los bancos (que de hecho ya viven de las ayudas estatales) y construir las que sean necesarias (además de utilizar las que están vacías en manos de los bancos) para que toda familia trabajadora y todo joven pueda acceder a ellas en régimen de alquiler, a un precio en el que la cuota mensual no supere el 10% del salario. La lucha por conseguir cambiar los derechos de millones de familias hipotecadas saqueadas por los bancos y abaratar el coste de un derecho tan elemental como la vivienda afecta intereses vitales de los capitalistas y tendrá éxito en la medida que forme parte de un proceso que desemboque en una profunda rebelión social que sacuda las bases de todo el sistema.


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