La reivindicación central que ha puesto en pie de guerra a los trabajadores es que no se elimine el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores —que existe desde 1970 tras las luchas del conocido como “otoño caliente” del 69—, y que protege a los trabajadores de empresas con más de 15 empleados contra los despidos improcedentes, garantizando su derecho a obtener una indemnización o a ser reintegrados en su empleo. Esta contrarreforma entrará en vigor a partir de enero de 2015.
El día anterior se vivió una importante huelga del sector de los transportes públicos y privados a la que se sumaron toda una serie de paros parciales en la educación, sanidad y del sector público (2015 será el sexto año consecutivo en que tendrán congelación salarial), reflejando un descontento social tremendo y al alza, contra la política de austeridad, de privatización de la educación y demás servicios públicos y de profundos recortes del gasto público que están disparando la pobreza y la desigualdad. De hecho, en los últimos seis años la renta media de los italianos se ha reducido en un 13%, siendo el poder adquisitivo medio similar al existente hace 25 años; diez millones de italianos son pobres, uno de cada tres niños vive bajo el umbral de pobreza, y el número de indigentes se ha incrementado en 1.206.000 personas en tan sólo un año, el equivalente a una gran ciudad. Mientras, el paro roza ya el 13%, según cifras oficiales, pero alcanza el 44% entre los jóvenes.

Hacia una huelga general

La manifestación del 25 de octubre ha sido histórica, convirtiéndose en la protesta más importante desde que en 2002 el gobierno de Berlusconi se enfrentara a una huelga general que sacó a la calle a tres millones de personas, precisamente en defensa del artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores y contra la reforma laboral de entonces. Transcurrió en un ambiente muy combativo, dos columnas abarrotadas de gente recorrieron la ciudad hasta confluir en la Plaza de San Juan de Letrán de Roma, con numerosos trabajadores de empresas en conflicto que jugaron un papel destacado, y en la que se pudieron escuchar canciones como Bella Ciao, símbolo de los partisanos en su lucha contra los fascistas. La secretaria general de la CGIL, Susana Camusso, señaló que la movilización va a continuar: “incluso con la huelga general’’, lo que fue recibido con aplausos y provocó un estallido de gritos a favor. Es significativo el giro dado por la dirección de la CGIL, imbuida en una dinámica de pactos y consensos, que ha pasado de defender abiertamente que la huelga general ya no era útil (en su congreso nacional en mayo), a amenazar con convocarla, reflejando la enorme presión que hay por abajo. Ahora hay que pasar de las palabras a los hechos.
Por su parte, Renzi, en una escenificación que dejó muy claro para quién gobierna, se reunía el mismo 25 de octubre en Florencia con banqueros y empresarios. Su mensaje fue que la gente se tiene que acostumbrar a los nuevos tiempos, que “ya no hay un empleo de por vida”, y con su demagogia, arrogancia y desprecio de clase habitual señaló que “aferrarse a una norma de 1970 (...) es como tomar un iphone y preguntar, ¿dónde le meto las monedas?”. Esto lo dice alguien que defiende así su reforma: “Un empresario debe tener derecho a decidir si quiere o no despedir a un trabajador, esa no es una decisión que podamos dejar en manos de un juez (…) un juez puede fallar una cosa y otro la contraria”, es decir, una vuelta a las cavernas y a la esclavitud laboral. No es extraño que la popularidad de Renzi haya caído ya nueve puntos en tres meses, y esto antes del inicio en serio de los ataques.
En 2014 la economía italiana ha vuelto a entrar en recesión. El sistema bancario está también tocado, las recientes “pruebas de estrés” realizadas por el BCE destacaron a los bancos italianos, junto a los griegos, como los peores, en 2013 los préstamos de dudoso cobro aumentaron un 25%. La deuda pública ha pasado del 106,1% del PIB, antes del estallido de la crisis en 2008, al 136% este año. En los últimos seis años la economía se ha contraído un 6%, siendo el PIB actual menor que hace una década y, según el FMI, es un desastre sólo comparable al de países como Portugal (rescatado) o Zimbawe. En este escenario es inevitable un recrudecimiento de los ataques contra los trabajadores y un estallido de la lucha de clases.