La actual coyuntura política y económica de Venezuela deja ver con total claridad todos los enemigos de la clase trabajadora. Los partidos de la derecha plantean abiertamente que la solución pasa por volver a privatizar las principales industrias del país, incluyendo PDVSA, y que estas medidas deben ser tomadas de inmediato. Intentan engañar a los trabajadores diciendo que les brindaran mejores salarios, cuando ya es común que estas prácticas generan despidos masivos y profundizan la explotación de la fuerza de trabajo. Solo  en el discurso se diferencian del gobierno, porque si la derecha proclama estas ideas abiertamente el gobierno las lleva a la  práctica (con una palabrería izquierdista),   liquidando todas las conquistas políticas, económicas y sociales que el pueblo y los trabajadores han conseguido históricamente.

Frente a la actual crisis política en el país, para la clase trabajadora no es una alternativa la ultraderecha, ni la derecha. Estos sectores políticos son muy conscientes de sus intereses, aunque hoy se desgarran las camisas con el discurso demagógico de la lucha por el pueblo para volver a gobernar. Si revisamos sus raíces o su historial reciente, se puede evidenciar cuáles son sus objetivos: aplastar totalmente a los y las obreras y recuperar lo que ellos llaman la herencia de sus abuelos o padres para reactivar sus empresas (como por ejemplo Sidetur, Empresa Nacional de Válvulas, entre otras), que fueron adquiridas de forma parásita, saqueando la renta petrolera, los recursos económicos del pueblo y mediante la explotación de los trabajadores avalados por todos los gobiernos capitalistas.

El madurismo pacta con los empresarios y busca estabilizar un capitalismo de estado

El gobierno de Nicolás Maduro, en esta batalla por demostrar que tiene la capacidad de gestionar los intereses de los capitalistas, se ha ganado un sector de esa vieja oligarquía que -conjuntamente con la nueva boliburguesía-   se están replegando de sus posiciones con la derecha y el golpismo.  Toda esta situación es la contraria  de lo sucedido durante el periodo de gobierno de Hugo Chávez, cuando los empresarios se lanzaron –incluidos los intentos criminales de derrocamiento del golpe de estado y el paro patronal en 2002- con todo su odio para acabar la revolución bolivariana, que amenazaba sus políticas de privatización de PDVSA y otras empresas, flexibilización laboral y ataques a los trabajadores y el pueblo

La política económica desde el 2014 – 2015 estaba dando señales al empresariado venezolano hacia donde iba dirigida. A partir del 2018 se definió con más claridad, consiguiendo el apoyo público de empresarios como Alberto Vollmer, presidente de Ron Santa Teresa. Aunado al constante fracaso de los partidos de la ultraderecha, han generado las condiciones para que sectores de la burguesía más reaccionaria acepten acercarse al gobierno para percibir algo de las negociaciones por divisas, entendiendo que no tienen nada que perder y mucho que ganar.

Mientras se ha concretado la maniobra del Ministerio del Trabajo con el memorándum 2792, desmejorando los salarios, suspendiendo las convenciones colectivas y liquidando las reivindicaciones laborales conquistadas históricamente, las puertas de Fedecámaras se han abierto para recibir a la burocracia del gobierno desde el año 2021. Entonces Delcy Rodriguez, agradeció a los empresarios Ricardo Cusanno y Vollmer este escenario de conciliación que se mantiene y va a más.

Han restablecido la Tripartita – llamada por el pueblo de Chávez la trimaldita- donde los empresarios negocian con el gobierno y los sindicalistas de su conveniencia medidas como ,por ejemplo, la congelación de las prestaciones sociales (inclusive su eliminación), la flexibilización de las relaciones laborales para los proyectos de las Zonas Económicas Especiales y otros ataques y medidas represivas contra los trabajadores.

Los ingresos económicos de la nación en manos de los parásitos

Aunque este año creció la producción petrolera, aproximándose al millón de barriles por día y parte ha sido para cancelar deudas, el restante que le queda a Venezuela se ha vendido a buen precio del mercado, sin la pérdida del 50% por las sanciones estadounidenses.

También aumentaron los ingresos de la nación ofertados a los capitalistas: desde la acumulación de intervención cambiaria, que este año llego a 5.569 millones de dólares, mayor en 16,05% de los 4.799 millones vendidos en el 2023 y superior  en 3,13% a los 5.400 millones colocados por el BCV en el 2022. ¡Una gigantesca cantidad de divisas que va a las empresas privadas!

Además, el gobierno celebra con bombos y platillos que este año la recaudación de impuesto llegó a una suma impresionante de ocho mil ochocientos treinta y siete millones seis mil cuatrocientos cuarenta y ocho en dólares equivalente en bolívares (8.837.006.448 $) Pero los salarios siguen siendo de hambre y se nos sigue diciendo que no pueden aumentar sino recibir míseros bonos sin incidencia en las prestaciones sociales. La gran mayoría de  empresas tienen años de contratos colectivos vencidos y se encarcela a trabajadores que protestan por exigir mejoras reivindicativas. Se nos esconden informaciones del manejo económico gracias a la ley antibloqueo, nos enteramos de que altos funcionarios y dirigentes políticos se roban el dinero de la nación (ahí y están los 26mil millones de la trama de corrupción del ministro Tareck El Aissami o lo reciente del presidente de PDVSA, Pedro Tellechea) sin mayor información. Lo cierto es que son miles de millones en dólares desaparecidos y que la corrupción continúa.

Acabemos con la miseria impuesta a los trabajadores por la clase dominante

Para luchar contras estas políticas capitalistas del gobierno y contra la derecha y ultraderecha al servicio de EEUU necesitamos un sindicalismo asambleario, democrático y combativo, consecuente con los trabajadores y junto a las comunidades.

Derrotemos a la burocracia y empresarios corruptos, que se hacen multimillonarios con el sudor y sangre de los trabajadores y las penurias del pueblo. Las centrales y organizaciones de trabajadores CUTV, CTV, UNETE, así como las federaciones regionales y demás deben asumir una lucha de las y los trabajadores más organizada, uniendo a todos los sectores laborales públicos y privados junto con las comunidades.

Los dirigentes revolucionarios  junto a las y los trabajadores deben impulsar reuniones y asambleas con trabajadores y recoger sus exigencias partiendo de un salario igual a la canasta básica con ajuste automático; por el cumplimiento y discusión de los contratos colectivos, la reactivación de todos los centros de trabajo y empresas públicas y privadas paralizadas; por salud, educación y servicios públicos de calidad y gratuitos; por los reenganches de todos los trabajadores despedidos y jubilados arbitrariamente; por la libertad de todos los trabajadores y luchadores sociales encarcelados políticamente. 

Junto a todo ello, desde la izquierda anticapitalista y antiburocrática tenemos que explicar que para conseguir estas reivindicaciones la clase obrera debemos basarnos en nuestras fuerzas, rechazando cualquier pacto con sectores burocráticos o con la derecha y construyendo un programa de lucha y un plan de unidad de acción que se decida en asambleas y plantee elegir a los voceros de comités de lucha locales para coordinar acciones conjuntas desde todas las entidades de trabajo, extendiéndose local, regional y nacionalmente. Junto a estas reivindicaciones hay que explicar que solo la confiscación de los bancos y las grandes empresas que hoy dominan los capitalistas y la burocracia bajo gestión directa de la clase obrera puede garantizar condiciones de vida dignas para el pueblo.