El pasado 20 de enero, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, acompañada de varios ministros y de diferentes empresarios, anunciaba un acuerdo del Gobierno con el sector de las clínicas privadas. Este acuerdo es una nueva vuelta de tuerca en la política privatizadora y de concesiones al imperialismo norteamericano tras el ataque del 3 de enero, el asesinato de 100 personas y el secuestro del presidente Maduro y su esposa.
Esta medida va en contra de toda la política que defendió Hugo Chávez y se materializó en la misión Barrio Adentro, la cual fue un paso adelante en impulsar una política de izquierdas que defienda una sanidad pública, de calidad, gratuita y universal. Barrio Adentro fue desmantelado paulatinamente después del fallecimiento de Chávez, dejándola sin financiación. En el año 2014 Barrio Adentro recibió 12.399,3 millones de bolívares, mientras que para el 2015 apenas le asignaron 6.254,1 millones de bolívares, una disminución de 50% en número de recursos, que condujo al colapso del sistema. En la actualidad el Gobierno, en vez de impulsar la sanidad pública, adopta la política de la derecha y nos propone que la solución pasa por subsidiar el sistema de salud privado.
Todos conocemos la actitud usurera, saqueadora del bolsillo del trabajador y sin escrúpulos que siempre ha tenido este sector empresarial, que no duda en negociar sin compasión la vida de los seres humanos hasta en los momentos de mayor sufrimiento y agonía. No podemos olvidar como las aseguradoras y las clínicas se enriquecen mediante los contratos colectivos del Estado, se valen del desespero para cobrar costos elevados, se niegan a dar primeros auxilios en sus clínicas e incluso protagonizan malas praxis quirúrgicas o de cirugías estéticas para sacar más dinero. Mientras, la mayoría del pueblo pobre y trabajador, tenía que asistir a hospitales públicos deteriorados.
El plan anunciado por el Gobierno de crear un fondo que se denomina social, ha sido justificado planteando que es para brindar mejor atención y calidad de vida al ciudadano. Pero este fondo irá a pagar y financiar las clínicas privadas, garantizándoles el negocio de las intervenciones quirúrgicas de alto costo, incluso los recursos para mejorar las infraestructuras, mantenimiento y repotenciación de sus equipos médicos, etc. El Gobierno y los empresarios plantean que son los primeros pasos de un proyecto a largo plazo, presentándolo como el arranque de uno de los motores productivos. Pero no explican qué pasará con la inversión que se hizo en infraestructuras para las Misiones de salud, como Barrio Adentro, entre otros beneficios. Con ellos, los médicos de cabecera atendieron a muchos ancian@s, niñ@s y trabajador@s, con una asistencia médica directamente en las casas de nuestros barrios y campos. La realidad es que, lejos de invertir en una sanidad pública de calidad, se da un salto hacia la privatización del sector, subsidiando a las clínicas privadas con dinero público para garantizar los negocios privados.
La presidenta encargada aseveró que, como primer compromiso de este plan, “cada dólar que ingrese a Venezuela, de nuestra industria petrolera y gasífera, irá destinado a atender los requerimientos de salud del pueblo venezolano”. Nos preguntamos: ¿Quién garantiza que esto se cumpla? ¿Los empresarios privados que explotan al pueblo haciendo negocio de la salud? Ya estamos viendo la poca transparencia con los primeros 300 millones de dólares por la venta de petróleo a EEUU ingresados tras la agresión del 3 de enero. Fueron subastados y hasta el momento en que redactamos estas líneas se desconoce lo asignado al sector salud.
La privatización de la sanidad supone en la práctica que la clase trabajadora va a quedar excluida de una atención médica de calidad. Este nuevo plan de salud, profundiza el camino a la privatización y liquidación total de las conquistas históricas alcanzadas en el sistema público sanitario, que fueron conquistadas bajo los Gobiernos de Chávez y desmanteladas bajo los de Nicolás Maduro. Por otra parte, esta acción ha sido inconsulta a las comunas, ni a los trabajadores y mucho menos al pueblo que, hastiado de la política del Gobierno, del doble lenguaje y cinismo, asisten pasivos, totalmente escépticos ante esta política sanitaria que es la consumación de la vuelta a la política burguesa sanitaria excluyente que se tenía en la IV República.
Los y las trabajadoras no tenemos más alternativa que organizarnos y prepararnos para duras y combativas luchas. ¡Solo el pueblo salva al pueblo! Estamos llamados a convocar a todos los pueblos del mundo a unirnos bajo estas banderas, y un programa de lucha por salarios igual a la canasta básica, centros de salud públicos con todo los insumos y equipos médicos necesarios para una atención 100% de calidad, salario dignos para el conjunto de trabajadoras y trabajadores del sector salud. La única forma de garantizar estas y otras reivindicaciones de primera necesidad es confiscar la banca, las grandes industrias y las tierras baldías, colocándolas bajo control directo de los y las trabajadoras.
