Hace escasos meses tenía lugar el debate sobre el Estado de la Nación. El enconado ataque de la derecha contra las iniciativas del gobierno en el terreno de la cuestión nacional, y el posterior estruendo contra la posible negociación con ETA o la leyHace escasos meses tenía lugar el debate sobre el Estado de la Nación. El enconado ataque de la derecha contra las iniciativas del gobierno en el terreno de la cuestión nacional, y el posterior estruendo contra la posible negociación con ETA o la ley de matrimonios del mismo sexo, han elevado muchos grados la polarización política hasta el punto que el PP ha centrado su discurso en presentar a este gobierno como ¡El mayor desastre que ha tenido que soportar España en los últimos treinta años!

En esta santa alianza van de la mano reaccionarios de toda la vida, los oscuros comentaristas de la COPE y Telemadrid, los obispos católicos y las bandas fascistas. Esta situación es observada, con estupor, por cientos de miles de trabajadores que se preguntan por qué la izquierda y el gobierno no reaccionan con similar contundencia movilizando su base social.

Obviamente esta polarización no es del agrado de todos. Desde la patronal y los capitanes de la gran banca, pasando por los editoriales de los periódicos económicos más ligados a los consejos de administración, han rechazado con dureza este lenguaje incendiario y “desestabilizador” del PP. En realidad los capitalistas no tienen mucho por lo que quejarse. El gobierno del PSOE, con Solbes como director de la política económica, no ha roto sustancialmente con la línea de la derecha y sigue garantizando que los beneficios empresariales crecen a buen ritmo. Los que pagan son los de siempre, los trabajadores y sus familias.

El pasado año 2004 acabó con buenas noticias para los empresarios y malas para los trabajadores. Los incrementos medios salariales pactados en convenios a lo largo del año fueron del 2,9% mientras la inflación real creció un 3,2%. Es decir los salarios volvieron a perder poder adquisitivo, mientras que los beneficios empresariales se incrementaron en un 18,6% (según datos de la central de Balances del Banco de España) y los de la Banca lo hicieron en un 23,4% (según la Asociación Española de Banca). En el primer trimestre del año 2005 el incremento medio salarial registrado en los convenios firmados ha sido del 2,8% mientras la inflación interanual en ese mismo periodo se ha situado en el 3,5%, Estos datos señalan que la política de topes salariales se ha mantenido bajo el gobierno de Zapatero, facilitando un enorme trasvase de plusvalía a los bolsillos de los capitalistas.

En la nueva contabilidad nacional que ha ofrecido el Instituto Nacional de Estadística (INE) se señala que el Estado español es 40.000 millones de euros más rico y que cuenta con un millón más de empleos. Todo estupendo, pero cuando se analiza la letra pequeña del informe no todo es de color de rosa para los trabajadores. En primer lugar se confirma algo que era vox populi: el papel que ha jugado la mano de obra inmigrante en la creación de beneficios durante la última década. Los salarios miserables y unas condiciones de trabajo draconianas están detrás de este incremento fabuloso de los beneficios: en estos momentos los extranjeros con papeles llegan al 8,4% de la población total española (3,7 millones), lo que supone que nos hemos puesto a la cabeza de los países receptores de inmigración de la Unión Europea (Francia alcanza el 8%, Alemania el 9%, Bélgica el 8,7%, Gran Bretaña el 3,5% e Italia el 2,5%). En los últimos diez años el número de inmigrantes en el estado español se ha multiplicado por siete.

De esta nueva contabilidad nacional también se desprenden otras cifras: los trabajadores no han mejorado su participación en el reparto de la riqueza creada. La remuneración de los trabajadores pasa de representar el 49,3% del PIB al 47,7% mientras que los beneficios aumentan dos puntos porcentuales hasta alcanzar el 41,8%.

Se preparan nuevos ataques contra los trabajadores

El gobierno ha presentado como ejes centrales de su política económica cumplir con los acuerdos del plan de austeridad aprobado por la Unión Europea, pero eso inapelablemente lleva a nuevos ataques contra los derechos de los trabajadores. En estos momentos se está negociando una nueva reforma laboral que, según fuentes tan autorizadas como el ministro de Trabajo Jesús Caldera, se centrara en el abaratamiento del despido, una nueva modalidad de contrato que no tendrá mayor efecto para reducir la precariedad, que sigue anclada en el 33% aunque entre los menores de 30 años alcanza el 90%, reducción de las prestaciones por desempleo y en una vuelta de tuerca más contra las jubilaciones ampliando el tiempo de cálculo para establecer las futuras pensiones. En este sentido los planes del gobierno no contradicen a los de la CEOE: se renuncia a cualquier medida de fondo para reducir la jornada laboral, al tiempo que se da luz verde a una legislación que podría limitar aún más la negociación colectiva primando la capacidad de los empresarios para imponer condiciones contractuales individuales y de empresa.

El crecimiento económico tan destacado ahora por los representantes económicos del PSOE, está basado en los mismos pilares que durante los años de gobierno PP. Por un lado un endeudamiento familiar espectacular que, según el último informe del Banco de España hecho público en el mes de mayo, se sitúa en el 105% de la renta bruta disponible de las familias anulando por completo la capacidad de ahorro. Por otra parte, el boom de la construcción, que aporta el 18% al PIB y es alimentado por el flujo de capitales especulativos que encuentran una abultada rentabilidad en este sector en detrimento de la inversión productiva, y bajos tipos de interés que facilitan el endeudamiento de los trabajadores de por vida. El incremento espectacular de los beneficios bancarios se explica en base a este fenómeno. ¡Todos trabajamos para la banca en mayor o menor medida!

Sin embargo, los desequilibrios del capitalismo español son potencialmente explosivos. Según el Banco de España, el patrimonio inmobiliario de las familias está sobrevalorado en un 20%. Cualquier movimiento al alza de los tipos de interés puede tener efectos dramáticos provocando un incremento desmedido de los impagos y la morosidad, por no hablar del efecto que tendría una reducción en la creación de empleo de unos cuantos puntos porcentuales en el impago de decenas de miles de hipotecas.

Al mismo tiempo la inversión de capital extranjero ha caído en un 50% desde el año 2000 reflejando los límites de los bajos salarios cuando el conjunto de la economía europea está en crisis. La sobreproducción de la economía capitalista mundial afecta directamente a la economía española, poniéndose también de manifiesto en el abultado déficit comercial que en el 2004 casi se duplicó hasta alcanzar el 5% del PIB.

En este contexto, parece que el gobierno de Zapatero busca a toda costa un acuerdo con los sindicatos que permita aplicar nuevas contrarreformas que mantengan la tasa de beneficios, en la creencia falsa de que abultados dividendos empresariales generaran el empleo y la estabilidad del futuro. Esta receta ya es conocida, y aunque la firma de un nuevo pacto social no está ni mucho menos descartada, no generara ni estabilidad, ni más empleo ni entusiasmo entre los trabajadores. Por el contrario la aguda crisis política de la UE, tras la victoria del no francés y la irrupción de la clase obrera en la escena política adelantan un enconamiento en la lucha de clases. Zapatero no va a escapar de esta dinámica: si finalmente opta por el camino de las contrarreformas, el que está marcando Solbes, y renuncia a aplicar una política socialista en beneficio de la clase obrera, de la juventud, de los parados, de las familias más humildes, más temprano que tarde se verá abocado a un enfrentamiento frontal contra el movimiento obrero. La experiencia de Schroeder en Alemania y del PSF en Francia son una seria advertencia de cual es el camino que garantiza el fracaso.