La burguesía trata de salvar al capitalismo declarando la guerra a la clase obrera

La crisis de la economía mundial se prolonga por tres años. En este tiempo, los gobiernos de todo el mundo han tratado de capear el temporal inyectando más de quince billones de euros en el sistema financiero, y celebrando cinco cumbres del G-20 para coordinar las políticas de las grandes potencias y evitar un hundimiento mayor. Pero ninguna de las recetas aplicadas ha servido. Las operaciones de rescate, sin parangón en la historia del capitalismo incluidas las fases de reconstrucción posteriores a las dos grandes guerras mundiales, sólo han inducido un mayor desequilibrio, aumentando el caos del capitalismo. La gigantesca deuda que han provocado en las naciones más industrializadas ha puesto a las finanzas públicas al borde del colapso, sin que las soluciones propuestas sirvan para evitar un nuevo descenso a los infiernos. Pero estos planes tienen otra cara: suponen una declaración de guerra contra la clase obrera, a la que se condena a años de desempleo masivo, recortes salariales, pérdida de derechos laborales, y un desmantelamiento sin precedentes de los servicios sociales. El equilibrio general del capitalismo está roto, con consecuencias incalculables en el terreno económico, social y político, y en las relaciones internacionales.

Proteccionismo y devaluaciones competitivas: la lucha por el mercado mundial se recrudece

La propaganda acerca de los "brotes verdes", de una "sólida" recuperación de la economía estadounidense, las loas al tirón de la locomotora alemana, han desaparecido de los titulares dando paso, de nuevo, a un escenario de incertidumbre y pesimismo. No hace mucho tiempo los gobiernos de todo el mundo se llenaban la boca de solemnes declaraciones, afirmando haber tomado nota de las causas de la crisis, y se conjuraban para no repetir errores anteriores. Ese fue el mensaje de la administración Obama, aclamado en cuantas cumbres económicas se han celebrado en estos tres años. Pero en estos momentos, los viejos fantasmas del crack de 1929 han hecho su aparición para recordar que los intereses contradictorios de las diferentes burguesías nacionales pueden empujar a la economía mundial a una depresión aún mayor. Primero fue el fracaso de la cumbre del G-20 a finales del mes de junio en Ontario, y aquel retroceso, que abrió las puertas a las salidas nacionales frente a una recesión desbocada, se ha ratificado en la cumbre de Seúl en el mes de noviembre.

En la capital de Corea del Sur, el imperialismo norteamericano ha dejado claro que está dispuesto a pelear con fuerza contra sus competidores y no dejarse arrebatar su liderazgo mundial, independientemente de las consecuencias que sus decisiones, y las de sus adversarios, provoquen. La reunión de Seúl estuvo precedida por dos acontecimientos de enorme significación. Primero, la derrota de Obama en las elecciones legislativas parciales. El triunfo de los republicanos, gracias a un aumento tremendo de la abstención en las ciudades, ha fortalecido al sector decisivo del capital estadounidense que quiere respuestas contundentes. Son los mismos que lograron obtener una reforma sanitaria en beneficio de los grandes monopolios privados de la sanidad; que han definido la política de recortes del gasto educativo y de los servicios sociales; que  desafiaron -con ayuda del Pentágono y la industria armamentística- la estrategia oficial en las guerras de Iraq y Afganistán, hasta lograr parcialmente sus objetivos; son los que impulsaron los golpes de Estado en Honduras y Ecuador, como parte del cerco contra la revolución venezolana... Ahora, estos mismos sectores, que engloban a los grandes monopolios y transnacionales estadounidenses, han dicho que es hora de pasar a la ofensiva en el terreno de la economía mundial. Y, este es el segundo acontecimiento significativo, han presionado para que se lleve a cabo la mayor devaluación competitiva del dólar, horas antes de la cumbre de Seúl, a través de una gigantesca operación de impresión de dólares, denominada en los círculos oficiales con el término eufemístico de "expansión cuantitativa". Con esta decisión, EEUU pondrá en circulación 650.000 millones de dólares para comprar bonos del tesoro e impulsar, este es uno de los fines de la operación, la exportación de las manufacturas norteamericanas a los mercados mundiales además de garantizar su predominio en el mercado doméstico.

Para los imperialistas norteamericanos se acabó la época de las palabras y las buenas intenciones. Hay una guerra económica para salir de la crisis y quieren ganarla. La razón de esta estrategia está directamente relacionada con la profundidad de la crisis económica en los EEUU y la certeza de que las medidas adoptadas hasta el momento no permiten salir del atolladero. El déficit presupuestario y la deuda soberana están en niveles históricos (11,1% del PIB y 65,8% del PIB respectivamente). La situación es realmente alarmante si se considera que las necesidades de financiación de la deuda de EEUU requieren de 350.000 millones de dólares al año y que la compra de bonos del tesoro por parte de los inversores extranjeros está disminuyendo acusadamente. China, que en 2007 compró el 47% de las nuevas emisiones de bonos norteamericanos a diez años, redujo la compra en 2008 a la mitad, en torno al 20%, cifra que en 2009 tan sólo representó un 5% del total de bonos emitidos. Pero este no es el único problema. La tasa de desempleo en los EEUU alcanza oficialmente un 10%, 14,6 millones de parados, aunque si se utilizara la estadística europea -en EEUU cualquier desempleado inscrito en un curso de formación sale automáticamente de las listas de paro- el desempleo podría rozar el 18%, superando los 20 millones. Esta  es la razón del comportamiento tan pobre del consumo doméstico, lastrado además por las deudas multimillonarias contraídas en los años de boom, y que hacen del mercado de EEUU un auténtico campo de batalla. Los capitalistas norteamericanos quieren tener primacía para vender sus manufacturas en casa, por eso alientan todo tipo de medidas proteccionistas contra los productos europeos y chinos, que aumentarán en los próximos meses.

Las debilidades del capitalismo norteamericano, que se refuerzan por la precaria situación de un sistema financiero que puede sufrir nuevas recaídas por la persistencia del colapso en el sector inmobiliario, están detrás de esta orientación hostil contra sus competidores. El escenario dibujado en la cumbre del G-20 en Seúl no deja lugar a dudas. Tal como señalaba el editorial de El País del pasado 13 de noviembre: "La cumbre del G-20 en Seúl no ha contribuido a eliminar los riesgos que pesaban sobre la recuperación económica global. Tampoco se ha puesto fin a las guerras cambiarias (...) Todas esas prácticas son contraproducentes para la recuperación económica y pueden sentar las bases de una escalada peligrosa. Las políticas de empobrecimiento del vecino fueron las responsables de la oleada de proteccionismo que, además de profundizar la Gran Depresión, causaron las tensiones que condujeron a la Segunda Guerra Mundial".

En efecto, el fiasco de la reunión del G-20 en Seúl recuerda por sus semejanzas al de la Conferencia de Londres en 1933 que profundizó la depresión económica de los años treinta. Las lecciones del pasado no han sido asimiladas, y no pueden serlo por una razón evidente: el capitalismo es un sistema anárquico, no puede ser planificado ni regulado. El motor que lo hace funcionar no es la satisfacción de las necesidades sociales de la mayoría, sino el beneficio de las grandes empresas y bancos que determinan la política de los gobiernos y deciden sobre la vida de miles de millones. Esta clase de plutócratas, los famosos "mercados", no tienen más solidaridad entre ellos que la de sus cuentas de resultados y, en ante esta crisis de sobreproducción, estos monopolios que en una economía mundializada siguen manteniendo su base nacional, luchan con uñas y dientes por mantener sus beneficios a costa del vecino, desalojándolos de sus mercados y posiciones estratégicas. Es la misma contradicción que Marx señaló hace 150 años: las fuerzas productivas que han dejado de tener una base nacional para adquirir un carácter mundial, chocan contra la camisa de fuerza de la propiedad privada de los medios de producción y el Estado nacional.

El desastre europeo

La amenaza del pasado mes de mayo, cuando las cuentas públicas griegas entraron en bancarrota y se tuvo que habilitar un excepcional "rescate" de Grecia, en realidad un plan salvaje de ajuste para garantizar que los bancos alemanes, franceses y británicos cobraran puntualmente sus intereses de la deuda griega y no colapsaran, se ha vuelto a repetir. La economía irlandesa, hundida por las deudas multimillonarias de su sector financiero y la recesión, ha puesto a la Unión Europea y al euro al borde del abismo.

Irlanda fue presentada durante años como un ejemplo de lo que era capaz de lograr la política económica liberal. El "tigre celta" sí que funcionaba, con tasas de crecimiento cercanas al 6,5% entre 1990 y 2007, gracias a los bajos salarios, un mercado laboral extraordinariamente precario -logros que están también en el haber de los sindicatos irlandeses que colaboraron entusiastamente para que eso fuera así-, una especulación inmobiliaria semejante a la que vivió el Estado español, y un impuesto de sociedades del 12,5%, que actuó como un poderoso imán para atraer a multinacionales de todo el mundo. Pero esos "logros" trajeron estos lodos. Ahora el sistema bancario tiene una deuda imposible de satisfacer, a pesar de que los bancos irlandeses superaron las "pruebas de estrés" del verano pasado, y de que el gobierno inyectó una "ayuda" de 50.000 millones a principios de este año garantizando con las finanzas públicas los posibles impagos. Ante la persistencia de la recesión, y la probabilidad de que la banca europea -especialmente la británica que concedió a los bancos irlandeses más de 100.000 millones de euros- no recuperaran sus préstamos, el gobierno se vio abocado a pagar unos intereses estratosféricos por la deuda pública irlandesa, como ocurrió en Grecia, y finalmente, ante la evidencia del crack, ha recurrido al rescate de la Unión Europea.

Los ministros de economía de la UE han aprobado un plan para Irlanda de 85.000 millones de euros (en forma de créditos y avales por un plazo de siete años y medio y con un tipo de interés en torno al 5,8%, superior al de Grecia, que fue del 5,2%). Pero el precio que la clase obrera y el conjunto del pueblo irlandés van a tener que pagar para sufragar esta operación gigantesca de nacionalización de las pérdidas de la banca irlandesa, no tiene precedentes:

· Se despedirán 25.000 empleados públicos dentro del plan de recorte del gasto estatal de 15.000 millones de euros, el 10% del PIB.
· Los presupuestos para las pensiones se reducirán en 800 millones de euros, y un 10% la cuantía de las pensiones para los nuevos jubilados. Se aumenta paulatinamente la edad de jubilación, hasta llegar a los 68 años para 2028.
· El gasto social -asistencia, subsidios- se recorta en 2.750 millones de euros.
· Las matrículas universitarias se triplican, hasta los 2.000 euros.
· Se reduce el salario mínimo, y se recortará por segunda vez el salario de los empleados públicos.
· Se incrementará el IVA al 22% en 2013 y al 23% en 2014. Aumenta el IRPF, pero se mantiene en el 12,5% el impuesto de sociedades.

La situación en Irlanda es el espejo en el que se miran otras economías de la UE, especialmente Portugal y el Estado español. Es un sinsentido declarar, como ha hecho Zapatero, que está "completamente descartado" que la economía española tenga que ser "rescatada" como la irlandesa o la griega. Los problemas de la economía española son exactamente los mismos, o peores, que los de Irlanda. Para empezar el sistema financiero español sufre de la misma gangrena, a pesar de que todos los días nos cuenten que es sólido y está saneado. Las deudas incobrables de la banca española ya superan los 100.000 millones de euros, y otros 650.000 millones de euros en créditos bancarios están amenazados porque dependen del sector inmobiliario. Las posibilidades de financiación de la deuda pública y privada que triplica el PIB español empeoran: con un desempleo que roza el 20% de población activa y no deja de crecer, con una recaída del consumo privado por el fin de las ayudas estatales, el incremento del IVA, y los recortes salariales que han arreciado, y con la disminución evidente de la inversión productiva, la garantía de que la economía española pueda hacer frente a sus compromisos es muy cuestionable. El Ibex 35 ha perdido 24.816 millones de euros de capitalización en la última semana de noviembre, coincidiendo con la quiebra irlandesa, y las pérdidas para el BBVA y el Banco de Santander han sido formidables.

No, la economía española y la portuguesa pueden ser perfectamente las siguientes en la lista. Las tasas de interés que el Estado luso y el español tienen que desembolsar por los títulos de deuda pública a 10 años se han disparado, colocándose a los niveles que pagaba Grecia en el mes de mayo. Y como en Grecia o en Irlanda, el problema radica en que los inversores extranjeros poseen el 47% de la deuda española y quieren garantías de cobro. De hecho, la exposición de los bancos franceses, alemanes y británicos es muy alta: los primeros ha prestado a administraciones públicas y entidades españolas 183.100 millones de euros, los segundos tienen comprometidos 163.400 millones y los terceros 150.000 millones, según los datos del Banco Internacional de Pagos (BIS). El hecho más evidente de que se preparan semanas y meses turbulentos, es el rosario de reuniones que el gobierno de Zapatero ha mantenido con el rey y con los grandes capitalistas del país, que lo han cogido por el cuello exigiendo que lleve a cabo las reformas estructurales pendientes con energía y celeridad, es decir, que se deje de monsergas y actúe en defensa de los intereses de la plutocracia financiera e industrial.

La posibilidad de un rescate a la irlandesa de la economía española, no obstante, ha hecho cundir todas las alarmas en la UE. El Estado español representa el 10% del PIB comunitario, y un plan de intervención sobrepasaría los fondos de rescate aprobados en mayo -la prensa financiera alemana señala que serían necesarios 500.000 millones de euros para el caso español-, requiriendo de acuerdos bilaterales con Alemania, Francia y Gran Bretaña. El semanario Der Spiegel anunciaba en su edición del pasado 28 de noviembre que "si cae España, cae el euro". El mismo pronóstico lo contemplaba el Financial Times Deutchland: "Si una economía tan grande como la española tuviera que recurrir a los bomberos financieros, el futuro del euro estaría en serio peligro". Esta perspectiva, totalmente factible, ha suministrado muchos argumentos a importantes sectores de la burguesía alemana que ven en la bancarrota de las economías periféricas un lastre imposible de soportar y una amenaza a la estabilidad de la economía germana.

La profundidad de la recesión ha puesto en solfa el futuro de la UE. La pugna entre el presidente del Banco Central Europeo a favor de la cesión de soberanía política para conseguir un auténtico gobierno europeo, la llamada gobernanza europea, y la férrea oposición de la burguesía alemana a más concesiones, prueban que la unión europea bajo el sistema capitalista, a pesar de lo lejos que llegó en el periodo de boom económico, es una utopía reaccionaria. La burguesía alemana no permitirá verse arrastrada al caos. Esa es la explicación de los discursos cada vez más nacionalistas del gobierno alemán y los políticos alemanes, opiniones que se refuerzan por la actitud hostil de los EEUU en el mercado mundial.

Guerra de clases

Las perspectivas se ven aún más oscurecidas por tres hechos incuestionables. Por un lado, los planes de austeridad lejos de sacar a las economías europeas de la crisis las están arrastrando por la pendiente: en el tercer trimestre del año, el PIB de los 27 países de la UE sólo ha remontado un ridículo 0,4%, Alemania un 0,7% y Gran Bretaña un 0,8%. Las economías de Italia y Francia se encuentran estancadas y su situación puede empeorar. Por otra parte, la inestabilidad del sistema financiero mundial es una realidad, con 3 billones de euros que deben refinanciarse en los próximos 24 meses. Y, en tercer lugar, y no menos importante, los planes de ajuste están creando las bases para una guerra social sólo comparable a la de los años setenta e, incluso, a la década de los treinta del siglo pasado.

El pasado sábado 27 de noviembre entre 100.000 y 150.000 trabajadores y jóvenes se manifestaron en Dublín, en un día de nieve y lluvia, mostrando su oposición frontal a las medidas de austeridad. La manifestación concluyó en la emblemática Oficina General de Correos (GPO) en O´Connell Street, el mismo edificio donde combatieron los revolucionarios irlandeses contra las fuerzas de ocupación británicas durante el "Levantamiento de Pascua" de 1916. Numerosas pancartas de la manifestación llevaban impresa la cara de James Connolly, el dirigente comunista irlandés asesinado en aquellos acontecimientos, y la presión en las calles se hizo tan evidente que los sindicatos irlandeses amenazaron con la convocatoria de una huelga general para las próximas semanas. También ese mismo día, decenas de miles se manifestaron en Roma contra el gobierno Berlusconi. La manifestación, convocada por la dirección de la CGIL en un intento de aplacar la intensa presión que está sufriendo para organizar una huelga general, coincide con las movilizaciones estudiantiles que han llenado las calles de Turín, Milán, Venecia, Bolonia, Florencia...

Pero estas acciones de masas no han sido las únicas de las últimas semanas, ni mucho menos serán las últimas. La clase obrera francesa ha protagonizado el mayor movimiento huelguístico desde mayo de 1968, y a pesar de la aprobación en el parlamento de la ley de reforma de las pensiones, el gobierno Sarkozy está en crisis y claramente debilitado, con poco margen de maniobra para aplicar nuevas medidas de recorte que no supongan un nuevo estallido social. En Gran Bretaña, el anuncio del plan de ajuste del gobierno Cameron, se ha convertido en una receta para atizar la conflictividad social después de largos años de paz social. La irrupción de la juventud estudiantil en dos jornadas nacionales de huelga en las universidades y en los centros de enseñanza media, incluyendo manifestaciones de decenas de miles en Londres, es sólo un anticipo de lo que está por venir. Estas luchas reflejan la profunda sacudida que vive la sociedad británica, y el hecho de que respetables universidades como Oxford y Cambridge hayan sido ocupadas por los estudiantes, señala que incluso las capas medias pueden girar a la izquierda con rapidez. Sin duda, después de los estudiantes vendrán los batallones pesados del movimiento obrero que no se dejaran aplastar con facilidad: las cuatro jornadas de huelga que han protagonizado desde septiembre los trabajadores del Metro de Londres son una señal inequívoca.

Un panorama semejante se da en Portugal, donde el gobierno socialista aprobó el viernes 26 de noviembre el plan de austeridad de mayor calado de los últimos treinta cinco años, justo dos días después de que el movimiento obrero portugués protagonizara la huelga general más potente desde la caída de la dictadura. La situación en Grecia tampoco ha remitido, y después de un año de movilizaciones masivas los sindicatos han convocado nuevas jornadas de lucha en noviembre que confluirán en una nueva huelga general el próximo 15 de diciembre. Las perspectivas de un recrudecimiento de la lucha de clases en todo el mundo, y por supuesto en el Estado español, son claras. Un panorama de abierta guerra social, que tendrá un impacto tremendo en la conciencia de millones de trabajadores, mucho más después de transcurridos tres años de crisis y después de certificar que las esperanzas de volver a la situación del pasado aceptando sacrificios, recortes salariales, pérdida de derechos, no ha servido de nada salvo para envalentonar a la burguesía.

Un cambio radical en la psicología y la actitud de millones de trabajadores, jóvenes y desempleados se está preparando, en el que el cuestionamiento del capitalismo, de las instituciones de la democracia burguesa, de la política oficial crece día a día con fuerza. La expresión de este proceso de polarización, radicalización y politización adquirirá formas muy diversas, y en muchos casos distorsionadas, debido a la ausencia de una alternativa marxista de masas. Pero una cosa está clara: el divorcio creciente y mayúsculo de la política de los partidos socialdemócratas y los sindicatos respecto a las aspiraciones fundamentales de la población, están creando las condiciones de una crisis histórica de la política reformista y sacudirá de arriba abajo las organizaciones de los trabajadores. En estas grandes luchas defensivas frente a los planes de austeridad, la clase obrera y la juventud sacarán las conclusiones necesarias para avanzar hacia una alternativa acabada frente a la crisis. Una alternativa que no es otra que el programa por la transformación socialista de la sociedad, por la expropiación de la banca y los monopolios bajo el control democrático de los trabajadores, poniendo fin a la dictadura del capital.