El panorama político ha dado un vuelco tras el éxito de la moción de censura y la designación del nuevo gobierno. Los mismos que en sus editoriales y artículos se deshacían en elogios a Albert Rivera, exigían la convocatoria inmediata de elecciones y descalificaban a Sánchez por intentar formar un gobierno inviable, se desdicen ahora de todo lo dicho y sólo tienen aplausos para el secretario general del PSOE. ¿Cómo explicar este cambio de postura? ¿Cómo caracterizar al nuevo Ejecutivo más allá de los gestos mediáticos? ¿Qué posición debemos adoptar desde la izquierda militante?
Responder a estas preguntas no es algo superfluo. Como otras veces en la historia reciente, el PSOE se postula como una opción fiable para los intereses estratégicos de la clase dominante, justo en un momento de máxima polarización y cuando el repunte de la movilización social amenazaba con crear un escenario aún más crítico. Por eso es importante subrayar que lo ocurrido no obedece tan sólo a una sentencia judicial, ni es el fruto de un guión preestablecido por la burguesía y el aparato del Estado. No, el caos institucional y los volubles posicionamientos que convirtieron la escena parlamentaria en un vodevil durante varios días, son la viva expresión de la profunda crisis que recorre el régimen del 78 y del enorme descontento acumulado.
La estrategia de la clase dominante
Cuando el Ibex 35 y el aparato del PSOE, encabezado por Felipe González y sus fieles, dieron un golpe para eliminar a Pedro Sánchez, sabían muy bien lo que hacían. Para la burguesía española y europea era esencial evitar unas terceras elecciones y conseguir una mínima estabilidad parlamentaria. Sólo así podrían reforzar la desmovilización social y, en esas condiciones, aplicar la agenda de contrarreformas pendientes.
Logrado el objetivo de la investidura de Rajoy el 29 de octubre de 2016, el nuevo gobierno del PP era el más débil, en términos parlamentarios, desde 1978. Pero incluso esa debilidad era también relativa, pues los apoyos auxiliares de Ciudadanos (Cs) y la gestora golpista del PSOE garantizaban a la burguesía cierta viabilidad a su proyecto.
Y así fue. A lo largo de un año, los grupos parlamentarios del PSOE y Cs acudieron a reforzar a Rajoy en los momentos cruciales, ya fuera apoyando los presupuestos generales, en el frente único del 155 contra el pueblo de Catalunya, o alentando el nacionalismo españolista más desaforado. Pero en 2017 ocurrieron también otros acontecimientos que subrayaban la inestabilidad de la situación.
Un Pedro Sánchez prácticamente desahuciado venció en las primarias socialistas contra la coalición de los barones territoriales y el gran poder económico. Las viejas momias derechistas del partido no perdieron oportunidad para vituperarlo, y la prensa capitalista no se cortó en aumentar el estruendo. ¿Era Pedro Sánchez la opción del Ibex 35 en ese momento? Basta formular la pregunta para que se responda por sí sola.
El triunfo de Pedro Sánchez reflejaba de manera indirecta el giro a la izquierda de amplios sectores de los trabajadores y la juventud, y la presión de la lucha de clases y la polarización social en el seno del PSOE. De la misma manera, la victoria arrolladora de Pablo Iglesias sobre Iñigo Errejón en Vistalegre II, ponía sobre la mesa la voluntad de la mayoría de la base social y los militantes de Podemos por recuperar la movilización en las calles y pasar a la ofensiva contra el gobierno del PP.
Estos resultados fueron una derrota para la derecha, pero es evidente que tanto Pedro Sánchez como la dirección de Podemos no sacaron las conclusiones pertinentes. Al contrario. Después de su triunfo abrumador frente a Susana Díaz, Felipe González y la mayoría del aparato, Sánchez y su entorno comenzaron a tender puentes y a soldar la fractura abierta, frustrando el giro a la izquierda que la militancia socialista reclamaba y por lo que le otorgó la victoria. Sánchez renunció a la confrontación con el PP y sacó el “hombre de Estado” que lleva dentro para respaldar a Rajoy en la cuestión catalana y en su ofensiva represiva. Colocando a personajes que le habían apoyado en las primarias en la primera línea de la lucha contra el independentismo, tal fue el papel lamentable de Josep Borrell, fortaleció el discurso españolista de Ciudadanos.
Por su parte, Pablo Iglesias también abdicó del mandato de Vistalegre II. Lejos de convocar a la movilización para dar la batalla en las calles, circunscribió su oposición al Parlamento con una moción de censura en mayo de 2017. Un movimiento con el que pretendía granjearse el apoyo del PSOE. Pero a esas alturas, Sánchez tenía claro que su vuelta al discurso tradicional de la socialdemocracia no significaba facilitar el giro a la izquierda en el gobierno.
Después del fracaso de la moción de censura de Iglesias, una nueva fase de la crisis catalana, con claros rasgos revolucionarios, estalló el 1 de octubre y las formaciones parlamentarias de la izquierda estatal se retrataron. El PSOE se fusionó completamente con la burguesía española y catalana en su pretensión de aplastar la rebelión, y Podemos se puso de perfil, manteniendo una equidistancia que repartía “responsabilidades” por igual entre el gobierno y el Estado que aporreaba salvajemente a miles, y un pueblo que intentaba ejercer pacífica y democráticamente su derecho a decidir.
La postura lamentable de la izquierda parlamentaria le vino como anillo al dedo a Rajoy. Una balanza que también inclinaban los grandes aparatos sindicales de CCOO y UGT al persistir en una paz social deshonrosa que ha actuado como válvula de seguridad para esta falsa recuperación económica. Mientras la precariedad, los bajos salarios y la supresión de derechos laborales y democráticos se extendían como una lacra, los dirigentes sindicales organizaban manifestaciones pantomima cada vez más marginales.
La movilización de masas
Desde el punto de vista parlamentario, la burguesía tenía asegurado el frente. Pero la lucha de clases es más que la refriega hipócrita de sus señorías en el hemiciclo. La población sigue sufriendo duramente las consecuencias de la austeridad, los recortes y la falta de futuro. Y, aunque los medios de comunicación capitalistas siempre oculten el factor de la lucha de masas, los revolucionarios sí debemos darle la importancia que merece. La presión ha sido tal que, en las semanas previas a la votación de la moción de censura se respiraba un ambiente semejante al del 15M, e incluso los aparatos sindicales de CCOO y UGT especulaban abiertamente con la posibilidad de una huelga general.
Las grandes movilizaciones y huelgas de masas en Catalunya, que se alimentan del rechazo al PP y a la opresión centralista, de las consecuencias del paro y el empobrecimiento de la juventud y las capas medias, no han sido un hecho aislado. En otros territorios también hemos asistido a grandes luchas que han desbordado a la burocracia de los grandes sindicatos y acentuado su pérdida de credibilidad. Ejemplo de ello han sido las manifestaciones multitudinarias en defensa de la sanidad pública en Andalucía, y que se han repetido en otras ciudades como Valladolid. La gran rebelión de los vecinos en Murcia contra el soterramiento del AVE es otra expresión de este descontento social. Pero en 2018 la protesta adquirió mayores dimensiones.
La huelga general feminista del 8 de marzo representó un punto de inflexión. Más de cuatro millones de trabajadoras y de trabajadores participaron en un paro histórico, y más de dos millones de estudiantes secundaron ese mismo día la huelga de 24 horas convocada por Libres y Combativas y el Sindicato de Estudiantes. Pero lo más impresionante fue la marea humana de millones de manifestantes que llenaron las decenas de marchas convocadas a la tarde en todos los territorios, y que no tiene precedentes. El carácter combativo y masivo de esta jornada tiene su explicación: la clase obrera y la juventud la vieron como la mejor vía para expresar toda la furia contra el gobierno del PP. La demostración de fuerza del 8M interpelaba directamente a los grandes sindicatos y Podemos: ¿No veis cuál es el camino para derribar al PP?
Ese mismo mes irrumpió con fuerza la Marea Pensionista, impulsada por la Coordinadora Estatal en defensa del Sistema Público de Pensiones. De nuevo los aparatos sindicales quedaron suspendidos en el aire, desplazados y sin iniciativa. La explosión de este sector y las marchas multitudinarias, destacando por derecho propio Bilbo, han condicionado también la agenda política. Por si fuera poco, la escandalosa sentencia del juicio de la Manada no hizo más que añadir leña al fuego. El 26 de abril, cuando se conoció esta aberración de la justicia patriarcal, cientos de miles de mujeres, trabajadores y jóvenes volvimos a ocupar las calles de manera espontánea. Días antes, el 15 de abril, más de un millón de manifestantes clamaban en Barcelona por la libertad de los presos políticos catalanes. Y, el 10 de mayo, más de un millón de jóvenes hicieron huelga educativa y más de cien mil se manifestaron en 50 concentraciones y manifestaciones contra la sentencia de la Manada, convocados nuevamente por Libres Combativas y el Sindicato de Estudiantes.
La acción en las calles no se ha detenido en estos meses. Como parte de la resistencia a la ofensiva represiva del Estado, Nafarroa ha conocido varias jornadas históricas por la libertad de los jóvenes de Altsasu. El 14 de abril más de 100.000 personas llenaron las calles de Iruñea, en la manifestación más masiva que se recuerda en décadas. Y a todo esto hay que añadir numerosas movilizaciones y luchas sectoriales que han involucrado a decenas de miles en diversos territorios: por la libertad de expresión, contra el encarcelamiento de raperos, por el derecho de autodeterminación en Euskal Herria, y muchas más. La Confederación Intersindical Galega (CIG) había llamado a la huelga general para el próximo 19 de junio en Galiza, aunque finalmente fue desconvocada ante la caída de Rajoy.
En definitiva, éste es el contexto social sobre el que ha planeado la sentencia de la Gürtel y la fulminante moción de censura de Pedro Sánchez. La debilidad y erosión del gobierno de Rajoy se han multiplicado, pero lo más importante no han sido las maniobras parlamentarias ni las sentencias judiciales. Eso sólo lo puede creer un observador superficial e intoxicado por la propaganda oficial. No, la causa más importante de estos cambios bruscos y repentinos, si queremos emplear el punto de vista del marxismo, hay que buscarla en la presión de la lucha de clases y la acción de las masas, y su reflejo en la superestructura política del régimen del 78, ya de por sí muy golpeada desde 2011.
La moción de censura
La dureza de la sentencia del caso Gürtel no se explica ni por la bondad de la justicia ni por un afán de esclarecer la verdad. Ese es un caramelo para niños. En realidad, la decisión tenía una clara intencionalidad: recuperar parte del crédito perdido por un aparato judicial cada día más cuestionado, y conectar con el enorme rechazo social a la corrupción.
Aquí surge otra pregunta que merece ser respondida ¿Por qué las resoluciones judiciales tienen aparentemente tanta influencia política? Por la debilidad del régimen del 78. El PP llevaba bastante tiempo recurriendo al aparato del Estado y la represión para imponer sus objetivos. La Ley Mordaza y los recortes de las libertades públicas son una manifestación muy visible de las tendencias bonapartistas que recorren el sistema capitalista español. Por bonapartismo utilizamos la acepción marxista, es decir, el gobierno desnudo de la espada sobre la sociedad. Y cuando hablamos de tendencias, queremos decir eso, tendencias al autoritarismo, a gobernar desde los tribunales utilizando los informes de la guardia civil y la policía, que han sido claves, por ejemplo, para enfrentar el desafio del pueblo catalán y poner en marcha una causa general contra el independentismo.
Las tendencias bonapartistas también reflejan, en términos políticos, el empate relativo entre las clases. La burguesía no cuenta con la sólida base social de otras épocas para imponer todos sus planes. Algo evidente si observamos que el hachazo al sistema público de pensiones, o el endurecimiento de la contrarreforma laboral como exigen Albert Rivera y el Ibex 35, no han podido materializarse.
Por otro lado, a pesar de la gran movilización social que se ha sucedido desde 2011 y que ha golpeado al bipartidismo, a la monarquía y al relato consensuado sobre las maravillas de la Transición, los trabajadores, la juventud y los oprimidos no hemos podido coronar con éxito este proceso. Una de las causas más importante de ello es el programa socialdemócrata que se ha impuesto en la dirección de Podemos, sus constantes cesiones a la opinión pública burguesa, el abandono de la lucha de masas por el trabajo institucional y el respeto a las reglas del sistema. La renuncia a una política genuinamente socialista para transformar la sociedad, le ha concedido a la clase dominante un margen de maniobra precioso. Pero con todo, no ha sido suficiente.
Cuando en tan sólo un mes un gobierno tan débil como el del PP encara escándalos como el de la presidenta Cristina Cifuentes, la detención de Eduardo Zaplana y la sentencia de la Gürtel, y esto ocurre con el trasfondo de una protesta social in crescendo y unas condiciones de vida insoportables para millones de personas, las dificultades para la clase dominante también aumentan.
En este marco hay que situar la moción de censura de Pedro Sánchez. ¿Acaso cuando toma esta decisión obedecía a una orden directa del Ibex 35 y la banca? ¿Ese era el plan de la clase dominante? No. Los motivos de este movimiento tienen más que ver con los intereses del aparato socialista que con una táctica elaborada con premeditación por los centros del poder económico y fáctico.
Si la presión sobre el PP era enorme, no menos lo era sobre la dirección del PSOE. Las encuestas electorales, incluida la del último CIS antes de la moción de censura, proyectaban un resultado muy positivo para Ciudadanos y una clara recuperación de Podemos, que se beneficiaba de la movilización social creciente. Las mismas encuestas señalaban una importante caída del PSOE. El movimiento de Pedro Sánchez respondía a una oportunidad táctica: tomar la iniciativa contra Rajoy, porque quien golpea primero golpea dos veces.
La dirección del PSOE no tenía grandes expectativas en que su moción prosperase, pero sí sabía que de esta manera condicionaba al resto de partidos, especialmente a Ciudadanos, y aparecía como el aglutinador de una posible derrota del PP.
Desde el momento en que Sánchez hizo esta maniobra, los estrategas del capital se pusieron en marcha. Que el desgaste del PP era evidente, y que su debilidad parlamentaria era un factor negativo, no constituía sorpresa alguna. La burguesía se ha cuidado de financiar generosamente y apoyar con su escuadra mediática a Albert Rivera y su partido. El recambio naranja le serviría para embolsar una parte considerable del electorado del PP y parcialmente del PSOE. Con una alternativa semejante a la de Macron en Francia, que le permitiese ampliar su base social y proyectar ilusiones en un falso cambio político, la clase dominante ganaría tiempo y estabilidad para poder continuar con sus contrarreformas.
Estas son las razones que explican que El País y otros medios de comunicación capitalistas apostaran por la convocatoria inmediata de elecciones: “Dada la situación y la correlación de fuerzas políticas en el Parlamento, ir a las urnas asoma como la única opción para lograr una alternativa de Gobierno estable y coherente que tome el timón y rescate a España de la grave crisis política...” (Elecciones anticipadas, editorial de El País, 26 de mayo)
La burguesía, el Ibex 35, la banca, la UE, querían un acuerdo entre Ciudadanos y el PSOE para la convocatoria rápida de elecciones, empujar a la gente a casa y centrar la atención nuevamente en una liza electoral de la que se sabían ganadores. Y hay que señalar que la dirección del PSOE no hizo ascos a esta opción. “Convocar elecciones es un proceso razonable que no va a ser un obstáculo para llegar a un acuerdo con Ciudadanos”, afirmó el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, en una entrevista el sábado 26 de mayo en la COPE, justo un día después de presentar la moción. Por su parte, Rivera propuso públicamente un pacto al PSOE para una moción de censura instrumental y llamar a elecciones inmediatamente, ofreciendo la terna de Jáuregui, Redondo o Solana para presidir ese gobierno.
¿Qué fue lo que ocurrió entonces? Que Pedro Sánchez exigió el apoyo a su candidatura para mantener su ventaja inicial, y aparecer así como el artífice de la caída de Rajoy. A Rivera esta opción, en un momento en que las encuestas le marcaban como ganador indiscutible de unas elecciones anticipadas, le pareció un mal negocio. No quería colocarse a la cola de Sánchez y cederle el protagonismo. En su cálculo contaba también con que el PP pudiera ceder a las presiones de numerosos sectores de las grandes empresas y la banca que le apremiaban a dimitir inmediatamente.
Los editorialistas de El País se hacían eco de esas posiciones, aunque luego hayan intentado borrar sus huellas y decir exactamente lo contrario: “La resistencia de Mariano Rajoy a dimitir —aún queda formalmente tiempo para que lo haga y apelamos enfáticamente a su responsabilidad para que responda en ese sentido— ha dejado al Congreso de los Diputados atrapado entre dos tiempos y requerimientos difíciles de conciliar entre sí (…) Asistimos, en realidad, al duelo entre dos políticos sin futuro (…) Mucho nos tememos que la crisis del sistema, ya grave, se agudizará si Sánchez logra su empeño de instalarse y permanecer en el Gobierno…” (Un gobierno inviable, editorial de El País, 1 de junio)
Rajoy dudó. Después de imponer un debate rápido de la moción de censura, considerando que Sánchez no encontraría los apoyos suficientes, se dio cuenta de que su esquema no era el único posible. Acostumbrado a la impunidad de estos años, Rajoy y su séquito, que venían de celebrar la victoria de los presupuestos, se dieron de bruces con la realidad. El PNV podía hacerles perder la moción de censura, y la razón de este oportunismo era precisamente el ambiente de contestación social que recorre Euskal Herría con el movimiento masivo de los pensionistas, y las duras críticas que ya habían recibido por apoyar al PP mientras el 155 seguía aplicándose contra Catalunya.
Al borde del precipicio Rajoy decidió no dimitir, aunque le costó mucho tomar esa opción como probó su clamorosa ausencia del debate parlamentario en la sesión vespertina del 31 de mayo. Su resistencia obedecía a los intereses del aparto del PP: no dar ninguna baza a Ciudadanos para que rentabilizara la caída libre de los populares en unas elecciones anticipadas, ya que eso agudizaría su crisis interna y acelerar la fuga de cargos públicos y militantes a la formación naranja. Mejor pasar a la oposición, recomponer las filas del PP con un nuevo candidato, y hacer frente al desafío de Rivera. Pero una cosa son los deseos y otra la realidad: el principal partido de la derecha española atraviesa el peor momento de su historia, y no será sencillo remontarlo.
La volatilidad del momento, marcada por una intensa movilización social y una recuperación económica que sólo llena los bolsillos de los ricos, y unos intereses de aparato que no responden fiel y automáticamente a los de la clase que representan, produce desenlaces sorprendentes.
Paradójicamente, uno de esos resultados inesperados ha sido el debilitamiento de Ciudadanos. Apareciendo como el sostén de Rajoy a cambio de nada, Rivera está descolocado y su ascenso fulgurante en entredicho, tal como indican las últimas encuestas.
El Ibex 35 y la banca aplauden al nuevo gobierno
La burguesía está acostumbrada a convertir las dificultades en oportunidades. Una vez que la moción de censura tenía asegurado el éxito, algo insólito en los 40 años de democracia burguesa española, tocaba enfrentar los hechos. Y la clase dominante, con la experiencia que le da el monopolio del poder y las garantías que le ofrece el PSOE, ha puesto al mal tiempo buena cara, segura de que podrá contar con la colaboración y el respaldo del gobierno de Pedro Sánchez.
Otra vez, El País da el tono adecuado a las circunstancias, aunque eso suponga negar todo lo dicho anteriormente: “La llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa y la formación de un Gobierno solvente marca un punto y aparte en la política española (…) La principal tarea que el presidente Sánchez tiene por delante no es ejecutar el programa de su partido, para lo que no dispone de mayoría, sino comenzar a reparar los destrozos políticos, sociales e institucionales provocados por el Gobierno del Partido Popular, de modo que el país acuda a la próxima cita electoral con una estabilidad que no sea la máscara funeraria impuesta a un país sin pulso. Conminar al nuevo presidente para que convoque elecciones es tan inapropiado como exigirle que agote la legislatura…”. (Punto y aparte, editorial de El País, 10 de junio)
En cuanto se han conocido los nombres de las ministras y ministros, el aplauso del mundo de las finanzas, de la banca, de la patronal, de la UE, de los contertulios y editorialistas de los medios del sistema ha sido unánime. Incluso Ciudadanos y sus portavoces se han visto obligados a elogiar la meritocracia que domina los nombramientos: mujeres y hombres del establishment, con convicciones fuertemente arraigadas de servir al capitalismo lo mejor que puedan.
No queremos hacer una caricatura sectaria, ni ser irónicos. Nos limitamos a levantar acta del historial político de los principales miembros del Ejecutivo. Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores, es de sobra conocido por todos. Un hombre que en el momento en que la movilización del pueblo catalán puso en entredicho la España una, grande y libre, no hizo ningún asco a envolverse con la bandera rojigualda y arengar a miles de reaccionarios desde la tribuna que le cedió Societat Civil Catalana.
La ministra de Economía, Nadia Calviño, una “socio-liberal”, como ella misma se define, partidaria acérrima de la agenda de austeridad y recortes, desde 2014 directora general de Presupuestos de la Comisión Europea, y que fue propuesta por Ciudadanos como candidata a presidir el Banco de España. De ella han dicho maravillas los capitalistas españoles y europeos, como Ana Patricia Botín, presidenta del Banco de Santander: “Tener a Nadia Calviño como nuestra nueva ministra de Economía es una garantía...”
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, juez de la Audiencia Nacional, propuesto por el PP al Consejo General del Poder Judicial, tiene en su haber sentencias espeluznantes que han dejado impunes a torturadores y a los responsables del accidente aéreo del Yak 42. La ministra de Educación, Isabel Celaá, conocida partidaria de la concertada y entusiasta de los recortes a la escuela pública cuando desempeñó el cargo de consejera de educación en el gobierno vasco de Patxi López.
Podríamos seguir con todos los nombramientos, pero nos repetiríamos innecesariamente. Junto con el contenido, que es lo esencial, destaca la imagen que se ha pretendido vender de un gobierno “feminista” que hace suyo el mensaje lanzado por la gran huelga del 8M. ¿De verdad podemos creerlo? Que haya mujeres en un gobierno, o sean la mayoría como es el caso, no es garantía de que pongan en marcha políticas efectivas contra la violencia machista y pongan fin a la justicia patriarcal y sus sentencias escandalosas, ni que acaben con los desahucios y los recortes en las ayudas a la dependencia, en educación, en sanidad o mejoren las condiciones laborales y salariales de la mujer trabajadora. En el gobierno del PP había también muchas mujeres, pero igual de reaccionarias que sus colegas masculinos a la hora de gobernar con mano de hierro contra la mayoría de la sociedad.
Es verdaderamente indignante que se nos hable de “feminismo” cuando Sánchez ha manifestado que respetará los presupuestos generales que aprobó el PP, y que el propio PSOE enmendó a la totalidad, para así garantizar “la estabilidad”. Unas cuentas que recortan el gasto social y perpetúan las políticas de la derecha no tienen nada de feministas.
No es ningún secreto que el PSOE pretende alargar lo máximo la legislatura y convocar las elecciones en las mejores condiciones para obtener un gran resultado. Los golpes de efecto van en este sentido, y dispone de cierto margen.
Para empezar, establecerá cuantas mesas de negociación sean necesarias con CCOO y UGT, otorgando así una excusa a sus aparatos burocráticos para mantener la paz social. En segundo lugar, intentará rebajar la tensión con el nuevo Govern de la Generalitat, proponiendo el acercamiento de los presos políticos a las cárceles catalanas y una posible reforma de la Constitución. En definitiva, ganar tiempo y ofrecer una imagen de diálogo que, sin duda, conecta con los deseos de los políticos burgueses del PDeCAT y la dirección de ERC para dar carpetazo a la lucha por la república y volver a la senda del autonomismo.
La burguesía se prepara para aprovechar a fondo la nueva coyuntura y utilizar al PSOE para construir la estabilidad que necesita. Pero no está claro que la jugada le salga bien. Hay una tensión extraordinaria en la sociedad, y Pedro Sánchez carece de la autoridad que otros dirigentes reformistas de la izquierda tenían en el pasado. Los acontecimientos de estos años tampoco han pasado en balde y el giro a la izquierda y el avance en la conciencia de millones de trabajadores y jóvenes son un hecho. No será fácil para la socialdemocracia llevar a cabo los planes de la clase dominante.
Construir la izquierda revolucionaria
No hay duda de que entre muchos sectores de la población hay una sensación de alegría y alivio por haber echado a Rajoy, y esperanza en que las cosas pueden cambiar. Este sentimiento se ha reflejado en las encuestas con una subida notable del voto al PSOE, que ganaría las elecciones si se celebrasen ahora, y lo haría a costa del retroceso de Ciudadanos y de una caída importante de Podemos. Pero, al fin y al cabo, las encuestas retratan una foto del momento, y queda mucho partido por jugar.
Los aplausos que han recibido las ministras y ministros de Pedro Sánchez por parte de la plutocracia son justamente merecidos, y los trabajadores debemos ser muy conscientes de que cuando la derecha mediática y los grandes poderes económicos los elogian de esta manera nada bueno podemos esperar. El PSOE nos tiene acostumbrados a traicionar sus promesas, algo que se ha convertido en marca de la casa.
Sería ingenuo dar por seguro que toda una serie de reivindicaciones, anheladas por millones de personas, van a ser satisfechas. La derogación de la ley mordaza o de la odiada LOMCE, no costaría dinero y cuentan incluso con el rechazo del Parlamento. Pero está por ver que Pedro Sánchez proceda a su supresión. Puede abordar la anulación de algunos de los artículos más represivos de la primera, y en cuanto a la segunda abrir nuevamente la negociación para un “Pacto de Estado educativo”, pero no cambiaría en lo fundamental la situación de derribo y privatización que sufre la enseñanza pública. Los barones territoriales del PSOE están, por el momento, a la expectativa de lo que ocurra, y ya han señalado que no quieren oír hablar de pactos con Podemos, y que los acuerdos de Estado deben ser con Ciudadanos y el PP.
La derrota del PP y la formación del gobierno de Sánchez vuelven a poner el foco sobre los dirigentes de Unidos Podemos. Votar a favor de la moción de la censura ha sido totalmente correcto, pero una cosa es eso y otra muy diferente extender un cheque en blanco al PSOE.
Pablo Iglesias ha batido el récord de declaraciones desafortunadas en estos días. Después de sufrir un duro varapalo de la militancia en la consulta sobre la compra de su chalé, Iglesias no se ha cortado en elogiar a Rajoy, calificándole de “digno contrincante” por el que “siente un gran respeto”, y ofrecerse para formar parte del gobierno de Pedro Sánchez, como si tuviera una obsesión por inmolarse a lo Tsipras. Esta orientación política es un error y, de continuar, Podemos pagará un alto precio en las urnas. Competir por la “izquierda” con el PSOE pareciéndose cada vez más él es un mal negocio: millones optarán por el original antes que por la copia.
No, con esta estrategia —por no hablar de lo que pretenden Íñigo Errejón y otros como él— Unidos Podemos se convertiría en el mejor de los casos en un escudero de la socialdemocracia. Defender que un cambio real para los que sufren y padecen las consecuencias de la crisis capitalista puede venir de los que se vanaglorian de su neoliberalismo y respeto por el orden establecido, es echar arena a los ojos de los oprimidos.
Desde Izquierda Revolucionaria llamamos a Pablo Iglesias y Alberto Garzón a pasar a la ofensiva política de la única forma posible: ejerciendo una oposición de izquierdas al PSOE en el Parlamento y movilizando a la población en las calles. La dirección de Unidos Podemos no puede dar un salvoconducto a Pedro Sánchez, todo lo contrario. Debe llamar a la lucha masiva para que se gobierne a favor del pueblo trabajador restaurando los derechos democráticos perdidos. El programa es claro: parar los recortes sociales y lograr una pensión mínima de 1.100 euros al mes; derogar la LOMCE y las contrarreformas laborales y de las pensiones; prohibir por ley los desahucios y garantizar vivienda pública con alquileres sociales; acabar con la violencia machista, la justicia patriarcal y la discriminación salarial; tumbar la Ley Mordaza y los procesos judiciales contra raperos, tuiteros, sindicalistas y militantes de la izquierda; reconocer el derecho a decidir para Catalunya, Euskal Herria y Galiza, y poner en libertad a los presos políticos.
La experiencia de estos años demuestra que necesitamos levantar una izquierda a la altura de las circunstancias, basada en la movilización de la clase obrera y la juventud, que combata a la derecha, a su Estado represivo, a sus leyes reaccionarias, que conquiste derechos y mejoras sociales, que abra el camino a la transformación socialista de la sociedad. Hay que construir la Izquierda Revolucionaria desde abajo, en cada barrio, en cada fábrica, en los centros de estudio, en el movimiento obrero y en el feminismo de clase. No hay otro camino.
