La reacción ha descargado una nueva andanada en su campaña de acoso y derribo contra Pablo Iglesias. Ahora el ataque viene desde el aparato judicial en forma de petición de imputación al Tribunal Supremo (TS). El momento elegido no puede ser más propicio para el PP, Vox y, todo hay que decirlo, para el sector más derechista del PSOE encabezado por Vara y Page, y también por elementos más refinados y peligrosos como Calviño, representante directa del gran capital en el Consejo de Ministros.
Los objetivos de esta maniobra de la judicatura son relevantes. En primer término, se añade más material combustible para dinamitar la coalición PSOE-UP, listo para detonar en el momento preciso. En segundo, el aparato del Estado vuelve a enseñar su puño a quienes se atreven a criticar, aunque sea de manera retórica, a los pilares del régimen del 78 sean la monarquía o los propios magistrados. Por supuesto, el capote para desviar la atención del fango de corrupción que anega al PP por la investigación de la trama Kitchen y la confirmación del TS de la sentencia de la Gürtel, es también evidente.
Esta nueva agresión prueba la extrema fragilidad de la libertad de expresión y la desfachatez represiva con que el Estado se mueve en esta época de máxima polarización. De hecho, Pablo Iglesias se ha limitado a una mera denuncia verbal de los trapicheos del emérito que no ha dificultado en lo más mínimo el plan de fuga que el Ejecutivo —del que forma parte— le ha organizado. Incluso este año ha dado una nueva muestra de respeto al régimen, cuando el 12 de octubre participó por primera vez en la recepción de Felipe VI con motivo del “día de la hispanidad” y de las fuerzas armadas.
Entonces, ¿por qué esta saña? Porque bajo este decorado de paz social y llamados constantes a la sensatez y la unidad desde la izquierda parlamentaria y los aparatos sindicales, hay una enorme carga explosiva acumulada en las entrañas de la sociedad. La hipersensibilidad de la reacción tiene una base material. En coyunturas como la actual, donde la corrupción que infecta a la Casa Real convive con la propagación de la miseria y el colapso de la sanidad y la educación públicas, algunas de las declaraciones de los portavoces de UP, a pesar de carecer de cualquier intención movilizadora y de ser tamizadas por una actuación parlamentaria que no pone en riesgo la lógica del sistema, pueden ayudar a que toda la rabia acumulada estalle. La burguesía no olvida el carácter espontáneo del 15M, ni que las mareas verde y blanca se pusieron en marcha sin el permiso de CCOO y UGT, igual que las marchas de la dignidad, el gran movimiento de las mujeres o de los pensionistas. También tiene muy presente el levantamiento del pueblo catalán, que desbordó en numerosas ocasiones a la dirección del movimiento independentista. En definitiva, son conscientes de la enorme volatilidad de la situación política.
Cuando apreciamos desde esta perspectiva la última maniobra judicial contra Pablo Iglesias, su carácter dantesco se convierte en anecdótico y su función política adquiere su verdadero valor.
De víctima a criminal
El simple relato cronológico de los hechos desvela la ausencia de base para esta causa. En noviembre de 2015 se produce un hecho aparentemente fortuito: el robo del teléfono de Dina Bousselham, estrecha colaboradora de Iglesias. Cuando en julio de 2016 OKDiario —pasquín dirigido por el hooligang de extremo centro Inda—, filtra parte de los mensajes del móvil para continuar con su campaña de calumnias contra Pablo Iglesias, el asunto empieza a oler mal. Todo cuadra cuando en marzo de 2019, durante un registro en la casa del ex comisario y chantajista Villarejo, aparecen materiales del dispositivo de Dina.
Pocos días después, el juez de la Audiencia Nacional (AN) García Castellón llama a testificar como víctimas a Bouselham e Iglesias. Este último deduce que el robo es un encargo a “una trama criminal que implica a policías corruptos, medios de comunicación y grandes empresarios”.
La maquinaria del Estado, integrada por destacados reaccionarios que ocupan puestos decisivos en el alto aparato administrativo, judicial, policial y militar —que permanece intacto a pesar de haber sido construido durante cuarenta años de dictadura— está soliviantada e irritada. No aceptan los resultados electorales y no se pueden reconciliar con este Gobierno. Todos los días se preguntan; ¿hasta dónde vamos a llegar?, ¿criticar al rey, a los jueces, a los policías y los empresarios?, ¿negociar con los independentistas mientras nos cuestionan a nosotros, los puntales del sistema? Es necesario dar un nuevo puñetazo sobre la mesa y demostrar quién manda aquí.
Así pues, este mes de mayo los alquimistas que ocupan los tribunales consiguen transformar el plomo en oro. El juez García Castellón retira la condición de víctima a Iglesias para iniciar una acusación criminal contra el mismo. La operación es tan chapucera que resulta insostenible, y la AN decide devolver a Iglesias la condición de víctima a mediados de septiembre. Pero Castellón no se desalienta, se siente seguro por el respaldo de sus correligionarios en la esfera política y empresarial, y el 7 de octubre se dirige al TS para abrir una causa penal contra el vicepresidente del Gobierno por varios delitos: daños informáticos, revelación de secretos y denuncia falsa, es decir, por el supuesto montaje que Pablo Iglesias habría realizado de las “cloacas del Estado” para beneficiarse electoralmente.
Esto pasa en un país en el que el jefe del Estado por casi cuarenta años huye al Golfo Pérsico con una fortuna de varios miles de millones de euros amasada a base de corrupción y latrocinio. ¡Qué más da! Los jueces están para otra cosa. Por eso el magistrado Castellón tiene el cuajo no solo de rechazar la solicitud de la defensa de Bouselham y el fiscal, además desprecia el hecho de que el delito de revelación exige una denuncia previa ¡que no existe! Respecto a los daños informáticos, la acusación es refutada por la Sección de Informática Forense de la Policía Científica. Lo último es que la fiscalía anticorrupción de la AN se ha pronunciado contra todas las peticiones de Castellón.
¿Sería inconcebible que en una democracia de la UE pasara algo así?
Los hechos están claros, pero no así las conclusiones que se derivan de ellos. Por ejemplo, el portavoz en el Parlamento de Podemos, Pablo Echenique, rápidamente salió a la palestra y tuiteó: “No van a imputar a Iglesias, porque el prestigio de la Justicia desaparecería para siempre”. El propio Pablo Iglesias ha realizado diferentes declaraciones en las que insiste en sufrir “una vulneración del derecho sin parangón”, a la vez que confía en que todo quede en papel mojado ya que en este país “todavía no han imputado a nadie por sus ideas” y “sería inconcebible que en una democracia de la UE pasara alguna cosa así”.
Es absolutamente comprensible toda la indignación de Iglesias y los dirigentes de Podemos, indignación que compartimos desde Izquierda Revolucionaria. Pero hay que señalar que la violación de los derechos democráticos por parte del Estado no comienza con esta imputación. Los líderes de Podemos no parecen percibir la naturaleza del problema que, a su parecer, se reduce a unos pocos individuos y hechos aislados. Tan es así, que afirmar que “todavía no han imputado a nadie por sus ideas” es ignorar por completo la realidad. La persecución ideológica en los tribunales no empieza con este caso, ni tampoco terminará con él.
Pocos días antes de abrirse la causa contra el dirigente de Podemos, el TS ratificaba la inhabilitación de un año y medio del President Quim Torra por el delito de colgar una pancarta a favor de la libertad de los presos políticos catalanes. Semejante atropello, solo mereció el calificativo de “mala noticia” por parte de Iglesias. Esta fría reacción reincidía en la errónea posición de la cúpula de UP, puesta de perfil ante la sistemática persecución del movimiento independentista. Recordemos que el Supremo ha condenado a Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat, a una pena de 13 años; a tres ex consejeros, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, a 12 años, a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, a 11 años, y a los dirigentes de la ANC y de Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, a otros nueve años.
Por tanto compañero Iglesias, eso de que “sería inconcebible que en una democracia de la UE pasara alguna cosa así” es una forma muy equivocada de presentar la cuestión: ya ha pasado, y no una vez, muchas veces. Hace no tanto, los juzgados de vigilancia penitenciaria suspendieron el tercer grado a 7 de los 9 presos políticos catalanes encarcelados gracias a un auto del TS. Es el mismo tribunal que rebajó las penas de los fascistas que asaltaron el acto de la Diada del centro Blanquerna de Madrid, agredieron a los asistentes y realizaron el saludo fascista adornados con banderas de la Falange. No se trata de hechos aislados. A Barrionuevo y Vera, condenados a 10 y 12 años por terrorismo de Estado, el Gobierno de Aznar les ofreció el indulto 6 meses después de su juicio. Mientras tanto, los tres jóvenes de Altsasu llevan años encarcelados por una pelea de bar en la que participaron guardias civiles.
La actuación de la justicia española es tan aberrante, que a veces llega un rapapolvo de la Unión Europea. Por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la UE sentenció que Oriol Junqueras tenía inmunidad parlamentaria por su elección en las europeas, por lo que había que liberarlo para desempeñar sus funciones como eurodiputado. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por vulnerar el derecho a un juicio justo de Arnaldo Otegi, pero esta corrección llegó tarde, tanto que no impidió que la víctima de esta injusticia pasara 2.331 días en prisión. Pablo Iglesias no debería depositar tanta confianza en las instituciones judiciales de la Europa del capital. No solo se retrasan, tampoco obligan al Estado español a resarcir a sus víctimas. En los casos mencionados, la justicia europea dejó en manos de su homóloga española devolver los derechos arrebatados a Junqueras e indemnizar a Otegui. Nada de ello se ha producido.
No. No es cierto que estemos ante “una vulneración de derecho sin parangón”. A no ser que Iglesias crea que por ocupar la vicepresidencia del Gobierno su caso es cualitativamente diferente. Lo que se echa de menos, y no sería algo sin parangón, es un poco de humildad y coherencia en las palabras de Iglesias. La libertad de expresión y los derechos democráticos no son pisoteados por una facción determinada del Estado, la famosa “cloaca”. No, es pisoteada por el conjunto del aparato estatal, que no existe para defender las libertades sino para garantizar a cualquier precio, y de la forma que sea, los intereses de la clase dominante.
El Estado no está por encima de los antagonismos de clase
Asombra ver que desde la dirección de Podemos, nacido al calor del amplio cuestionamiento del régimen del 78 que inauguró el 15M, se insista tanto en tratar de preservar el prestigio de la justicia española. UP debería incidir en que la magistratura, como las fuerzas del orden o la monarquía, y todos los pilares sobre los que se sustenta el sistema, no están por encima de los antagonismos de clase que dividen la sociedad. El Estado no es un ente neutral capaz de impartir justicia sin importar que sus decisiones beneficien o perjudiquen a banqueros y grandes empresarios y sus fieles representantes políticos. El Estado bajo el capitalismo está al servicio de una clase, la burguesía.
Las pruebas abundan. Tenemos, por ejemplo, la bochornosa absolución del PP en el juicio por la destrucción de los discos duros de Bárcenas para evitar que la AN llevara a término la investigación de la caja B de los populares. Gracias a ello, el Supremo acaba de establecer en su sentencia de la Gürtel que “no se puede afirmar que el PP se financiara ilegalmente” y que a pesar de que se “lucró” gracias a esta red, “ignoraba el origen ilícito de los fondos”. Muchas condenas sí, pero Rajoy, Cospedal y compañía siguen siendo libres como el viento. Lo mismo pasa con el emérito. Y qué decir de la sentencia de la AN que absuelve a directivos de Bankia como Rodrigo Rato, contradiciendo la sentencia del TS de 2016 sobre la estafa a pequeños ahorradores tras su salida a bolsa.
El carácter clasista de las sentencias es abrumador. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera legal restringir la movilidad de los vecinos que vivimos en Vallecas, Usera o Carabanchel, pero considera intolerable hacerlo en el barrio de Salamanca. Y, no se trata solo de la judicatura. La confraternización de los dispositivos policiales en las concentraciones promovidas por Vox en Nuñez de Balboa también contrasta con la brutalidad ejercida contra la juventud de Vallecas durante levantamiento contra el confinamiento clasista de Ayuso.
Lejos de apaciguar a la caverna, la debilidad política y no defender consecuentemente un punto de vista de clase invitan a la agresión. Es necesario pasar de las palabras a los hechos. No se trata de negar el carácter inspirador de una oratoria brillante ni de rechazar de forma sectaria el atril parlamentario. Pero si entre lo dicho y lo hecho existe un abismo, las consecuencias son nefastas.
Muchos aplaudimos el estreno como diputado de Pablo Iglesias con su denuncia de Felipe González, y también su recuerdo para Puig Antich, anarquista antifascista ejecutado en 1974. Sin embargo, cuando hubo que pasar a la acción ya en el Gobierno, UP se negó a la creación de una comisión de investigación sobre la responsabilidad política de los GAL. Echenique intentó justificarlo porque “todo el mundo sabe lo que pasó”. Finalmente se rectificó esta actuación, como se tuvo que corregir también el rechazo a la petición de EH Bildu de publicar la hoja de servicios del torturador Billy el Niño, momento en el que UP coincidió en su voto no solo con el PSOE, también con PP, Ciudadanos y Vox.
Otro tanto pasa con la promesa electoral de derogar la ley Mordaza. No solo sigue vigente, sino que el Gobierno PSOE-UP la utiliza habitual y contundentemente: durante los primeros 75 días del estado de alarma se impusieron 1,1 millones de multas, un 42% más que en los tres primeros años y medio anteriores.
Sin lucha no hay derechos
¿Qué hacer? En primer lugar dejar de lavar la cara a esta justicia represiva y clasista que desata su furia contra los activistas de izquierdas. No se trata de una tarea complicada. Al contrario, la clase obrera y la juventud enseña el camino una y otra vez a la dirección de Podemos. Lo hizo con la masividad de las concentraciones en Sol durante el 15-M a pesar de su ilegalización. O durante la jornada de reflexión en las elecciones del 2011. O cuando cientos de miles de mujeres tomamos las calles y llegamos hasta la puerta del mismísimo Parlamento rechazando la infame sentencia de la Manada. Más recientemente lo hemos vuelto a ver durante el levantamiento de los barrios obreros contra el confinamiento clasista decretado por Díaz Ayuso. Y también diariamente cuando cientos de activistas de la PAH y de los movimientos sociales nos enfrentamos a las fuerzas antidisturbios y a los jueces apara evitar los desahucios. Los ejemplos son constantes y abundantes.
Bajo el capitalismo otra justicia no es posible. Pensar que un sistema basado en la explotación y la desigualdad nos tratará a todos por igual por cruzar la puerta de un juzgado es una utopía. Marx explicó hace tiempo la esencia de la legislación burguesa: “En la frase general, la libertad, en el comentario adicional, la anulación de la libertad (…) mientras se respete el nombre de la libertad y solo se impida su aplicación real y efectiva… la existencia constitucional de la libertad permanecerá íntegra, intacta, por mucho que se asesina su existencia común y corriente”.[1] Como pasa con nuestro pan y nuestro techo, solo obtendremos genuina justicia cuando la impongamos nosotros mismos.
[1] El 18 brumario de Luis Bonaparte, Karl Marx. Editado por la Fundación Federico Engels.
