Hace ahora trece meses que los tories llegaron al poder en Gran Bretaña, su primera medida en el gobierno fue aprobar las mayores medidas de austeridad y recortes sociales desde los años treinta. Desde entonces se han reducido 143.000 empleos en el sector público y a más de 100.000 trabajadores públicos se les impuso un nuevo contrato con peores condiciones laborales y salarios más bajos. Además, se congeló durante dos años los salarios de profesores, trabajadores municipales y enfermeras.
En abril el gobierno lanzó un ataque contra las pensiones de los trabajadores del sector público. Entre otras medidas, pretende aumentar la edad de jubilación, aumentar las contribuciones de los trabajadores y vincular el valor de la pensión con los tramos más bajos del IPC (en Gran Bretaña el IPC está divido en tramos). Los grandes sindicatos del sector público hasta ahora no han movido un dedo y se limitan a negociar con el gobierno, ni siquiera han protestado cuando el gobierno ha amenazado con un endurecimiento de las leyes antisindicales aprobadas por el gobierno Thatcher en 1983; se limitan a utilizar estas leyes como una excusa para no convocar.
Pero esto no ha evitado que decenas de miles de empleados públicos (entre 500.000 y 750.000) secundaran la huelga general del sector convocada el 30 de junio por los cuatro sindicatos más pequeños del sector. La huelga tuvo un seguimiento masivo en la enseñanza. Según el periódico The Guardian fue “la huelga de la enseñanza más grande desde los años ochenta”, más de dos millones de alumnos se vieron afectados. La huelga también tuvo un seguimiento importante en la universidad; en ministerios como el de Trabajo y Pensiones, donde el seguimiento fue del 90%; en el servicio de aduanas, judicatura, museos y en el servicio de emergencia de la policía metropolitana nueve de cada diez trabajadores secundaron la huelga. Miles de trabajadores participaron en las manifestaciones que se desarrollaron por todo el país ese mismo día. El líder del Partido Laborista, Ed Milliband, mostró su oposición a la huelga en su blog personal, calificando la acción como un “error” que “no debía seguir adelante”. Incluso apelaba a los parlamentarios laboristas para que cruzaran las líneas de piquetes y fueran a trabajar.
Este ataque a las pensiones del sector público sólo significará un mayor empobrecimiento. Actualmente el umbral oficial de pobreza está situado en 170 libras semanales y la media de las pensiones es de 102 libras. Si se reducen más las pensiones miles de pensionistas caerán en la pobreza, en la que se encuentran actualmente entre 2,5 y 3,5 millones de pensionistas.
El éxito de la huelga del 30 de junio, a pesar de la oposición de los sindicatos mayoritarios y del Partido Laborista, demuestra que los trabajadores británicos están decididos a luchar y combatir la política de ataques del gobierno tory-liberal, igual que hicieron los estudiantes británicos el pasado mes de diciembre con las mayores movilizaciones estudiantiles de los últimos veinticinco años. Si hasta ahora la clase obrera británica no ha salido masivamente a la calle se debe a las direcciones sindicales que están actuando como freno pero, como demuestra el resultado de esta huelga, la resistencia de los trabajadores tiene un límite, y este ha llegado.