Hace ya un año que estalló el escándalo con los primeros testimonios de personas que sospechaban haber sido robadas al nacer. Inmediatamente se denunciaron más de 1.400 casos y hubo una demanda colectiva, por primera vez, pidiendo la apertura de una investigación sobre la suerte de 261 recién nacidos, pero apenas se abrieron investigaciones. Las denuncias cobraron interés al comprobar, tras las primeras exhumaciones, que algunas de estas tumbas estaban vacías o los féretros no tenían evidencias de haber alojado ningún rastro biológico. Organizados a través de internet, las tres asociaciones que se han formado aunaron esfuerzos para denunciar públicamente este hecho y así presentaron 89.666 firmas a la Fiscalía General del Estado pidiendo que cese de archivar las denuncias y se reabran los casos cerrados.

Los vínculos de la Iglesia Católica con el franquismo

Como ocurría durante la dictadura en Argentina, el franquismo quitaba los niños a las  presas políticas del bando republicano como un método más de represión y después eran fusiladas. En virtud de un decreto de 1940, en el Estado Español se podía quitar la custodia a las familias si consideraban que la “educación moral” de los niños estaba amenazada. De esa forma se los entregaban a organizaciones católicas o los daban ilegalmente en adopción. Se decía a las madres que sus hijos habían muerto en el parto y los niños eran vendidos a familias que no podían tener hijos, las cuales, a menudo falsificaban las identidades de los bebés para que figurasen como hijos biológicos en el libro de familia de los nuevos padres.
En la posguerra, estas tramas de tráfico de bebés tuvieron cobertura legal y el amparo del psiquiatra de cabecera del franquismo, el comandante Antonio Vallejo-Nájera, que inspirado en la política de los nazis,  predicaba la segregación y selección de los niños desde su nacimiento. “La comprobación de nuestras hipótesis tiene enorme trascendencia político-social, pues si militan en el marxismo de preferencia psicópatas antisociales, como es nuestra idea, la segregación de estos sujetos desde la infancia, podría liberar a la sociedad de plaga tan terrible” (La locura en la guerra. Psicopatología de la guerra española, 1936).
El régimen franquista incluso puso en marcha una prisión para Madres Lactantes en donde sólo se les permitía estar en contacto con sus bebés una hora al día. La colaboración y la implicación de la Iglesia Católica y sus instituciones religiosas, Casas de Auxilio Social y Hospicios, jugaron un papel determinante en toda esta trama. Muchas embarazadas eran llevadas a las instituciones religiosas hasta que culminaba el embarazo y después debían entregar el hijo. Así, mujeres adeptas al régimen y con dinero, monjas y curas intercambiaban información con las familias adoptivas.
Al término del franquismo en 1975, los responsables de algunas clínicas continuaron con esta práctica lucrativa. Médicos como José Antonio Usandizaga, muy próximo al Opus Dei y militante activo contra el aborto, ejercieron en el Hospital de Basurto, en Bilbao, donde también se ha denunciado una trama de adopciones ilegales y después lo hizo como jefe de obstetricia y ginecología del Hospital La Paz de Madrid, o Ignacio Villa Elizaga, también cercano al Opus, trabajó en la maternidad de O’Donnell y en la actualidad es profesor de la Universidad de Navarra, o Eduardo Vela de la Clínica San Ramón, de Madrid, donde se entregó a cientos de bebés que reclaman ahora sus historiales, y un sinfín de monjas, enfermeras, abogados que habían tejido una red que seguía demandando bebés.
En otros casos mujeres solteras que habían quedado embarazadas, captadas a veces a través del Teléfono de la Esperanza, y obligadas por la presión de una sociedad dominada por el nacional-catolicismo y en no pocos casos amenazadas y engañadas, cedían a sus hijos en adopción. En otros eran  esposas de clase obrera y familias humildes a las que después de haber atendido el parto, se les retiraba el bebé y se les decía que había muerto o que tenía graves malformaciones, de tal forma que no era necesario que pasasen por el “doloroso trauma” de verlos. Muchas de estas mujeres temerosas de contrariar a los “batas blancas”, que eran “dioses” en aquella época o a las monjas se resignaban de tal suerte. Otras que aún insistían en verlos eran engañadas enseñándoles ropas o incluso bebés que estaban congelados.
La Asociación de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) estima que hasta un total de 300.000 recién nacidos podrían haber sido robados durante la dictadura y hasta finales de los ochenta.

Un aparato estatal heredado
del franquismo

Tras la larga noche del franquismo, los líderes reformistas de la izquierda, tanto del PSOE como del PCE, en lugar de exigir y forzar una depuración del aparato estatal y esclarecer todos los crímenes del franquismo, en la mal llamada transición, se comprometieron con una vergonzosa ley de punto y final que nunca fue aprobada en el Parlamento, y de esta manera los crímenes de la dictadura quedaron impunes. Por otro lado, se está poniendo todo tipo de trabas a la investigación y tergiversación de estos crímenes, presentando los casos que se dieron tras el franquismo como asunto privado de tráfico de niños y no como “memoria histórica” y por tanto sin la obligación del Estado para restituir el daño causado por la dictadura.
Precisamente, la empresa privada que ha recogido el ADN de familias afectadas por los robos de bebés es Genómica, que tiene como directora general a Rosario de Cospedal García, hermana de la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal. La empresa ha salido a la luz porque equivocó el resultado de las pruebas genéticas de una madre y una hija de Valencia y León, de 60 y 30 años. El laboratorio les había comunicado ya en dos ocasiones, la primera vez el pasado 6 de julio, que las supuestas madre e hija no tenían relación sanguínea. El 26 de agosto, Genómica, ante la insistencia de las afectadas, que tenían un gran parecido físico y documentos que ponían de manifiesto su posible relación, envió una carta con un tercer resultado en el que se anunciaba a estas mujeres que su ADN coincide. La empresa Genómica forma parte del grupo Zeltia, integrado por varias filiales del sector químico-farmacéutico. La mayor parte de los responsables de las empresas que integran el grupo farmaceútico Zeltia, del que forma parte el laboratorio de pruebas de ADN Genómica, han sido formados por el Opus Dei. También este grupo empresarial cuenta con otros socios como Ana de Palacio, ex ministra del Partido Popular y conocida por su militancia en esa organización fundada en Navarra. Además, el grupo farmacéutico lleva a cabo proyectos de investigación con la Clínica Universidad de Navarra, privada, y también dependiente del Opus. Es un escándalo que el Ministerio de Justicia no haya hecho ya un Banco de ADN, para evitar que empresas privadas se lucren y guarden esa información en un banco privado. Sin embargo, ha sido precisamente Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla - La Mancha, quien ha nombrado recientemente a Ignacio Villa —director de la Cope e hijo del médico supuestamente implicado en el robo de bebés, Ignacio Villa Elizaga— director de la radiotelevisión castellanomanchega. Según Soriano, representante de Plataforma de Afectados, “es bastante peligroso que personas relacionadas o cercanas a médicos implicados en el robo de bebés tengan acceso a nuestros datos”, en referencia a las relaciones de Genómica con el entorno del Opus Dei.

Un listado de médicos relacionados con el PP

Lo mismo sucede con el doctor, ya fallecido, José Botella Llusía, tío de la mujer de José María Aznar, Ana Botella, y que es acusado por las asociaciones de niños robados de estar implicado en el tráfico de bebés. También el padre de Jaime Mayor Oreja, José María Mayor Lizarbe, ha sido incluido en un listado de médicos que supuestamente participaron en el robo de bebés durante el franquismo junto a 35 médicos más en quince hospitales, según ha denunciado la plataforma de afectados por el robo de bebés del País Vasco.
Toda esta red creada durante el franquismo se convirtió en una máquina de hacer dinero y continuó con cobertura al más alto nivel. Esta operación tan masiva no hubiese podido continuar de no ser por la bendición de una Iglesia Católica que gestionaba la mayoría de los servicios sociales, incluyendo hospitales, escuelas y orfanatos. Hasta 1987 no hubo ninguna ley en el Estado Español sobre adopciones, y aún se habla de estas prácticas hasta fechas tan recientes como 1993.
Los otros “desaparecidos” de Franco no están en fosas comunes ni en cunetas pero durante años han vivido con una identidad que no es la suya. Algunos de ellos son ancianos, otros no tanto, pero tienen derecho a saber quiénes son, genética, biológica y psicológicamente y a acabar con esta impunidad.