El 12 de Octubre el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU (DHS por sus siglas en ingles) anunciaba una nueva política hacia los emigrantes venezolanos. Según el presidente estadounidense Joe Biden el objetivo es ofrecer “una manera legal y ordenada para que los venezolanos ingresen a EE.UU.”
La realidad es que la medida establece un cupo de 24.000 migrantes venezolanos que supuestamente serán aceptados, aunque sin derecho a residencia permanente, mientras el resto "los venezolanos que ingresen a Estados Unidos entre puertos de entrada, sin autorización, serán devueltos a México”, según señala el comunicado del DHS. A finales de 2021 había ya más de 150.000 venezolanos en la frontera. Esta medida significa condenar a centenares de hombres, mujeres y niños a la deportación, la miseria y la barbarie.
Estamos ante un nuevo ejemplo de la doble moral y cinismo de la administración Biden. Y de las políticas represivas y racistas del imperialismo estadounidense contra centenares de miles de migrantes procedentes de México, Centroamérica y otros países latinoamericanos. Como en otros terrenos, Biden y los demócratas repiten las políticas de Trump y los republicanos.
¿Por qué esta medida del gobierno de EEUU contra los emigrantes venezolanos?
El fenómeno migratorio ha sido histórico en la frontera entre Estados Unidos y México. Sólo en 2021 se reportaron 1,7 millones de personas del total que trataron de cruzar la frontera. 145 mil de ellos eran menores no acompañados de Honduras, Guatemala, El Salvador y México. Del total reportado, mas de 1 millón fue deportado a México o a sus países de origen.
Desde 2019 hasta la entrada en vigor de la medida publicada el 12 de Octubre, el gobierno estadounidense hacía una excepción con los migrantes venezolanos. Estos eran llevados a centros de acogida, procesados y posteriormente, sobre todo si pedían asilo por motivos políticos, liberados (en su mayoría) para ingresar al territorio estadounidense.
Esta excepcionalidad respondía a la estrategia política del imperialismo estadounidense de utilizar esa emigración y las solicitudes de su asilo en su estrategia de propaganda contra Venezuela, acoso y derribo a su gobierno y apoyo al ultraderechista golpista Juan Guaidó. También influía que el número de migrantes venezolanos, en comparación con otros países latinoamericanos, era bastante bajo en ese momento.
Pero el número de migrantes venezolanos dispuestos a cruzar la frontera estadounidense, la más transitada del planeta, pasó de unos pocos cientos o miles a más de 150.000 al cerrar 2021.
Este cambio tiene varios motivos. El principal es el tremendo colapso de la economía venezolana, agravado por el criminal bloqueo económico y político de EEUU y el no reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro por más de 50 países que acatan sumisamente sus sanciones, negándose a darle al Gobierno venezolano acceso a sus activos en el extranjero, así como la comercialización de petróleo, compras de medicamentos, etc.
Ese bloqueo, que en principio se entendía en líneas económicas, se fue extendiendo a todos los aspectos políticos y diplomáticos. Una consecuencia es que al no reconocer al gobierno venezolano tampoco podían aplicarse medidas habituales de deportación, pues todos los intercambios diplomáticos (incluidas las deportaciones) quedaron suspendidos. Este “vacío legal” permitía ingresar al país norteamericano a los venezolanos que cruzaban la frontera “entregándose” a las autoridades migratorias y pidiendo asilo.
Mientras los emigrantes venezolanos representaban un volumen manejable, los capitalistas e imperialistas estadounidenses, con el cinismo que les caracteriza, no tenían ningún problema en explotarlos como mano de obra sin derechos ni salarios, al tiempo que utilizaban políticamente ese éxodo para atacar al régimen venezolano.
La “doble moral “de Biden y sus politicas calcadas de Trump
La inmigración ilegal garantiza al capitalismo mano de obra barata. Los burgueses explotan a los migrantes sin ningún escrúpulo mientras alimentan los prejuicios racistas y la división entre trabajadores nativos y extranjeros para explotar al conjunto de lo explotados en mejores condiciones. En promedio el coste de un trabajador ilegal para cualquier patrón es de un 40% menos que si estuviera en condiciones de legalidad.
En un contexto en que la crisis económica extiende el malestar social contra el gobierno de Biden, los políticos estadounidenses empezaron a usar el creciente número de migrantes venezolanos hacia EEUU para atacarse mutuamente. No es casualidad que la medida del 12 de Octubre fuese anunciada en plena campaña de las elecciones de medio mandato, cuyo resultado -enormemente disputado- puede condicionar decisivamente el futuro de la Casa Blanca.
Tanto demócratas como republicanos han utilizado la inmigración durante años como herramienta política para sus campañas. Biden, en una estrategia de intentar desviar la atención de la crisis interna del capitalismo estadounidense y desmarcarse de las denuncias de blandengue de los republicanos, intenta captar el voto de sectores atrasados y reaccionarios alimentando los prejuicios racistas y presentándose ahora como el campeón de “proteger” la frontera.
Mostrando su verdadera cara, la administración demócrata no duda en utilizar el criminal y racista titulo 42 que aplicaba Trump, y que permite hacer deportaciones exprés a México de inmigrantes de distintas nacionalidades con la excusa de la COVID-19.
Hasta septiembre, los migrantes venezolanos que cruzaron la frontera sumaban más de 33.000. En solo una semana desde la aprobación de la medida del DHS las expulsiones han llegado a 5.000. Si sumamos a los que aun se encuentran de camino por toda Centroamérica, el resultado de la medida del gobierno Biden será condenar a decenas de miles de mujeres, hombres y niños a situaciones de precariedad absoluta, a merced de las mafias que viven del tráfico de personas, aún más brutal en el caso de las mujeres, sometidas a todo tipo de vejaciones, violaciones y la esclavización sexual que representan la prostitución y la trata. O a la muerte intentando burlar la salvaje persecución de los cuerpos represivos anti-inmigración por las zonas más inhóspitas y peligrosas
Las políticas pro-capitalistas del gobierno venezolano y la complicidad con las medidas anti-inmigratorias de Biden de diferentes gobiernos latinoamericanos
La situación que viven miles de migrantes venezolanos, arriesgando sus vidas para intentar cruzar la frontera de EEUU y otros países, es una denuncia brutal de las políticas represivas y racistas de Biden y del criminal bloqueo y sanciones criminales del imperialismo estadounidense, que han agravado duramente la crisis que ya sufría la economía venezolana. Pero también pone en evidencia las políticas pro-capitalistas del gobierno de Nicolás Maduro, que han liquidado y desmantelado todas las conquistas sociales y avances conquistados por el pueblo durante el proceso revolucionario que se vivió bajo los gobiernos de Hugo Chávez.
La crisis capitalista, el parasitismo de la burguesía venezolana y las políticas antiobreras de la burocracia han hecho que Venezuela, que figuraba como el país con el sueldo mínimo mas alto de la región en 2010, en la actualidad se ubique en las últimas posiciones a nivel mundial, con apenas 14$ mensuales según el tipo de cambio oficial.
Otro aspecto que esta situación ha sacado a la luz es la complicidad que muestran desde hace tiempo con las políticas anti-inmigración de los gobiernos estadounidenses diferentes gobiernos latinoamericanos, como resultado su aceptación del capitalismo y sometimiento al imperialismo.
Países como Panamá, que dejaban salir a los venezolanos procedentes de Colombia con destino a Costa Rica, ya han anunciado que no les permitirán reingresar al país. Pero el caso más impactante y lamentable ha sido el de un gobierno resultado de la movilización de millones de jóvenes, trabajadores y campesinos por acabar con la derecha y exigir genuinas políticas de izquierda y anti-imperialistas como el de AMLO. El gobierno mexicano ha firmado un acuerdo con Biden acepta que las deportaciones se hagan a su país a cambio de que EE.UU tramite 65.000 visas de trabajo para mexicanos.
Esta medida no representa ninguna solución para los trabajadores mexicanos (que seguirán siendo de los que más sufren las deportaciones, miseria y barbarie en la frontera) pero sí implica renunciar a una política revolucionaria, internacionalista y solidaria en este y otros terrenos.
Tanto las trabajadoras y trabajadores que buscan un destino mejor para sí y para sus familias en otros países como aquellos que deciden quedarse en su país, región o ciudad tenemos los mismos enemigos y sufrimos los mismos problemas. El capitalismo nos condena a la lucha por la supervivencia diaria, a la explotación, la precariedad y la pobreza. Por ello el único camino es organizarnos y luchar juntos por las mismas condiciones laborales e igual salario, unificando nuestras fuerzas contra la explotación inhumana, xenofoba y racista, la doble moral, leyes discriminatorias, miseria y barbarie que nos impone el sistema capitalista y luchando por la transformación socialista de la sociedad.
Un programa socialista que nacionalice bajo control obrero los bancos, la tierra y las grandes empresas, poniendo toda esa enorme riqueza que creamos las trabajadoras y trabajadores con nuestro trabajo, y que hoy se apropia un puñado de parásitos capitalistas, del conjunto de los oprimidos y oprimidas permitiría planificar democráticamente la economía y resolver los problemas sociales. Garantizar salarios y condiciones de vida dignas para todas y todos los explotados, nativos y extranjeros. El triunfo de la revolución socialista en un país se extendería inevitablemente al resto, acabando también con las desigualdades y expoliación de las riquezas del conjunto de pueblos del planeta por un puñado de multinacionales y potencias imperialistas.
