Hace días un grupo de trabajadores denunciaban públicamente la pesadilla laboral que le ha hecho vivir el consorcio trasnacional MITSUBISHI Y HYUNDAI (MMC Automotriz S.A ) y se preguntaban: ¿Dónde está el respeto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y los derechos de los trabajadores?. Y reflexionaban que la Carta Magna era letra muerta, porque tienen más de 13 años sufriendo las agresiones más aberrantes que hayan conocido, avaladas por la justicia que en teoría les tendría que defender.

Más de 900 trabajadores seguimos reclamando el beneficio de la irrenunciabilidad de los derechos laborales (establecidos en el Art. 89 CRBV) desde el año 2016 ante la Inspectoría del Trabajo. A pesar de haber demostrado el incumplimiento por parte de la empresa de todos los beneficios de la convención colectiva desde 2014, estos patronos se negaron a reconocerlos, ganando el apoyo de burócratas corruptos que ponen todo tipo de obstáculos, buscando terminar por completo la relación laboral de todos los trabajadores con una miserable liquidación.

Recordando la masacre del 29 de enero de 2009

Esta situación les recordaba a los obreros otra de sus luchas históricas, donde al igual que ahora cumplieron con todos los procedimientos burocráticos que exige el estado para reclamar los derechos laborales y poder tomar dentro del marco de la ley una medida de presión contra el patrón. Pero lejos de proteger a los trabajadores, el Estado mostró su auténtico carácter como garante de los intereses patronales. La burocracia bloqueó el derecho a la huelga – establecido en el Art 97 (CRBV)- y ejecutó  la brutal represión de aquel 29 de enero 2009.

El Estado no respetó la democracia participativa y protagónica, ni las decisiones de la asamblea de trabajadores, como lo establece el art. 70 (CRBV). Mostró que ve la organización propia de los trabajadores y el pueblo como una grave amenaza. Que los trabajadores asumieran la decisión revolucionaria y mayoritaria de la toma pacifica de la empresa fue contestada por los organismos de seguridad del estado mediante una  represión criminal con armas de fuego que terminó con el asesinato de 2 trabajadores. Hasta la presente fecha no se ha dado una justa reparación a los familiares. Además fueron despedidos  12 directivos sindicales, 23 delegados de prevención junto a un aproximado de 600 trabajadores ¿Esto no es una muestra del falso discurso de la burocracia? ¿No es una prueba de que los intereses de clase de los empresarios son los intereses que protege el estado venezolano?

La actual situación de los trabajadores

En el año 2017, la Inspectoría del Trabajo ordenó a la empresa MMC AUTOMOTRIZ S.A  pagar la deuda laboral.  Paralelamente le ha permitido cerrar las instalaciones ilegalmente y de paso, la administración le ha dado todo el tiempo posible para que intente anular ante los tribunales la orden de esta institución. Sin poder conseguir sus objetivos, la empresa sigue vilmente tomando medidas reaccionarias de acoso, corrupción y amenazas contra los obreros para obligarles a negociar sus derechos laborales.

A pesar de la presión de la empresa y la complicidad del Estado, estos  9 años  de batalla y resistencia admirable de los trabajadores consiguieron en  2023 una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) medianamente favorable que ordena nuevamente a la empresa pagar la deuda del contrato colectivo. Sin embargo,  este máximo organismo del Estado, a 2 años de su dictamen, sigue sin obligar a las trasnacional a cumplir con su deber, permitiendo vilmente todo tipo de artimañas del patrono, aprovechándose de la necesidad económica y el desespero de los trabajadores. La empresa intenta liquidarles imponiéndoles montos miserables, quedándose con más del 60% de la deuda real y repartiendo dinero entre las lacras que se reproducen y corren para venderse como el mejor esquirol.

Hace 7 meses el Tribunal regional responsable de la ejecución ordenada por el TSJ asignó un experto contable, obligando a los trabajadores  a pagar 640$ de honorarios con gran sacrificio, teniendo como respuesta un mal peritaje que violentaba la sentencia, arrojando un informe con  los mismos resultados que la empresa quiere imponer. La actuación de este sujeto al servicio del patrón  fue rechazada legalmente por los trabajadores. Fruto de esta  presión de los obreros  la juez del tribunal rechazó las conclusiones del experto contable y, reconociendo las irregularidades planteadas por los trabajadores, ordenó reestablecer el procedimiento para que se vuelva a contabilizar la deuda.

Por otro lado, continuamos viendo como desde el Estado, descaradamente, se sigue beneficiando a la trasnacional MMC AUTOMOTRIZ S.A. con  exoneraciones de impuestos, por ejemplo, y también -con motivo de secreto de estado por la supuesta inversión- le garantizan la venta de vehículos y repuestos, todo ello  con un fábrica paralizada y sin generar empleo productivo en el país.

Desde Izquierda Revolucionaria  venimos acompañando la lucha de estos trabajadores y hacemos un llamado a continuar conmemorando este 29 de enero: 14 años de lucha obrera ejemplar, recordando a los caídos en aquella histórica batalla: Pedro Suarez y Javier Marcano. Llamamos a  trabajar para unir las fuerzas del movimiento obrero nacional e internacional y seguir organizándonos para demandar de los organismos competentes respetar los derechos humanos laborales de los trabajadores.

¡Basta de maltrato, acoso laboral y corrupción burocrática!

¡Por la recuperación de  todos los derechos laborales conquistados antes y durante los gobiernos del presidente Hugo Chávez Frías¡

¡Exigimos la cancelación inmediata de la deuda que se tiene con los trabajadores de la MMC AUTOMOTRIZ S.A.!