¡Ninguna confianza en la oposición liberal proimperialista!
¡La lucha de la clase trabajadora con un programa socialista es el único camino!
El levantamiento social que se desató en Bielorrusia el pasado el 9 de agosto ha colocado al régimen bonapartista y burgués de Alexander Lukashenko contra las cuerdas. El precipitador de la crisis fue el descarado fraude electoral, que dio al actual presidente más del 80% de los votos frente a un escaso 10% de la candidatura opositora. Desde entonces, la camarilla dirigente ha desplegado una intensa represión que ha causado varios muertos, torturas indiscriminadas y más de 7.000 detenidos, pero que se ha mostrado impotente para frenar a los centenares de miles de personas —al principio, en su mayoría jóvenes, pero con una rápida incorporación de los trabajadores— que siguen llenando las calles de la capital, Minsk, y de decenas de ciudades del país.
¿Quién es Lukashenko y qué ofrece la oposición proimperialista?
Desde los medios occidentales se ha lanzado una intensa campaña para denunciar a Lukashenko como un dictador que solo recurre a la fuerza para aplastar a su pueblo. Pero las imágenes de Minsk no son muy diferentes a las que observamos en numerosas ciudades de Estados Unidos, donde la Guardia Nacional y la policía realizan operaciones represivas diarias contra los manifestantes de Blacks Live Maters siguiendo las órdenes de Trump.
Por tanto, lo primero que debemos tener claro es la enorme hipocresía de las potencias capitalistas occidentales, y su interés en ganar una influencia decisiva en Bielorrusia, igual que hicieron en Ucrania. Pero la denuncia enérgica de las maniobras imperialistas no implica que tengamos que defender el régimen despótico de Lukashenko. Aunque su policía secreta se siga denominando KGB, no dirige ningún Estado obrero deformado, sino un país donde la burguesía bielorrusa nacida de las entrañas de la antigua burocracia estalinista ha tomado el control de las estructuras estatales y se ha enriquecido a manos llenas durante décadas. A semejanza de Putin, Lukashenko no es ningún “comunista”, sino un rufián que encarna todos los rasgos más deplorables del nacionalismo gran ruso y su capitalismo de compinches.
Enfrente de este personaje se colocan los candidatos opositores, acérrimos defensores de la economía de mercado y agentes de las potencias imperialistas, pero que durante mucho tiempo han compartido mesa y mantel con Lukashenko a la hora de saquear y explotar al pueblo bielorruso. El favorito en todos los sondeos electorales era el banquero Víktor Babariko. Los otros dos son Valeri Tsepkalo, exembajador en EEUU y defensor de una agenda de privatización neoliberal radical, y el bloguero liberal Serguéi Tijanovskiy, propietario de varios clubes nocturnos. Todos fueron finalmente encarcelados por Lukashenko y se les impidió presentarse a los comicios. Pero son ellos quienes están detrás de la candidatura encabezada por Svetlana Tikanovskaya.
La consigna central de la campaña de Tikanovskaya fue “somos el 97%”, tratando de poner de manifiesto el aislamiento de Lukashenko, que por otra parte se acrecentó no solo por la crisis social y las medidas represivas, también por su posición lunática y negacionista respecto a la pandemia del coronavirus. Como otros “expertos” de su misma ralea, el presidente aconsejó beber vodka como medida preventiva, lo que no ha evitado que el número de contagiados supere los 70.000 en una población de 9,4 millones de habitantes.
Oleada de huelgas. La clase obrera pone su sello en los acontecimientos
Tras varios días de protestas, el 13 de agosto se produjo un punto de inflexión. Miles de trabajadores de fábricas de todo el país se pusieron en huelga y participaron en grandes manifestaciones. El movimiento huelguístico comenzó en Minsk, en la principal planta automovilística del país, BelAZ. Sucesivamente se fueron sumando a la huelga centenares de empresas tanto del Estado como del sector privado. Fábricas de metalurgia, electrónica, tecnología de la información, farmacéutica, cerámica, fertilizantes, automóvil, construcción, petróleo, textil, cemento, química, procesamiento de alimentos, telecomunicaciones o minería. Esta oleada culminó el 17 de agosto con una huelga total y la producción industrial prácticamente paralizada.
Los intentos de Lukashenko de darse un baño de masas y apoyo popular, y afianzar el discurso oficial de que las protestas son fruto de la “injerencia extranjera” para desestabilizar el país, fracasaron completamente. Durante una visita a la fábrica estatal de Tractocamiones de Minsk, elegida expresamente por él, fue abucheado por los trabajadores allí convocados. Un reflejo de la debilidad en que se encuentra el presidente bielorruso, y que también se observa en las acciones organizadas a favor del régimen, muy minoritarias.
Al sector industrial se han unido los trabajadores de sanidad, profesores, músicos o de la televisión pública, entre otros. La participación masiva de la clase obrera no tiene precedentes desde la separación bielorrusa de la antigua URSS. Y esto es un elemento muy importante en la situación.
Para atajar la situación, Lukashenko ha recurrido a su peculiar versión del palo y la zanahoria. Por un lado, ha recrudecido la represión para intentar parar las protestas. Ha desplegado al ejército en la zona occidental del país donde se encuentran las industrias más importantes y también ha sacado los tanques a la calle. Y por otro ofrece “diálogo” a la oposición, a la que invita a “aprobar una nueva constitución (…) ratificarla en un referéndum, y entonces, con la nueva constitución, si queréis, tener elecciones parlamentarias, presidenciales y municipales” (estas fueron sus palabras en su discurso en la fábrica de Minsk). Es la vieja maniobra de un régimen al borde del abismo que pretende ganar tiempo y desviar la furia de los trabajadores hacia los cauces seguros del parlamentarismo y la negociación con una camarilla a la que conoce muy bien.
Las dificultades para que en este conflicto se escuche una voz de la izquierda clasista son obvias. Durante años, Lukashenko ha cargado duramente contra la izquierda revolucionaria y controlado férreamente los sindicatos, aplicando al pie de la letra lo aprendido bajo el periodo estalinista. Pero eso no quiere decir que secciones de la clase obrera no estén sacando conclusiones importantes de su propia experiencia. Al principio las demandas de los trabajadores se limitaban a exigir la dimisión de Lukashenko y la repetición de las elecciones. Sin embargo, según aumentan las protestas han añadido reivindicaciones con un sesgo clasista y revolucionario. Un ejemplo es el panfleto publicado por el comité de huelga más grande del país que entre otras reivindicaciones exige la creación de sindicatos independientes, prohibir la privatización de las empresas industriales y agrícolas, derogar la reforma de las pensiones, simplificar el proceso de revocación de diputados y funcionarios, y crear consejos de trabajadores y la autogestión obrera en las fábricas.
Estas demandas chocan frontalmente no solo con el régimen capitalista de Lukashenko, sino también con las pretensiones de la oposición burguesa y del imperialismo occidental. Para la Unión Europea el objetivo no es la defensa de la democracia sino los beneficios que pueden conseguir sus bancos y multinacionales con las privatizaciones de las empresas públicas bielorrusas, y el control de un país estratégico frente a la Rusia de Putin.
Lo que está en juego
Bielorrusia hasta hace relativamente poco era uno de los países más estables de la región. Lukashenko llegó al poder en 1994, y si tras el proceso de restauración capitalista se ha mantenido tantos años es porque logró que la privatización y la transición económica al capitalismo se realizara conservando un sector público significativo, en especial la industria pesada, en el que se podía apoyar. Esto se combinó con la creación de zonas económicas libres donde se garantizó a cientos de empresas extranjeras que no pagarían impuestos y podrían explotar a una mano de obra cualificada a cambio de salarios muy bajos.
La estabilidad económica permitió al régimen mantener un notable grado de protección en sanidad y educación, empleo y en infraestructuras sociales. Estas son las condiciones que le granjearon un apoyo popular importante, especialmente en las zonas agrarias de gran peso también en la economía bielorrusa. Lukashenko, no perdió el tiempo en estos años, y se calcula que ha amasado una fortuna personal de 9.000 millones de dólares.
La tranquilidad se terminó en 2011 con la llegada de la crisis económica: la inflación se descontroló, el paro aumentó significativamente, y las privatizaciones arreciaron igual que los recortes y contrarreformas a cambio de los préstamos del FMI: elevación de la edad de jubilación, eliminación de las prestaciones sociales... Actualmente el salario medio es de 420 euros, uno de los más bajos de Europa. Según datos oficiales, desde el inicio de la crisis el 8% de la población se ha marchado a Rusia o la UE en busca de empleo. Aunque la tasa oficial de pobreza es del 5%, se calcula que realmente cerca del 20% de la población es pobre.
De esta manera el régimen bonapartista burgués de Lukashenko ha ido perdiendo apoyo social, alentando y recrudeciendo las disputas entre los distintos sectores de la clase dominante y del aparato del Estado, y dando alas a los que apuestan por ejecutar planes de privatización salvaje, liquidar la economía estatal y alinearse con el imperialismo occidental para alejarse de la influencia rusa.
El imperialismo ruso no es ningún aliado de la clase obrera bielorrusa
El otro factor que permitió la estabilidad bielorrusa y ahora se ha vuelto en su contrario es la extrema dependencia económica de Rusia. En el último período las relaciones entre Moscú y Minsk han sido muy tensas, hasta el punto de que unos días antes de las elecciones la policía bielorrusa detuvo a 33 mercenarios rusos a los que Lukashenko acusó de preparar actos terroristas para desestabilizar el país.
Desde 1997 los dos países han formado una unión política y económica, y Bielorrusia se benefició del acceso a un mercado de casi 150 millones de personas. El aspecto más importante de ese acuerdo fue que Rusia vendía gas y petróleo a precio de coste que después eran revendidos por el Gobierno bielorruso en el mercado internacional, proporcionándole cada año enormes beneficios.
Las relaciones fueron deteriorándose progresivamente a partir de 2014, cuando Lukashenko se distanció de Putin al defender la integridad territorial de Ucrania y no reconocer la anexión de la península de Crimea a la Federación de Rusia. Esta decisión fue interpretada lógicamente como un paso hacia el acercamiento a la UE, que levantó además las sanciones económicas impuestas al régimen de Lukashenko.
Otro jalón en las tensiones con Rusia se produjo en otoño de 2019, cuando el Gobierno bielorruso se negó a integrarse dentro de la Federación Rusa. Como represalia, Rusia recortó las ayudas económicas, hasta que en febrero de este año retiró las subvenciones al petróleo. Precisamente la eliminación de estas ayudas y la caída del precio del crudo han sido la puntilla para la economía bielorrusa.
Por supuesto, la preocupación de Putin ante la rebelión en curso no tiene nada que ver con el bienestar del pueblo bielorruso. Como sucedió en Ucrania, Bielorrusia es para Moscú un peón más de su lucha con el imperialismo occidental por el control e influencia en la región. La pérdida de Ucrania ha sido un duro golpe para Putin, que no va a tolerar sin más una nueva retirada en un territorio que en realidad sigue considerando parte de Rusia. Putin —que había adoptado un perfil bajo en los primeros días de protestas, incluso pidiendo la puesta en libertad de los presos políticos aunque reconociendo los resultados electorales— está oscilando cada vez más a apuntalar el régimen de Lukashenko, quien parece decidido a no abandonar el poder fácilmente.
Tras una conversación telefónica entre ambos presidentes el 30 de agosto, han quedado en verse en “un futuro cercano”. Además Putin se ha comprometido a apoyar financieramente a Bielorrusia y ha respondido favorablemente a la petición de crear “una unidad de seguridad de reserva” para intervenir en Bielorrusia “si la situación se descontrola”. La posibilidad de un intervención militar rusa no se pude descartar, pero las consecuencias de un acto semejante son impredecibles y podría acarrear más dificultades que ventajas a Putin. El Gobierno capitalista de Moscú se encuentra navegando por aguas muy turbulentas desde hace años, y esto podría acarrear movilizaciones en su contra dentro de sus propias fronteras.
Por una política de independencia de clase, por el socialismo
En este contexto, la participación masiva y decidida de la clase obrera preocupa a todos los sectores de la clase dominante bielorrusa, pero también al Kremlin, a la UE, a la OTAN y al imperialismo norteamericano.
El movimiento huelguístico surgió de la propia iniciativa de los trabajadores, que han puesto su sello en los acontecimientos dotándoles de un carácter muy diferente al que tuvo el Maidán ucraniano, en el que predominaban los elementos pequeñoburgueses al principio y abiertamente fascistas al final.
Es muy significativo que los líderes de la oposición pidieron a los trabajadores “moderación” y que regresaran a sus puestos de trabajo. Al ver que sus palabras caían en saco roto recurrieron a crear un Comité de Coordinación para la transferencia del poder, con algo más de una treintena de miembros, y cuya composición está copada mayoritariamente por ejecutivos de empresas.
En paralelo, están surgiendo numerosos comités de fábricas y asambleas que impulsan las huelgas desde abajo y con un carácter descentralizado. La publicación electrónica Bieloruski Partisán, señala que “muchas fábricas están en ebullición, blanden sus reivindicaciones, crean comités de huelga”.
Es un momento crucial para la clase obrera bielorrusa, es una oportunidad de liberarse no solo de Lukashenko y su camarilla, también de los oligarcas que se han enriquecido saqueando al Estado bielorruso.
Lamentablemente, el Partido Comunista Bielorruso (PCB) es un simple apéndice del régimen, mientras que Un Mundo Justo, formado a partir de una escisión del PCB y que cuenta en sus filas con muchos jóvenes, se limita a defender unas elecciones “honestas, un tribunal popular y libertad para todos los prisioneros políticos”. Está imbuido de ilusiones reformistas y se supedita a la oposición “democrática” burguesa.
La clase obrera bielorrusa está demostrando su fuerza y capacidad de resistencia y ofensiva. No puede confiar en Lukashenko, ni en Putin, pero tampoco lo puede hacer en la oposición proburguesa que solo pretende entregar el país al imperialismo europeo o norteamericano para su posterior saqueo. Debe dotarse de un programa de independencia de clase que defienda la renacionalización de los sectores privatizados bajo el control de los trabajadores y el fin de la corrupción en las corporaciones estatales. Tiene que rechazar las políticas de austeridad y privatización, anular el aumento de la edad de jubilación, defender la educación y sanidad públicas de calidad, y el restablecimiento de todos los beneficios y prestaciones sociales perdidas con la restauración capitalista.
Juntos a estas reivindicaciones, la vanguardia obrera tiene que oponerse tajantemente a la intervención imperialista de Occidente o de Rusia, luchar por la libertad de organización y manifestación, y de todos los presos políticos. Y lo más importante, crear sus propios organismos de lucha y sindicatos independientes, como parte de un proceso para construir un partido revolucionario que levante la bandera de la transformación socialista de Bielorrusia.
