No habían transcurrido 29 días de la brutal agresión imperialista del 3 de Enero, cuando la Asamblea Nacional decidió discutir la Ley de Amnistía para la convivencia democrática, propuesta por la presidenta Delcy Rodríguez.
Esta ley, presentada como un paso hacia la “reconciliación nacional” y la “paz social” en Venezuela, beneficia sobre todo a dirigentes de la oposición de derecha y ultraderecha, incluidos golpistas y participantes en atentados terroristas contra el pueblo que causaron víctimas mortales. Mientras, mantiene e incluso intensifica la represión contra el sindicalismo combativo y las organizaciones de izquierda que denuncian el sometimiento del Gobierno a la agenda impuesta por EEUU, las concesiones a los empresarios venezolanos y extranjeros y la liquidación definitiva de todos los avances conquistados durante la revolución bolivariana.
Su aprobación no se puede entender al margen del resto de medidas que está aplicando el Gobierno de Delcy Rodríguez siguiendo la agenda colonialista impuesta por Donald Trump.
Desde el 3 de Enero, el Gobierno ha puesto el control del petróleo y los recursos mineros venezolanos en manos de las grandes multinacionales energéticas yanquis y occidentales mediante la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH)[1] y la nueva ley de minas, ha privatizado el sector salud en beneficio de las aseguradoras y clínicas privadas y acaba de anunciar la liquidación de los pocos derechos sociales y laborales que quedaban en pie de la Ley Orgánica del Trabajo para las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT) aprobada bajo el Gobierno de Hugo Chávez.
Para aplicar estas y otras medidas, el imperialismo estadounidense y la oligarquía quieren sellar un gran pacto político entre el Gobierno y la oposición de derecha y ultraderecha que garantice estabilidad. Como explicaba el 31 de enero el propio Trump, se trata de "juntar" a las partes – madurismo y oposición- y "hacer algo" para avanzar en una transición[2]. La Ley de Amnistía forma parte de ese objetivo.
Una amnistía a la medida de la derecha y los empresarios
Cómo toda norma creada en el sistema capitalista, la Ley de Amnistía para la convivencia democrática deja en evidencia lagunas legales para que el administrador del estado la ejecute a su conveniencia y en beneficio de la burguesía. Concede amnistía general y plena a delitos o faltas cometidos en el marco de eventos políticos desde el año 1999 hasta la presente fecha, especificando momentos históricos que dejaron profundas heridas en el pueblo con la violencia que organizaron y financiaron la oligarquía venezolana y el imperialismo estadounidense, como el golpe de estado de abril de 2002, el paro patronal o las diferentes intentonas golpistas y terroristas que causaron decenas de muertes.
El privilegio a la casta política oligárquica más corrupta y pro-imperialista es evidente. Dirigentes como Capriles Radonsky que desde 1999 hicieron llamados abiertos a la violencia, generaron caos y muertes a ciudadanos de nuestros barrios por ser de piel oscura y señalados como chavistas, nunca fueron procesados, ni imputados. Incluso se les permitió participar en elecciones de cargos públicos, y desde el año pasado son habilitados políticamente. Hoy en día estos criminales oligarcas son diputados de la Asamblea Nacional.
Así mismo lo vemos con otros pro-fascistas como Leopoldo López, Juan Guaidó y María Corina Machado (MCM), los cuales salieron del país sin rendir ni cumplir cuentas judiciales por los atentados terroristas que impulsaron y golpes de estado que promovieron. Ahora hacen lobbies internacionales, agradeciendo orgullosamente los ataques mortíferos del imperialismo contra nuestro pueblo, y esperan impacientemente las órdenes de su jefe superior Trump para regresar, cumplir lo que dijo de lograr juntar las partes, y así estabilizar por completo el régimen capitalista en Venezuela, ahora bajo su propio tutelaje, abiertamente dirigido y controlado desde EEUU.
Mientras los verdaderos delincuentes, corruptos, autores intelectuales de masacres y sus financistas quedan libres, disfrutando seguir saqueando a la nación y empobreciendo a la población, se mantienen medidas represivas contra los humildes y los trabajadores que siempre hemos expuesto el pellejo y entregado la vida por un futuro digno.
Ni justicia ni reparación para los trabajadores injustamente encarcelados
Esta Ley deja muy claro que ni la burocracia del estado y la boliburguesía procedente de sus filas, en las que se apoya el Gobierno de Delcy Rodríguez, ni la derecha, la ultraderecha y la oligarquía de toda la vida de Fedecámaras y otras federaciones empresariales, tienen el menor interés en acabar con la represión. Tampoco en investigar los malos tratos sufridos por centenares de jóvenes pertenecientes a los sectores populares a manos de la policía.
Durante las protestas masivas del 28 y 29 de julio de 2024, dirigentes de derecha y ultraderecha como MCM, Leopoldo López, Capriles o Guaidó intentaron aprovechar el sufrimiento y desespero de nuestra gente humilde indignada con el Gobierno para su objetivo de llegar a Miraflores.
Miles de personas pertenecientes a sectores populares, mostrando su rabia contra las políticas capitalistas de favorecer a los empresarios y de giro a la derecha del Gobierno de Nicolás Maduro, atacando las conquistas y reivindicaciones conseguidas antes y durante los gobiernos de Chávez, participaron en las protestas y terminaron encarcelados injustamente. En su mayoría eran jóvenes y trabajadores de nuestros barrios humildes, que en su momento estuvieron fervientemente al lado de la revolución.
Utilizar el apoyo a la amnistía para imponer la “paz social”
Como es natural, las madres y familiares de estos presos y presas de sectores populares, que tienen año y medio movilizándose, exigiendo su libertad, han recibido con alivio y esperanza la Ley. Sin embargo, ésta no incluye ninguna indemnización, investigación ni depuración de responsabilidades por la evidente violación de derechos humanos y los graves daños físicos, psicológicos y materiales causados a las presas y presos y sus familiares.
Tampoco recoge la reincorporación a sus puestos de trabajo y el reconocimiento de sus beneficios laborales durante todo este tiempo de encarcelamiento injusto y arbitrario.
El Gobierno y oposición de derecha pretenden utilizar el apoyo lógico de esas familias humildes a la liberación de sus hijos e hijas para meter en el mismo saco sus pactos y borrar los crímenes de asesinos como MCM, Guaidó, Leopoldo López, Capriles, entre otros, y las posibles consecuencias penales.
Al mismo tiempo, leyes que se aprobaron con la falsa excusa de luchar contra el imperialismo y la ultraderecha, como la Ley de Conmoción Interior o la Ley contra los delitos de odio, seguirán siendo utilizadas contra cualquiera que se movilice rechazando las medidas de sometimiento a EEUU y a la oligarquía que se están aprobando, como ya le ha pasado a los trabajadores petroleros, de las empresas básicas, de la electricidad y a diferentes luchadores sociales.
Toda la legislación represiva aprobada durante los últimos años se mantiene intacta en manos de la burocracia corrupta y los empresarios, que amenazan a los luchadores obreros y populares de la misma manera que el imperialismo utiliza el ataque militar como chantaje para imponer sus medidas, si no se cumplen complacientemente sus órdenes, controlando a la población y a la izquierda.
Las leyes represivas creadas por la burocracia del gobierno seguirán siendo útiles para la dominación de los oprimidos y en cualquier momento pueden ser utilizadas con mayor brutalidad, quedando incluso a disponibilidad de cualquier otro gobierno de derecha para ser descargadas contra las masas obreras que levanten la voz por sus derechos.
De momento la burocracia garantiza al imperialismo neutralizar cualquier alternativa de organización y lucha por la izquierda. La ley también deja esto claro, excluyendo de la amnistía los procesos judiciales en marcha contra dirigentes del chavismo crítico, trabajadores y campesinos, que están encarcelados o siendo acosados administrativamente por denunciar corrupción, respaldar luchas sociales o exigir sus derechos políticos de participación a cargos de elección popular. Así mismo, se mantienen secuestradas las tarjetas electorales de organizaciones como el PCV, PPT entre otras de izquierda, por parte del Gobierno mediante el aparato judicial y estatal.
Levantar una alternativa de clase
La burguesía y boliburguesía, representadas por las patronales Fedecámaras y Fedeindustria, aplaudieron entusiasmados esta ley como instrumento para imponer la “paz social” mientras negociaban con el Gobierno una reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, que incluye más desmejoras y reducciones salariales y la eliminación de las prestaciones sociales y derechos fundamentales.
El gobierno ha escuchado amablemente sus sugerencias. Queda claro que no solo favorecerá la expoliación y saqueo de los recursos energéticos y minerales del país por las multinacionales imperialistas. También está dispuesto a garantizar a estas y los empresarios venezolanos explotar al máximo nivel y al costo más barato la fuerza de trabajo, como ya vienen aplicando diferentes decretos presidenciales, de ministerios y tribunales.
La clase trabajadora revolucionaria debemos estar conscientes de que ni la ultraderecha ProMAGA de EEUU representada por MCM, ni la burocracia capitalista que gobierna en obediencia a Trump, ni la derecha supuestamente moderada de Capriles o la autodenominada socialdemócrata de Enrique Márquez pueden ser la solución de nuestros problemas.
El único camino para luchar por derechos sociales, libertades democráticas, salarios dignos, entre otras justas reivindicaciones, es organizarnos y construir una alternativa propia de nuestra clase, que nos permita crecer con la fuerza de las masas populares para acabar con este estado burgués de burócratas represores, mafiosos, corruptos y capitalistas, instalando un verdadero estado revolucionario regido directamente por los trabajadores y el pueblo humilde organizado.
[1] Washington privatiza y pone bajo su control directo el petróleo venezolano
[2]Trump sugiere «juntar» al chavismo y a la oposición para la transición en Venezuela
