El pasado 9 de septiembre un incendio arrasó el campo de refugiados de Moria en la isla griega de Lesbos, el mayor campo de refugiados de Europa, poniendo nuevamente de manifiesto las condiciones infrahumanas en que se encuentran los migrantes y la política reaccionaria y racista de cierre de fronteras llevada a cabo por la Unión Europea.
“Lo que ha ocurrido es devastador, pero no podemos decir que nos sorprenda. Es el resultado de la política de contención de Grecia y la UE, basada en mantener a miles de personas en condiciones inhumanas y agravada por el encierro al que se les ha sometido durante la pandemia”, así denunciaba la situación Dora Vangi, de Médicos Sin Fronteras.
Con capacidad para 2.800 personas, en la actualidad este campo albergaba a cerca de 13.000 refugiados, 1.100 de ellos menores no acompañados. Convertido de facto en un campo de concentración, donde la mayor preocupación del Gobierno griego y la Unión Europea ha sido mantener a los refugiados prisioneros para evitar su paso al continente, el campo de Moria se había transformado en una bomba de relojería. Agrupados en tiendas de plástico con capacidad para 15-20 personas, con un retrete por cada 160 refugiados y una ducha cada 500, era una ratonera para el Covid-19. Ya en 2016 hubo un incendio que obligó a reubicar a los 4.500 refugiados que albergaba por aquel entonces, y otro en 2019. Ambos presagiaban lo que finalmente ha ocurrido. La única respuesta por parte de la UE entonces fue la promesa de enviar 4.000 funcionarios para agilizar los trámites de petición de asilo. Por supuesto... nunca llegaron.
Ahora, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, apelaba —con todo el cinismo al que nos tienen acostumbrados— a la necesidad de un nuevo pacto sobre migración que sea “efectivo y humano”.
La farsa de la “política humanitaria” de la Unión Europea
Durante la crisis del Covid-19, que ha evidenciado la total descoordinación y la política del sálvese quien pueda que impera en la UE, hemos escuchado reiteradas alusiones a la importancia de respetar los derechos humanos, llamamientos a la solidaridad entre los distintos países, etc. Pero la cruda realidad enseña que los únicos acuerdos alcanzados han ido dirigidos a evitar la llegada de refugiados a la UE, como viendo siendo la norma, muy especialmente desde 2015.
La guerra en Siria y el avance talibán en Afganistán e Iraq provocaron más de un millón de desplazados que buscaban refugio en Europa. La foto de Aylan Kurdi, un niño de tan solo tres años que falleció ahogado cuando intentaba llegar a Grecia desde Turquía, llenó las portadas de todos los periódicos y levantó muchas promesas por parte de la Unión Europea de poner remedio a la situación de los refugiados. Fruto de esa crisis nació el vergonzoso acuerdo entre la UE y Turquía, por el que la primera entregaría 6.000 millones de euros a Turquía (de los cuales se han desembolsado 3.200) a cambio de que este régimen dictatorial cerrara sus fronteras y evitara el paso de los refugiados a Grecia, principal puerta de entrada. Turquía, con más de 4 millones de población refugiada en su territorio y convertido en una gran cárcel sin barrotes, utiliza esta situación como arma política para chantajear a la UE a cambio de más dinero y apoyo en Siria.
Este es el “humanitarismo” de la “democrática” Europa. La clase dominante y sus Gobiernos intentan sacar el máximo beneficio del sufrimiento de millones de jóvenes y trabajadores. Sin ir más lejos, en marzo de este año, Ursula von der Leyen se desplazaba hasta la frontera griega para exigir a Erdogan el cumplimiento del acuerdo, después de que volviese a permitir el paso de migrantes hacia Europa.
Es obvio que el incendio de Moria no es un accidente ni un caso aislado, sino la consecuencia de la verdadera política criminal de la Unión Europea. No hay más que ver cómo se han desarrollado los acontecimientos tras el incendio. Lejos de ser trasladados al continente, los refugiados han sido nuevamente reubicados en otro campo, esta vez con una única entrada y al lado del mar para poder evitar su salida. Este nuevo alojamiento financiado por la UE no tiene agua corriente ni luz, carece de asistencia sanitaria y cuenta con algunas mantas como única protección para el invierno.
Bajo amenaza del Gobierno de derechas griego de no respetar el estatus de solicitantes de asilo si no se dirigían al nuevo campo, cerca de 11.000 migrantes han sido nuevamente confinados tras ser duramente reprimidos con gases lacrimógenos por protestar contra esas condiciones infrahumanas.
Se calcula que hay otros 50.000 migrantes en Grecia, 35.000 de ellos en las islas, en las mismas condiciones. Además de la falta de higiene, acceso al agua, asistencia médica o legal, el hacinamiento en que viven —donde la única ayuda sobre el terreno proviene de ONG—, las largas colas para poder obtener algo de comida, el aumento de las enfermedades mentales, la aparición de mafias que se aprovechan de la situación, el riesgo de sufrir agresiones sexuales… han hecho de estos lugares un infierno similar o peor del que huyen. Y estas son las condiciones en las que los refugiados enfrentan la pandemia del coronavirus.
Nuevo acuerdo migratorio: más represión y criminalización
Con la financiación del nuevo campo para realojar a los migrantes de Moria, la UE constata que, más allá de llamamientos vacíos a la solidaridad, su mayor preocupación es seguir impidiendo la llegada de refugiados a Europa.
En la negociación sobre un nuevo acuerdo migratorio, la comisaria de interior de la UE, Ylva Johansson, hablaba de establecer “cuotas de acogida obligatorias”. Finalmente, el 23 de septiembre se presentó la nueva propuesta: no solo no se establecerá la obligatoriedad de acoger refugiados entre los 27 miembros de la Unión, sino que se establecerá lo que han llamado cínicamente “solidaridad a la carta” consistente en que “los países podrán elegir entre la reubicación o el patrocinio de retornos”. Es decir, se promocionará su expulsión. ¿Cómo? Los países que se nieguen a acoger migrantes podrán patrocinar sus expulsiones o reclusiones aportando “apoyo operativo, logístico y económico para financiar centros de recepción”.
A esto hay que sumar la decisión de incrementar la vigilancia en las fronteras exteriores a través del refuerzo con más medios de Frontex, agilizar la política de retornos... Como afirmaba el vicepresidente de la Comisión Europea encargado de la cartera migratoria, Schinas, lo que había hasta ahora no era suficiente: “Ahora, la única obligación para un país es tomar huellas dactilares de quien llegue irregularmente y registrarlo. Bajo la nueva normativa, los recién llegados serán sometidos a intensos chequeos de identidad, seguridad y salud”.
Estas medidas están en completa consonancia con las exigencias de los partidos de la extrema derecha europea e internacional. Y esta es la única política que puede ofrecer a la clase obrera, nativa o extranjera, cada uno de los Gobiernos, socialdemócratas o de derechas, que forman esta Unión Europea de los capitalistas.
Nativa o extranjera, la misma clase obrera
Unidas Podemos ha anunciado que registrará en los próximos días una proposición no de Ley en el Congreso para exigir al Gobierno que se implique en el realojo de los refugiados y establezca “un plan urgente para acoger al menos a una parte de estas personas, que en su mayoría son solicitantes de asilo”.
Pero la realidad es que en el Estado español actualmente solo el 5% de las peticiones de asilo se resuelven favorablemente, mientras más de 130.000 solicitudes siguen pendientes de resolución. Un caso ilustrativo es el de los refugiados del Aquarius, recibido en 2018 en el puerto de Valencia con un gran foco mediático. Hoy, de las 376 solicitudes de asilo presentadas se han estudiado 62 casos y solo cuatro han obtenido el estatus de refugiados.
La propuesta de regulación de los migrantes —cuando se puso en evidencia su papel esencial en los trabajos del campo— que realizó Unidas Podemos durante la pandemia, finalmente también quedó en nada. Y a esto hay que sumar que el Gobierno de coalición sigue sin derogar la Ley Mordaza —que abrió la puerta a las devoluciones en caliente—, las concertinas están siendo retiradas, pero al mismo tiempo se van a destinar 32 millones de euros a reforzar la seguridad y elevar la valla hasta los 10 metros. Tras el incendio de Moria, el Gobierno se ha negado a acoger a ningún refugiado alegando la presión migratoria que sufre el Estado español. Hechos y no palabras es lo que hace falta.
Los que recortan recursos en nuestra sanidad y educación públicas, en nuestras pensiones, quienes alientan los desahucios y especulan con el precio de la vivienda, quienes privatizan los servicios esenciales para hacer negocio y llenar sus bolsillos —la banca, los grandes empresarios y sus representantes políticos— son los mismos que inoculan el veneno del racismo y la xenofobia, criminalizando a los inmigrantes, señalándolos como el enemigo a batir, y tratando de enfrentarnos con nuestros hermanos de clase.
Por eso desde Izquierda Revolucionaria decimos alto y claro que la única alternativa frente a esta barbarie es levantar un programa socialista que combata los ataques, los recortes y la precariedad, que exija terminar con todas las leyes reaccionarias que cercenan los derechos democráticos, que defienda la depuración de la judicatura, la policía y el ejército de elementos fascistas, y que, a través de la organización y la movilización, expropie a los grandes capitalistas para poner bajo el control de los trabajadores, nativos y extranjeros, toda la riqueza existente que permitiría asegurar una vida digna para todos y todas.
