Durante el mes de junio hemos asistido a un encadenamiento de huelgas en toda Europa. No son las primeras -desde principios de año, y empezando por Grecia, las protestas en el continente se han sucedido sin descanso- ni serán las últimas. La tendencia es a persistir y a recrudecerse al calor de los planes de ajuste ya aprobados, de nuevos ataques y del estancamiento económico.
Durante el mes de junio hemos asistido a un encadenamiento de huelgas en toda Europa. No son las primeras -desde principios de año, y empezando por Grecia, las protestas en el continente se han sucedido sin descanso- ni serán las últimas. La tendencia es a persistir y a recrudecerse al calor de los planes de ajuste ya aprobados, de nuevos ataques y del estancamiento económico.
Francia: incrementándose el apoyo a las protestas
El 24 de junio eran los trabajadores franceses los que protestaban contra el plan de ajuste del gobierno Sarkozy, en concreto, contra la reforma de las pensiones, que pretende incrementar la edad de jubilación de los 60 a los 62 años y el aumento del tiempo de cotización a 41,4 años para poder acceder al 100% de la pensión.
Alrededor de dos millones de franceses salieron a la calle en más de 200 manifestaciones, en una jornada de lucha que superó la anterior del 27 de mayo. Hubo más de 100.000 manifestantes en París y otros tantos en Marsella. Incluso la prensa conservadora calificaba las protestas de "masivas" y el propio gobierno, a pesar de tirar las cifras descaradamente a la baja, tuvo que reconocer que 800.000 personas salieron a la calle, más del doble de lo que reconoció en la jornada de lucha de mayo. La tendencia ascendente de las movilizaciones no se puede ocultar.
El ambiente social contra las medidas del gobierno se refleja también en las encuestas. Según un sondeo del instituto francés BVA de mediados de junio, el 54% de los franceses está en contra de la reforma de las pensiones, el 61% piensa que no es justa y el 84% que no servirá para reequilibrar la financiación del sistema de forma duradera. Según otra encuesta de CSA para el diario L'Humanité, el 68% de los franceses entiende y se identifica con los manifestantes.
Además de la reforma de las pensiones se ha puesto en marcha un plan de ajuste de 100.000 millones de euros en tres años y una reducción de 200.000 funcionarios en seis años, por lo que las condiciones para una confrontación social prolongada están servidas. La actitud arrogante del primer ministro, Fillon, diciendo que los planes de ataque van a continuar y que las manifestaciones "no resuelven los problemas demográficos", haciendo referencia al supuesto problema de las pensiones, no han hecho más que echar más leña al fuego. Bernard Thibault, secretario general de la CGT, ha hecho declaraciones rotundas respecto a la continuidad de las movilizaciones. "Esto no ha hecho más que empezar", declaró en las manifestaciones de protesta, anunciando un otoño caliente.
En plena ofensiva contra los trabajadores, en la que el gobierno se llena la boca con la necesidad de austeridad y sacrificios, ha estallado un escándalo de financiación ilegal que afecta directamente al ministro de Trabajo. Además, dos secretarios de Estado han tenido que dimitir al conocerse que uno de ellos había contratado por 116.000 euros un reactor privado para participar en una conferencia de ayuda a los afectados por el terremoto de Haití (¡) y otro había gastado 12.000 euros de dinero público para comprar puros. La popularidad de Sarkozy, según el barómetro TNS-Sofres, se encuentra en el 26%, el nivel más bajo de los últimos tres años.
Italia: un millón de trabajadores en la calle en la huelga general del 25 de junio
El 25 de mayo el gobierno de Berlusconi aprobaba un plan de ajuste por el que se recortarán 24.000 millones de euros de los presupuestos en los próximos dos años y la congelación salarial de los funcionarios durante el mismo periodo. El 25 de junio los trabajadores italianos secundaban la convocatoria de la CGIL de huelga general de 24 horas en el sector público y de 4 horas en el privado y en los transportes. La respuesta en la calle fue contundente. La manifestación de Bolonia, con más de 100.000 personas, fue la más numerosa. Hubo 70.000 en Milán y otras tantas en Nápoles, aparte de manifestaciones importantes en Roma, Palermo y otras ciudades. Según la CGIL alrededor de un millón de personas se manifestaron este día. El gobierno, en una actitud de clara provocación, dijo que tan sólo un 2% de los trabajadores público apoyaron la huelga y el ministro de Trabajo dijo que manifestarse era como "protestar contra la lluvia, el ajuste es inevitable". Previamente, el sábado 12 de junio, hubo una manifestación de 100.000 personas en las calles de Roma, convocada también por la CGIL como calentamiento de la jornada de huelga. El 16 de junio los médicos se manifestaban frente al senado cuando éste discutía los recortes que afectan al colectivo; un representante de la Unión de Sindicatos de Base (USB) denunciaba que las medidas significarán la pérdida de 27.000 camas en los hospitales, faltarán 20.000 médicos y trabajadores sanitarios para hacer funcionar en condiciones los hospitales y se fomentará la sanidad privada.
Berlusconi está sufriendo una importante contestación por parte de los trabajadores y otros sectores sociales, y su gobierno (implicado abiertamente en casos de corrupción y relaciones con la mafia) tiene cada vez más problemas internos, empezando por la posibilidad de una escisión de sectores del PdL, encabezados por su hasta ahora socio Fini. El gobierno de Berlusconi no es tan fuerte como quiere aparentar. En las últimas elecciones regionales su partido perdió gran cantidad de votos. Pretende hacer recaer una gran parte de los recortes del plan de ajuste en las alcaldías, provincias y regiones lo que le ha llevado a tener que afrontar, el 23 de junio, una manifestación de alcaldes, entre los que se incluían a los de su propia cuerda.
Grecia: 8 de julio, nueva huelga general
El estado de efervescencia del movimiento es grandísimo, las protestas y huelgas se suceden (los marineros el 31 de mayo rechazando los planes de privatización del cabotaje, el 4 de junio los periodistas y el transporte, el 16 de junio el Metro de Atenas con paros de varios días, también los abogados, y los profesores que se han negado a corregir las pruebas de acceso a la universidad, y el 17 de junio el resto del transporte). El 23 de junio y 29 de junio (la sexta huelga general) los trabajadores griegos volvían a la calle contra la reforma de las pensiones y la reforma laboral, que facilitará y abaratará el despido (reduce a la mitad las indemnizaciones), rebaja el salario mínimo, los jóvenes menores de 25 años cobrarán un sueldo mínimo menor del estipulado legalmente hasta ahora (pasará de 916 dólares a 733), entre otras cosas.
El 8 de julio se debate la reforma en el parlamento y para este día los sindicatos han convocado una nueva huelga general y el PAME (fracción vinculada al KKE dentro de la confederación sindical GSEE) ha puesta fecha para una nueva huelga en la primera quincena de septiembre y ha hecho un llamamiento a la coordinación de la luchas en Europa.
El gobierno de Papandreu, empujado y apoyado por el FMI y la UE, tiene el firme propósito de llevar estos planes adelante. La única manera de confrontar esta dureza es con un programa que combine la más amplia movilización con la extensión de medidas de control obrero y la popularización de reivindicaciones socialistas, como la nacionalización de las principales palancas de la economía y de la Banca. Las medidas de recortes, están concebidas exclusivamente para satisfacer las exigencias del capital financiero y lejos de solucionar los problemas de la economía griega, la empujarán todavía más hacia una espiral descendente. Los datos del primer trimestre de 2010 indican que el PIB cayó un 2,5% y la previsión para todo el año es de una caída de al menos el 4%. Esto significa que el Estado recaudará menos dinero y, siguiendo el criterio de la política de Papandreu, se harán necesarios todavía más recortes. Grecia pagará nada menos que el equivalente al 7,5% de su PIB sólo para hacer frente a los intereses de su deuda. Se detraen ingentes recursos económicos, se empobrece la sociedad a niveles escalofriantes y ni siquiera está conjurado el peligro de una suspensión de pagos. A pesar de los recortes se prevé que la deuda pública alcance el 150% de su PIB en 2013. Son muchos los economistas que hablan que la UE debería prepararse para esta eventualidad.
Alemania: confrontación social en el horizonte
En la primera quincena de junio el gobierno de Merkel anunció un recorte de 80.000 millones de euros, de los que 30.000 saldrán de las ayudas sociales, afectando especialmente a los parados de larga duración, y se prevé el recorte de 15.000 empleos públicos. Tanto la envergadura de los recortes que se están poniendo en práctica en toda Europa (además de los mencionados hay que destacar el plan de ajuste anunciado por el nuevo gobierno británico, el más duro desde la Segunda Guerra Mundial, y que llevó a los sindicatos a amenazar con una huelga general en protesta; también el del gobierno danés que implica el despido de 20.000 trabajadores públicos y que ha provocado que el 8 de junio 80.000 personas se manifestaran contra él), como el hecho de que se estén poniendo en marcha simultáneamente, están ahondando en la perspectiva de estancamiento prolongado de la economía europea.
La reunión del G-20 ha sido el escenario de un enfrentamiento entre Alemania y EEUU, en el que el gobierno de Obama reprochaba a Merkel no utilizar su superávit fiscal para fomentar el consumo interno y así, contribuir al "reequilibrio" de la economía mundial. Sin embargo, la burguesía alemana, como todas las burguesías del mundo, incluida la de EEUU, tienen como objetivo en esta situación de crisis exportar los problemas a otras burguesías arrebatándoles la máxima cuota de mercado posible. La burguesía alemana ha sido, en los últimos años, una campeona en aumentar la competitividad de sus productos a costa de los salarios de sus trabajadores y del recorte de los gastos sociales. De hecho, el gasto social ha pasado del 50% del PNB en 1990 al 44% en la actualidad. Los impuestos y las cotizaciones sociales eran del 39,3% del PIB ya en 2006, cuando la media de la UE-27 era del 39,9%. El salario medio real de los trabajadores alemanes ha caído un 9% en los últimos diez años y según el Instituto Alemán de Investigaciones Económicas (DIW) en el mismo periodo ha aumentado el porcentaje de pobres del 18% al 22%, a la vez que se incrementaba el porcentaje de ricos, del 15,6%, al 16,8%. Estos datos revelan las claves de la competitividad alemana en los últimos años. Los planes de ajuste puestos en marcha ahora son una vuelta de tuerca en esta línea de aligerar el gasto social y el peso de los salarios.
Con esta política Merkel está tensando la situación social y política alemana al máximo. Según ha publicado La Vanguardia (22/6/10) 4 de cada 5 alemanes critican el plan de austeridad por ser "socialmente desequilibrado". El descontento con el gobierno es del 86% de la población y el 47% piensa que son necesarias elecciones anticipadas. Ya ha habido las primeras manifestaciones contra el plan de ajuste: 20.000 se manifestaron en Berlín y otras tantas en Stuttgart el 12 de junio, y una importante movilización estudiantil por el mismo motivo, el 9 de junio.
Toda la apuesta de Merkel para evitar una creciente confrontación social en Alemania es que se produzca una recuperación económica prolongada, después de la debacle de 2009 (-5% del PIB). Ni siquiera esta hipótesis evitará un futuro de aumento de la lucha de clases; en todo caso, en un contexto mundial de estancamiento y de nuevos rebrotes de la crisis de la deuda europea, en la que la banca alemana es la más expuesta (a finales de 2009 sus "créditos malos" eran de 213.000 millones de euros), la perspectiva de una economía boyante que sirva para amortiguar la lucha de clases es altamente improbable.
La burguesía europea está abocada a seguir atacando a la clase obrera para poder hacer frente a un contexto de mayor competencia capitalista y de disminución de los beneficios. La UE ha dejado de ser, irreversiblemente, el modelo del Estado de bienestar y se adentra en un escenario de endurecimiento cada vez mayor de la lucha de clases en el que, con toda probabilidad, el curso 2010-2011 marcará un punto de inflexión.
Francia: incrementándose el apoyo a las protestas
El 24 de junio eran los trabajadores franceses los que protestaban contra el plan de ajuste del gobierno Sarkozy, en concreto, contra la reforma de las pensiones, que pretende incrementar la edad de jubilación de los 60 a los 62 años y el aumento del tiempo de cotización a 41,4 años para poder acceder al 100% de la pensión.
Alrededor de dos millones de franceses salieron a la calle en más de 200 manifestaciones, en una jornada de lucha que superó la anterior del 27 de mayo. Hubo más de 100.000 manifestantes en París y otros tantos en Marsella. Incluso la prensa conservadora calificaba las protestas de "masivas" y el propio gobierno, a pesar de tirar las cifras descaradamente a la baja, tuvo que reconocer que 800.000 personas salieron a la calle, más del doble de lo que reconoció en la jornada de lucha de mayo. La tendencia ascendente de las movilizaciones no se puede ocultar.
El ambiente social contra las medidas del gobierno se refleja también en las encuestas. Según un sondeo del instituto francés BVA de mediados de junio, el 54% de los franceses está en contra de la reforma de las pensiones, el 61% piensa que no es justa y el 84% que no servirá para reequilibrar la financiación del sistema de forma duradera. Según otra encuesta de CSA para el diario L'Humanité, el 68% de los franceses entiende y se identifica con los manifestantes.
Además de la reforma de las pensiones se ha puesto en marcha un plan de ajuste de 100.000 millones de euros en tres años y una reducción de 200.000 funcionarios en seis años, por lo que las condiciones para una confrontación social prolongada están servidas. La actitud arrogante del primer ministro, Fillon, diciendo que los planes de ataque van a continuar y que las manifestaciones "no resuelven los problemas demográficos", haciendo referencia al supuesto problema de las pensiones, no han hecho más que echar más leña al fuego. Bernard Thibault, secretario general de la CGT, ha hecho declaraciones rotundas respecto a la continuidad de las movilizaciones. "Esto no ha hecho más que empezar", declaró en las manifestaciones de protesta, anunciando un otoño caliente.
En plena ofensiva contra los trabajadores, en la que el gobierno se llena la boca con la necesidad de austeridad y sacrificios, ha estallado un escándalo de financiación ilegal que afecta directamente al ministro de Trabajo. Además, dos secretarios de Estado han tenido que dimitir al conocerse que uno de ellos había contratado por 116.000 euros un reactor privado para participar en una conferencia de ayuda a los afectados por el terremoto de Haití (¡) y otro había gastado 12.000 euros de dinero público para comprar puros. La popularidad de Sarkozy, según el barómetro TNS-Sofres, se encuentra en el 26%, el nivel más bajo de los últimos tres años.
Italia: un millón de trabajadores en la calle en la huelga general del 25 de junio
El 25 de mayo el gobierno de Berlusconi aprobaba un plan de ajuste por el que se recortarán 24.000 millones de euros de los presupuestos en los próximos dos años y la congelación salarial de los funcionarios durante el mismo periodo. El 25 de junio los trabajadores italianos secundaban la convocatoria de la CGIL de huelga general de 24 horas en el sector público y de 4 horas en el privado y en los transportes. La respuesta en la calle fue contundente. La manifestación de Bolonia, con más de 100.000 personas, fue la más numerosa. Hubo 70.000 en Milán y otras tantas en Nápoles, aparte de manifestaciones importantes en Roma, Palermo y otras ciudades. Según la CGIL alrededor de un millón de personas se manifestaron este día. El gobierno, en una actitud de clara provocación, dijo que tan sólo un 2% de los trabajadores público apoyaron la huelga y el ministro de Trabajo dijo que manifestarse era como "protestar contra la lluvia, el ajuste es inevitable". Previamente, el sábado 12 de junio, hubo una manifestación de 100.000 personas en las calles de Roma, convocada también por la CGIL como calentamiento de la jornada de huelga. El 16 de junio los médicos se manifestaban frente al senado cuando éste discutía los recortes que afectan al colectivo; un representante de la Unión de Sindicatos de Base (USB) denunciaba que las medidas significarán la pérdida de 27.000 camas en los hospitales, faltarán 20.000 médicos y trabajadores sanitarios para hacer funcionar en condiciones los hospitales y se fomentará la sanidad privada.
Berlusconi está sufriendo una importante contestación por parte de los trabajadores y otros sectores sociales, y su gobierno (implicado abiertamente en casos de corrupción y relaciones con la mafia) tiene cada vez más problemas internos, empezando por la posibilidad de una escisión de sectores del PdL, encabezados por su hasta ahora socio Fini. El gobierno de Berlusconi no es tan fuerte como quiere aparentar. En las últimas elecciones regionales su partido perdió gran cantidad de votos. Pretende hacer recaer una gran parte de los recortes del plan de ajuste en las alcaldías, provincias y regiones lo que le ha llevado a tener que afrontar, el 23 de junio, una manifestación de alcaldes, entre los que se incluían a los de su propia cuerda.
Grecia: 8 de julio, nueva huelga general
El estado de efervescencia del movimiento es grandísimo, las protestas y huelgas se suceden (los marineros el 31 de mayo rechazando los planes de privatización del cabotaje, el 4 de junio los periodistas y el transporte, el 16 de junio el Metro de Atenas con paros de varios días, también los abogados, y los profesores que se han negado a corregir las pruebas de acceso a la universidad, y el 17 de junio el resto del transporte). El 23 de junio y 29 de junio (la sexta huelga general) los trabajadores griegos volvían a la calle contra la reforma de las pensiones y la reforma laboral, que facilitará y abaratará el despido (reduce a la mitad las indemnizaciones), rebaja el salario mínimo, los jóvenes menores de 25 años cobrarán un sueldo mínimo menor del estipulado legalmente hasta ahora (pasará de 916 dólares a 733), entre otras cosas.
El 8 de julio se debate la reforma en el parlamento y para este día los sindicatos han convocado una nueva huelga general y el PAME (fracción vinculada al KKE dentro de la confederación sindical GSEE) ha puesta fecha para una nueva huelga en la primera quincena de septiembre y ha hecho un llamamiento a la coordinación de la luchas en Europa.
El gobierno de Papandreu, empujado y apoyado por el FMI y la UE, tiene el firme propósito de llevar estos planes adelante. La única manera de confrontar esta dureza es con un programa que combine la más amplia movilización con la extensión de medidas de control obrero y la popularización de reivindicaciones socialistas, como la nacionalización de las principales palancas de la economía y de la Banca. Las medidas de recortes, están concebidas exclusivamente para satisfacer las exigencias del capital financiero y lejos de solucionar los problemas de la economía griega, la empujarán todavía más hacia una espiral descendente. Los datos del primer trimestre de 2010 indican que el PIB cayó un 2,5% y la previsión para todo el año es de una caída de al menos el 4%. Esto significa que el Estado recaudará menos dinero y, siguiendo el criterio de la política de Papandreu, se harán necesarios todavía más recortes. Grecia pagará nada menos que el equivalente al 7,5% de su PIB sólo para hacer frente a los intereses de su deuda. Se detraen ingentes recursos económicos, se empobrece la sociedad a niveles escalofriantes y ni siquiera está conjurado el peligro de una suspensión de pagos. A pesar de los recortes se prevé que la deuda pública alcance el 150% de su PIB en 2013. Son muchos los economistas que hablan que la UE debería prepararse para esta eventualidad.
Alemania: confrontación social en el horizonte
En la primera quincena de junio el gobierno de Merkel anunció un recorte de 80.000 millones de euros, de los que 30.000 saldrán de las ayudas sociales, afectando especialmente a los parados de larga duración, y se prevé el recorte de 15.000 empleos públicos. Tanto la envergadura de los recortes que se están poniendo en práctica en toda Europa (además de los mencionados hay que destacar el plan de ajuste anunciado por el nuevo gobierno británico, el más duro desde la Segunda Guerra Mundial, y que llevó a los sindicatos a amenazar con una huelga general en protesta; también el del gobierno danés que implica el despido de 20.000 trabajadores públicos y que ha provocado que el 8 de junio 80.000 personas se manifestaran contra él), como el hecho de que se estén poniendo en marcha simultáneamente, están ahondando en la perspectiva de estancamiento prolongado de la economía europea.
La reunión del G-20 ha sido el escenario de un enfrentamiento entre Alemania y EEUU, en el que el gobierno de Obama reprochaba a Merkel no utilizar su superávit fiscal para fomentar el consumo interno y así, contribuir al "reequilibrio" de la economía mundial. Sin embargo, la burguesía alemana, como todas las burguesías del mundo, incluida la de EEUU, tienen como objetivo en esta situación de crisis exportar los problemas a otras burguesías arrebatándoles la máxima cuota de mercado posible. La burguesía alemana ha sido, en los últimos años, una campeona en aumentar la competitividad de sus productos a costa de los salarios de sus trabajadores y del recorte de los gastos sociales. De hecho, el gasto social ha pasado del 50% del PNB en 1990 al 44% en la actualidad. Los impuestos y las cotizaciones sociales eran del 39,3% del PIB ya en 2006, cuando la media de la UE-27 era del 39,9%. El salario medio real de los trabajadores alemanes ha caído un 9% en los últimos diez años y según el Instituto Alemán de Investigaciones Económicas (DIW) en el mismo periodo ha aumentado el porcentaje de pobres del 18% al 22%, a la vez que se incrementaba el porcentaje de ricos, del 15,6%, al 16,8%. Estos datos revelan las claves de la competitividad alemana en los últimos años. Los planes de ajuste puestos en marcha ahora son una vuelta de tuerca en esta línea de aligerar el gasto social y el peso de los salarios.
Con esta política Merkel está tensando la situación social y política alemana al máximo. Según ha publicado La Vanguardia (22/6/10) 4 de cada 5 alemanes critican el plan de austeridad por ser "socialmente desequilibrado". El descontento con el gobierno es del 86% de la población y el 47% piensa que son necesarias elecciones anticipadas. Ya ha habido las primeras manifestaciones contra el plan de ajuste: 20.000 se manifestaron en Berlín y otras tantas en Stuttgart el 12 de junio, y una importante movilización estudiantil por el mismo motivo, el 9 de junio.
Toda la apuesta de Merkel para evitar una creciente confrontación social en Alemania es que se produzca una recuperación económica prolongada, después de la debacle de 2009 (-5% del PIB). Ni siquiera esta hipótesis evitará un futuro de aumento de la lucha de clases; en todo caso, en un contexto mundial de estancamiento y de nuevos rebrotes de la crisis de la deuda europea, en la que la banca alemana es la más expuesta (a finales de 2009 sus "créditos malos" eran de 213.000 millones de euros), la perspectiva de una economía boyante que sirva para amortiguar la lucha de clases es altamente improbable.
La burguesía europea está abocada a seguir atacando a la clase obrera para poder hacer frente a un contexto de mayor competencia capitalista y de disminución de los beneficios. La UE ha dejado de ser, irreversiblemente, el modelo del Estado de bienestar y se adentra en un escenario de endurecimiento cada vez mayor de la lucha de clases en el que, con toda probabilidad, el curso 2010-2011 marcará un punto de inflexión.
