Al albor de la crisis de la deuda soberana de los países de la Unión Europea y de una supuesta descapitalización de los bancos, los "mercados", como elefante en cacharrería, han apostado decididamente por destruir y vampirizar los Estados del Bienestar. Mientras los hachazos de Cospedal en Castilla-La Mancha son un perfecto ejemplo de la brutal ofensiva a la que deberá enfrentarse la clase trabajadora, el triunfo de Rajoy inaugura un aumento cada vez mayor de la polarización social y de la lucha de clases.
De la Reforma constitucional impuesta y los Planes de Ahorro a la fuerza al hachazo sanitario
La reforma constitucional dictada por los "mercados", es decir, el capitalismo, y puesta en marcha tras pedir los avales políticos correspondientes a los empresarios y a las cúpulas de los sindicatos mayoritarios, supuso un paso adelante en la estrategia de la burguesía para desmantelar el Estado del Bienestar, destruyendo, bajo la excusa de la crisis económica y la falacia de la deuda "soberana" y el "ajuste presupuestario", las conquistas sociales logradas en el siglo XX. ¿De qué soberanía estamos hablando, de la de los capitalistas y los sectores más ricos o de la del pueblo y la clase trabajadora, que somos la inmensa mayoría de la sociedad?
Los dirigentes socialdemócratas del PSOE, piensan, como el PP, que este recorte estimulará la economía, cuando basta mirar a Grecia, Irlanda o Portugal para ver que sucederá justo lo contrario, como han señalado incluso diversos economistas que siguen añorando a Keynes y la intervención directa del Estado en la economía bajo la tutela, por supuesto, de los propios mercados. Incluso algunos han llegado a afirmar, como Felipe González, que las enmiendas introducidas a propuesta de Rubalcaba matizaban las excesivas exigencias de los mercados y que permitirán un déficit del 0,4%. Pero, como señala Vicenç Navarro. "En realidad, en los últimos 20 años [...] ni la zona euro, ni la OCDE en su conjunto tuvieron un déficit estructural inferior al 0,4% ni un solo año. Alemania lo consiguió sólo un año, EEUU, tres años, Reino Unido, cuatro, y España, también cuatro, a costa, por cierto, de tener el gasto público por habitante más bajo de la UE-15.[...] En España, [los] ingresos [procedentes de la recaudación fiscal] representan sólo un 32% del PIB, mientras que en Suecia son un 52%. En realidad, si España tuviera la política fiscal de Suecia, su Estado ingresaría 200.000 millones de euros más, cantidad suficiente para eliminar el déficit del Estado y corregir el enorme déficit de gasto público social de España"1.
Descartada una subida de impuestos a los ricos tras el suicidio electoral y políticamente correcto del PSOE, también parece descartado un aumento de la presión fiscal. Los impuestos a las rentas superiores a 300.000 euros se redujeron un 37% entre 1993 y 2008 (el PP gobernó entre 1996 y 2004) y las inferiores solamente un 1,7%. Esto sucedió bajo el chantaje y la bota del Tratado de Maastricht. En dicho período aumentaron las diferencias en el déficit del gasto social en la UE-15, que fue mayor en 2007 que en 1993.
La reducción del gasto público en sanidad que introduce la reforma constitucional aprobada a espaldas de la voluntad popular, supone un recorte de unos 70.000 millones de euros al año de aquí al 2020, de los que la mayor parte procederá, sin duda, del gasto público sanitario (300.000 millones de € en 2011). Sin duda, el gobierno del PP endurecerá aún más los ataques contra la clase trabajadora en general y los empleados públicos en particular. Este hachazo presupuestario supone una reducción del 25% de los gastos sociales en un país que ya tiene el gasto público social más bajo de la Europa de los 15.
Antes del cataclismo electoral del PSOE, el gobierno de Zapatero, a propuesta de CiU, y para compensarla por su voto a favor de la contrarreforma de las pensiones, aprobó en el mes de julio el traspaso del patrimonio sanitario y sociosanitario (propiedad de la Seguridad Social) a las CC.AA. La riqueza creada por los trabajadores pasó así de un plumazo al gestor de turno, paralelamente a la privatización de las Cajas de Ahorro, otro atraco a mano armada al conjunto de la clase trabajadora.
La hoja de ruta de Cospedal
Tras la derrota electoral del PSOE en Castilla-La Mancha, Cospedal no tardó mucho en presentar sus alternativas, que además suponen un anticipo de las que hará el PP tras las elecciones. En agosto anunciaba un Plan de Garantías de Servicios Básicos (léase mínimos) para ahorrar 1.815 millones de euros entre 2011 y 2012, lo cual supone una reducción del 20% del presupuesto regional. Para “estimular la economía”, Cospedal va a provocar directamente una reducción del PIB de Castilla-La Mancha en 2012 mayor del 1%, según estimaciones de CCOO. Diversas fuentes señalan que se perderán unos 25.000 empleos (15.000 en el sector público y 10.000 inducidos en el sector privado).
La parte del león del ahorro se la lleva el ahorro sanitario, unos 400 millones de euros, bajo el nombre de "racionalización de las infraestructuras e instalaciones sanitarias". Esto significa que algunos centros se venderán y luego se alquilarán para su uso, sin que se haya detallado la letra pequeña. Se plantea el arrendamiento y el posterior derecho a recompra de los edificios de la Consejería de Sanidad (¿también hospitales o partes de ellos?), lo cual supone el riesgo de que el inmueble se venda por un precio más bajo y luego se alquile o se recompre más caro. Además, las ventas podrían realizarse no mediante concurso público, sino por procedimiento negociado privado.
En costes de personal se pretenden ahorrar 319 millones, mediante la supresión del 40% de los puestos de trabajo eventuales, de los que la mayor parte serán del Servicio de Salud (Sescam). Ya se están sustituyendo los contratos de interinidad por contratos temporales de duración indeterminada, siguiendo el modelo de su colega Aguirre en Madrid, e intensificando la política, ya iniciada por el PSOE regional, de no cubrir permisos o bajas laborales. Se ha congelado “temporalmente” la oferta pública de empleo para 2012 (6 millones de ahorro). En caso del absentismo laboral, se sustituye el pago de horas extras por tiempo de descanso (ahorro de 46 millones). También se suspenden la obra nueva e infraestructuras (247 millones), entre ellos las ampliaciones de los hospitales de Toledo y Guadalajara.
Entre el copago y el ataque a los empleados públicos
Aunque los dirigentes del PP repiten una y otra vez la cantinela de no estar a favor del copago sanitario, la realidad es que la burguesía se encuentra profundamente dividida ante el temor de contestación social. CiU, adelantándose al PP, ha anunciado que introducirá un método disuasorio (para las rentas más débiles, por supuesto), el llamado "ticket moderador", una versión del copago.
Sin embargo, lo más probable es que el PP primero promueva modificaciones legislativas para reducir el gasto sanitario público (que no el total, que aumentará), del que la mayor parte corresponderá a gastos de personal. En este sentido, una de las primeras medidas podría ser el aumento de la jornada laboral a 37,5 horas semanales (con el horizonte de las 40). Esta medida supondría una reducción progresiva de las plantillas de hasta un 14%. A esta medida se añadirían sucesivas congelaciones salariales y reducciones de la parte variable del salario y/o de las pagas extras. Tampoco podemos descartar modificaciones de diversas leyes (Sanidad, Estatuto-Marco, Estatuto Básico de los Empleados Públicos).
En segundo lugar, siguiendo los modelos ya ensayados en Valencia y Madrid, tratarán de impulsar las llamadas Iniciativas de Financiación Privada (IFP), que suponen privatizar directamente la gestión y parte de las plantillas. También, aprovechando las ya no tan nuevas formas de gestión (1997), y en sintonía con lo anterior, impulsarán la fragmentación y/o venta de diversos servicios sanitarios públicos, como está haciendo CiU en Catalunya. Debemos recordar que como resultado de la presión derivada de las movilizaciones y de la presentación de más de 400.000 firmas en el Congreso de los Diputados exigiendo la derogación de dicha Ley, el 24 noviembre de 2009 el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la propuesta de IU de “toma en consideración de la propuesta de reforma de la Ley 15/1997 Sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud”, con los votos favorables del PSOE. Este partido pretendía aparecer ante la opinión pública distanciado del PP en este asunto, dando la impresión de que iba a modificar la ley para limitar la participación de las empresas privadas en la sanidad pública. La realidad ha sido que el PSOE se ha dedicado durante estos dos últimos años a ampliar una y otra vez el plazo para alargar el proceso, afianzando los mecanismos que están convirtiendo el Sistema Nacional de Salud en un jugoso mercado. Una vez hecho el trabajo sucio, el PSOE ha dejado el camino libre para que el PP y los empresarios se lancen al negocio sin tapujos. Es decir, se profundizarán los procesos de externalización de servicios (contratación y subcontratación).
En tercer lugar, y aquí podemos hablar de pago, no de copago, Rajoy ya adelantó que se va a elaborar un catálogo de servicios sanitarios básicos. Lógicamente, si algun Servicio de Salud quiere ofertar otros servicios, lo hará mediante el pago directo.
Entre otras medidas, tampoco podemos descartar modificaciones laborales en el sentido de potenciar las mutuas privadas de asistencia sanitaria, ya sea referente a la Atención Primaria como a la Especializada. Otras medidas podrían afectar al aumento del porcentaje abonado directamente al adquirir medicamentos o productos sanitarios en las farmacias. Recordemos que los activos abonan el 40% (excepto en los mediamentos “subvencionados”) y los pensionistas están exentos de pago directo.
Hacia una mayor confrontación de clases
Alentados por el vuelco electoral, consecuencia directa del naufragio socialdemócrata, el PP no puede permitirse demasiado tiempo en enseñar sus cartas, lo cual augura un aumento de la polarizaciòn política y, con casi total seguridad, una progresiva desafección de diversos sectores sociales que esperan algún milagro de Rajoy (trabajadores atrasados, parados, autónomos, pequeños comerciantes y empresarios, agricultores y ganaderos...).
Como hemos visto frente a los recortes, la única alternativa es la lucha. Tanto en las movilizaciones masivas en Catalunya contra los recortes sanitarios de CiU como en la lucha de profesores y estudiantes si no han conseguido sus objetivos, ha sido porque los sindicatos mayoritarios no han estado a la altura de las circunstancias, dividiendo las luchas por sectores y territorialmente en vez de unificarlas.
Si queremos detener la ofensiva de la burguesía es tan nevitable luchar como necesaria la confluencia de los numerosos sectores en lucha. La convocatoria de una Huelga General se hace más necesaria cada día que pasa, porque la clase trabajadora se va a enfrentar a una ofensiva sin precedentes en la historia "democrática" de nuestro país.
1(Vicenç Navarro,
<http://blogs.publico.es/dominiopublico/3943/%C2%BFsalvar-el-estado-del-bienestar/>).
