En sintonía con los planes generales del gobierno del PP, en el terreno educativo, José Ignacio Wert, nuevo ministro de Educación, ha manifestado claramente su intención de profundizar el desmantelamiento de la escuela pública en todo el Estado, como vienen haciendo las comunidades autónomas gobernadas por la derecha. Así se desprende de las declaraciones en las que dice textualmente que “la educación pública ha dejado de contribuir a la sociedad”. Por si esto fuera poco, el nuevo ministro ha planteado que “hay que centrarse en la ‘calidad”, dando a entender que “público” y “de calidad” son conceptos antagónicos. Las medidas anunciadas hasta ahora son la extensión del bachillerato y de la FP de grado medio a tres años, eliminando 4º de la ESO, y la supresión de la convocatoria de plazas de profesores para este año. Ambas medidas suponen una agresión clarísima contra la enseñanza pública. En primer lugar, respecto a la ampliación del bachillerato (o la FP de grado medio) a tres años, la derecha retoma su vieja aspiración de segregar a los estudiantes a través de itinerarios, obligando a los jóvenes a elegir entre la universidad y la FP a los quince años. Además, siendo obligatoria la educación hasta los 16 años, se abre la puerta a la concertación del bachillerato, un jugoso pastel para la patronal de la privada-concertada.
Respecto a la segunda propuesta del ministro de Educación, llueve sobre mojado. Después del anuncio de varias comunidades autónomas gobernadas por el PP —como Castilla - La Mancha y Madrid— de despedir profesores interinos, ahora se da una vuelta de tuerca no cubriendo las plazas vacantes producto de las jubilaciones. Dichas medidas no harán otra cosa que alimentar el fracaso escolar, al reducir el número de profesores en uno de los cursos con mayor incremento del alumnado. En definitiva, estamos ante una nueva fase del proceso de desmantelamiento de la escuela pública. Un camino que, en comunidades gobernadas por la derecha como Madrid, lleva mucho trecho recorrido, provocando que en la actualidad existan 488 centros privados y privados concertados en Secundaria frente a 325 públicos.
En otro orden de cosas, la sustitución de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC) por Educación Cívica y Constitucional, que, según ha dicho, estará “libre de cuestiones controvertidas y de adoctrinamiento ideológico”, es un claro gesto hacia la base social más reaccionaria del PP. La derecha recoge el legado de la campaña orquestada por ellos mismos junto con la Iglesia católica hace unos años cuando, al calor de la aprobación de derechos como el de los matrimonios homosexuales, promovieron una campaña histérica convocando manifestaciones de carácter homófobo.

CCOO y UGT deben preparar un plan de lucha serio y contundente

Desde que comenzó la lucha contra los recortes en la enseñanza publica, desde el Sindicato de Estudiantes hemos planteado a los dirigentes de CCOO y UGT la necesidad de extender y radicalizar las movilizaciones, con un plan ascendente de lucha, alertando de que los ataques contra el profesorado eran el punto de partida de nuevos y más duros planes de ajuste, algo que ya se ha materializado. La realidad es que trabajadores del sector público y privado, parados, pensionistas, jóvenes…, todos somos víctimas y destinatarios de los planes de ajustes del gobierno. ¿Qué sentido tiene luchar separados por sectores o comunidades cuando los responsables los ataques son los mismos? Por ello, defendemos también la necesidad de unificar a todos los sectores en lucha, en la unidad esta la fuerza.
La clave para hacer frente a los ataques coordinados que estamos sufriendo los jóvenes y los trabajadores es que el movimiento obrero despliegue toda su fuerza en la calle. En esta coyuntura eso significa que los dirigentes sindicales de CCOO y UGT rompan con la política de pactos y consenso que han seguido desde que estalló la crisis —y que únicamente ha cosechado fracasos y retrocesos—, comenzando por levantarse inmediatamente de la mesa de negociación con la patronal, y convocando ya una huelga general.