Entrevista a Ana García, secretaria de organización y portavoz del Sindicato de Estudiantes

El Militante.— El 9 de mayo hay convocada huelga de estudiantes, padres y profesores en la educación pública. ¿Qué objetivos tiene esta convocatoria?
Ana García.— El 9 de mayo se va a producir una huelga histórica en los centros de estudio públicos de todo el Estado. Por primera vez los sindicatos de profesores junto con la CEAPA —principal asociación de madres y padres— y el Sindicato de Estudiantes convocamos huelga general en todos los tramos educativos, desde las escuelas infantiles hasta la universidad, contra los recortes del Partido Popular y su conocida contrarreforma franquista de la educación. Una contrarreforma que pretende devolvernos a la escuela de los años 50, recuperando las reválidas de la dictadura (tres selectividades entre 4º de la ESO y la universidad), imponiendo itinerarios segregadores y clasistas para expulsar prematuramente a los jóvenes con mayores dificultades y obligando, en la práctica, a los hijos de los trabajadores a coger las opciones más devaluadas y con mayor masificación. Una contrarreforma que aumenta los privilegios de la Iglesia Católica y su control sobre la enseñanza, volviendo a hacer evaluable la asignatura de religión, una ley que da por buenos los más de 60.000 despidos de profesores que se han producido este curso, así como el recorte de 5.000 millones de euros a la escuela pública. Una contrarreforma que destruye nuestro derecho a una enseñanza pública, gratuita, de calidad, laica y democrática.
EM.— ¿Qué balance hacéis de la movilización contra la ley Wert hasta el momento?
AG.— Ante la gravedad del ataque los jóvenes no hemos perdido ni un minuto. El Sindicato de Estudiantes convocó  una exitosa semana de lucha tan pronto como en octubre, con tres días continuados de huelga que fue apoyada también por nuestros padres, dando una dimensión más profunda a la lucha y popularizando los elementos más reaccionarios de la nueva ley del PP. El impacto de la movilización fue tan hondo que el propio ministro de Educación, que en las semanas y días previos había estado ridiculizando, insultando y criminalizando nuestra lucha, desapareció por completo de la escena pública; de hecho, a día de hoy, no ha recuperado todavía esas continuas apariciones que parecían gustarle tanto.
El efecto de millones de jóvenes yendo a la huelga y centenares de miles en las calles fue sin duda un duro golpe para los planes del PP. Ante la negativa a retirarla, volvimos a ir a una nueva semana de lucha, esta vez en febrero, con tres días de huelga, que volvió a paralizar por completo los institutos públicos de todo el Estado. Hemos desenmascarado públicamente el carácter reaccionario de la ley Wert y esto es un gran triunfo de la movilización. El gobierno del PP no ha podido aprobar su ansiada contrarreforma en diciembre de 2012, como públicamente reconocieron que era su intención, sino que se tendrán que ir como pronto a septiembre u octubre de 2013. Después del 9 de mayo toda la comunidad educativa debe continuar en pie de guerra, desde el primer día de clase del próximo curso. Los dirigentes sindicales deben mantener una actitud mucho más beligerante y movilizadora contra una ley que, de aprobarse, implicará un retroceso de calado histórico.
EM.— ¿Qué opinas de la campaña de criminalización del PP contra la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)?
AG.— Los jóvenes y trabajadores que están organizados en torno a la PAH son un auténtico ejemplo a seguir para todos aquellos que luchamos en defensa de los servicios públicos, contra los recortes y por unas condiciones de vida dignas. Con sus acciones masivas, pacíficas y democráticas están poniendo contra las cuerdas constantemente al gobierno del PP y dejando claro cómo este es un gobierno que sólo responde ante los intereses de una minoría de especuladores, banqueros y grandes empresarios, mientras que para la mayoría de la sociedad sólo aprueban recortes y más recortes. La campaña de criminalización contra la PAH es muy similar a la que, desde el Gobierno y sus medios de comunicación, llevaron contra nosotros en octubre. En aquel momento nos llamaron radicales, violentos y extremistas, a la vez que insinuaban que las organizaciones de madres y padres que nos apoyaban actuaban como si fueran terroristas. Es la falta de argumentos y el haber perdido la batalla de la opinión pública lo que les hace caer una y otra vez en el mayor de los ridículos.
EM.— ¿Crees que hay alguna alternativa viable a la política de recortes?
AG.— Sí, sí la hay. Siguiendo con la lucha contra los desahucios… ¿Cómo es posible que actualmente con 3,4 millones de vivienda vacías (un 10% más que en 2001) se esté echando cada semana a cientos de familias a la calle? Lo que es necesario es un gobierno de izquierdas que defienda de verdad las condiciones de vida de la mayoría, expropiando esos millones de viviendas —la mayoría en manos de los bancos— y las ponga al servicio de las necesidades sociales existentes. La idea de que no hay dinero es falsa. Los bancos —que han recibido decenas de miles de millones de dinero público— deben ser nacionalizados bajo el control de los trabajadores para que el dinero se utilice para volver a contratar a nuestros 60.000 profesores, para mejorar la asistencia sanitaria pública, para crear los puestos de trabajo que demanda la sociedad y acabar con las interminables listas del paro que sufrimos especialmente los jóvenes. En definitiva, hay que poner al servicio del conjunto de la sociedad la enorme riqueza que generan los trabajadores y que esta deje de estar al servicio de una minoría de parásitos, que lo único que hace es profundizar la crisis y aumentar su riqueza a costa de nuestras condiciones de vida. La lucha contra los recortes y por una educación digna es parte de una lucha más amplia por la transformación socialista de la sociedad.