¡Abajo el PP!
El 21 de diciembre el PP completará dos años en el gobierno. Durante este periodo la derecha ha emprendido los mayores ataques a la clase obrera y la juventud desde la caída de la dictadura, y tiene previsto continuar en esta línea hasta agotar la legislatura. La combinación de los efectos de la crisis capitalista y una sucesión continua de contrarreformas y recortes están provocando una acelerada degradación de las condiciones de vida de la inmensa mayoría, una verdadera catástrofe social que no tiene nada de “coyuntural” ya que, si no lo impedimos con la lucha, va a marcar el futuro de las actuales y venideras generaciones. ¿Y todo eso en aras de qué? De los intereses de la oligarquía financiera y de los grandes empresarios. Es a los bolsillos de esta ínfima minoría social donde va a parar todo el dinero que se sustrae de la sanidad y la educación públicas, de las pensiones y de otros servicios fundamentales para la gran mayoría de la gente. En un intento desesperado de contrarrestar su total deslegitimación social el gobierno insiste machaconamente en la idea de que la economía española está saliendo de la crisis y de “que los sacrificios empiezan a dar sus frutos”. Otra mentira más de la que son tan pródigos Rajoy y sus ministros.
Recortes salvajes e interminables
A lo que estamos asistiendo es a una guerra de clase, a un verdadero atraco social y el saldo es estremecedor. Desde el primer momento, el gobierno del PP pasó a la ofensiva. El 30 de diciembre de 2011 aprobó un decreto de medidas urgente, imponiendo el hasta entonces mayor recorte de gasto público de la historia reciente (8.900 millones de euros, una cifra ampliamente superada en medidas posteriores) y una importante subida de impuestos, afectando fundamentalmente al IRPF y al IBI. El 27 de enero de 2012 aprobó el anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria de las Administraciones Públicas, que refuerza la política de recortes sociales y la priorización del pago de la deuda en todas las administraciones (desarrollando la reforma de la Constitución aprobada por el PSOE y el PP durante el gobierno de Zapatero). En febrero aprobó una brutal reforma laboral que abarata la indemnización por despido improcedente y destruye los convenios colectivos. Con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2012, a finales de marzo, impuso un recorte adicional de 20.000 millones; paralelamente dio luz verde a una escandalosa amnistía fiscal que afectaba a 25.000 millones de euros defraudados a Hacienda por las grandes fortunas. Además, el gobierno congeló los sueldos de los funcionarios (incrementando su jornada laboral) y el salario mínimo profesional, y las pensiones subieron un mísero 1%.
En abril del mismo año volvió a imponer una nueva tanda de recortes de 10.000 millones, repartidos entre Educación (3.000 millones) y Sanidad (7.000 millones). Aprobó el copago farmacéutico (los pensionistas pagan el 10% del precio de las medicinas con un tope de entre 8 y 18 euros en función de la renta, y se restringe la asistencia sanitaria a los inmigrantes ilegales, incluidas sus familias). En julio, siguiendo los dictados de la troika el gobierno se comprometió a recortar 65.000 millones de euros en dos años. El plan incluía una fuerte subida del IVA, la supresión de la paga de navidad a los funcionarios más la supresión de los días libres, la reducción del 10% del subsidio del desempleo a partir del sexto mes de su percepción.
Ya en el año 2013, Rajoy prepara dos nuevas y brutales contrarreformas: la de las pensiones, con la que el gobierno pretende “ahorrar” 33.000 millones en los próximos nueve años, a costa del poder adquisitivos de los más mayores (la propia vicepresidenta ha reconocido que las pensiones perderán un 18% del poder adquisitivo en los próximos tres años) y la LOMCE, conocida como ley Wert, que implica un retroceso histórico para la educación pública a las cavernas educativas del franquismo. A esto hay que sumar el recorte de becas, el incremento de las tasas universitarias y la instauración de las tasas en la Formación Profesional. Un conjunto de medidas encaminadas a expulsar del sistema educativo a los jóvenes de las familias obreras. Paralelamente se da una nueva vuelta de tuerca a la reforma laboral, y se preparan unos presupuestos para 2014 que incluyen ajustes adicionales para ayuntamientos y comunidades autónomas de 17.500 millones de euros para los dos próximos años.
Una catástrofe social
La crisis capitalista, los recortes y contrarreformas del PP han convertido la sociedad española en la más desigual de la Unión Europea. La diferenta entre el 20% más rico de la población y el 20% más pobre es de siete veces. Jamás se había alcanzado tal contraste.
En dos años se han destruido un millón de empleos. La mitad de ellos, en el sector público. Según CCOO, en el sector educativo se han perdido 31.000 y en el sector sanitario 50.000. El paro afecta ya a 6 millones de personas, un 26% por la población activa. Entre los jóvenes la tasa asciende al 54,37%. Los parados de larga duración, los que llevan más de un año sin trabajar, se han multiplicado por nueve desde el inicio de la crisis. Según el INE, en el tercer trimestre de 2013 la cifra total de personas en esa situación es de 3.456.400, de los que más de la mitad llevan dos años o más sin encontrar empleo, por lo que han perdido ya la prestación. Hay 1.845.571 parados que no reciben nada del Estado (Cuarto Poder, 02/10/13). Según la EPA son 1.821.100 los hogares en los que todos los miembros están en paro.
Además, la situación de precariedad sigue extendiéndose entre los que trabajan. En el tercer trimestre, mientras que el número de contratos indefinidos se redujo en 146.300 personas, los contratos temporales se incrementaron en 169.000. La pérdida del poder adquisitivo de los salarios está siendo verdaderamente brutal. Según los datos del Banco de España los costes laborales unitarios se redujeron un 5,4% en términos reales en 2012, y otro 4,8% de enero a agosto de 2013; en conjunto y siempre en términos reales, la pérdida de poder de compra de los trabajadores se ha reducido en más de un 10%. El dinero restado a los salarios va a parar a los bolsillos de los empresarios que, además, gracias a la reforma laboral del PP, han visto reducidos los costes del despido en un 24%.
A pesar de la baja inflación oficial, el hecho es que los gastos básicos de las familias trabajadoras no paran de subir. Según La Vanguardia el gas, el agua, la electricidad, el teléfono, etc., lo ha hecho en un 50% desde el inicio de la crisis. Se calcula que empleados públicos, pensionistas, parados y un 80% de los asalariados perderán poder de compra en 2014.
Según un informe de Cáritas de octubre, la pobreza grave se ha duplicado desde 2007, llegando a los tres millones de personas. En esta dramática situación el gobierno del PP ha excluido de prestación sanitaria a 873.000 personas. El número de personas en riesgo de pobreza y “exclusión social” afecta a casi el 30% de la población y se incrementa año tras año como consecuencia de la crisis capitalista y de los recortes.
Mientras tanto, los ricos son más ricos. Los beneficios de las empresas que configuran el Ibex 35 de la Bolsa han crecido un 13% en los tres primeros trimestres de 2013. Los consejeros de las empresas del Ibex, con una media salarial de 562.000 euros anuales, subieron su remuneración en un 7,6% en lo que va de año. Bajo el gobierno de Rajoy han aumentado las personas que viven con menos de 307 euros al mes a la vez que se ha incrementado en un millón el club de millonarios, que ha ganado miembros en la primera mitad del año: hay 47.000 personas más con un patrimonio superior al millón de dólares (unos 738.000 euros), según los números que recopila cada año Credit Suisse, lo que significa un aumento del 13%, el octavo mayor registrado en el mundo.
La banca está recuperando sus beneficios a costa de especular con la deuda pública que ella misma ha provocado como consecuencia de los rescates. La adicción del sector financiero al llamado “carry trade”, consistente en pedir préstamos casi gratis al Banco Central Europeo y luego prestar al Estado al 4% a diez años, se ha incrementado en los últimos meses. Las entidades españolas, según el informe del Bundesbank, han incrementado sus títulos de deuda pública desde los 166.000 millones de euros en noviembre de 2011 a los 299.000 millones en septiembre de 2013, un 81% más en menos de dos años. De esta manera, el conjunto de las entidades financieras de crédito poseen el 45% del saldo vivo de la deuda pública española, que asciende a 664.000 millones. Una cuarta parte de los ingresos de la banca provienen de los intereses que les rinde la deuda pública. El divorcio entre la banca y la economía productiva se ha acentuado con la crisis, y su naturaleza parasitaria se ha incrementado aún más.
¿Salida de la crisis?
La transferencia de riqueza de los más pobres a la oligarquía financiera es cristalina. Con la estafa de las preferentes, legalizada por el gobierno del PP, se ha aplicado en el Estado español un corralito descarado, y puede que no sea el último. La banca ha sido, sin duda, la gran beneficiaria de la política del PP. Si se suma el dinero en efectivo, las garantías contra pérdidas, los préstamos y los avales a la banca, se llevan desembolsados 275.000 millones de euros procedentes de las arcas públicas. En relación al PIB es la mayor cantidad empleada en los rescates bancarios del llamado mundo capitalista “desarrollado”. A pesar de que el ministro de Economía tuvo la desfachatez de afirmar que “el rescate bancario no costará un solo euro al contribuyente” ya se han perdido, con reconocimiento oficial, 45.000 millones (36.000 millones que el FROB da por incobrables y 9.000 millones a fondo perdido de Caja Castilla La Mancha).
Como denunciamos en estas páginas desde un primer momento, el préstamo de la UE para el rescate bancario tendrá que ser devuelto con dinero público, a costa de futuros recortes y subidas de impuestos indirectos y otras tasas. La factura se incrementará cuando se tengan que hacer efectivos los avales públicos a operaciones bancarias fracasadas… La creación del Sareb (el banco malo), que ha absorbido construcciones y terrenos invendibles de los bancos a precios privilegiados y ha asumido deudas incobrables, es una estafa social de una escala gigantesca. En el último Consejo de Ministros de noviembre el gobierno de Rajoy ha decidido avalar a la banca con otros 30.000 millones para asegurar un tipo de “activo”, los DTA1. Sin esa cobertura la banca española no superaría las nuevas “pruebas de estrés” que Bruselas tiene previsto realizar. A pesar de todas las ayudas públicas millonarias e ilimitadas a la banca, el peligro de que el sistema financiero español estalle por los aires sigue presente2. Por supuesto, esta situación, que entraña un peligro económico y social de consecuencias imprevisibles, no impide que los banqueros y especuladores sigan repartiendo beneficios a manos llenas.
En términos “macroeconómicos” el saldo de los dos años de gobierno Rajoy no puede ser más desastroso. En dos años la deuda pública ha crecido un ritmo jamás alcanzado en ningún otro periodo histórico, superando ampliamente el 100% del PIB. El déficit (cuyo objetivo de reducción ha justificado todos los recortes) ascendió el pasado año al 10,6%, contando las ayudas a la banca. La deuda de las familias, pero sobre todo de las empresas y de la banca no han disminuido sustancialmente, con lo que el proceso de “desapalancamiento” dista mucho de haber concluido, siendo esto una condición necesaria para el inicio de un ciclo económico ascendente. Algunos analistas apuntan incluso a que el problema del endeudamiento privado se puede agravar aún más como efecto de la deflación (disminución de precios), cuya consecuencia es el incremento relativo de la deuda acumulada sobre la facturación de las empresas. Si la tensión sobre la prima de riesgo española ha remitido en el último año es por la inyección sin precedentes de liquidez que sigue bombeándose desde el BCE. Sin ella, tanto la economía española como una buena parte de la economía europea, colapsaría. Pero la baja de la prima de riesgo y el aumento de la Bolsa no tiene nada que ver con la economía real. Aunque parezca mentira, se está produciendo otro boom especulativo en plena crisis, sin que se hayan resuelto las enormes contradicciones generadas por el pinchazo del boom inmobiliario. Un nuevo “susto” en los mercados financieros internacionales, por cualquier accidente, pondrá de nuevo todas las contradicciones al descubierto.
La economía española dista mucho de haber superado la crisis, tanto en lo que se refiere a la crisis financiera como a la “economía real”, que en último término es determinante. De entrada, la tan cacareada “recuperación” del PIB es realmente raquítica, de un 0,1% en el tercer trimestre. Según datos del BBVA de noviembre “en 2013 se mejora marginalmente el crecimiento en una décima, con una caída estimada del -1,3% y se espera que en el 2014 la economía crezca el 0,9%, manteniendo así la expectativa de una recuperación moderada. En estos momento la economía estaría creciendo alrededor de un 0,3% en el cuarto trimestre, según los indicadores disponible hasta hoy.”
Esto no es una recuperación, es una continuidad de la recesión y, en muchos aspectos, de la depresión que sufre la economía y el empleo en el Estado español desde hace seis años. El FMI reconoce que para que el crecimiento tuviese un “impacto real” reseñable, debería ser del 2% o del 3%. Todos los datos a los que el gobierno del PP se agarra para probar un cambio de tendencia son realmente endebles. Montoro afirmó que “el dinero entra a raudales en España”, sin embargo la inversión productiva total del primer semestre de 2013 es similar a la del mismo semestre de 2012 (6.800 millones) cuando se había producido una caída del 56% respecto al trimestre anterior. Otro dato estrella es el de las exportaciones pero, en un contexto internacional y europeo de crecimiento muy lento o de estancamiento, el incremento de las mismas se está ralentizando (las exportaciones de bienes han aumentado un 2,5% frente a 11,9% del trimestre anterior; las importaciones han descendido un 3,3%). La venta de automóviles se ha incrementado un 1,1% en los 10 primeros meses, una subida raquítica después de 3 años consecutivos de descensos tremendos. La producción industrial se incrementó un 0,1% en el tercer trimestre, pero lleva un pérdida acumulada ¡del 30% desde 2007! El consumo ha aumentado un 0,1% en el tercer trimestre pero lleva una caída acumulada del 12% desde 2007.
¡Huelga general ya!
La ofensiva del gobierno del PP ha desatado el mayor movimiento de contestación social desde la Transición. La lista de movilizaciones en las que los trabajadores y los jóvenes han demostrado su fuerza y su voluntad de lucha es larga: la gran huelga general del 29 de marzo de 2012; la huelga indefinida de los pozos mineros y la marcha minera a Madrid; las movilizaciones masivas de los empleados públicos en julio de 2012; las ocupaciones de fincas y la marcha de los jornaleros andaluces; la marcha estatal a Madrid del 15 de septiembre de 2012; la movilización de decenas de miles en Madrid para rodear el parlamento el 25-S, la represión policial brutal y la manifestación aún más masiva del 29-S; la huelga general en Euskal Herria el 26-S y la segunda huelga general en todo el Estado el 14-N de ese mismo año.
La lucha en el frente educativo, contra los recortes y la ley Wert ha sido también muy intensa: en octubre de 2012 y febrero 2013 el Sindicato de Estudiantes convocó dos huelgas de 72 horas, que contaron con una participación masiva de los estudiantes y el respaldo activo del profesorado y los padres. El 9 de mayo la participación en la huelga general de toda la comunidad educativa (de infantil a universidad) en todo el Estado volvió a ser multitudinaria, dejando claro que el gobierno estaba totalmente aislado defendiendo la LOMCE y que las espadas quedaban en alto para el siguiente curso. Efectivamente, el curso 2013-2014 ha empezado con la impresionante huelga indefinida de los profesores de Baleares, que ha contado con una participación multitudinaria y con la convocatoria por parte del Sindicato de Estudiantes de una nueva huelga de estudiantes de 72 horas que culminó con una nueva huelga general de toda la comunidad educativa en todo el Estado (22, 23 y 24 de octubre), con un éxito histórico, la huelga del 20-N y la marcha a Madrid el 30 de noviembre. También merece una mención el movimiento contra los desahucios encabezados por la PAH, que cuenta con un apoyo masivo entre la población. Y la lucha de la Marea Blanca contra los recortes en la sanidad pública que en Madrid, donde el movimiento ha alcanzado un grado altísimo de participación y de autoorganización, ha conseguido conquistas parciales importantes como la parálisis, por decisión de un tribunal, de los planes de privatización de varios hospitales y centros de salud. La impresionante huelga indefinida de la limpieza viaria y jardinería en Madrid y su victoria contra los planes de despidos masivos y reducción general de los salarios…
Todas las medidas represivas que el gobierno del PP está emprendiendo contra la movilización de los trabajadores y de la juventud (Reforma del Código Penal, Ley de Seguridad Ciudadana y Ley de Huelga) es algo muy serio. Demuestra que la burguesía se está preparando para un incremento de la lucha de clases y para la revolución, no para la recuperación económica y el fin de los recortes. Pero estas medidas represivas también reafirman otra idea importante: la de que el gobierno del PP es una gobierno débil y cada vez más desesperado.
El principal factor que propició la victoria del PP en noviembre de 2011 fue el profundo descrédito de la política socialdemócrata y su capitulación total frente a la presión de los poderes económicos, nacionales e internacionales, que tuvo un claro efecto desmovilizador en la izquierda en el plano electoral. Eso se combinó con las expectativas que todavía conservaban amplios sectores de las capas medias en que el PP podría resolver rápidamente la crisis y devolverles al periodo anterior de “vacas gordas”. Dos años después la situación ha cambiado radicalmente. El impacto de la movilización de masas, y no la lamentable y titubeante oposición de Rubalcaba y sus continuos llamamientos a la derecha a un gran pacto social, es lo que está contribuyendo decisivamente a crear este clima de aislamiento del gobierno del PP. El caso Bárcenas ha completado el cuadro, evidenciando la corrupción generalizada que reina en el PP y poniendo aún más a la claras que el gobierno de Rajoy está al servicio de los capitalistas.
En el Estado español la tarea más urgente es unificar la lucha de todos los sectores afectados por la brutal ofensiva emprendida por el PP, en un movimiento huelguístico contundente y que vaya a más. Las direcciones de CCOO y UGT están recurriendo a la táctica del avestruz y mirando para otro lado, negándose a convocar una huelga general. Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida, muy acertadamente, ha exigido la dimisión de Rajoy y la convocatoria de elecciones anticipadas. La cuestión es qué hacer para conseguir este objetivo. En nuestra opinión un llamamiento claro, directo y público desde la dirección de Izquierda Unida a los dirigentes de CCOO y UGT a rectificar su actual posición, y apoyar la campaña por la dimisión del gobierno y por la convocatoria de elecciones generales, y a convocar una huelga general por estos objetivos, contaría con un respaldo masivo en la base de estos sindicatos. Sería un revulsivo político tremendo para millones de trabajadores y jóvenes. Impulsar un movimiento masivo y continuado es fundamental no sólo para conseguir tumbar al gobierno del PP y evitar otros dos años de sufrimiento sino también para que esta caída lleve a la elección de un gobierno de izquierdas, con un verdadero programa de izquierdas, que empiece por derogar todas las contrarreformas y todos los recortes a los gastos sociales impuestos por la derecha y que nacionalice todo el sistema financiero y las grandes empresas, para poner en práctica un plan en defensa de los intereses de la mayoría de la sociedad, de rescate de las personas, de los servicios sociales, que impulse la creación de millones de puestos de trabajo, y que se oponga intransigentemente a cualquier recorte de las libertades y los derechos democráticos.
¡Únete a los marxistas de El Militante para luchar por esta alternativa socialista!
1. Los DTA son gastos con impacto en las cuentas de los bancos pero sin deducir en el pago de impuestos y que generan un derecho a futuro contra la Hacienda Pública.
2. Efectivamente, la morosidad no para de crecer y es mucho mayor de lo que revelan las cifras oficiales. Según Bank of America/Merrill Lynch, en su informe de septiembre, “la morosidad, incluyendo los dudosos activos transferidos a Sareb, asciende a 222.000 millones, o el 21% del PIB, frente al 12% oficial. Pero si incluimos los refinanciados, de los que un 40% son problemáticos, y otros similares, la morosidad potencial es de 350.000 millones o el 34% del PIB”. El FMI acaba de estimar que se necesita ya otra recapitalización de 61.000 millones.
