Los testimonios de los supervivientes y los vídeos —tanto los de particulares y ONGs como los mismos oficiales— han hecho rectificar una y otra vez a los responsables de la Guardia Civil y del Ministerio del Interior. Esos testimonios y vídeos demuestran el uso de material antidisturbios contra los inmigrantes que se acercaban a la playa nadando; unas pelotas de goma y unos botes de humo que muy posiblemente fueron causa, principal o secundaria, del ahogamiento de esas quince personas. La propia comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, ha declarado que “puede haber relación entre los disparos y el pánico que provocó la tragedia”.
Arsenio Fernández de Mesa, director de la Guardia Civil, aseguró que las pelotas de goma sólo se dispararon al aire para disuadir a los inmigrantes. Posteriormente, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reconoció que sí se disparó al mar, pero siempre lejos de ellos (a más de 25 metros de ellos), con el único fin de “crear una traza fronteriza” (¿?). Sin embargo, los propios vídeos del Ministerio de Interior (hechos públicos después de que el juez que investiga lo sucedido los hubiera reclamado) demuestran que se disparó a corta distancia de los que nadaban, con grave riesgo para sus vidas. Los vídeos y las declaraciones, incluso de guardias civiles, también muestran la utilización de botes de humo.
La cosa no acabó ahí. Los inmigrantes que consiguieron llegar a la playa (al menos ocho, según aparece en un vídeo) fueron inmediatamente obligados a recorrerla hasta el espigón que marca la frontera con Marruecos, y expulsados. Otros fueron expulsados directamente desde el mar, obligados por dos patrulleras. Sin atención médica, sin posibilidad de reclamar asilo… Nada.

Expulsiones en caliente

Una expulsión absolutamente ilegal  (no se puede expulsar del territorio español sin abrir un expediente) que en un principio fue negada por el delegado de Gobierno en Ceuta, Francisco Antonio González. A raíz de que un vídeo le contradijera, el ministro del Interior creó la teoría de que la frontera española es flexible y se establece donde se sitúe la “línea policial” de contención de las avalanchas humanas. Posteriormente, el Gobierno del PP ha defendido la legalidad de las “expulsiones en caliente”, actuación que es recurrente, según informan guardias civiles. Días antes de esta masacre se hizo público otro vídeo, que ilustraba cómo muchos inmigrantes que lograban rebasar la aduana y alcanzar territorio ceutí eran inmediatamente obligados a traspasarla de nuevo hacia Marruecos; por una puerta entraban y por otra salían. Las expulsiones en caliente en la playa del Tarajal también son habituales. La Guardia Civil entrega a los inmigrantes sin dilación a la Gendarmería marroquí, al otro lado, y ésta actúa como subsidiaria, maltratando o apaleándoles y expulsándoles incluso a países con los que no tienen ningún lazo (o incluso abandonándoles en el desierto sin medios).
Este salvaje desprecio a la vida humana, en el Tarajal, no es una excepción, es la norma. Las leyes (orientadas a la represión y no a garantizar nuestros derechos) son interpretadas flexiblemente o directamente saltadas cuando interesa. La gran diferencia esta vez ha sido la avalancha humana desde el mar (hasta ahora los intentos de entrada por la costa no han sido muy masivos) y la grabación de lo ocurrido. En el debe de este Gobierno neofranquista (y del Gobierno anterior de Zapatero) está la extrema política represiva con la inmigración, gráficamente expresada en las cuchillas de las vallas de Ceuta y Melilla, o en los CIEs (Centros de Internamiento de Extranjeros, denunciados por malos tratos, indefensión, falta de atención médica, etc.). En la misma línea va la apabullante presencia policial en barrios de inmigración para proceder a identificaciones arbitrarias (según fuentes jurídicas, ilegales), y la incursión de la policía a la entrada de locales con presencia de inmigrantes (ONGs, abogados de inmigración), o incluso dentro de ellos.

Explotación o represión… siempre en interés del capital

En los últimos años han muerto o desaparecido 890 personas en el Estrecho, intentando emigrar. Esta cifra no incluye el dato de los que han intentado entrar por Ceuta o Melilla. Es una auténtica carnicería. De igual forma que muchos jóvenes y trabajadores de aquí se buscan la vida en Alemania o Suiza, también los de otros países (muchos en guerras estimuladas por el imperialismo) eligen emigrar para vivir mejor. Una necesidad impuesta por la brutal opresión del imperialismo, del capitalismo. Y los gobiernos capitalistas (y, por cierto, al frente de ellos la Comisión Europea, que ahora se las da de progresista), mientras permiten la sobreexplotación laboral de un sector de ellos, reprimen o expulsan salvajemente a los que consideran que sobran, demostrando así que, para ellos, no somos más que carne de cañón para los insultantes beneficios del capital.
Es necesario reclamar con fuerza la dimisión de Fernández Díaz, represor por igual de los trabajadores nativos o inmigrantes. Él es un digno continuador de la saga familiar (su padre fue sargento de la Guardia Urbana barcelonesa en los negros años 40, cuando 15.000 personas fueron expulsadas de sus chabolas y obligadas a malvivir en auténticos campos de concentración).
Demostrando sus vinculaciones con el Gobierno, el PSOE no se ha sumado a la exigencia de dimisión del ministro presentada por IU. Su argumento es que ¡hay que esperar a la investigación abierta! Muy al contrario, la exigencia de dimisión debe acompañarse de una política de clase con respecto a los inmigrantes: sumar sus reivindicaciones a las de defensa de la educación y sanidad públicas, a las laborales, a las de otros derechos democráticos. La movilización organizada y masiva contra este Gobierno debe incluir al sector más explotado de los trabajadores.
¡Basta de muertes en el Estrecho, en Ceuta y Melilla! ¡Basta de represión a la inmigración! ¡Cierre de los CIEs! ¡Nativa o extranjera, la misma clase obrera!