Es innegable que la movilización social ha experimentado en los últimos años un verdadero salto hacia delante, involucrando a millones de personas, especialmente tras el 15-M. En 2012 y 2013, el incremento de las manifestaciones y las huelgas batieron auténticos récords, arrojando cifras sólo comparables con la lucha contra la dictadura franquista a finales de los 70. En el año 2012 se celebraron 15.000 manifestaciones, 40 por día1, y se perdieron más de 40 millones de horas en 1.284 huelgas que implicaron a cuatro millones de trabajadores2.
El gobierno ha hecho frente a la creciente protesta social incrementando las multas a las organizaciones sociales combativas y aumentando las detenciones de manifestantes. La criminalización de cientos de sindicalistas por ejercer el derecho a huelga, incluyendo duras penas de prisión, es un ataque frontal contra el movimiento obrero3. En 2012, sólo en Madrid, la delegación de gobierno impuso 1.117 multas relacionadas con el derecho a manifestación. En 2013 se impusieron otras 1.100 multas en todo el Estado. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, emblema de la exitosa lucha contra los desahucios, acumula más de 40.000 euros en multas.
La deriva autoritaria de este gobierno se refleja también en el gasto en material antidisturbios, que aumentó en 2013 en más de un 1.700%, pasando de 173.670 euros a 3,26 millones. Así como los 350.000 euros gastados este año en un camión-botijo para lanzar chorros de agua a presión. En los Presupuestos de 2014, mientras todos los ministerios sufrían un recorte de casi un 5%, la partida de seguridad ciudadana del Ministerio del Interior aumentaba en más de 5.000 millones de euros.
Ley de Seguridad Ciudadana y reforma del Código Penal
Dada la envergadura que previsiblemente tomará la protesta social en el futuro, al PP no le basta con el incremento de la represión que se ha producido, necesita reforzar las bases legales que amparen una acción represiva todavía más brutal y sistemática. De ahí la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal, estrechamente relacionadas.
La reforma del Código Penal supondrá la desaparición de determinadas faltas, que se convertirán en sanciones administrativas, reguladas por la Ley de Seguridad Ciudadana, con multas, si son muy graves, de entre 30.001 y 600.000 euros, y si son graves, entre 1.001 y 30.000 euros. En estos casos no habrá un juez que determine si se ha cometido o no una falta, sino la administración; es decir, la policía, cuya palabra tiene presunción de veracidad. La multa no tendrá por qué fijarse atendiendo a los recursos económicos del multado, como sí hacen los jueces en el caso de las faltas. El sancionado podrá recurrir ante la justicia, pero por la vía contencioso-administrativa, mucho más lenta, y pagando las correspondientes tasas judiciales, a diferencia del proceso penal. La Administración podrá embargar a la persona sancionada sin necesidad a esperar que se resuelva el recurso judicial.
Se considerarán infracciones muy graves la perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos, o la convocatoria o asistencia con finalidad coactiva a cualquier reunión o manifestación el día de reflexión durante un proceso electoral, o las manifestaciones no comunicadas en lugares que tengan la consideración de infraestructuras críticas (es decir, el 15-M, el Rodea el Congreso o el recibimiento de los Reyes en un acto público). Por otro lado, se consideran graves la obstrucción que pretenda impedir a cualquier autoridad el ejercicio de sus funciones (como las concentraciones para impedir un desahucio) o la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad. Además tres infracciones graves en dos años supondrán una infracción muy grave, y lo mismo en el caso de las infracciones leves respecto a las graves.
Se creará un Registro donde constarán públicamente nombre y apellidos de los sancionados, lo que no ocurría con las faltas. Un auténtico registro político, como en los mejores tiempos del franquismo.
Si bien se han eliminado finalmente algunos de los aspectos más arbitrarios —en previsión de que fueran declarados inconstitucionales— como la posible responsabilidad de los promotores de manifestaciones por los altercados que hubiere, o los cacheos, controles o retenciones por la policía a una persona por existencia de un peligro abstracto o para prevenir una infracción, lo esencial de la reforma se ha mantenido.
Por su parte, la reforma del Código Penal supondrá el incremento de las penas para delitos de atentado y desórdenes públicos, considerando como agravante, y aumentando por tanto la pena, si se producen en manifestaciones. Además se introduce la pena de “prisión permanente revisable”, es decir, la cadena perpetua. La “libertad vigilada”, introducida en su momento excepcionalmente para delitos de terrorismo, se generaliza, pudiendo prorrogarse. Alguien condenado a una pena de un año por un delito contra el orden público podrá ser sometido a libertad vigilada durante cinco años, prorrogables en función de su “peligrosidad”. Y todo esto a pesar de que, tal y como reconoció el director general de la Policía, sólo en el 0,1% de las manifestaciones tuvo que intervenir la policía y sólo en el 1% hubo algún tipo de incidente.
El negocio del orden público
Otra de las reformas del Gobierno más polémicas ha sido la Ley de Seguridad Privada, que considerará a los agentes de empresas de seguridad privada como agentes de la autoridad, pudiendo realizar cacheos y detenciones, una auténtica privatización del orden público, y sobre todo un suculento negocio. Así lo manifestó el propio ministro del Interior al presentar la Ley en el Congreso de los Diputados: “se trata de un texto […] que además ofrece el marco adecuado para el desarrollo de un sector que es muy dinámico y tiene una importancia social y económica relevante para nuestro país. Es bueno recordar que agrupa a casi 1.500 empresas, que ha dado empleo el pasado año a más de 85.000 trabajadores y que facturó el pasado año en torno a 3.215 millones de euros”4.
Uno de los sectores que más ha presionado de cara a impulsar esta Ley y algunas otras reformas, como la del Código Penal, ha sido el de las grandes superficies, la Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC), a la que pertenecen grandes empresas como Mercadona, El Corte Inglés o Carrefour. Una de las exigencias de este sector, junto a dar carácter de autoridad a los vigilantes privados de seguridad, ha sido convertir el hurto en delito independientemente del valor de lo sustraído, ya que son eliminadas las faltas. Una justicia hecha a medida de los grandes capitalistas.
Justicia para ricos y jueces obedientes
Por si todo esto fuera poco, el Gobierno quiere evitar que pueda haber jueces díscolos que pueden ser permeables a las reivindicaciones de la calle. El Ministerio de Justicia ha propuesto una serie de reformas con el fin de acabar con cualquier resquicio de justicia independiente, planteando la reforma de la LOPJ y de la LECrim5. La primera medida aprobada ha sido cercenar la justicia universal, de cara a que no se puedan investigar y juzgar casos como el de José Couso, y que ya ha supuesto la excarcelación de 43 narcotraficantes.
Se plantea restringir la acción popular. De esta forma casos como el de Urdangarín o el de las preferentes, caso Blesa, donde la fiscalía se ha opuesto permanentemente a seguir investigando, quedarían inmediatamente cerrados.
Otro objetivo es dar un mayor campo de acción a los fiscales en las investigaciones, dependientes jerárquicamente del Gobierno, en detrimento de los jueces de instrucción. Y allí donde se mantenga a los jueces de instrucción se creará un órgano colegiado con tres magistrados, lo que requeriría, por ejemplo en una investigación como el caso Gürtel, que los tres se pusieran de acuerdo para ver cómo continuar la investigación. Otra forma de torpedear y entorpecer este tipo de procesos que afectan a los más poderosos.
Otras medidas están encaminadas a posibilitar que un juez o fiscal pueda impedir a los medios de comunicación informar sobre un determinado caso judicial, aunque no haya secreto de sumario, pudiendo cometerse un delito en caso de no cesar dicha información. Y por si acaso esto no fuera suficiente las asociaciones de jueces y fiscales no podrán hacer valoraciones públicas ante los medios de comunicación sobre resoluciones y procesos judiciales existentes.
Finalmente, el dimitido ministro Gallardón ha convertido la justicia en un auténtico privilegio mediante la Ley de Tasas Judiciales, que supone para aquellos que no tengan recursos renunciar a poder acudir a los tribunales, y con la reforma la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, elevando la renta mínima necesaria (12.780 euros para un trabajador que no tiene familia) para acceder a la misma.
Aunque parece que finalmente ha quedado aparcada, no podemos dejar de mencionar la intención del gobierno de reformar la ley electoral, con el fin de legalizar el pucherazo y evitar la victoria de candidaturas combativas en las elecciones municipales de mayo. La dureza de las medidas del PP no refleja su fortaleza sino su tremenda desesperación y debilidad, pero revela también que si no los echamos del gobierno, si no los derrotamos en la calle y en las urnas, nos espera un futuro de pesadilla. ¡Está en nuestras manos evitarlo!
1. Según la Delegación de Gobierno, en Madrid hubo 3.419 manifestaciones en 2012 y 4.354 en 2013. En Barcelona hubo 3.287 en 2012, y en 2013, a 20 de junio, había habido 1.918.
2. En 2013 se perdieron 15 millones de horas en 1.259 huelgas que afectaron a casi 600.000 trabajadores. En 2012 hubo dos huelgas generales, el 29-M y el 14-N. Estos datos sólo pueden comprarse con los de mayor lucha social vividos entre 1976 y 1979, con más de 60 millones de horas perdidas por huelgas que afectaron a 16 millones de trabajadores.
3. goo.gl/D8Z4Rb.
4. goo.gl/uTKQal.
5. Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que regula la organización del Poder Judicial, y Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que regula el procedimiento penal.
