La ofensiva de Occidente
El pasado septiembre el gobierno de Kiev y las milicias insurrectas del Este firmaron un armisticio, los llamados acuerdos de Minsk, que ha pasado a mejor vida. En este casi medio año transcurrido, el ejército de Kiev, instruido, armado y reorganizado por EEUU, ha atacado y hostigado a las repúblicas de Donetsk y Lugansk, epicentro del levantamiento contra el gobierno. Los muertos civiles por la ofensiva gubernamental se cuentan por miles.
Envalentonados por el respaldo de la administración Obama, y asesorados por los consejeros de la CIA, en los primeros días de este año el gobierno ucraniano lanzó una nueva ofensiva “antiterrorista” para doblegar la resistencia. Pero el resultado ha sido bastante diferente del que pensaban: a pesar de los bombardeos sobre Donetsk y Lugansk, no han sido capaces de recuperar el control de las dos regiones y han animado el reclutamiento de miles de combatientes para las filas milicianas.
Los territorios insurrectos viven desde hace meses bajo el cerco y el acoso militar de Kiev. Aún así han conseguido cierta estabilidad política. El 2 de noviembre celebraron elecciones con una participación superior al 60%, y los actuales dirigentes de las dos repúblicas, Zajarchenko (Donestk) y Plotnitsky (Lugansk), fueron reelegidos con un 79% y 68% de apoyo respectivamente. La alta participación es un reflejo del respaldo a las repúblicas populares y también de mayoritaria oposición al régimen reaccionario de Kiev. Los gobiernos de ambas repúblicas ya han dicho que no aplicarán el plan de austeridad aprobado por el parlamento ucraniano, se han hecho cargo de las empresas públicas y han aprobado nuevos decretos de nacionalización, aunque todavía no se han puesto en práctica. Frente al bloqueo al que están sometidas las dos repúblicas, y que está provocando escasez de alimentos y otros productos básicos, la ayuda económica rusa, que se calcula representa un 7% del presupuesto de ambas repúblicas, ha permitido mantener las pensiones que Kiev se niega a pagar y los subsidios de productos básicos.
El gobierno ucraniano aprueba un plan salvaje de austeridad
La guerra en el Este es tremendamente impopular en toda Ucrania y en las filas del ejército gubernamental se propagan las deserciones. A finales de diciembre miles de personas se manifestaron en Kiev para mostrar su oposición al cuarto decreto de movilización en un año, que obliga a incorporarse al ejército a hombres y mujeres entre 19 y 60 años de edad. A este panorama se suma una situación económica desastrosa.
Hace ya más de un año el FMI y la UE prometieron “ayudar” al pueblo de Ucrania. Recientemente el Ministerio de Economía reconoció que en 2014 recibieron préstamos de ambas instituciones por valor de 9.000 millones de dólares pero que gastaron 14.000 millones de dólares en pagos del servicio de la deuda. ¡Como en Grecia! Para “prestar” más dinero, las instituciones financieras internacionales han exigido un plan de austeridad salvaje, aprobado en el parlamento de Kiev el 23 de diciembre, y cuyos principales ejes son la privatización de todas las empresas estatales, la eliminación de los subsidios sociales y pensiones, y del control de precios sobre el gas, electricidad, y otros productos básicos. El plan acabará con las ayudas a madres solteras, a los pobres o a las víctimas de Chernobyl. Se despedirá al 10% de los empleados públicos, cerrarán las bibliotecas públicas y centenares de centros educativos, se elimina la comida gratuita en los colegios y a los pacientes en hospitales. El derecho a la educación y a la sanidad se suprimirá de la Constitución… Cuando el primer ministro ucraniano presentó el plan avisó: “No lloréis. No temáis. No preguntéis nada”. La amenaza a la población es tal, que incluso algunos parlamentarios del partido gobernante calificaron el plan de genocida.
Desde que se presentó el programa de austeridad comenzaron las protestas. El mismo 23 de diciembre, mientras en el parlamento se discutía el plan, se manifestaban a sus puertas miles de personas, funcionarios, profesores, médicos o estudiantes convocados por organizaciones sociales, partidos de izquierda y los sindicatos. En las últimas semanas también han estallado conflictos laborales contra los planes de privatización o para exigir el pago de los salarios atrasados. Por ejemplo, en la fábrica estatal de bebidas alcohólicas Ukraspirit, los trabajadores han bloqueado varias autopistas para oponerse a la privatización de la empresa, y a ellos se han unido los agricultores y los trabajadores de las destilerías. En varias regiones del sur hay protestas de la población contra los cortes de electricidad. En Volnhya, en el oeste del país, el 24 de diciembre los mineros del carbón comenzaron una huelga para cobrar sus salarios. Lo mismo sucedió el día 29 con los mineros de Chervonrad al norte del país.
Con un gobierno tremendamente impopular en Kiev; en un contexto de extensión de las protestas sociales en toda Ucrania contra las medidas de austeridad, y ante la posibilidad de que la rebelión en Donestk y Lugansk se convierta en un punto de referencia para los trabajadores ucranianos, el imperialismo occidental y su régimen títere en Kiev quieren acelerar la ofensiva militar.
¿Guerra entre EEUU y Rusia?
El despliegue de fuerza de Kiev y sus aliados imperialistas ha desencadenado la reacción del gobierno de Putin: no aceptará la imposición en su frontera más próxima de una vasta plataforma militar de la OTAN, ni que se les arrebate un mercado muy preciado para los oligarcas. La política de Moscú está al servicio de los intereses de la gran burguesía rusa, esa masa mafiosa enriquecida tras el desmoronamiento de la URSS. Por eso no hay que dejarse arrastrar por una visión meramente geopolítica; hay que distinguir los intereses de clase que están en juego. Detrás de sus declaraciones en defensa de la población del este ucraniano, Putin y la oligarquía rusa buscan sólo asegurarse el control político y económico de territorios que forman parte de su área de expansión e influencia tradicional. Esto explica que Rusia module a cuentagotas el apoyo militar a la resistencia en función de sus cínicos intereses, y que no le interese para nada el triunfo de una insurrección popular que puede ponerlos en entredicho.
La posibilidad de desatar una guerra a gran escala en Ucrania está encima de la mesa, pero todos los actores entienden perfectamente las consecuencias impredecibles si optan por esta vía. El imperialismo norteamericano, que ha llenado de asesores políticos y militares los ministerios de Kiev, que ha ayudado a la reorganización del ejército y suministrado miles de mercenarios, está considerando el envío de armamento sofisticado ante los reveses militares del ejército de Kiev. Pero aunque las presiones son muy grandes, aún no se ha tomado ninguna decisión. Tal como señalaba el editorial del periódico alemán Sueddeutsche Zeitun del 2 de febrero: “La ayuda militar de EEUU a Ucrania sería, y se puede tomar casi literalmente, como una declaración de guerra contra Moscú”.
Una guerra abierta entre EEUU y Rusia en el Este de Ucrania tendría consecuencias devastadoras. Si la ofensiva imperialista ya ha provocado la muerte de más de diez mil personas y el desplazamiento de cientos de miles, una guerra a gran escala multiplicaría el sufrimiento y desestabilizaría todo el continente. Rusia no es la Serbia de Milosevic ni el Iraq de Sadam Hussein. Es una potencia militar y contaría con el respaldo de China en este conflicto. Putin y su gobierno movilizarían a la opinión pública recurriendo al chovinismo gran ruso, y en las actuales condiciones encontrarían un eco masivo. La guerra impulsaría en occidente movimientos de masas, y tendría efectos muy negativos sobre la economía de la zona euro, especialmente sobre la de Alemania.
A pesar de la escalada de tensión, una nueva salida negociada, tal y como han propuesto Hollande y Merkel en su última visita relámpago a Moscú, y llegar a algún tipo de acuerdo precario e inestable, es una posibilidad clara. Mientras tanto, la perspectiva de una ruptura del territorio de Ucrania sigue haciéndose cada día más real.
