Ahora que nuestros gobernantes se llenan la boca con discursos en defensa de la democracia y el Estado de derecho, es necesario recordar como amparan con total descaro los crímenes del franquismo, a los torturadores, militares y políticos implicados en ellos, y por el contrario, como muestran su completo desprecio hacia las familias de las víctimas y las asociaciones memorialistas en su lucha por la verdad, la justicia y la reparación.
La legislatura del PP: la larga sombra del franquismo
El Estado Español, después de Camboya, es país del mundo con más desaparecidos: 114.226 personas asesinadas y enterradas en más de 2.000 fosas comunes durante la guerra civil y posteriormente. ¿Qué han hecho los sucesivos gobiernos al respecto desde el pacto de 1978? Muy poco, por no decir nada. Por un lado, el aparato del Estado (Ejército, policía, judicatura, etc) sigue sin depurar, lleno de elementos reaccionarios. Por otro, bajo la protección de la Ley de Amnistía de 1977—una ley de punto y final firmada por los herederos políticos del franquismo y los dirigentes del PSOE y del PCE— se cubrió de silencio el genocidio político cometido por la dictadura. Sólo gracias al movimiento de resistencia contra esta impunidad, encabezado por miles de activistas y familiares, se han sacado a la superficie la verdad de estos crímenes y el intento de ocultarlo para siempre.
En el año 2007, bajo el empuje de las organizaciones en defensa de la Memoria Histórica, el Gobierno de Zapatero aprobaba la Ley de Memoria Histórica. Una ley muy insuficiente que no declara ilegales las sentencias franquistas ni anula la Ley de Amnistía, y que dificulta la labor de recuperación de las víctimas enterradas en fosas al no establecer la obligatoriedad de que el Estado, con sus recursos materiales y humanos, se implique en la tarea. Pero a pesar de estas carencias, la ley fue atacada duramente por los sectores más rancios de la derecha. En febrero de 2008 Rajoy ya dijo “que eliminaría todos los artículos de la Ley de Memoria Histórica”.
En el primer año de la legislatura (2012), Rajoy redujo el presupuesto de 6,2 millones —ya de por si ridículo— a 2,5 millones (un 60%), y eliminó todas las subvenciones para apertura de fosas comunes. Al año siguiente (2013), el presupuesto fue de 0 euros, con lo que la Ley quedó derogada de facto. Además, en comunidades y ayuntamientos, el PP ha puesto todas las trabas para impedir la exhumación de fosas. Por ejemplo, en Valencia, la anterior alcaldesa, Rita Barberá, quiso obligar a la familia del represaliado Teófilo Alcorisa a pagar 45.000 euros por su exhumación, tras impedir que les llegaran unas ayudas que el Gobierno les había concedido en 2009.
Y no sólo se trata de las fosas comunes. El PP ha mantenido en el callejero de muchas ciudades los nombres de generales y políticos implicados en el golpe del 18 de julio y en la represión más salvaje: tan sólo en Madrid aún sigue habiendo 150 calles con nombres de franquistas, por no hablar de los numerosos monumentos dedicados a Franco que siguen en pie, como por ejemplo el Valle de los Caídos. Una impunidad completa, que ha tenido en el PP su mayor valedor, pero en la dirección del PSOE un cómplice necesario por su complacencia y pasividad.
En 2010, ante la imposibilidad de obtener justicia en España, se interpuso en Argentina una Querella contra los crímenes del franquismo. A partir de ese momento, cientos de organizaciones en defensa de la Memoria Histórica, organizaciones sociales, partidos políticos de la izquierda y personas individuales, interpusieron denuncias contra ex funcionarios, torturadores y criminales franquistas. En 2013, la jueza que instruye el caso, Servini de Cubría, pidió a extradición de 19 ex funcionarios del régimen, entre ellos, prohombres de la Transición como Martín Villa (ex Ministro de Gobernación con la UCD) o torturadores como Antonio González Pachecho, alias “Billy el niño”. ¿Qué hizo el gobierno del PP? Impedir su extradición con la excusa de “no reabrir heridas” y que “los crímenes han prescrito”. Esta desfachatez a las víctimas del franquismo contó con el apoyo vergonzante del PSOE cuyos portavoces adujeron que “en una democracia los verdugos también tienen derechos, nosotros se los hemos dado” para oponerse a la extradición de los franquistas.
Una burla constante hacia las familias y la memoria de las víctimas
Mientras el Gobierno llora lágrimas de cocodrilo por las víctimas del terrorismo, a las víctimas del franquismo las ningunea totalmente. Y se burla de ellas. En 2008, Pablo Casado, actual vicesecretario de comunicación del PP, dijo que la gente de izquierdas “son unos carcas, que todo el día estaban con la guerra del abuelo, con la fosa de no sé quién” despreciando la reclamación de los familiares de los fusilados por el franquismo a una reparación digna.
El 4 de noviembre de 2013, Rafael Hernando, actual portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, dijo en televisión que “los familiares de las víctimas del franquismo solo se acuerdan de ellos cuando hay subvenciones”. Sobre la Querella Argentina, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, señaló que “no hacía falta que ningún tribunal argentino viniese a juzgar aquí, que en España se cumplía la Ley” y que “juzgar con ojos de hoy hechos del pasado puede llevar a cometer errores gravísimos”.
Y toda esta burla a las víctimas del franquismo ha durado hasta el final de la legislatura. En el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2016, ante la pregunta sobre por qué no se destinaba dinero a la Ley de Memoria Histórica, el senador del PP, Joaquín Peñarrubia, declaró “que ya no hay más fosas del franquismo que descubrir” un argumento que se desmontan con solo entrar en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia. Una diputada del PP, Rocío López, ante una pregunta sobre la extradición de los encausados en la Querella Argentina, contesto que se negaban a ello porque no “querían reabrir heridas”, “que había que dejar en paz a los muertos” y que “generaba división”.
Argumentos que también comparte mayoritariamente un partido “nuevo” que huele a muy viejo, Ciudadanos. Hace una semanas, Abert Rivera declaró que “no había que reabrir heridas” en contestación a las críticas por la abstención de Ciudadanos ante la retirada del título de Alcalde Honorífico a Francisco Franco en Calatayud. Y en 2013, los diputados de Ciudadanos se retiraron del Parlament de Catalunya cuando se iba a votar una moción de condena al franquismo.
Pero mientras el PP habla de no “volver al pasado”, de “no reabrir heridas”, y falacias varias, son ellos los primeros encargados de exaltar el pasado franquista. Miembros de Nuevas Generaciones han sido pillados numerosas veces haciendo el saludo fascista o con la bandera franquista con el águila. Y varios alcaldes del PP han justificado y apoyado la dictadura: el alcalde de Baralla (Lugo) Manuel González Capón afirmó “que quienes fueron condenados a muerte sería por qué se lo merecían”; y el de Beade (Ourense), Senén Pousa, sentenció: “Franco, con sus errores, hizo muchas cosas por España”. Ninguno de los dos dimitió por dichas palabras. Mientras estas conductas de exaltación del franquismo se toman como si fueran chiquilladas o cosas sin importancia, sin ningún tipo de sanción, los jóvenes y trabajadores de izquierdas tenemos que sufrir multas por llevar camisetas reivindicativas o ser agredidos por la policía por llevar banderas republicanas, por ejemplo, durante la proclamación de Felipe VI.
El PP es el partido fundado por Manuel Fraga y ex altos cargos de la dictadura, nutrido hoy por sus hijos, nietos y sobrinos. Es el partido de la reacción, el que defiende a los grandes capitalistas que se forraron durante el franquismo con el trabajo esclavo, la especulación y la represión a la clase trabajadora. Luchar por restablecer la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas pasa por derrotar en las urnas y en las calles a sus herederos.
