En las últimas semanas los gobiernos del norte y centro Europa han puesto en marcha medidas para expulsar de manera masiva a los refugiados. Después de las vallas con concertinas, los campos de internamiento tras fronteras militarizadas y los cordones policiales ejerciendo la violencia más indiscriminada con gases lacrimógenos, los gobiernos europeos redoblan su respuesta contra los refugiados con la confiscación, persecución y deportación inmediata, y son los responsables de los al menos 10.000 niños desaparecidos al entrar en Europa, según la Europol, a manos de las mafias de trata de personas.
El verdadero rostro de las “democracias” europeas
Durante décadas estos países han sido presentados por la propaganda burguesa, y especialmente por la socialdemocracia, como el ejemplo de un capitalismo de “rostro humano”. La crisis de los refugiados ha echado por la borda esta propaganda. Los líderes europeos han dejado a un lado la verborrea humanitaria para lanzarse a una auténtica caza del refugiado.
Dinamarca aprobaba en enero la confiscación de recursos y bienes a los refugiados por valor de 1.340 euros por persona además del endurecimiento de las condiciones para el reagrupamiento familiar, obligando a esperar tres años para poder traer al resto de su familia. Los gobiernos de Suecia, Suiza y Finlandia, además del desvalijamiento de bienes por valor de 940 euros, se proponen anular la condición de asilo a las personas procedentes de países magrebíes por considerarlos países “inseguros”. El gobierno holandés planea para marzo la vuelta a Turquía de los refugiados que acogió desde septiembre. Para los que quieran seguir conservando su derecho a asilo se está redactando un anteproyecto de ley según el cual se obligaría a donar el 75% de la primera nómina al Estado. Alemania tramita la aprobación de medidas que permitan la deportación inmediata de los refugiados con delitos, y en los estados de Baviera y Baden-Württemberg ya se está aplicando la confiscación de bienes equivalentes a 345 y 750 euros respectivamente.
Persecución a los refugiados e impunidad de las bandas fascistas
Esta política de mano dura contra los inmigrantes, enarbolando la bandera nacional, no ha hecho más que dar pábulo y envalentonar la acción de las bandas fascistas. Entre octubre y diciembre la policía alemana registró más de mil agresiones a centros de acogida. Días después de que el gobierno de Merkel convirtiera las agresiones de Colonia en un altavoz para señalar a los refugiados, diferentes grupos vinculados a la organización fascista Pegida aprovecharon el miedo generado para formar sus autodenominadas “patrullas de autodefensa”; grupos de choque fascistas que en el último mes han organizado medio centenar de asaltos a centros de refugiados en Colonia usando armas de fuego.
Pegida organizó el 12 de enero dos manifestaciones en Leipzig y Postdam, con su correspondiente autorización policial. En ambos casos se saldaron con agresiones. En Leipzig 250 fascistas armados con bates de béisbol y hachas asaltaron un barrio con gran tradición de izquierdas. Públicamente, el gobierno no ha tenido más remedio que condenar estos ataques fascistas, pero lo cierto es que en la práctica estos grupos son amparados por el aparato del Estado. Después de los destrozos en esta ciudad, los detenidos, que confesaron su militancia de extrema derecha, no tardaron ni 24 horas en ser puestos en libertad.
Instaurar el miedo para aplastar la solidaridad
Para acabar con el ambiente social de solidaridad de millones de personas con los refugiados, los gobiernos europeos han desplegado una campaña de intoxicación en la que pretenden asimilar su imagen a la delincuencia y el terrorismo. Buscan instaurar el miedo entre la población europea para así justificar las medidas represivas contra los inmigrantes y el recorte de los derechos democráticos más elementales para el conjunto de la población.
Lamentablemente esta campaña cuenta con apoyos entre algunos dirigentes que se reclaman de izquierda. En Dinamarca las confiscaciones se han aprobado gracias a un pacto entre el gobierno liberal y los socialdemócratas. En Holanda y Suecia la oposición de “izquierda” se ha limitado a pedir que las incautaciones no se puedan hacer sobre los objetos de valor sentimental. Otro ejemplo destacado es el de Baden-Württemberg, uno de los Estados más duros en materia de confiscaciones, gobernado por el SPD y los verdes.
¡No podemos permitir que los mismos gobiernos que aplican recortes contra sus propias poblaciones traten de desviar la atención haciendo del inmigrante el chivo expiatorio! Levantar un movimiento de oposición a estos ataques a los inmigrantes, vinculado a la lucha contra los recortes sociales y de los derechos democráticos de toda la población, debe convertirse en una prioridad para la izquierda sindical y política europea.
