Es la primera huelga en este sector desde 1971 y los motivos muy similares: la implantación de nueva tecnología en los puertos que significa la intensificación de la explotación laboral y la amenaza de miles de despidos. El gobierno manifestó que esta huelga sería considerada un sabotaje en tiempos de guerra, aunque en el fondo se trata de dar un escarmiento a un sector importante del movimiento obrero y a uno de los sindicatos más combativos de EEUU, para que sirva de ejemplo al resto de la clase obrera estadounidense que se enfrenta a despidos, recortes de los gastos sociales, etc.
Amenaza de huelga general
Correctamente el AFL-CIO respondió al gobierno con la amenaza de una huelga general. Incluso el Partido Demócrata salió en defensa de los trabajadores y del ILWU. Los alcaldes y concejales de Los Ángeles, San Francisco, Oakland y Tacoma, junto a algunos senadores demócratas apoyaron públicamente al sindicato y a los trabajadores.
La huelga en la costa occidental es una expresión clara de que la clase obrera estadounidense está harta de los ataques a los derechos democráticos y sindicales, de la crisis económica y de los escándalos empresariales, etc. La lucha no ha terminado y además se ha intensificado con el anuncio de un cierre empresarial de 36 horas.
En nombre de su cruzada contra el terrorismo la administración Bush está atacando los derechos democráticos fundamentales. Una nueva ley aprobada por la administración elimina prácticamente todos los derechos de los inmigrantes, de hecho, se les puede expulsar del país sólo por sus ideas políticas, concede al FBI poderes para pinchar teléfonos y espiar las telecomunicaciones sin necesidad de una orden judicial. Podrán tener acceso a los expedientes académicos de todos los jóvenes, espiar sin permiso a los manifestantes contra la guerra, las librerías tendrán que comunicar al gobierno los nombres de todos aquellos que compren libros "subversivos", podrán acceder a las listas de suscriptores de revistas y periódicos, etc. También se ha creado el Departamento de Seguridad Interior, una nueva superpolicía con una plantilla de 170.000 personas y con un presupuesto de 37.400 millones de dólares. Esta política ha llevado a algunos dirigentes demócratas, como el ex vicepresidente Al Gore, a oponerse a ella e incluso cuestionar el papel imperialista de EEUU en el mundo. Son sólo los primeros síntomas de lo que está por venir.
Pero ahora la clase obrera se enfrenta al ataque de su derecho más elemental, el derecho a huelga. La clase obrera estadounidense tiene una tradición muy importante. Durante generaciones los trabajadores han luchado para tener unos derechos fundamentales: derecho a sindicalización, negociación colectiva, huelga, etc. Ahora se enfrenta una vez más a los ataques del gobierno y los empresarios. En el fondo el único objetivo es destruir al movimiento obrero. Los trabajadores de la costa occidental han demostrado que no van a permitir que Bush y los empresarios se salgan con la suya, y han señalado el camino para el resto de clase obrera estadounidense.
