¡Por una política revolucionaria para derrotar a la oligarquía y el imperialismo!
Desde el pasado 7 de diciembre el gobierno golpista de Dina Boluarte, llegado el poder siguiendo el guión escrito por la embajada estadounidense, y al que los gobiernos de la UE no han dudado en dar todo su apoyo, está convirtiendo las calles del país andino en un auténtico baño de sangre.
Un parlamento corrupto dominado por la derecha y la ultraderecha (cuyo rechazo popular supera el 90%) derrocó al presidente Pedro Castillo. Inmediatamente nombró a Boluarte (vicepresidenta de Castillo hasta que se pasó a los golpistas) gracias al apoyo del también corrompido poder judicial y los jefes militares y policiales. Y el látigo de la contrarrevolución provocó un levantamiento de las masas. El clamor social ha sido respondido por el Gobierno golpista decretando el estado de emergencia y sacando el ejército a las calles para retomar, a sangre y fuego, el control del país.
El mundo al revés (o el golpe según los medios capitalistas)
En el momento de escribir estas líneas (23 de diciembre), los grandes medios de comunicación peruanos e internacionales, que hacen todo lo posible por justificar el golpe y ocultar la magnitud de la represión, ya se han visto obligados a reconocer 30 muertos y centenares de heridos y detenidos como consecuencia de la brutal actuación policial y militar.
Este número podría ser bastante superior. Numerosas asociaciones de derechos humanos y organizaciones populares denuncian la utilización de munición de guerra contra las protestas, especialmente en las zonas mineras y campesinas del interior, donde varios aeropuertos y vías de comunicación ocupadas pacíficamente por los manifestantes han sido desalojadas a tiro limpio.
La actuación de Boluarte, presentada como una “demócrata” por los medios de comunicación y no pocos dirigentes de la izquierda reformista, repite con precisión casi quirúrgica el modelo de otros golpistas a las órdenes de Washington y las oligarquías latinoamericanas. A la ya mencionada utilización del ejército para reprimir las manifestaciones y el paro nacional indefinido, convocado por distintas asambleas populares y coordinadoras de movimientos sociales y organizaciones obreras y campesinas, se une el allanamiento de los locales de varias de ellas, con la policía “sembrando” armas blancas y cócteles molotov para justificar la detención de militantes y activistas de izquierda.
La gran novedad es que, esta vez, esos métodos criminales no solo cuentan con el apoyo entusiasta de la Casa Blanca, de sus lacayos habituales, los gobiernos de derechas latinoamericanos y la derecha y ultraderecha europeas. De manera escandalosa, este golpe está siendo apoyado entusiastamente por la socialdemocracia internacional, con el presidente español Pedro Sánchez (que no tardó ni 24 horas en reconocer a Boluarte) en primera línea. O el chileno Gabriel Boric. Ambos han aceptado participar en la campaña del imperialismo estadounidense y la burguesía internacional para lavarle la cara a los golpistas y ocultar la brutal la matanza que se está desarrollando en estos momentos en Perú.
Otro golpe “made in USA” para aplastar al pueblo y beneficiar a las multinacionales
A medida que se van conociendo más detalles, el papel central desempeñado por el gobierno de Biden en el golpe contra Castillo resulta más evidente. La víspera del 7 de diciembre, cuando el parlamento golpista votaba destituirle, la embajadora estadounidense, Liza Kenna, se reunía con el Ministro de Defensa de Castillo y varios jefes militares. Kenna, que fue agente de la CIA y ha participado directamente en operaciones similares en diferentes países, dio las directrices a seguir si Castillo decidía resistirse o se producía una movilización popular como la que estamos viendo. Uno de sus títeres en la preparación del golpe, el jefe del Estado mayor Luis Otárola, acaba de ser designado nuevo primer ministro. Según diferentes medios peruanos, varias ministras y ministros también han sido amablemente “sugeridos” a Boluarte por la embajadora yanqui.
Perú es el segundo exportador mundial de cobre (tras Chile) y posee abundantes recursos gasíferos, petroleros y minerales, entre ellos considerables reservas de litio (mineral clave para las nuevas tecnologías). El imperialismo estadounidense, tras sufrir una humillante derrota en Afganistán y fracasar estrepitosamente en su estrategia golpista en Venezuela y Bolivia, necesita pasar al ataque para recuperar terreno frente a su principal rival en la lucha por la hegemonía mundial, como ya estamos viendo en la guerra de Ucrania.
En el caso de América Latina, el “patio trasero” de Washington, el imperialismo chino ha tomado la delantera, convirtiéndose en principal socio comercial de numerosos países, entre ellos Perú. Durante la última década la Casa Blanca ha utilizado a los gobiernos peruanos de derechas como piezas claves para impulsar el Grupo de Lima y la Alianza del Pacífico, intentos de crear un bloque bajo su control alternativo al formado por diferentes gobiernos de izquierda reformista que han suscrito acuerdos con el Gobierno de Putin y, sobre todo, con el ascendente régimen de capitalismo de estado chino.
La victoria electoral de Castillo tomó por sorpresa al imperialismo estadounidense, que más que al nuevo Presidente temía a las masas que le llevaron al poder. El miedo a que un golpe demasiado prematuro cosechase un nuevo fracaso llevaron a Washington a reconocer la victoria de este maestro rural llegado al poder tras prometer un giro drástico a la izquierda. Mientras le presionaban para que renunciase a medidas anti-imperialistas y socialistas, utilizaron sus peones en el aparato estatal y el gobierno para preparar su derrocamiento.
Como advertimos desde IR Internacional, la renuncia de Castillo a basarse en la movilización para aplicar políticas revolucionarias, su búsqueda de acuerdos con los empresarios y la derecha para gestionar el capitalismo, presentadas como ejemplo de astucia táctica por esos mismos dirigentes de la nueva izquierda reformista que ahora le dan la espalda, solo sirvieron para allanar el camino a los golpistas.
La hipocresía de la socialdemocracia
El apoyo criminal de la socialdemocracia española, europea e incluso latinoamericana al golpe no es accidental ni consecuencia del desconocimiento. Es resultado de su aceptación del capitalismo como único sistema posible y su tendencia a fusionarse con la clase dominante, cediendo a todas sus exigencias en política interior y exterior.
La burguesía española obtiene buena parte de sus beneficios del saqueo de los recursos y la explotación de las masas latinoamericanas. Los gobiernos del PP y el PSOE han coincidido durante décadas en impulsar lobbies en Latinoamérica como, por ejemplo, la Fundación Carolina, creada en 2002 por 17 multinacionales españolas y que preside Felipe VI, heredando la labor de lobbista de su padre y recibiendo generosas comisiones por ello.
Los objetivos de este tipo de “proyectos de Estado”, que el gobierno de Sánchez ha hecho suyos, son “fomentar los valores de la Hispanidad” y preservar los intereses de las multinacionales españolas y europeas, que no tienen nada que envidiar a las estadounidenses en explotación y saqueo, destrucción medioambiental o persecución y represión sindical. Gracias a la constitución neoliberal de Fuijimori, Perú ha sido uno de los países donde este proceso de recetas neoliberales y privatizadoras ha llegado más lejos, como demuestran las denuncias y movilizaciones durante años contra Repsol.
El apoyo de Sánchez a los golpistas peruanos es un capítulo más de una bochornosa política que cede en todos los aspectos decisivos a las presiones del Ibex 35 y la CEOE y se cuadra con el imperialismo estadounidense. Pero esta política también deja en evidencia el seguidismo de sus aliados, empezando por los ministros de UP, que critican con la boca pequeña los excesos de los golpistas peruanos mientras hacen la vista gorda ante el apoyo político que les proporciona el mismo gobierno al que pertenecen.
La urgencia de levantar una alternativa revolucionaria
Sacando conclusiones de la experiencia, el imperialismo en lugar de basarse en figuras de la derecha como Keiko Fujimori o el fascista Pérez Aliaga, alcalde de Lima, han apostado al menos inicialmente por la vicepresidenta del propio Castillo, Boluarte, y varios diputados renegados de la izquierda. Pero esta maniobra, lejos de apaciguar a las masas, ha despertado aún más indignación.
Las consignas “que se vayan todos” y “cerrar el parlamento” expresan conclusiones muy avanzadas. Lo mismo que la exigencia de acabar con la actual constitución. No son simples consignas democráticas. Para las masas significan acabar con la explotación y la extrema precariedad laboral que se han convertido en norma, la desigualdad lacerante y discriminación secular de los pueblos originarios por esa oligarquía profundamente elitista y racista radicada en Lima y otras grandes ciudades. Es combatir el saqueo y entrega de las riquezas del país a las multinacionales (sean chinas, estadounidenses o europeas), parar la destrucción medioambiental y la degradación social, combatir el machismo y LGTBIfobia...Perú es uno de los países con más feminicidios, violaciones y crímenes homófobos del continente.
Por eso, limitar las reivindicaciones a la convocatoria de una Asamblea Constituyente o que se convoquen nuevas elecciones mientras el poder de esta oligarquía permanece intacto, renunciando a la luchar por medidas socialistas como la nacionalización de los bancos, las grandes empresas y los recursos mineros, gasíferos y petroleros, que son las únicas que pueden resolver los problemas de las masas es un grave error. Y esto es que están haciendo los dirigentes de las principales fuerzas de la izquierda política y sindical peruana.
Los oprimidos de Perú están mostrando una fuerza y capacidad de resistencia estremecedoras. La clave es dotar a esta fuerza de un plan de lucha y un programa que unifique todas las reivindicaciones sociales para vencer. Ese plan debe basarse en la propia acción directa de las masas, extendiendo las asambleas populares y comités de lucha que ya han empezado a surgir y unficándolos local, regional y nacionalmente para sostener y ampliar la huelga general indefinida.
Entre las tareas de estos comités debe estar la organización de la autodefensa armada de las masas en lucha, y un llamamiento a la base del ejército para que rompan con los altos mandos, que forman parte de la oligarquía, y se sumen a la insurrección.
Muchas imágenes que han circulado por redes sociales muestran cordones policiales o militares rotos por el empuje de los manifestantes. Algunas noticias hablan de escenas de confraternización. Para que esto se generalice, el levantamiento revolucionario debe construir una dirección que transmita decisión y voluntad de ir hasta el final, planteando un programa que gane a los hijos de familias obreras y campesinas que forman el 90% de la tropa.
Este programa solo puede ser la nacionalización, bajo control obrero, de la tierra, las grandes empresas y las explotaciones mineras, gasíferas y petroleras, arrancándolas de manos de los oligarcas y las multinacionales para ponerlas en manos de las y los oprimidos. Sólo así se podría planificar democráticamente la economía para satisfacer las urgentes y enormes necesidades sociales y ofrecer tierra, trabajo, alimentación, vivienda, salud y educación dignas a todas y todos.
