En los últimos meses y semanas México ha experimentado acontecimientos trascendentales para la lucha de clases. Lejos del optimismo de 2010, cuando el Producto Interno Bruto (PIB) creció un 5,5%, tras la contracción sufrida un año antes del -6,5%, la más severa en setenta años, el nerviosismo es ahora el común denominador de los estrategas de la burguesía. Ven con preocupación la tendencia a la baja de la economía nacional en los dos últimos años, con un crecimiento del 3,9 y 3,5% respectivamente. Y si bien el Banco Mundial pronostica una ligera mejora para 2013 (4%), los propios balances de dicha institución señalan que en 2014 el crecimiento apenas alcanzará el 3,9%. En buena medida ese desenvolvimiento está muy asociado con la dinámica de la economía yanqui, para la cual se prevé un raquítico crecimiento en 2012 y 2013 de 2,1 y 2,4% respectivamente.
En ese marco y ante la perspectiva de una nueva recesión, la burguesía se ha visto obligada a redoblar esfuerzos y luchar a toda costa por profundizar la estrategia que ha empleado en los últimos 30 años, lapso en el que los salarios se devaluaron un 80%. Los capitalistas lograron que de 1980 a 2006, por ejemplo, el volumen de sus ganancias en proporción con el PIB pasara del 56,3 al 61,9%, mientras que al mismo tiempo el valor de la masa salarial decreció del 36% al 28,6%. El crecimiento del PIB en 2010 reposó sobre la espalda de los trabajadores, puesto que mientras la producción manufacturera repuntó en un 43% y la productividad de los obres se desarrolló en un 5,8%, el costo unitario de la mano de obra en dicho sector se redujo un 9%.
Fraude electoral y contrarreforma laboral
Este es el escenario en el que se producía la contienda electoral y la burguesía no titubeó jamás en evitar a toda costa perder el control sobre el Estado, aunque fuera de forma marginal. Bajo las condiciones actuales el capitalismo no puede tolerar la reforma más tibia que pretenda aligerar modestamente la enorme carga que pesa sobre la clase trabajadora. En esencia esa es la explicación de fondo que motivó a la burguesía a actuar de la forma más osada y cínica posible implementando un nuevo fraude electoral en las elecciones presidenciales del 1 de julio que le dio al PRI y a su candidato, Enrique Peña Nieto (EPN), casi 19 millones de votos, es decir, el 100% más que lo alcanzado por este partido en las presidenciales de 2006, cuando apenas superó los 9 millones. Con Enrique Peña al frente se pretende que el Estado siga siendo el principal garante de la política de choque contra la clase trabajadora, objetivo que podría verse limitado por un gobierno dirigido por López Obrador (AMLO) el cual estaría enormemente presionado por las clases desheredas que demandan justicia social.
Prueba de la importancia que esta medida ha tenido para la burguesía fue la inmediata confianza que sintió tras los días 30 y 31 de agosto, días en que el tribunal electoral convalidó las elecciones y EPN fue proclamado como presidente electo, y el 9 de septiembre, fecha en la que en los hechos López Obrador renunció a cualquier forma de lucha seria contra el fraude electoral. Tras el 1 de julio AMLO optó por no llamar a las masas a movilizarse y a cambio depositó toda su apuesta en la vía legal, por medio de la impugnación de las elecciones; sin embargo, la puntilla para el movimiento sería el 9 de septiembre cuando en pleno mitin en el Zócalo de la Ciudad de México el máximo dirigente de la izquierda llamó a su seguidores a debatir sobre la idea de mantener a Morena como organización social o transformarlo en un nuevo partido político. Así, la imposición de EPN en el poder y la lucha contra el fraude quedaron relegadas a un aspecto secundario y marginal.
En ese contexto, el aún presidente Felipe Calderón (PAN), a pesar de estar en la recta final de su gobierno, se lanzó a un nuevo ataque: una contrarreforma laboral que eliminará importantes derechos de los trabajadores, muchos de ellos a través de la contratación por hora. Dicha medida fue aprobada el 28 de septiembre por los diputados del PRI, del PAN y demás partidos de derecha. Los dirigentes del sindicalismo independiente, los cuales arengaban apenas hace un par de semanas sobre la convocatoria de la huelga general, ahora están proponiendo como centro de la lucha la impugnación de la contrarreforma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Lucha de clases
Esos episodios podrían representar el fin del paréntesis de casi doce años en los que los gobiernos del PAN (con Fox y Calderón) estuvieron semiparalizadas en el impulso de las contrarreformas más añoradas por la burguesía a consecuencia de la acción de las masas proletarias en las calles. Se trató de un periodo en el que incluso, como en 2006, se presentó la oportunidad para que los trabajadores tomaran el poder. Sin embargo, toda esa energía ha sido desperdiciada por la dirección del movimiento, factor que está siendo aprovechado por la burguesía para atacar. No es descartable que en meses el nuevo gobierno del PRI impulse una contrarreforma fiscal para eliminar la tasa cero en el IVA para alimentos y medicamentos y, acto seguido, ir a por una privatización clásica del sector energético, Pemex y CFE, o al menos profundizar de manera más agresiva la “privatización silenciosa” de ambas paraestatales.
La crisis del capitalismo impone dos realidades a la lucha de clases. A pesar de la aprobación de la contrarreforma laboral, para la burguesía aún no es suficiente y necesita apabullar más todavía las condiciones de vida de los trabajadores (desmantelar la seguridad social, aplastar las pensiones, eliminar el reparto de utilidades y los aguinaldos…) y, por otro lado, el Estado no puede comprar la paz social y requiere recortar más las conquistas sociales, entre ellas la educación pública. Todo ello, para mala fortuna de los dirigentes sindicales, pone en el centro de los ataques al movimiento obrero. Y los síntomas de que existe un importante ambiente de lucha y un cambio en la situación ya empiezan a notarse. Es el caso de dirigentes como Agustín Rodríguez del Sindicato de Trabajdores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) y miembro de la dirección colegiada de la UNT, pero también otros dirigentes que se han visto obligados a plantear la posibilidad de pasar a la huelga general como forma de lucha. Otro síntoma es el de los 4.000 obreros de Nissan tomando en dos oportunidades la carretera México DF-Cuernavaca protestando contra el reciente ataque; destacamos este caso porque salvo los mineros, la actividad política de los sindicatos de industria ha sido baja en los últimos años, el caso de Nissan puede ser un anticipo de la entrada a medio plazo de este tipo de batallones a la lucha de clases.
Por otra parte, el surgimiento del movimiento #YoSoy132 en mayo pasado, la primera expresión del movimiento estudiantil de alcance nacional desde 1968, también es un síntoma digno de destacar. Y precisamente el 2 de octubre, cuando se cumplían 44 años de la masacre de estudiantes en la plaza de Tlatelolco, varias escuelas de la UNAM, del IPN y de la UAM, todas en el DF, han respondido favorablemente al llamado de huelga estudiantil de 24 horas. Seguramente este hecho inédito en años se esté dando en varias decenas más de colegios y universidades de distintas ciudades del país.
Existen síntomas importantes de lo que se está cocinado en las entrañas del movimiento obrero y juvenil y llegado el momento toda la rabia acumulada brotará sobre la superficie, lo que se está gestando en México es nuevo choque de trenes. La estabilidad social no es el escenario más probable para el nuevo gobierno del PRI. Ante este panorama resulta doblemente trascendente una alternativa revolucionara que llame al movimiento obrero a expropiar a los capitalistas bajo el control democrático de los trabajadores.
