La decisión que tomó la Sala Electoral del tribunal Supremo de Justicia, en torno al recurso de Amparo que fue introducido ante dicha sala por representantes de la Coordinadora Democrática para que se les reconociese las más de 800.000 firmas que el Consejo nacional Electoral (CNE) había decidido que irían a reparo, tiene que verse dentro del contexto de estrategia diseñada por el imperialismo. Esta pretende hacer ver que en Venezuela existe un clima de inestabilidad e ingobernabilidad propugnado por un gobierno de características dictatoriales que no solo violenta los derechos humanos, sino que coarta las más elementales libertades y derechos democráticos, incluyendo el derecho constitucional de ir a un referéndum para que el pueblo decida democráticamente si el Presidente Chávez se va o se queda.
No se puede comprender una decisión tan arbitraria, por violentar el debido proceso, si no se le ve dentro de ese contexto golpista.

Para el más débil de los conocedores de la materia de Amparo, y eso sin tomar en cuenta la situación política que estamos viviendo -donde se deben medir los pasos a dar si es que de verdad se quiere una salida democrática- tiene que darse cuenta que la Sala Electoral, al darle curso al procedimiento de Amparo antes que admitir la validez o no de la acción principal (que era la anulación del instructivo electoral del CNE y luego le tocaría aplicar la acción cautelar) violó el debido proceso al no citar a las partes confrontadas para escucharlas y ver cuales eran las pruebas que iban a aportar para que el juzgador, se pudiese dar una idea del asunto que iba a tratar y entonces poder opinar.

Es decir los jueces de la Sala Electoral ni se molestaron en conocer de las posibles pruebas, sino que así no más, leyó (si es que lo hizo) y se orientó por las informaciones salidas por los medios de comunicación golpistas, y decidió. ¿Que la parte contraria no pudo defender sus puntos de vista? Eso que importa si lo central es seguir alimentando la imagen virtual de un gobierno que ha venido violentando las leyes y la constitución. Y si la Sala Constitucional o el TSJ en pleno, deciden echar para atrás la decisión de la Sala Electoral sobre la validez de las firmas, eso probaría que el gobierno “controla” todos los poderes y he allí la prueba de la dictadura que hay que derrocar, ya sea con un golpe militar, una invasión con o sin marines o un magnicidio, con lo que se crearía “otro vacío de poder”.

El gobierno nacional ha venido diciendo que ellos respetarían una decisión del CNE y por los pasos dados, uno del TSJ, a lo cual nos preguntamos ¿Para el pueblo y el proceso revolucionario es el TSJ una institución confiable?. Claro que no. Ya en Abril del ´92 lo demostraron con su famoso “vacío de poder” que sirvió para que los golpistas se mantuvieran en libertad y con las manos libres para que siguieran conspirando.

El gobierno debe entender de una vez por todas que solo el pueblo y sus organizaciones son de confiar a la hora de detener a los golpistas en sus andanzas y defender el proceso social revolucionario y por ello debe pasar de las palabras a los hechos en cuanto a rescatar las empresas cerradas o en proceso de quiebra y ponerlas a funcionar bajo control obrero; tiene que impulsar la preparación militar de todo el pueblo y la formación de brigadas de autodefensa, no solo en PDVSA como lo dijo el Presidente Chávez en un Aló Presidente, tiene que nacionalizar los medios de comunicación y ponerlos a funcionar bajo control obrero y social, para impedir la campaña golpista y darle oportunidad a todas las organizaciones obreras y populares a poder manifestarse con toda libertad; tiene que nacionalizar el sistema bancario y decretar el No pago a la deuda externa y sus intereses para de esta manera contar con las palancas fundamentales de la economía y los recursos necesarios para reorientar la economía a la producción de bienes y servicios esenciales, a la vez que se generan los empleos necesarios para empezar a acabar con ese flagelo. Así mismo tiene que acabar con la impunidad, poniendo presos a todos los golpistas del 11A, del 2D y de la “guarimba” y hacerles pagar con sus bienes los miles de millones de dólares que el País y el pueblo perdieron en dichas acciones.
El gobierno tiene que darse cuenta de que los planes golpistas se siguen desarrollando más allá de un fracaso, verdadero o aparente, táctico o momentáneo. Las organizaciones obreras y populares revolucionarias tenemos que concordar en un plan que nos permita detener los planes golpistas profundizando la revolución. Tenemos que profundizar nuestra organización, vincular unas con otras y centralizar planes de trabajo. Difundir las ricas experiencias que se han desarrollado que van desde como movilizarnos, pasando por el control obrero de la producción hasta la organización embrionaria de brigadas de autodefensa de trabajadores, estudiantes y vecinos.
En este momento tenemos profundizar el proceso revolucionario o la reacción seguirá envalentonada y desarrollando sus planes golpistas.

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