Se ha hablado mucho sobre la explosión de la burbuja inmobiliaria, pero decir que la burbuja ya se ha desinflado totalmente no es del todo correcto. Si bien ha disminuido el número de viviendas vendidas (la venta cayó un 6,3% en el tercer trimestre de 2011 respecto al tercer trimestre de 2010, un total de 75.462 operaciones cerradas, la segunda menor cifra desde el comienzo de la crisis), y también es verdad que el precio ha bajado, el Banco de España (BE) cifra en un 20% la bajada media del precio advirtiendo que aún queda un recorrido de bajada muy amplio por delante (no olvidemos que según datos oficiales en Irlanda han bajado un 60%), siendo el descenso del precio del suelo todavía más espectacular: la caída es ya de un 30% en términos reales y llegará (según previsión del BE) a un 45% o 50%.
Estos datos representan una cierta relajación de la presión, pero no que la burbuja haya desaparecido. Los bancos son los primeros interesados en que no bajen demasiado los precios inmobiliarios, por la repercusión que tendría en sus activos y cuentas de resultados. Pero si atendemos a la marcha de la economía general, todo apunta a que la explosión será mayor de lo previsto: la recesión económica está otra vez en puertas, el aumento del paro, los recortes sociales y las subidas de impuestos están mermando las economías domésticas, el endeudamiento familiar es de 804.257 millones según el BE (más de 625.000 millones corresponde a préstamos hipotecarios); además el stock de viviendas es descomunal, unas 3.200.000 viviendas. El problema es ¿cómo dar salida al stock existente, cuando las economías familiares descienden y las perspectivas económicas son peores que hace un año?
La burbuja sigue ahí
Las consecuencias de la burbuja inmobiliaria no han desaparecido, existen y están dentro de los bancos, lo dicen las cifras: alrededor de 176.000 millones de euros, dato del BE, es el importe de los créditos peligrosos a promotores y activos inmobiliarios adjudicados que permanecen en los balances.
El mayor problema de los bancos actualmente no es la deuda soberana, sino el valor menguante de sus activos inmobiliarios. Según el economista Borja Mateo, en entrevista de la edición digital del diario La Vanguardia (23/11/11), hay stock suficiente para los próximos 14 años. Además, los bancos mantienen artificialmente a promotoras arruinadas a las que siguen dando líneas de liquidez para no tener que reconocer pérdidas, y tienen en cartera entre 750.000 y 900.000 inmuebles que les cuesta un dinero mantener y comercializar. Ante esta comprometida situación, los más sesudos economistas y banqueros se plantean qué hacer. Evidentemente su interés inmediato pasa por deshacerse de dichos activos y sanear sus cuentas, pero no es fácil.
¿La creación de un ‘banco malo’ es la solución?
José Manuel Galindo, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) está pidiendo a gritos al gobierno que actúe “urgentemente” para sacar de la banca los activos inmobiliarios y que así el crédito vuelva a fluir y se recupere el ritmo de concesión de hipotecas, es decir la venta de promociones. Pero el crédito no puede volver a fluir, debido al nivel de sobreendeudamiento, tanto familiar, como empresarial, tanto del sector público como del privado.
La verdadera intención de promotores y banqueros es que el gobierno cree un “banco malo” que engulla los activos tóxicos y les limpie sus cuentas con cargo a las arcas públicas.
Según análisis de Morgan Stanley, la creación de un banco malo tendría un coste de 104.000 millones de dinero público; esto dispararía la deuda soberana, supondría más presión para reducir servicios públicos y todo ello a cambio de salvar a los banqueros; además este banco tendría que sacar al mercado los activos inmobiliarios convirtiéndose en un competidor para las agencias y para el vendedor particular, y no podría deshacerse de esa cantidad (casi un millón de inmuebles) en menos de diez años: en la práctica supondría que el Estado comprase los inmuebles a los bancos sin tener ninguna garantía de recuperar ese dinero.
La postura del PP todavía es bastante ambigua, hasta ahora ha evitado pronunciarse claramente sobre este aspecto, aunque en su programa electoral dice textualmente “facilitaremos la gestión activa del patrimonio dañado de las entidades financieras que lo precisen”, es decir, “sacaremos al banquero las castañas del fuego”. Aunque Rajoy ha dicho que no se creará dicho banco, otros dirigentes populares, como el diputado Martínez Pujalte, apuntó hace varias semanas que hay que crear un banco malo por lo menos para quitarle a la banca el problema del suelo; hace bien en estar preocupado por el problema de los activos en suelo o respaldados por suelo ya que representan casi la mitad de los activos inmobiliarios en manos de las entidades y su valor baja a toda velocidad. Prueba de ello es que una medida que ha tomado el gobierno urgentemente es prorrogar la calificación de urbanizables a los suelos rústicos durante un año más, para evitar que su precio caiga abruptamente lastrando las cuentas de los bancos.
La situación de la banca española
¿Por qué hay que ayudar a la banca si sigue teniendo beneficios? Según la Asociación Española de Banca (AEB) en 2008 obtuvo beneficios de 22.400 millones, en 2009 fueron 15.000 millones y otros 15.000 millones en 2010; pero ahí se cuentan como ingresos los préstamos que han concedido y que se tendrían que recuperar en condiciones normales de una economía sana, que no es el caso (la tasa de morosidad es actualmente del 7,42% de media, aunque entre constructores llega al 18%, mientras el fondo de cobertura para insolvencias permite cubrir una morosidad del 4% solamente).
Atendiendo a estos cálculos, la banca necesitaría un saneamiento de unos 60.000 millones debido a la burbuja, pero la cifra real es imposible de conocer, aunque muchos expertos la sitúan en unos 100.000 millones. Una opción para ellos es el banco malo o bien intentar algún híbrido de fusiones bancarias que hiciera el mismo papel pero de manera más disimulada; en el Estado español ya ha habido algún experimento en ese sentido, El Banco Financiero y de Ahorro (BFA), matriz de Bankia, acumula activos inmobiliarios por unos 50.000 millones y la mayor parte de su capital es dinero público, así que es un banco un poco malo aunque no se llame así.
Si optan por la creación del banco malo, el dilema es a qué precio adquirirá esos activos, al de los libros bancarios (superinflado) o al precio real del mercado (cada día baja más). Si es al primero, los bancos salvarían sus cuentas y estarían en mejor posición para conseguir financiación del BCE, mientras que el Estado perdería muchos miles de millones; si es al segundo, los bancos tendrán que anotar pérdidas quedando en situación cercana a la quiebra en muchas entidades y mostrando sus debilidades al mundo entero.
En Irlanda hubo esta experiencia, y el banco Nama adquirió los activos tóxicos al precio de mercado, generando pérdidas gigantescas a la banca que tuvo que ser rescatada por el Estado y éste a su vez por Bruselas con consecuencias nefastas; en Alemania el Estado compró los activos al precio inflado de los balances salvando a los bancos de pérdidas pero lastrando económicamente al Estado de manera criminal.
En cualquiera de los dos casos, es la masa trabajadora y los parados quienes vamos a pagar la factura final en forma de más y más recortes para compensar las pérdidas del Estado por salvar a los banqueros.
