El 20 de junio el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de reforma fiscal que ya había sido anunciada en marzo con la presentación pública de la propuesta elaborada por un grupo de “expertos”. En lo fundamental, el anteproyecto recoge las medidas propuestas en marzo —ver El Militante de abril, nº 281— pero intenta camuflar las evidentes concesiones y ventajas a los más ricos con algunas rebajas cosméticas y de mínima repercusión económica dirigidas a las personas con menores rentas, y con el aparente endurecimiento de algunas formas de tributación a los más adinerados que en realidad no son tales, ya que los poseedores de grandes patrimonios disponen de abundantes fórmulas para evitar el pago de impuestos.
Un sistema impositivo más regresivo
La medida de mayor impacto de la reforma es la reducción de los tramos de tributación del IRPF, tanto para las rentas del trabajo como para las del capital. De esta manera se reduce la progresividad del impuesto, de modo que los que tienen mayores ingresos pagarán proporcionalmente mucho menos que los de ingresos más bajos.
A partir del año 2016 se pagará el mismo tipo (47%) si se cobran 60.000 euros al año que si se cobran más de 300.000, cuando a día de hoy quien percibe esta última cantidad está pagando un 52%. A esta rebaja de cinco puntos para el tramo más alto de rentas se une que sus perceptores (normalmente directivos de grandes empresas y bancos) se benefician de forma acumulada de la rebaja en los restantes tramos.
¿Y cómo quedan los gravámenes de los salarios de la inmensa mayoría de los trabajadores? Pues aunque es cierto que quienes cobren entre 12.000 y 12.450 euros anuales —es decir, un máximo de 890 al mes— ven mejorados en unos pocos euros sus miserables ingresos, los trabajadores con salarios brutos mensuales comprendidos entre 1.442 y 2.514 euros —el tramo donde se sitúa el salario medio— van a percibir, en el mejor de los casos, una rebaja de sus impuestos de sólo dos puntos porcentuales.
Lo mismo ocurre con el gravamen de los rendimientos de capital. Una familia trabajadora que haya conseguido ahorrar 5.000, 10.000 o 100.000 euros y los haya depositado en una entidad bancaria, verá bajar su gravamen en dos puntos. Pero quien disponga de un depósito bancario de 300 millones de euros recibirá una rebaja de seis puntos. ¡Un auténtico regalo para los más ricos a costa de los trabajadores!
Respecto al Impuesto de Sociedades —el que pagan las empresas por sus beneficios— el tipo nominal baja del actual 30% al 25%. Este tipo de gravamen es una falacia, ya que la ley prevé una inmensa batería de exenciones y deducciones que permiten a las empresas rebajar considerablemente su factura fiscal. De hecho, una vez aplicadas estas desgravaciones, las grandes empresas multinacionales, las que obtienen beneficios milmillonarios, tributan en el Estado español, según datos oficiales de Hacienda, sólo un 8%, que contrasta con el gravamen mínimo del 19% de las rentas salariales.
El gobierno del PP no se cansa de repetir que va a eliminar muchas de estas deducciones empresariales, pero esta reforma va en dirección contraria, ya que se crean nuevos tipos de deducción —por inversiones en investigación y desarrollo, por constitución de reservas de capital y de nivelación, etc.— que permitirán a las empresas generosos incrementos en sus beneficios netos.
Todas estas medidas supondrán, de acuerdo con los cálculos del gobierno, una reducción de los ingresos fiscales del Estado de 6.700 millones de euros. Para compensarla, el Gobierno ha tomado dos medidas que nos afectan muy seriamente a la clase trabajadora.
Impuestos a las indemnizaciones por despido
La primera es que las indemnizaciones por despido, que hasta ahora estaban exentas de tributación, pagarán impuestos a partir del 20 de junio de este mismo año. Es difícil calcular el impacto real de esta medida, pero teniendo en cuenta el número de despidos y el total de indemnizaciones de años anteriores, Hacienda podría obtener algo más de 1.000 millones de euros. ¡Mil millones de euros detraídos de las indemnizaciones de los trabajadores despedidos para poder reducir los impuestos de los más ricos!
La segunda medida es que se profundiza el reajuste del IVA, con la reclasificación del tipo aplicable a una serie de productos sanitarios. Como advertíamos en El Militante de abril, con esta medida se abre el camino para ulteriores subidas del IVA si la reducción de la recaudación pone en peligro el objetivo de déficit de las cuentas públicas.
Es posible que muchos trabajadores comprueben en 2015 que las retenciones del IRPF de sus nóminas se reducen y que el dinero neto que reciben es algo mayor, aunque los que cobren más de 14.450 euros anuales se llevarán la sorpresa al hacer su declaración de IRPF de que la deducción por rendimientos del trabajo se ha reducido en un 25%, con lo que la rebaja de tipos se compensa con el aumento de la base impositiva y se acaba pagando lo mismo o incluso algo más. De nuevo se comprueba que la característica básica del sistema impositivo del Estado español no sólo no cambia sino que se hace más regresiva: vamos a seguir siendo los trabajadores quienes aportemos la mayor parte —y creciendo— de los ingresos de la Hacienda pública.
Como señala Gestha, la asociación de técnicos del Ministerio de Hacienda, los principales beneficiarios de la reforma no sumarán más de 73.000 contribuyentes, los que ingresan más de 150.000 euros anuales, que suponen en torno al 0,3% del total de declarantes. En cambio, los 11,5 millones de trabajadores y pensionistas que ganan menos de 11.200 euros anuales no se verán afectados por la rebaja fiscal.
En resumen, esta reforma no sólo no cambia el hecho de que los ingresos públicos son soportados en su inmensa mayoría por los trabajadores, sino que, con total desfachatez, destina los ahorros conseguidos por los recortes salvajes en los servicios y prestaciones públicas a compensar a una ínfima minoría de millonarios. Hay dinero más que suficiente para sufragar el gasto público, pero la opción del PP y de la minoría de burgueses adinerados que lo apoyan es la de embolsárselo.
