La clase obrera y los campesinos pobres se levantan contra el ultraderechista Narendra Modi

Los oprimidos y oprimidas de la India volvieron a hacer historia el pasado 26 de noviembre. 250 millones de trabajadores protagonizaron una de las mayores huelgas generales de la historia del país. Convocada por las diez centrales sindicales estatales más importantes, el AIKSCC (una plataforma que agrupa a más de 300 organizaciones de campesinos) y apoyada por los dos partidos comunistas con representación parlamentaria, la clase obrera y los campesinos pobres se han rebelado contra el paquete de reformas laborales y privatizaciones del sector agrícola aprobado por el Gobierno del Bharatiya Janata Party (BJP) encabezado por Narendra Modi.

Los cuatro códigos laborales aprobados son una continuación de las políticas de recortes y ataques a las condiciones de vida de la clase trabajadora india por parte del Gobierno de extrema derecha. Mediante estos, la jornada de ocho horas queda suprimida, se modifica la normativa para formar sindicatos haciéndola mucho más restrictiva, se eliminan disposiciones como la creación de tribunales laborales para resolver conflictos en las empresas, se reduce el seguro médico y se facilita el despido de los trabajadores. Estas medidas también van acompañas de tres leyes agrarias que abren la puerta a que los agronegocios dominen el cultivo, el comercio y la fijación de precios de los productores agrícolas, incluidos los alimentos esenciales como los cereales.

Las masas indias vuelven a mostrar su músculo

La huelga fue secundada por trabajadores de todos los sectores de la economía: las principales industrias como la producción de carbón y acero, las refinerías de petróleo, empresas de telecomunicaciones, del sector bancario público, los puertos y el transporte, los taxistas, los obreros agrícolas, vendedores ambulantes… Incluso las oficinas gubernamentales estuvieron cerradas ese día a pesar de la amenaza del Gobierno de prohibir la huelga entre los trabajadores públicos mediante la Ley de Mantenimiento de Servicios Esenciales.

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El 26 de noviembre 250 millones de oprimidos y oprimidas protagonizaron una huelga histórica en la India que fue secundada por trabajadores de todos los sectores de la economía

En los estados sureños de Kerala y Telengana, en Odisha en el este y Assam en el noreste el paro fue total. Empresas como Salem Steel (acero), Ashok Leyland (automóvil) o M V Textile Industrial (textil) se paralizaron por completo. Distintos medios de comunicación informan que en la ciudad de Calcuta en Bengala Occidental, donde el tráfico es atronador, no había prácticamente circulación de vehículos.

Hubo manifestaciones multitudinarias en las principales ciudades y Estados, bloqueos de carreteras y cortes de las vías del tren. La masividad y combatividad de la huelga del 26 de noviembre es solo un nuevo capítulo del movimiento de masas que comenzó en 2019 contra el Gobierno de Modi.

La retirada de los cuatro códigos laborales se ha unido a las reivindicaciones económicas y sociales que tras la pandemia de la Covid-19 cobran una relevancia todavía mayor. Los sindicatos están exigiendo un salario mínimo de unos 280 dólares, una pensión de 133 y 10 kilogramos de alimentos para todas las familias pobres, así como el fin del proceso de privatización de las empresas del sector público.

Las protestas de los agricultores y campesinos se extienden y radicalizan

El sector agrícola, que representa un 18% del PIB indio, emplea a más de 600 millones de personas y se calcula que 1.000 millones en el medio rural y urbano dependen directamente de la agricultura (el 75% de la población). Las constantes subidas de los precios de los combustibles y el aumento de los costes de los fertilizantes, las malas cosechas a consecuencia del cambio climático, la imposibilidad de poder vender los productos con ganancias… han provocado una grave crisis agraria en el país y han sumido en la más extrema pobreza a los campesinos y trabajadores del campo.

La marginalidad, el hambre y la desesperación —la mayoría de granjeros tiene deudas con prestamistas locales que cobran intereses del 25%— han llevado a muchos de ellos al suicidio: según la Oficina Nacional de Estadísticas del Crimen de India, el año pasado más de 10.000 trabajadores agrícolas se quitaron la vida, sumando cerca de 300.000 suicidios en los últimos veinte años.

Las protestas de los campesinos comenzaron en agosto de este mismo año con cortes de carreteras, manifestaciones unificadas e incluso una huelga en septiembre, pero ha sido a raíz de la huelga general del 26 de noviembre que todo ha saltado por los aires.

Ese día los agricultores organizaron el Delhi Chalo, una marcha masiva hacia la capital viajando en tractores y camiones. Una movilización de centenares de miles de campesinos respondida con un fuerte despliegue de fuerzas paramilitares, que no dudaron en usar gases lacrimógenos y cañones de agua para evitar que la protesta llegara a Nueva Delhi. Desafiando a la policía y al aparato estatal, a pesar de que en muchos distritos se prohibieron las reuniones de más de cuatro personas, decenas de miles de trabajadores de los estados del noroeste consiguieron llegar a la frontera del territorio de la capital, Delhi. Rompiendo los cordones policiales, los y las manifestantes han bloqueado las carreteras de acceso a la ciudad. Desde entonces, ya son más de 350.000 agricultores, familiares, trabajadores de otros sectores que apoyan la lucha, acampados y protestando en los puntos fronterizos de Delhi.

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Centenares de miles de campesinos pobres organizaron en Delhi Chalo una marcha masiva, respondida con un fuerte despliegue de fuerzas paramilitares por parte del Gobierno

La presión ejercida ha obligado al ministro del Interior, Amit Shah, a abrir una ronda de negociaciones para discutir las condiciones, en un intento de que cesaran los bloqueos. Tras cinco reuniones y ante las maniobras del Gobierno para enviar a la gente de nuevo a casa, las principales organizaciones de campesinos llamaron a la huelga nacional el 8 de diciembre, organizando nuevas manifestaciones y ampliando el campamento a las afueras de Delhi, que se mantiene en pie desde hace más de dos semanas.

La impresionante movilización de los campesinos pobres, no solo contra las leyes agrícolas sino también exigiendo tierra, pan y trabajo, ha despertado una solidaridad de clase espectacular entre la población. Más de 500 organizaciones ya han mostrado su apoyo a este movimiento y el All India Motor Transport Congress (AIMTC), que representa a millones de camioneros y conductores de autobuses y taxis, ha amenazado con una huelga en el sector si el Gobierno no deroga las leyes contra los campesinos. En Haryana, obreros de Maruti Suzuki, Hero Motorcycle y otras plantas automotrices salieron en manifestación en apoyo a los agricultores. Como explicaba Marx[1], bajo el capitalismo “la explotación de los campesinos se distingue de la explotación del proletariado industrial solo por la forma; el explotador es el mismo: el capital”.

Este movimiento, además, ha unido a hindús, musulmanes, cristianos y sijs contra un Gobierno que ha utilizado el supremacismo hindú para tratar de dividir a la clase trabajadora en líneas religiosas, étnicas y sectarias. Para desgracia de Modi, los millones de trabajadores que hoy se movilizan en la India señalan a los ricos y a los poderosos, a las castas superiores que dominan social y económicamente el país, como responsables de toda la miseria que impera en la sociedad.

Un infierno en la Tierra

La devastación económica y social provocada por la Covid-19, que se ha saldado con una caída del 9,5% del PIB, casi 10 millones de personas contagiadas y 144.000 decesos, ha supuesto un golpe demoledor a la clase obrera, el campesinado y la juventud indios.

La India es el país con más cantidad de pobres en el mundo: el 70% de la población vive con menos de dos dólares al día, 200 millones pasan hambre —más que en todo el África subsahariana— y cerca de 60 millones de niños sufren desnutrición. Durante la pandemia, las colas del hambre han sido la imagen diaria en ciudades y zonas rurales. Según datos del propio Gobierno, en 2015 el 82% de los trabajadores señalaron no tener un contrato laboral y unas 48.000 personas pierden la vida en sus puestos de trabajo cada año a causa de la precariedad. En el campo de la salud, la falta de centros y personal sanitario es una constante, llegando a extremos, como en el estado de Uttar Pradesh, donde solo hay un centro médico público por cada 9,5 millones de habitantes.

En un informe de 2016, Save The Children denunciaba que en la India hay más de 8,3 millones de niños trabajadores con edades de entre 5 y 14 años. Con la crisis sanitaria, UNICEF ha alertado de un efecto de la pandemia del que nadie habla: el dramático aumento del trabajo infantil.

A todo esto, hay que añadir las terribles consecuencias del calentamiento global y el cambio climático: las olas de calor que ya se han cobrado miles de vidas, la subida del nivel del mar en un país que cuenta con una línea de costa de más de 7.500 kilómetros, fenómenos como los monzones y las sequías que cada año son más recurrentes y sus devastadores daños, como se ha vivido con el ciclón Amphan en mayo, el Maharashtra en agosto y el Nivar en noviembre.

La guerrilla maoísta en el Corredor Rojo, un conflicto que sigue abierto

La política represiva y ultrarreaccionaria de Modi ha quedado más que demostrada. Desde la aprobación de la Enmienda de la Ley de Ciudadanía —que establece que India es una “nación hindú”—, pasando por el conflicto en Cachemira hasta la represión, el asedio y la tortura del Estado indio contra la población del Corredor Rojo, la región selvática del centro del país donde durante décadas se ha desarrollado la lucha guerrillera.

La insurrección naxalita se remonta a finales de los años 60 del siglo XX, en el estado de Bengala Occidental. En 1967, hubo un levantamiento en la aldea de Naxalbari —la que dio nombre al movimiento— contra una patrulla de la policía, que fue atacada con arcos y flechas, tomando así el control de las propiedades de distintos terratenientes locales.

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La represión, el asedio y la tortura del Estado indio contra la población del Corredor Rojo, forma parte de la política ultrarreaccionaria de Modi

Desde ese momento los naxalitas, bajo la influencia del Partido Comunista maoísta, declararon la guerra a un Estado burgués, semifeudal y clasista. Creían que, mediante la guerra de guerrillas protagonizada por el campesinado (la población rural de la India superaba entonces el 80%) conseguirían que la revolución socialista triunfara.

Los naxalitas encontraron su base de apoyo en hombres y mujeres de las castas inferiores (dalits o intocablesy grupos tribales marginados (adivasis), una población empobrecida, sin posibilidad de acceder a la propiedad de la tierra, con tasas de alfabetización que no llegaban al 15% en el caso de las mujeres y carentes de servicios básicos e infraestructuras. A los problemas de desarrollo se unió la violencia de las multinacionales en el expolio de los suculentos recursos minerales de esta zona. Con todos estos ingredientes sobre la mesa, y con la convicción de que los guerrilleros iban a persistir en su lucha contra la dictadura bonapartista india, los campesinos se inclinaron hacia la guerrilla. El movimiento naxalita se popularizó y extendió a 16 estados: en los primeros años llegaron a congregar a 10.000 combatientes y más de 40.000 redes de apoyo locales. En el Corredor Rojo, los maoístas establecieron estructuras de gobierno paralelas e implantaron su propio sistema educativo, sanitario y judicial.

El conflicto se ha cobrado más de 10.000 vidas desde 1980. La estrategia fundamental del Estado indio para acabar con los guerrilleros fue la mano de hierro de los militares, lo que convirtió el Corredor Rojo en una zona de guerra abierta donde los abusos, las extorsiones, los asesinatos a sangre fría o las violaciones eran el día a día de los y las campesinas.

En 2009, el entonces presidente del país Manmohan Singh, calificó la guerrilla naxalita como “la mayor amenaza interna para la seguridad del país”. La violencia del aparato del Estado que tuvo su máxima expresión en la operación Green Hunt —una ofensiva salvaje contra el PCI (Maoísta) en la que el Gobierno indio llegó a movilizar a 100.000 fuerzas paramilitares para desarticular las redes maoístas— alimentó el apoyo de la población al Partido Comunista, que sigue controlando gran parte de estos territorios gracias a las mejoras políticas que se consiguieron implementar, como el derecho a voto para los intocables o igualdad de derechos para todos y todas independientemente de la religión que profesaran.

En 2011 el grupo fue oficialmente prohibido y a día de hoy cerca de 40.000 soldados permanecen aún en la zona, entre ellos varios batallones de las fuerzas especiales del ejército indio.

La crisis orgánica del capitalismo, la incapacidad del Estado indio de abastecer de los recursos más esenciales a la mayoría de la población, la política aplicada por el BJP, entre otros factores, siguen alimentando el conflicto naxalita, que parece estar lejos de cerrarse.

La participación en el parlamento del Partido Comunista de la India y el Partido Comunista (Marxista), supeditando la lucha de masas a las instituciones “democráticas” burguesas y su papel en algunos Gobiernos -como es el caso de Bengala Occidental a manos del PCI (Marxista)- aplicando la misma política favorable a las grandes empresas, siguen empujando a gran parte del campesinado a simpatizar con la guerrilla.

Las profundas raíces de los maoístas en el Corredor Rojo indio -según datos oficiales de 2013 mantienen su influencia en 76 distritos del país- no sólo demuestra una correlación de fuerzas favorable para la lucha por el socialismo, sino también la posibilidad real de unir a la clase obrera y los campesinos pobres bajo una misma bandera y un mismo programa revolucionario para tomar el poder político, social y económico en la India. Un programa mediante el cual, basado en los métodos de la clase trabajadora y con el apoyo auxiliar de la guerrilla, poder poner punto y final a las contradicciones entre un proletariado y campesinado cada vez más pobres y excluidos y una burguesía cada vez más rica.

Hay fuerza para derrotar los planes del Gobierno y tumbar a Modi

La clase obrera india ha entrado con toda su fuerza en la escena política. A nivel mundial, el proletariado indio tiene una importancia especial no solo por su inmensidad numérica sino también por las profundas tradiciones que han demostrado en las distintas luchas, levantamientos y rebeliones que han protagonizado las masas a lo largo de los últimos años.

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La resistencia de las masas indias contra el BJP revela un gran avance en la conciencia de las masas

Desde la reelección del BJP en mayo de 2019, la clase obrera india ha respondido con contundencia a la política ultraderechista y nacionalista hindú del Gobierno. La última huelga general y el levantamiento del campesinado pobre revela un gran avance en la conciencia de las masas que no quieren soportar ni un minuto más una situación insostenible.

Apoyándose en el inmenso éxito de la movilización es el momento de que los Partidos Comunistas rompan con su política de colaboración de clases y propongan un programa revolucionario. La clase obrera y el campesinado han golpeado juntos de forma intuitiva, ahora es necesario establecer los próximos pasos en la lucha, que deben pasar, en primer lugar, por la convocatoria de una nueva huelga general de 48h para que Modi retire todos los códigos laborales y las leyes agrarias, con comités en las fábricas, en las regiones rurales, en los distintos Estados para coordinar una acción sostenida en el tiempo.

La disposición de las masas está más que probada. Es la tarea de los revolucionarios traducir todo esto en una estrategia y un programa capaz de alcanzar la victoria y transformar la sociedad.

[1] Karl Marx, Las luchas de clases en Francia


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