Después de un primer trimestre de lucha contra la Ley Orgánica de Universidades (LOU), el pasado 7 de marzo decenas de miles de estudiantes de secundaria, bachillerato y formación profesional volvimos a salir a la calle, esta vez, contra la mal llamada "ley de Calidad " y la Ley de FP, que pretende aprobar el PP. La huelga general del 7 de marzo fue un éxito. Más de dos millones de estudiantes paralizamos las clases ese día con un seguimiento del 90% y decenas de miles salimos a las calles en más de 40 manifestaciones.
Una ley contra la calidad de la educación pública
El 11 de marzo, Pilar del Castillo, hizo público el documento de bases de lo que será la futura "Ley de Calidad" y se confirman todos los ataques que desde el Sindicato de Estudiantes llevamos denunciando desde hace más de un año.
Habrá reválida o Prueba General de Bachillerato al terminarlo (si no se aprueba no tendremos el título de bachillerato y no podremos ir ni a la universidad ni a la FP superior, donde todos los años hay decenas de miles de no admitidos). Además, la nota que se tendrá en cuenta para el acceso a la universidad será exclusivamente la nota obtenida en la PGB, sin tener en cuenta para nada el esfuerzo de dos años de bachillerato. Esta es la "calidad" y la "excelencia" del PP. Un claro retroceso, puesto que hasta ahora se valoraba un 60% el bachillerato y un 40% la selectividad, que cribará brutalmente el acceso a la universidad.
Habrá itinerarios: dos en tercero de la ESO (uno orientado a la FP de grado medio y al mercado laboral y el otro encaminado a los distintos bachilleratos), y tres en cuarto de la ESO. Es decir, nos separarán según nuestro rendimiento académico en "tontos" y "listos". Desde los catorce años nos etiquetarán y nos dirán quiénes estamos capacitados para seguir estudiando y quiénes sólo para trabajar.
Los directores tendrán más poder para tomar medidas disciplinarias y el consejo escolar pintará menos que actualmente, convirtiéndose en un órgano meramente consultivo (ni siquiera podrá elegir al director, que será elegido a dedo por la Administración).
Pero además introducen más medidas reaccionarias. Pretenden crear grupos separados del resto desde primero de la ESO (doce años) a los que llamarán "grupos de refuerzo educativo". Sin embargo, no son clases de apoyo, ni desdobles como están tratando de vender para crear confusión. Serán grupos separados para los estudiantes con más dificultades. Así quiere el PP acabar con el fracaso escolar: creando un "itinerario basura" desde los doce años donde ir metiendo a aquellos estudiantes que le sobran.
Además el PP ha tomado medidas que de una forma encubierta significan recortar la escolarización obligatoria hasta los 16 años. En el borrador de la ley podemos leer: "Con el fin de atender las expectativas de aquellos alumnos que, con más de quince años, no deseen incorporarse a ninguno de los itinerarios ofrecidos, se establecen programas de Iniciación Profesional, con un currículo eminentemente práctico". Aquí vemos nuevamente la hipocresía y el cinismo de la derecha. En lugar de analizar por qué un estudiante con quince años puede "desear no incorporarse a ningún itinerario" y darle los medios necesarios para que no abandone, en realidad se le jalea para que se vaya del sistema educativo.
Además, con esta ley, se va a permitir que los centros seleccionen a sus alumnos teniendo en cuenta el expediente académico. Así, introducirán la competencia entre los institutos, creando centros de primera y de segunda categoría. También, podrá haber centros que elijan qué itinerarios van a dar. ¿Dónde se impartirán los "itinerarios basura"? Desde luego no en la privada, que como estamos viendo selecciona a sus alumnos y se niega a escolarizar a los inmigrantes sin que el ministerio se lo impida (a pesar de que el Estado, con el dinero de todos, financia íntegramente los gastos de los centros privados concertados). Ahora se negarán a impartir este itinerario, quedándose con los estudiantes más "brillantes".
Pero, además, es una ley con tintes racistas. Se renuncia a escolarizar a aquellos estudiantes inmigrantes con "dificultades de adaptación" (desconocimiento del idioma, por ejemplo) con edad de matricularse en la ESO. Para ellos, el MEC ha preparado "programas de aprendizaje profesional", al terminarlo les darán un certificado para poder entrar al mercado laboral. Es decir, con doce años se les preparará para ser mano de obra barata para los empresarios. Cuando habla de que "los alumnos extranjeros tendrán los mismos derechos que los alumnos españoles" esto no es más que palabrería y demagogia barata. En realidad, lo único que buscan es que sean explotados como hoy lo están siendo sus padres.
No sólo no menciona ninguna medida para que la escolarización de la población inmigrante sea igual en la pública que en la privada (no podemos olvidar que alrededor del 77% de la población inmigrante está en la enseñanza pública), sino que con esta ley dan una nueva vuelta de tuerca, permitiendo que los centros privados concertados seleccionen sin ningún desparpajo a sus alumnos.
Es más, el PP pretende profundizar su política privatizadora. En esto juega un papel clave la enseñanza infantil. Al referirse al segundo ciclo de infantil (3/6 años) el borrador plantea como objetivo "la plena escolarización de los alumnos en condiciones de gratuidad, las Administraciones Educativas, en la medida de sus posibilidades presupuestarias, promoverán la creación de un número suficiente de plazas". Para el PP es más barato dar subvenciones a los empresarios de la enseñanza privada que construir colegios o escuelas públicas puesto que esto significa más inversión, más salarios de profesores y personal no docente, más dinero en mantenimiento, etc. Evidentemente, quedan claras las intenciones del PP, que no son aumentar el presupuesto de educación para poder afrontar esto y hablar de verdadera calidad, sino que pretende facilitar aún más los conciertos con los empresarios de la privada en la educación infantil. De esta manera, la privada hace "cantera" ante la falta de oferta pública. Si desde pequeños vamos a un colegio concertado lo normal es que cuando se curse primaria, secundaria..., nos mantengamos en ese colegio.
Hay que organizarse para responder a estos ataques: huelga y manifestaciones de estudiantes el 25 de abril
Si realmente quieren acabar con el fracaso escolar lo primero que tienen que hacer es reducir el número de alumnos por clase para que podamos recibir una educación más personalizada, que aumenten las plantillas de profesores, que haya profesores de apoyo para quien necesite más atención, que desaparezcan los barracones, que se acaben los no admitidos en la FP, etc. Y esto significa invertir dinero en la enseñanza pública, todo lo contrario de lo que está haciendo el PP. De hecho, en el documento se pueden leer frases como que "de nada sirve dedicar más y más recursos" siendo lo importante la "cultura del esfuerzo". Se contrapone esto a la inversión en educación. Tenemos que recordar que el gasto público en educación ha descendido del 4,9% del PIB en 1993 al 4,5% en el 2001, lo que significa que el dinero público destinado a la educación ha caído en los últimos 7 años en 3.000 millones de euros (casi medio billón de pesetas). El PP utiliza la comparación con Europa para aquello que le interesa, sin embargo no dice que el Estado español está a la cola de Europa en gasto público por alumno.
El derecho a una educación pública de calidad para la mayoría de la sociedad está en juego. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras la derecha se sale con la suya. Por eso el Sindicato de Estudiantes ha convocado para el 25 de abril huelga general de estudiantes de secundaria, bachillerato y FP en todo el Estado, con manifestaciones en todas las ciudades. Ahora es el momento de luchar, antes de que el ministerio apruebe su ley. Sólo con la movilización masiva y decidida es posible parar sus planes. Hemos emplazado nuevamente a los dirigentes sindicales de CCOO, UGT, STEs, CGT y a la asociación de padres CEAPA a convocar con nosotros. Hasta ahora, su argumento ha sido que sin un documento por escrito no podían movilizar a su base. Pues bien, ahora ya tenemos ese documento. Sin embargo, nuevamente se niegan a convocar. Los dirigentes sindicales del profesorado tienen una enorme responsabilidad. Un ataque de estas dimensiones requiere pasar de las palabras a los hechos. No responder contundentemente a este brutal acoso contra la enseñanza pública significa allanar el camino a la política del PP.
