La noche del 8 de septiembre se produjo un terremoto en el centro de Marruecos, a 71 kilómetros de Marrakech. De magnitud 6,8 en la escala de Ritcher, este seísmo ha provocado de momento casi 3.000 fallecidos y 5.500 heridos, de los cuales miles son de gravedad. A ello hay que sumar una cifra incalculable de damnificados que han perdido sus hogares y posesiones, y que en este momento se encuentran en una situación crítica.
Cientos de aldeas y decenas de municipios localizados en el Alto Atlas han sido totalmente arrasados, al igual que las precarias autovías mediante las que se conectan. Esto ha provocado una auténtica catástrofe humanitaria: personas atrapadas bajo los escombros que no han podido ser rescatadas y miles de supervivientes desprotegidos, sin agua, alimentos o medicinas y sin acceso al teléfono o internet. Tanto la Media Luna Roja como varias ONG han advertido de que la cifra de afectados seguirá subiendo, ya que el desbordamiento les ha impedido acudir a todas las zonas castigadas por el temblor. Los reportes de los medios internacionales hablan de que el grueso de las operaciones de rescate, logística y reapertura de vías, ante la inacción de la dictadura marroquí y la escasez de recursos aportados por el Estado, se ha realizado de manera espontánea por la propia población.
La situación de pobreza generalizada a la que la oligarquía ha sometido a su pueblo ha acentuado las consecuencias del terremoto. Se ha evidenciado la falta total de previsión, las condiciones infrahumanas en las que se vive en el mundo rural, la falta de servicios de emergencias y las chapuzas en las infraestructuras públicas provocadas por la corrupción.
La catástrofe señala claramente a las condiciones de miseria y desiguadad lacerantes en la sociedad marroquí y a la nefasta gestión del régimen de Mohamed VI, quien se encontraba, como ya es habitual, fuera del país despilfarrando la fortuna robada al pueblo marroquí. Casi 19 horas tardó en dar señales de vida (varios días en regresar al país) y lo hizo para rechazar, pese a la reconocida insuficiencia de medios, la mayoría de la ayuda internacional ofrecida. Una muestra más del desprecio por la vida de la gente que rezuma este déspota, con el que Felipe VI tan buenas relaciones mantiene y al que se refiere en sus condolencias como “querido hermano”.
De nuevo una catástrofe evitable
En el Alto Atlas los terremotos son un fenómeno recurrente debido a la confluencia de varias placas tectónicas. En los últimos 120 años se han presentado nueve terremotos de magnitud, si bien algo más baja, similar a la que acaba de ocurrir. Sin lugar a dudas, nos encontramos ante un área de alto riesgo sísmico.
La mayoría de hogares y edificios en las zonas rurales marroquíes están construidos con adobe, un material de fácil elaboración y coste mínimo. Al igual que en otras zonas del mundo, millones de personas construyen sus casas con adobe como única alternativa posible, pues adquirir otro tipo de materiales es inviable. No hay que olvidar que el 80% de la población rural marroquí está bajo el umbral de pobreza.
Además de otras complicaciones, el adobe es muy frágil, provocando derrumbes instantáneos cuando hay vibraciones. Tanto es así, que en varios países con actividad sísmica menor que la marroquí su uso está prohibido. Por si fuera poco, una vez resquebrajado se diluye y se convierte en barro con la lluvia, lo que está dificultando las labores de rescate, ya que estos días coinciden con inestabilidad meteorológica en la región.
Este aspecto no es secundario, en comparación con las construcciones urbanas de Marrakech, los derrumbes han sido mucho mayores en el campo. La realidad es que la ausencia por parte de las autoridades de cualquier tipo de planeamiento urbano e inversión en vivienda rural digna ha condenado a cientos de miles de personas pobres, en esta catástrofe y en las venideras.
Hay que añadir que otro elemento de riesgo a la hora de abordar una situación de emergencia está siendo la carencia de infraestructuras en la zona, que se debe tanto a la falta de inversión como a la corrupción. No existe una red de carreteras que permita acceder a los innumerables pueblos distribuidos por las cordilleras, que también carecen de hospitales o equipos de protección civil listos para actuar.
La mayoría de la población —precisamente la más afectada— no ha tenido otra opción que organizar las labores de rescate y ayuda humanitaria. Las donaciones de sangre por todo el país se han multiplicado exponencialmente. Distintos colectivos políticos y sociales en el Estado español, Francia, Argelia o la República Saharaui están realizando acopio de ropa, medicamentos y alimentos para enviar a los damnificados, en un gesto de solidaridad internacionalista.
Mientras, el Estado marroquí demuestra su incapacidad para atender las necesidades sociales más básicas. A pesar del estado de shock y la represión interna, ha habido numerosas críticas en las redes sociales y medios de comunicación denunciando la ausencia de cualquier tipo de ayuda en muchos lugares. Por ejemplo, en la localidad de Mulai Brahim, una de las más afectadas. Allí aún hay víctimas vivas entre los escombros, pero los servicios de emergencia han sido retirados.
¡Solo el pueblo salva al pueblo!
Tanto para el Majzén[1] como para algunas burguesías europeas y árabes, el terremoto se ha convertido en una oportunidad de hacer negocios y defender sus intereses imperialistas. Así, las ayudas y fondos que arriben al país irán directos a los bolsillos de los altos y medios funcionarios, a través de la corrupción y las redes clientelares, mientras el pueblo seguirá en la miseria. Además, el Gobierno marroquí permite la entrada de recursos y personal de los que considera sus aliados (Estado español, Reino Unido, Emiratos Árabes y Qatar) mientras se ha negado a recibir la ayuda humanitaria de varios países, entre ellos Francia —que recibe otro golpe en un momento en que su influencia retrocede en la región— por su acercamiento diplomático a Argelia y su posición respecto al Sáhara Occidental.
La reconstrucción de las áreas dañadas, así como abordar la emergencia humanitaria en el corto plazo, pone encima de la mesa la necesidad y urgencia social de acabar con la dictadura de Mohamed VI, con la oligarquía parásita que él encabeza y con el capitalismo.
Este corrupto profesional vive sumido en la opulencia más insultante: dueño de una enorme colección de coches de lujo, yates, de uno de los hoteles más ostentosos del mundo, una docena de palacios…, todo ello operado por una plantilla de 1.100 trabajadores a su disposición y un presupuesto público de más de 250 millones de euros anuales. Como si fuera una broma de mal gusto, es el mayor gestor inmobiliario del país, además de ser el máximo accionista del grupo ONA, empresa dominante en el sector de la minería, las energías y la agroindustria.
El Gobierno ha prometido reconstruir las zonas afectadas e invertir en materiales sismorresistentes, pero no puede haber la menor confianza en quienes durante décadas han sido los responsables directos de la pobreza y vulnerabilidad del pueblo trabajador marroquí. No se puede esperar nada de esta capa de vividores que no duda en recurrir a la represión salvaje para defender sus intereses, como vimos en las recientes protestas por la subida de los precios de los alimentos.
Los diferentes partidos legales y sindicatos en el país se han entregado a una deriva chovinista en torno a Mohamed VI, llamando a la paz social y a apoyar la gestión estatal. No se puede caer en esa trampa. Al contrario, hace falta la organización independiente de los trabajadores, campesinos y oprimidos, empezando por crear comités en los pueblos y los barrios de las ciudades, que se coordinen, tomen decisiones y gestionen democráticamente los recursos, evitando así el saqueo a través de los pelotazos urbanísticos y la corrupción. También para llevar a cabo un plan urgente de rehabilitación y construcción de viviendas aptas y dignas, autovías y hospitales, utilizando la maquinaria y medios de las grandes constructoras.
Pero para ello es necesario poner esos recursos, que los hay, en manos de la población y no de estos ladrones, hay que expropiar a la monarquía y a las grandes empresas que controlan la economía y nacionalizar, bajo el control democrático de los trabajadores y la población, los sectores clave, con el objetivo de planificar los recursos según las necesidades sociales. ¡Solo el pueblo salva al pueblo!
Nota:
[1] Nombre que se da a los altos funcionarios del Estado, con gran influencia en el Gobierno de Mohamed VI.