Mientras se cumplen ocho meses del genocidio en Gaza, otro, totalmente silenciado y mucho más prolongado en el tiempo, tiene lugar en la República Democrática del Congo (RDC) en África central. Al igual que ocurre con la ocupación Palestina por parte de Israel, la ONU y los distintos organismos internacionales miran para otro lado mientras las grandes riquezas con las que cuenta la RDC son expoliadas por grandes multinacionales del sector tecnológico y minero.
Un genocidio que se remonta a la década de los 90 del siglo veinte, cuando la guerra civil de la República Democrática del Congo, primero (1996-1998), y la conocida como guerra mundial africana, después (1998-2003), dejaron más de cinco millones de muertos. Aunque se presenta como un conflicto étnico entre tutsis y hutus, o un conflicto regional entre la RDC y sus vecinos limítrofes al este (Uganda, Ruanda y Burundi), estas guerras fueron consecuencia directa del brutal colonialismo aplicado por Bélgica durante un siglo y del expolio de las enormes riquezas que perpetúan las grandes potencias imperialistas.
República Democrática del Congo. El expolio de un país
Con unas reservas minerales valoradas en 25 billones de dólares, la RDC es clave en sectores como la fabricación de coches eléctricos, la telefonía móvil o las telecomunicaciones. Se calcula que posee el 80% de las reservas mundiales de coltán, que contiene tantalio, un componente esencial en la industria móvil, el 60% de las reservas de cobalto, cobre, estaño, diamantes y oro además de tierras raras y wolframio. Una gran parte de estas riquezas, como el coltán, se concentran precisamente en las regiones al este del país, limítrofes de norte a sur con Uganda, Ruanda y Burundi.
En este contexto, los más de 120 grupos armados presentes en la RDC, se disputan el control de las minas como fuente de financiación, asolando las regiones y sometiendo a la población civil; disputa en la que en muchas ocasiones el propio ejército congoleño o las misiones de paz de la ONU se ven directamente implicadas, haciendo la vista gorda o siendo partícipes de la explotación en las minas y posterior contrabando de los minerales a los países vecinos.
Desde 2021 la tensión en la región ha ido en aumento con el resurgimiento del grupo M23, de origen tutsi y financiado por Ruanda, cuyos avances militares le han llevado a cercar la ciudad de Goma, capital de la región de Kivu Norte y la ciudad más importante en la región con dos millones de habitantes. Entre acusaciones mutuas entre Congo y Ruanda de apoyar a distintos grupos armados contrarios a los respectivos Gobiernos, las potencias occidentales, principalmente EEUU y Reino Unido, dejan hacer mientras el tráfico de minerales no se vea interrumpido. La intensificación de los combates ha vuelto a provocar una ola de desplazados internos a insalubres campos de refugiados, alcanzado los 6,9 millones.
Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), se prevé que un total de 23,4 millones de personas sufran inseguridad alimentaria aguda entre enero y junio de 2024, y se estima que 2,8 millones de niños padecen ya desnutrición aguda en la RDC. “Nos enfrentamos a una catástrofe humanitaria de proporciones masivas. No se equivoquen: si no actuamos ahora, se perderán vidas”, alertó Peter Musoko, director y representante del PMA en el país. A esto hay que sumar el peligro de la violencia sexual contra las mujeres, también en los campos de refugiados. Según ACNUR, en 2023 se denunciaron 50.159 casos de violencia de género solo en Kivu Norte.
El M23, surgió en 2012 tras una rebelión de un sector de las fuerzas armadas de la República Democrática del Congo, descontentos con el Gobierno de Joseph Kabila y compuestas principalmente por banyamulenges o tutsis congoleños. Tras una década inactivo, detrás de esta nueva ofensiva podrían estar los intentos de Ruanda de acabar con el acercamiento entre Uganda y la RDC en materia de cooperación militar.
En 2021 Tshisekedi, presidente de la RDC, autorizó al ejército ugandés a operar en su territorio para luchar contra las Fuerzas Democráticas Aliadas (FDA), grupo terrorista vinculado al Estado Islámico de origen ugandés que tiene como base de operaciones la zona selvática entre ambos países, y que en la actualidad es uno de los grupos armados más sanguinarios en el país. Se estima que cerca de 20.000 personas habrían muerto desde 2017 a manos de estos grupos.
A pesar del continuo conflicto en la región, o precisamente gracias a ello, la minería no se detiene nunca, y con ello continúa el saqueo y el contrabando hacia los países vecinos como Ruanda, bajo tutela de EEUU y Reino Unido. Aunque no cuenta con reservas conocidas de coltán, en 2014 Ruanda se convirtió en el primer exportador mundial de tantalio. Lo mismo ocurre con el oro, que, sin poseer minas, llegó a representar el 71% de sus exportaciones, frente a la RDC que apenas exportó un 0,11% con unas reservas estimadas de 28.000 millones de dólares. La inacción del Gobierno y de la MONUSCO (misión de paz de la ONU para la RDC) a la hora de frenar el avance del M23 llevó al surgimiento de milicias de autodefensa autodenominadas Wazalendo (patriotas).
Mal armadas y entrenadas, los Wazalendo son empleados como milicias de vigilancia y apoyo al ejército por el Gobierno de Kinsasa (capital de RDC), sin embargo, el miedo a que estos grupos puedan escapar a su control ha hecho que Tshisekedi impida la posesión de armas a las milicias, a pesar de que, en ciudades como Goma, son el único freno al M23 tras la retirada del ejército.
El descontento de la población contra MONUSCO es muy fuerte. Sin ir más lejos, en julio de 2022 hubo varios enfrentamientos entre la población civil y cascos azules, que dejaron 36 muertes. Las manifestaciones que se sucedieron contra la MONUSCO han llevado al Gobierno de Tshisekedi, reelegido presidente a finales de 2023, a agilizar la salida de los cascos azules que, después de 20 años y un despliegue de más de 15.000 soldados, han sido incapaces de frenar el conflicto.
Gracias a este enfrentamiento “eterno” y a la explotación de la población congoleña a través de estos grupos armados en cientos de minas ilegales, o de condiciones de trabajo semiesclavas en las minas legales, es como las grandes multinacionales garantizan y engordan sus grandes beneficios, y garantizan el acceso a minerales críticos.
Solo el 2,8% de las más de 5.000 minas que hay en el país pueden calificarse como oficiales. Según UNICEF, cerca de 40.000 niños trabajan en ellas en los pozos más pequeños y peligrosos. Sin ningún tipo de medida de protección, la extracción de estos minerales supone exponerse a elementos tóxicos como el arsénico. Con jornadas de más de 14 horas, un minero suele ganar unos dos dólares al día en el mejor de los casos. Puede parecer muy poco, pero un estudio de las Naciones Unidas revela que un trabajador promedio en la República Democrática del Congo apenas gana 10 dólares mensuales. A pesar de los riesgos, como desprendimientos, derrumbes o directamente que grupos armados como el M23 se queden con el mineral, para muchos es la única forma de sobrevivir y ganar algo de dinero. El auge de la minería ha hecho que muchos congoleños abandonen la agricultura, exponiendo aún más al país a las hambrunas y la desnutrición, la contaminación de ríos y la deforestación del segundo pulmón mundial después del Amazonas. Según Global Forest Watch, la RDC ha perdido el 8,6% de su cubierta arbórea desde el año 2000.
Una vez extraído el mineral en bruto, este es comprado por intermediarios o traficantes, trasladado a refinerías situadas en Ruanda o Uganda, o directamente a las situadas en el Sudeste Asiático, desde donde el producto acabado será enviado a China.
En 2019 la ONG South Africa Resource Watch presentó una lista con 22 empresas implicadas en el comercio ilegal de coltán, fundamentalmente estadounidenses (5), alemanas (2), belgas (3), británicas (4) y chinas (2), pero también ugandesas o ruandesas. Solo en la Unión Europea hay cerca de 800.000 empresas que utilizan estaño, tantalio, wolframio y oro en la producción de bienes de consumo. La hipocresía de la regulación aprobada en 2017 por la UE “para luchar contra los minerales de sangre” es evidente, ya que se centra en las materias primas y no en el producto acabado, que es el que llega a los países occidentales.
En un estudio sobre la Ley Dodd-Frank —aprobada por el Gobierno de Obama en 2015 para “luchar contra el uso de minerales de sangre”— Amnistía Internacional analizaba cien de los informes presentados por 1.312 empresas norteamericanas, como Apple, Boeing o Tiffany&Co, señalando que el 80% de estas empresas desconocían la procedencia de los minerales que usaban.
Ruanda. El sicario de Occidente
Tras casi tres décadas en el poder, Paul Kagame, actual presidente de Ruanda, será reelegido en las próximas elecciones de julio de 2024 sin ninguna oposición. Este dirige el país con mano de hierro desde 1994, primero como vicepresidente y desde el año 2000 como su líder indiscutible.
Kagame fue fundador del Frente Patriótico Ruandés (FPR) a finales de los años 90. Este partido milicia —fundado en Uganda por los refugiados tutsis que habían huido de la dictadura ruandesa de Habyarimana— puso fin al genocidio de Ruanda que, tras cien días de matanzas indiscriminadas de la minoría tutsi y opositores hutus, se saldó con más de 800.000 muertes, cerca del 70% de los tutsis en el país.
Kagame, erigido en salvador del pueblo, utiliza en la actualidad el genocidio como arma política para aplastar cualquier oposición, imponiendo una reconciliación artificial desde arriba al mismo tiempo que se ignoran los abusos y asesinatos que el FPR cometió tras alcanzar el poder.
Bajo su mandato, cada año se celebra el aniversario de la matanza y se llevan a cabo experimentos sociales de reconciliación en aldeas donde conviven miembros de las dos etnias. Con una imagen internacional favorecida por la prensa occidental, el presidente es alabado en círculos financieros e incluso fue premiado por la OMS por la campaña de vacunaciones durante la COVID-19.
Menos interés suscita la falta de derechos humanos en el país o los asesinatos extrajudiciales que el régimen ha llevado a cabo contra disidentes y antiguos aliados de Kagame.
A pesar de la imagen que vende Occidente del régimen, la mitad de la población del país sigue viviendo bajo el umbral de la pobreza. Sin unas riquezas minerales como las que posee su vecino de RDC ni una salida al mar, el régimen de Kagame ha hecho del contrabando de minerales con la financiación del grupo M23 y de subcontratarse a las potencias occidentales su principal fuente de ingresos.
Gracias precisamente al papel de garante de los intereses europeos y estadounidenses, el Gobierno de Ruanda recibe cada año más de 1.000 millones de dólares en “ayuda al desarrollo” de varios socios. Esto supone un 15% de su PIB y hasta un 40% del presupuesto nacional. La Unión Europea financió al Gobierno ruandés con 260 millones de euros desde 2021 a 2024, a lo que se suman ayudas concretas como el paquete de 300 millones para la inversión privada en resiliencia climática.
Con ese dinero, Ruanda ha reforzado su ejército y se ha convertido en un socio vital en materia de seguridad en el exterior para las potencias occidentales. Ha pasado de tener una misión de paz en su país a ser el cuarto mayor contribuyente de tropas a la ONU, con 5.919 cascos azules que operan en Sudán, República Centroafricana y Sudán del Sur. Recientemente, el Gobierno ha firmado acuerdos con países como República Centroafricana y Mozambique, inmersos en la lucha contra rebeldes y yihadistas, asegurándose a cambio contratos para empresas ruandesas. En 2021 desplegó 3.000 soldados financiados por la UE para reprimir una rebelión islamista en el empobrecido norte de Mozambique, donde el gigante energético francés Total posee inversiones de gas natural licuado por valor de 20.000 millones de dólares.
La Unión Europea. El beneficio económico, primero
El conflicto en la RDC, herencia directa del colonialismo europeo, está recorrido por la hipocresía que caracteriza a los distintos Gobiernos de la UE. Al mismo tiempo que se erigen en defensores mundiales de los derechos humanos, los derechos LGTBI+ o de la mujer, no dudan en firmar leyes para salvaguardar los intereses de los capitalistas europeos y de las grandes potencias en general.
El Gobierno conservador de Sunak, el premier británico, ha firmado un acuerdo vergonzoso con el Gobierno de Ruanda para la extradición a este país de migrantes sin papeles. Esta medida, por la que Kagame recibió un primer pago de 140 millones de libras esterlinas, fue impulsada por Boris Johnson en 2022 y aprobada finalmente en abril de 2024, legalizando en la práctica el tráfico de personas. El 15 de abril unos documentos del Gobierno británico filtrados revelaron que está previsto deportar a Ruanda a “más de 30.000” solicitantes de asilo en los próximos cinco años.
Por parte de la UE, su medida estrella es el Memorando de Entendimiento con Ruanda, firmado en febrero de 2024 con el objetivo de garantizar las cadenas de suministros de minerales considerados críticos para la UE. Una iniciativa que se enmarca dentro de la Ley de Materias Primas Críticas aprobada a finales de 2023, con la que la UE seguirá financiando al régimen de Kagame a cambio de que este les haga el trabajo sucio, es decir: encargarse de los refugiados o perpetuar el expolio y la guerra en la vecina República Democrática del Congo.
En palabras de Thierry Breton, comisario de Mercado Interior de la zona euro: “Ruanda es un importante proveedor de tantalio, estaño, tungsteno, oro y niobio, y tiene potencial para el litio y las tierras raras. Con esta asociación mutuamente beneficiosa, nuestro objetivo es construir una cadena de valor de materias primas críticas resiliente y sostenible que abarque la extracción, el refino, el procesamiento, el reciclaje y la sustitución. La transparencia, la trazabilidad y la inversión son elementos centrales de la asociación entre la UE y Ruanda en materia de materias primas fundamentales”.
Una buena muestra de la democracia a la carta que aplican, y que además hace caso omiso de las numerosas críticas que ha recibido esta ley por parte de asociaciones ecologistas y expertos. En una carta firmada por más de 130 organizaciones, junto con cien expertos y académicos de 30 países, se pone de manifiesto que con la aprobación de esta ley la industria de la minería, una de las más opacas y corruptas, saldrá reforzada y se seguirá apostando por un modelo productivo obsoleto y altamente destructivo, sin contemplar medidas de reciclaje y reutilizado. Un nuevo ataque al medioambiente que sigue perpetuando los conflictos y la guerra en el continente africano, y que pone de manifiesto que bajo el sistema capitalista es imposible alcanzar una transición hacia una economía más sostenible, ya que siempre imperará la obtención del máximo beneficio, sin tener en cuenta los costes económicos, sociales y medioambientales.
