La clase obrera responde masivamente en las calles ante la represión del Estado

El jueves 11 de mayo el gobierno de Juan Manuel Santos informó a los profesores de que, además de incumplir las mejoras pactadas, habría un impago en el sector de la enseñanza. De manera inmediata, el sindicato mayoritario, FECODE, anunció una huelga indefinida de profesores en todo el país hasta que el Ministerio de Educación acepte un pliego básico de mejoras imprescindibles para uno de los colectivos más precarizados de Colombia.

A su vez, un día antes, en el departamento del Chocó se anunciaba una huelga indefinida de todos los sectores para pedir mejoras en aspectos básicos de empleo, seguridad, salud e infraestructuras. Esta región rural del Pacífico es una de las más empobrecidas del país, donde se concentra la mayoría de la población de origen afrocolombiano, y ha sido brutalmente golpeada por la guerra durante décadas.

De manera coordinada, se convocó el día 16 de mayo la “Toma de Bogotá”, en solidaridad con el sector de la enseñanza y las protestas campesinas, que despertaron una simpatía enorme en el país. Liderados por los profesores y provenientes de diversos puntos de Colombia, más de 500.000 personas colapsaron la capital en una jornada histórica. A estas protestas se sumaron las tres centrales obreras (CGT, CUT, CTC), la Confederación de Pensionados y la Coordinadora del Sector Judicial, en un movimiento unitario con el objetivo común de poner fin al gobierno de la oligarquía del país.

Simultáneamente a estas protestas, arrancaba otro paro indefinido en la ciudad portuaria de Buenaventura, Valle del Cauca, controlada durante años por los violentos cárteles del narcotráfico. Tras las protestas, varios líderes sindicales fueron detenidos en la noche, a lo que la ciudad entera respondió enfrentándose a las fuerzas de seguridad, que tuvieron que recular y liberar a los detenidos, en nuevos enfrentamientos que se saldaron con un toque de queda militar y 80 detenidos. La respuesta del movimiento fue inmediata; bajo el lema “el pueblo no se rinde, carajo”, 15.000 personas retomaron permanentemente las calles de una ciudad con menos de 400.000 habitantes.

Frente a la intimidación: solidaridad y movilización en las calles

Una de las peores consecuencias del conflicto armado en el país ha sido la criminalización de la protesta social, a la que el Estado colombiano ha respondido con terrorismo de Estado, especialmente duro en los últimos 20 años, y que convirtió a Colombia en el país del mundo más peligroso para sindicalistas, líderes campesinos y activistas estudiantiles, según la ONU.

Los grupos paramilitares ultraderechistas de las Autodefensas Unidas de Colombia, vinculadas con el expresidente Álvaro Uribe y sectores de la burguesía terrateniente, se han dedicado en los últimos años a amenazar, amedrentar y asesinar a la izquierda. Y de nuevo, cuando estalla el conflicto social, vuelven a aparecer estos grupos mafiosos. En la madrugada del 18 de mayo una fuerte explosión se registró en la sede del local del sindicato FECODE en Bogotá, en la que quedaron desperdigados cientos de panfletos amenazantes contra la huelga del profesorado y contra los profesores huelguistas.

Tras el atentado y por miedo a que se viera reforzada la movilización, el gobierno planteó una serie de concesiones ridículas, que fueron inmediatamente rechazadas por los profesores. En respuesta a esta burla y a los matones fascistas amparados por las fuerzas policiales, se convocó para el martes 23 de mayo una jornada de paro general en todo el país, en la que todo los sectores públicos confluyeron en manifestaciones históricas donde cientos de miles de personas, encabezadas por el profesorado, cortaron carreteras y marcharon en cientos de ciudades y pueblos de todo el país. En Bogotá, 350.000 profesores confluyeron en tres marchas en el centro de la capital, quedando paralizada la ciudad por el paro y las protestas.

Continuar y extender la movilización en las calles para echar a Santos

Si bien es cierto que a través de sus perfiles en las redes sociales los dirigentes de FARC-EP han apoyado las jornadas de paro, en la práctica han jugado un papel de freno, situándose junto al gobierno para no poner en riesgo el Acuerdo de Paz. Sin embargo, la importancia histórica de estas semanas es que por primera vez tras décadas, el movimiento obrero y campesino del país, encabezado por el profesorado, está llevando adelante una movilización de masas con paros y manifestaciones multitudinarias, y consiguiendo además la solidaridad de la mayoría de la población frente a los intentos del Estado de criminalizar la protesta.

Mientras los profesores mantienen su huelga indefinida, sectores como la justicia o el campesinado amenazan con sumarse a ella a partir de junio si no se aceptan sus reivindicaciones. Se avecinan meses de lucha que demostrarán la verdadera correlación de fuerzas que hay en el país, y la disposición de trabajadores, campesinos y jóvenes para cambiar radicalmente las cosas tras décadas de cruenta guerra civil. Paradójicamente, ahora que se acaba el conflicto armado, se recrudece la lucha de clases, demostrando por qué tenían interés determinados sectores, encabezados por Uribe, en mantener el conflicto armado.

Estos acontecimientos en Colombia no se producen de forma aislada, sino que forman parte del nuevo escenario de la lucha de clases en el continente americano: el movimiento de resistencia contra Trump, contra el Gasolinazo en México, las jornadas de huelgas educativas masivas en Argentina o las protestas multitudinarias en Brasil para echar a Temer. Es la respuesta de jóvenes y trabajadores frente a los intentos de la derecha y el capitalismo de quitárnoslo todo.