¡Solo una política socialista puede derrotar a la oligarquía!

Tras dos meses marcados por maniobras constantes de la clase dominante y un parlamento controlado por la derecha para desestabilizar al gobierno de Pedro Castillo, el 6 de Octubre estallaba la crisis dentro del gabinete. Castillo prescindía del primer ministro, Guido Bellido, y de los ministros vinculados al sector mayoritario de Perú Libre (PL). Una completa retirada tras semanas de feroz campaña de la oligarquía exigiendo el cese de Bellido, después de que éste defendiese nacionalizar el gas de Camisea (92 % de la producción de gas natural fiscalizada del país y más del 40 % de la energía eléctrica) en el caso de que las multinacionales que lo explotan rechacen pagar más impuestos y cumplir otros compromisos sociales planteados por el gobierno.

Allanando el camino a la derecha

La victoria electoral de Castillo y PL, apoyados en segunda vuelta por otra coalición de izquierdas (Juntos por Perú, JP), abrió una oportunidad histórica. La movilización masiva del pueblo, entusiasmado con la posibilidad de un cambio real en sus condiciones de vida, derrotó la brutal campaña anticomunista de la clase dominante y todos sus intentos de fraude e incluso golpe de estado para impedir la proclamación de Castillo.

Temiendo un levantamiento popular, un sector de la oligarquía y el imperialismo estadounidense tuvieron que reconocerle como presidente pero, como explicamos entonces, las maniobras contra el gobierno de izquierda continuarían. En este lapso de tiempo, el fujimorismo junto al partido ultraderechista Renovación Popular están intentando tejer la llamada “vacancia presidencial” con otros partidos burgueses con los que podrían sumar mayoría absoluta, un mecanismo que permitiría al parlamento destituir a Castillo.

Finalmente la ofensiva capitalista está dando sus frutos. El ministro de economía, Pedro Francke, (JP)  y otros “independientes”, junto a la vicepresidenta Dina Boluarte (de PL pero enfrentada a la dirección del partido) rechazaron tajantemente la nacionalización, llamando a Castillo a intervenir para “garantizar la gobernabilidad”. Tras sustituir a Bellido y los ministros que le apoyan, Castillo declaró que “no hay ninguna hoja de ruta para traicionar al pueblo” y se comprometió a seguir renegociando los contratos de las multinacionales, pero descartando cualquier expropiación o nacionalización y justificando el cambio de gabinete con la necesidad de “facilitar el diálogo” con los empresarios.

El resultado de estas concesiones ha sido fortalecer a los sectores más reformistas y socialdemócratas del gobierno, sembrar dudas y división entre las masas y envalentonar a la derecha.  El primer comunicado de las multinacionales gasíferas tras estos hechos exige “respeto irrestricto a los contratos firmados”. Como era de esperar, la patronal aplaudió la salida de Bellido, la bolsa subió y temporalmente bajó la cotización del dólar. Eso sí, el sabotaje y la fuga de divisas continúan.

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Castillo se aferra a la esperanza de que una recuperación económica y el incremento de los intercambios comerciales con China le permitan convencer al empresariado para que invierta.

Por supuesto, la oligarquía ha visto estas concesiones como una señal para acelerar los preparativos para la vacancia presidencial, y en cualquier caso para continuar desgastando al gobierno,  maniatándolo mediante el “apoyo” de los partidos burgueses de “centroderecha” en el parlamento a cambio de que renuncie a aplicar medidas anticapitalistas.

O con los oprimidos o con los opresores. No hay otro camino

Castillo se aferra a la esperanza de que una recuperación económica y el incremento de los intercambios comerciales con China (primer socio comercial del país) le permitan convencer al empresariado para que invierta. Piensa que así podría cumplir sus promesas electorales sin tocar decisivamente los intereses de la burguesía. Pero en un contexto de crisis profunda del capitalismo peruano y mundial, no existe margen para políticas reformistas. Solo hay dos opciones: basarse en las masas para expropiar a la oligarquía o ceder a sus exigencias.

La Asamblea Nacional Extraordinaria de PL, reunida el 14 de Octubre, ha aprobado no dar su apoyo en el parlamento al nuevo ejecutivo propuesto por Castillo, con Mirtha Vásquez (JP) como primera ministra, por considerarlo un  “giro claro hacia el centroderechismo”. Vladimir Cerrón, secretario general de PL, ha declarado que esto “no significa pasar a la oposición”, aunque las diferencias están alcanzando un punto crítico. Los 27 diputados que se mantienen en la órbita de PL  (de 37 elegidos) formarán grupo aparte. Mientras, sus hasta ahora aliados del bloque magisterial, vinculados a Castillo, han decidido lanzar un nuevo partido. El nuevo Consejo de Ministros cuenta con menos de 20 votos sobre 130 en el parlamento. Todo indica que para ser ratificado buscará el apoyo de partidos burgueses que le exigirán más concesiones y retrocesos.

La clase dominante ha celebrado la ruptura de la alianza entre Castillo y PL como una victoria. Pero para ganar la guerra necesitan más: dividir y desmoralizar a las masas y borrar de sus mentes cualquier esperanza de que un cambio revolucionario es posible. Para impedir ese desenlace la clave es agrupar a los luchadores más combativos de la izquierda con un programa socialista y una táctica marxista de frente único, que conquiste el apoyo de los oprimidos y los movilice masivamente.

Las tareas de los revolucionarios en Perú

Hay que sacar conclusiones de lo ocurrido estos meses. La ausencia de este programa socialista y de un llamamiento a la unidad de acción contra la derecha fue determinante para que las movilizaciones convocadas por PL en defensa de Bellido tuviesen menos participación de la esperada, especialmente en Lima donde PL es más débil. Los medios de desinformación de la clase dominante, con la inestimable colaboración de ministros y dirigentes políticos y sindicales de la izquierda reformista, tuvieron así más fácil atacar a Bellido, acusándole de “dogmático”, “sectario”, “autoritario”...  

Tampoco es casualidad que un eje central de esa campaña fuese la denuncia de una diputada de derechas por supuestos comentarios machistas y sexistas. La oligarquía peruana, que desprecia a las mujeres trabajadoras hasta el punto de promover y ocultar durante décadas la esterilización forzosa de más de 300.000 de ellas bajo el régimen fujimorista, lanzó un ataque mediático y jurídico enorme para cesar a Bellido por machismo y misoginia.

Las posiciones estalinistas de Cerrón y Bellido en este asunto y su desprecio por la lucha contra la opresión de género como un invento de la “izquierda caviar”, su oposición al derecho al aborto, a los matrimonios entre personas del mismo sexo o el reconocimiento de los derechos LGTBI, no tienen nada que ver con el marxismo. Son totalmente reaccionarias y solo contribuyen a abrir una brecha dentro de la izquierda, provocando el rechazo de miles de activistas.

Por otra parte, la consigna central que están planteando los dirigentes de PL para explicar sus diferencias con Castillo y JP, más que nacionalizar el gas, es la exigencia de que se convoque ya una Asamblea Constituyente. Esta fue una promesa electoral de Castillo, de PL e incluso sectores de JP. Entre amplios sectores de las masas hay un deseo indudable de enterrar la constitución fujimorista, profundamente neoliberal y antidemocrática, reemplazándola por otra que garantice los derechos democráticos y sociales.

Pero conviene recordar que lo que hizo crecer como la espuma el apoyo a Castillo y PL fue el compromiso de llevar a cabo cambios profundos e inmediatos en las condiciones de vida del pueblo (empleo, vivienda, salud, educación,...), es decir, disputar el poder económico y político a la oligarquía, y no un proceso constituyente que, además de prolongarse años, deje intacta la estructura de poder y de propiedad en Perú.

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Lo que hizo crecer como la espuma el apoyo a Castillo y PL fue el compromiso de llevar a cabo cambios profundos e inmediatos en las condiciones de vida del pueblo.

Hacer de la Constituyente —que es otra forma de parlamentarismo burgués— la consigna central, aplazando la lucha por medidas socialistas que den respuesta al pueblo, permite a la burguesía ganar tiempo y desviar el movimiento nuevamente al terreno parlamentario. Hoy la mayoría de partidos burgueses rechazan la Constituyente, pero si mañana la necesitan para frenar y desgastar a las masas no dudarán en convocarla, tal como ha ocurrido en Chile.

Los cuadros de PL y de otras fuerzas de izquierda que se declaran anticapitalistas, incluso marxistas, deben hacer un llamamiento al conjunto de sindicatos combativos y movimientos sociales a movilizarse unitariamente contra el sabotaje de la oligarquía impulsando asambleas y comités de lucha en cada pueblo, barrio, centro de trabajo y estudio donde debatir las movilizaciones a emprender. Pero junto a ese llamamiento hay que plantear claramente un programa socialista que enfrente la catástrofe de la pandemia, aumente drásticamente los presupuestos educativos y sanitarios, y combata la pobreza de la única manera posible: nacionalizando la banca, el gas, las minas y el resto de grandes empresas y monopolios bajo el control democrático de los trabajadores.

Como parte de este programa socialista, los dirigentes de PL y el resto de la izquierda anticapitalista deben defender el derecho al aborto libre y gratuito y liderar una lucha firme contra los feminicidios, la justicia patriarcal, las violaciones y cualquier forma de abuso y acoso sexual contra la mujeres; por el pleno reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTBI y otras reivindicaciones irrenunciables como combatir cualquier discurso o medida racista, abogando sin ninguna vacilación por la igualdad de derechos para los trabajadores inmigrantes y nativos.

Este programa movilizaría a los millones que votaron por Castillo y ganaría además a otros muchos, mostrándoles que solo la transformación socialista de la sociedad puede solucionar sus problemas. Un partido revolucionario armado con estas ideas, defendiendo el programa, táctica y métodos del marxismo, podría crecer rápidamente y convertirse en un punto de referencia para millones de oprimidos y oprimidas de Perú.


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