¡No a la intervención imperialista!
Haití, uno de los países más pobres del mundo, es un polvorín a punto de explotar. Desde hace meses las huelgas y las protestas en las calles, en las que participan decenas de miles de personas, se han convertido en el escenario habitual. Las tensiones sociales y políticas se han acumulado hasta niveles insostenibles y en el transcurso de las semanas las movilizaciones han ido ganando en intensidad hasta convertirse en un movimiento de masas insurreccional para acabar con las terribles condiciones de vida en las que vive la población y en contra del Gobierno corrupto de Ariel Henry, el títere del imperialismo estadounidense.
Años de inestabilidad y crisis social
Aunque la actual ola de movilizaciones empezó a principios de este año, en realidad es la continuación de las que estallaron en 2016 y que se extendieron en los años posteriores con varias huelgas generales. Además, en 2018 la lucha de masas echó atrás el intento del Gobierno de eliminar los subsidios de los carburantes, un triunfo que animó a la población a continuar por este camino.
En enero de este año comenzaron las huelgas en el sector textil para exigir salarios dignos y acabar con la sobreexplotación que sufren los trabajadores haitianos en las fábricas de ropa, en las que la mayoría de la mano de obra son mujeres. La primera huelga estalló en uno de los centros industriales más importantes del país, el Caracol Northern Industrial Park, que agrupa a más de 60.000 personas. El textil es el principal sector industrial del país y fabrica ropa para empresas como Zara, Nike o H&M.
Haití también se ha convertido en un taller de mano de obra barata para la manufactura de EEUU. Decenas de empresas norteamericanas utilizan las maquilas haitianas para ensamblar productos que después reimportan. Obtienen enormes beneficios aprovechándose de jornadas laborales que sobrepasan en muchos casos las 12 horas diarias a cambio de un salario de 120 dólares mensuales que no cubre las necesidades básicas de alimentación o transporte.
Pero la industria solo agrupa al 3% de los trabajadores, la gran mayoría de la población trabaja en el sector informal o en el campo donde las condiciones laborales son aún más precarias, sin ningún tipo de regulación o protección. En febrero, la presión de las huelgas y las protestas laborales obligó al Gobierno a subir el salario mínimo un 54%, fijándolo en 7,5 dólares diarios, muy lejos aún de los 15 dólares que exigen los trabajadores.
Pobreza y miseria generalizadas
La subida del salario mínimo no logró acabar con la indignación popular, y las acciones alcanzaron un nuevo nivel en septiembre, cuando el Gobierno anunció una vez más la retirada de los subsidios a los carburantes y el aumento del precio del gas.
Nada más anunciarse esta medida la población salió masivamente a las calles. Las principales ciudades, entre ellas la capital Puerto Príncipe, quedaron bloqueadas y paralizadas por las barricadas. Las oficinas bancarias y de las grandes empresas de importación se convirtieron en el objetivo de la ira de las masas.
Haití, como muchos otros países, sufre una espiral inflacionaria y el aumento generalizado de precios de los productos básicos. Los alimentos han subido en lo que va de año un 52%. Con la retirada de las subvenciones el galón de gasolina pasaría de 2 a 4,78 dólares, el diésel de 3 a 5,60 dólares y el keroseno, imprescindible para cocinar, pasaría de 3 a 5,57 dólares.
Más del 80% de la población haitiana vive bajo el umbral de la pobreza. La malnutrición infantil es endémica, el agua potable escasea, la tuberculosis o la malaria son una epidemia constante entre los más pobres, y es el primer país moderno en el que ha aparecido un brote de cólera. Hay una carencia crónica de médicos, medicinas básicas y apenas hay infraestructuras hospitalarias.
Toda la rabia acumulada contra el Gobierno y el imperialismo han salido a la superficie, y el propósito ya no es solo mejorar las condiciones vida, el principal el objetivo ahora es echar al primer ministro y al Gobierno.
Las bandas armadas y un Estado en descomposición
El primer ministro Ariel Henry, quien también actúa como presidente de Haití, llegó al cargo en julio de 2021, tras el asesinato del anterior presidente Jovenel Moïse. Henry no ha sido elegido en unas elecciones y en la práctica encabeza una dictadura. Las elecciones tendrían que haberse celebrado hace dos años y el Senado o el Parlamento no se reúnen desde hace mucho tiempo. Fue nombrado a dedo por el Core Group, encabezado por los embajadores de EEUU, Canadá, Alemania, Francia, España, UE y Brasil, y que controla el país desde la salida de las tropas de la ONU. Los imperialistas esperaban que Henry estabilizara la situación pero ha sucedido lo contrario.
El Estado haitiano es un órgano totalmente descompuesto y las bandas armadas controlan una buena parte del país y de la economía. Su poder se ha convertido en un problema preocupante para los capitalistas haitianos y los imperialistas. Estas bandas han ido creciendo en los últimos años amparadas por un sector de la élite haitiana y están estrechamente vinculadas con el ejército y la policía.
Según una encuesta de la organización de derechos humanos Sant Karl Lévèque, entre el 40% y 60% de los oficiales de la policía tienen conexiones con las bandas. La más grande es la conocida como G9, dirigida por el policía Jimmy ‘Barbecue’ Chérizier, que tiene lazos con un sector de la burguesía haitiana y con el partido gobernante, el Partido Haitiano Tèt Kale (PHTK).
Las armas que utilizan proceden de EEUU y hasta ahora su principal fuente de ingresos eran los secuestros, que se han triplicado en los últimos dos años y han convertido a Haití en el país con más secuestros del mundo. Pero sus métodos de financiación se han diversificado y actualmente también se dedican a saquear el combustible que entra en el país, bloqueando los principales puertos y terminales, hasta el punto de que ya controlan el 70% del almacenado en el territorio.
En este contexto de grave crisis económica, desempleo y pobreza extrema, las bandas también son un polo de atracción para muchos jóvenes que recurren a ellas no solo en busca de protección, sino también para obtener un ingreso económico, ya que se han convertido en uno de los principales empleadores del país.
El terremoto de 2010 y el huracán de 2017 permitieron ver el poder de las bandas cuando bloquearon y controlaron el transporte de la ayuda procedente de la ONU. Este organismo se vio obligado a negociar con ellas para que declararan una tregua y permitir que la ayuda llegara a la población.
La situación para el imperialismo occidental es muy preocupante, no solo por el poder de las bandas, sino porque pueda triunfar un movimiento revolucionario con las implicaciones que eso tendría para todo el continente.
Un larga historia de invasiones imperialistas
Este miedo es la razón de que en las últimas semanas el Gobierno haitiano, el secretario general de la ONU y los portavoces de otros Gobiernos capitalistas occidentales pidan insistentemente una intervención militar extranjera para ‘estabilizar’ la situación. El pasado 15 de octubre EEUU presentó una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU legitimando el despliegue de tropas extranjeras en Haití, apuntando a que la invasión estaría formada por tropas norteamericanas y canadienses. Estos dos países son los que más intereses económicos tienen en el país.
La injerencia imperialista en Haití tiene una larga historia. Durante casi tres décadas EEUU apoyó las dictaduras de “François ‘Papa Doc’ Duvalier y después de su hijo, Jean-Claude ‘Baby Doc’ Duvalier, amparando todas las atrocidades cometidas por las fuerzas paramilitares haitianas adiestradas por la CIA, los infames Tonton Macoutes.
El caos y la inestabilidad sufrieron un salto en el año 2004, cuando un golpe de Estado patrocinado y financiado por el imperialismo norteamericano derrocó al Gobierno democrático de Jean-Bertrand Aristide, el primer presidente elegido democráticamente de la historia del país, a quien secuestraron, montaron en un avión y llevaron a la República Centro Africana. Aristide había ganado las elecciones con una amplia mayoría, y aunque se basaba en un modesto programa de reformas, esto era intolerable para los intereses de los capitalistas haitianos y sus amos imperialistas.
La situación empeoró con la ocupación del país por los cascos azules en la Misión de la ONU para Estabilización de Haití (MINUSTAH). Esta invasión extranjera se prolongó durante 13 años, de 2004 a 2017. En ella participaron varios países y estuvo dirigida por Brasil, pero sus supuestas credenciales “democráticas” quedaron en evidencia cuando impidieron el regreso de Aristide y prohibieron que su partido, Fanmi Lavalas, se presentara a las elecciones. Las tropas extranjeras tuvieron que abandonar el país después de que salieran a la luz multitud de escándalos y atrocidades cometidas por las “fuerzas de paz” de la ONU, entre ellas violaciones masivas de menores, torturas, asesinatos o la represión violenta de las protestas.
¡No a la invasión militar extranjera de Haití!
Una nueva invasión militar imperialista no tiene nada que ver con los derechos humanos o la defensa de la democracia en Haití. Solo es otro nuevo intento de obtener el control directo, de proteger los intereses económicos de las multinacionales occidentales y aplastar cualquier intento de insurrección revolucionaria de las masas haitianas. La población se opone abrumadoramente a una nueva invasión militar y esa es una de las razones de la presencia en las manifestaciones de muchas banderas rusas y chinas, porque para muchos son los únicos países que combaten y se enfrentan al todopoderoso imperio norteamericano.
El imperialismo occidental, junto con los capitalistas haitianos, han hundido al país en la catástrofe y la descomposición. La única salida para las masas haitianas es el derrocamiento del Gobierno corrupto de Henry y acabar con el sistema capitalista que es la base de la explotación y la pobreza que sufren desde hace décadas.
